El Ministerio Público busca mantener en prisión a exministros José Ramón Peralta y Donald Guerrero
El Ministerio Público reafirmó su posición de que los exministros de Hacienda, Donald Guerrero, y de Administración de la Presidencia, José Ramón Peralta, deben permanecer en prisión preventiva debido a su presunta implicación en el caso de corrupción administrativa conocido como Operación Calamar.
El fiscal Melbin Romero, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, anunció que solicitarán a la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que mantenga la medida de coerción durante el proceso de revisión de dos recursos de apelación presentados por las defensas de los imputados. La audiencia, que estaba programada para hoy, fue pospuesta para el 1 de junio.
Los exministros Guerrero y Peralta, considerados los principales implicados en la Operación Calamar, llevan 18 meses en prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en San Cristóbal. La medida fue impuesta por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional en abril del año pasado.
Romero afirmó que no existen razones suficientes que justifiquen el levantamiento de la prisión preventiva, y que el Ministerio Público continuará solicitando su mantenimiento para ambos imputados.
La audiencia de apelación fue aplazada debido a la notificación tardía de los recursos por parte de la corte de apelación. El fiscal explicó que se solicitará la fusión de los recursos por razones de economía procesal.
La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, presidida por la jueza Rosalba Garib, accedió al aplazamiento de la audiencia a petición del Ministerio Público y los abogados del Estado. Los magistrados Teófilo Andújar y Delio Germán también formaron parte del tribunal.
El caso de la Operación Calamar cuenta con un extenso expediente de más de tres mil páginas y más de 1,200 elementos de prueba. Se detalla cómo los miembros de esta red presuntamente desviaron más de 17 mil millones de pesos del Estado. Además de Guerrero y Peralta, hay otros implicados, incluyendo exfuncionarios y empresarios.
La imputación preliminar presentada por el Ministerio Público contra los procesados incluye cargos relacionados con corrupción administrativa, lavado de activos y violaciones a diferentes leyes.
El proceso de revisión de los recursos de apelación será retomado el próximo 1 de junio, y el Ministerio Público y los abogados querellantes solicitaron el aplazamiento para tener tiempo suficiente para estudiar los argumentos presentados por las defensas de Guerrero y Peralta.