El Consejo de Defensa de Jean Alain Rodríguez informó este martes que el Ministerio Público descargó de toda responsabilidad a Jean Alain Rodríguez por el uso de los recursos de la institución al no identificar actos irregulares durante su gestión 2016-2020, anulándose por completo la acusación en su contra.

Añadieron que los descargos formales y definitivos fueron emitidos por el Consejo Superior del Ministerio Público, que es la máxima autoridad jerárquica de la institución, el cual luego de revisar 2 veces el uso de cada peso, señaló literalmente lo siguiente: “se aprueba y ratifica los actos, gestiones, ejecuciones y operaciones llevadas a cabo durante el periodo 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, y otorga descargo completo, absoluto y definitivo, tan amplio como en derecho fuese necesario, a favor del Procurador General de la República, Dr. Jean Alain Rodríguez.” por lo que los Tribunales se encuentran imposibilitados de juzgar actos ya aprobados y descargados por el Ministerio Público.

Explicaron que la constitución y la Ley Orgánica del MP establecen que el Ministerio Público ejerce sus funciones conforme los principios de unidad de actuaciones, jerarquía e indivisibilidad, destacando la ley que sus miembros actúan como un solo cuerpo, lo que significa que si un fiscal otorga hoy un descargo o un archivo a un ciudadano, no puede mañana otro fiscal acusar ese ciudadano por el mismo hecho y es lo que sucede en este caso, solo que el descargo proviene del máximo órgano del Ministerio Público, único responsable de la administración de la institución y de la política de persecución y fue ese órgano que descargó a Jean Alain Rodríguez por los actos contenidos en la acusación.

Indicaron que los descargos son emitidos por los superiores jerárquicos de la PEPCA, tanto así que fue este Consejo que designó a Wilson Camacho y a todos los nuevos fiscales de esta gestión.

“Presentamos estos descargos definitivos de forma pública hoy y no antes porque es hoy que el Tribunal nos ha dado la oportunidad, evidenciando vergonzosas contradicciones en la misma institución entre jefes y subordinados, producto de la enemistad, odio y resentimiento que además les prohibía a los hoy acusadores vengarse y perseguir su ex compañero de trabajo”, expresó la defensa de Jean Alain.

Los miembros del Ministerio Público que revisaron el uso de los recursos y que aprobaron los actos y otorgaron los descargos definitivos, incluyen a los Procuradores Rodolfo Espiñeira, primer sustituto de Miriam Germán Brito; Pedro Frías Morillo, designado como Procurador Adjunto por el Presidente de la República Luis Abinader mediante decreto No.22-24; y otros 6 destacados miembros del Ministerio Público elegidos por más de 1,500 fiscales, todos los cuales permanecen en sus cargos, ya que han sido ratificados o ascendidos por esta gestión.

La situación degeneró en un sangrado que la colocó al borde de la muerte, producto de un embarazo ectópico, pese a que dos años antes, se había sometido a un procedimiento quirúrgico para ser esterilizada por el Dr. Estévez Rochet porque sus embarazos le causaban serios problemas de salud.

Pese al dolor en el bajo vientre, un tamaño no usual y la hemorragia alarmante, duró cerca de 12 horas sin recibir las atenciones debidas en la emergencia del centro de salud.

El tribunal acogió parcialmente la demanda, al encontrar que el hecho generó un daño a la señora De la Cruz Febles, en la medida en que su condición de salud se vio muy afectada e implicó sufrimiento físico, perturbación emocional y gastos económicos.

“Se pudo constatar que existe una relación directa entre la falta y el daño causado, pues lo segundo fue consecuencia de la primera” sostiene la sentencia.

En tanto, los demandados, el Dr. Rafael Estévez Rochet y al Centro Policlínico Nacional, solicitaron al tribunal declarar inadmisible la demanda alegando que se trataba de una responsabilidad civil contractual que tenía una prescripción de dos años.

La cirugía se realizó en abril de 2016 y la hemorragia en mayo de 2018.

Este pedido fue rechazado por el juez José Manuel Medina, al valorar que el hecho ocurrió debido a faltas de orden profesional y desconocimiento de reglas científicas que se imponen a todo profesional de la medicina.

“El hecho juzgado trata de una intervención quirúrgica con fines de esterilizar a la demandante, o sea una actividad médica que no depende de acontecimientos aleatorios, puesto que la naturaleza del acto médico en cuestión, en el orden normal de las cosas y no presentándose intervención de una causa extraña, implica la obtención de un resultado preciso de parte del galeno actuante; por cuanto estamos en presencia de una obligación de resultados” considera el dictamen.

En su sentencia, el tribunal tomó en consideración la Constitución de la República, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La demandante había solicitado una indemnización por RD$20,000,000.00; sin embargo, el monto fue rebajado al considerarla excesiva “según la realidad fáctica acreditada por el tribunal”.

En ese orden, fue reducida a un monto proporcional y acorde con el perjuicio padecido.

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader reaccionó este lunes a las declaraciones del expresidente Leonel Fernández, quien expresó que el Gobierno estaba manipulando los números con relación a la tasa de homicidios y que hace tres meses que los organismos del Estado no publican los homicidios del país.

“Aquí todo está politizado y no estoy respondiendo los temas políticos. Pero, sí les voy a dar la lista de los pueblos para que ellos vayan y se adelante”, dijo Luis Abinader al ser preguntado sobre el tema en La Semanal, que este lunes fue realizada en Santiago.

El jefe de la nación se expresó en esos término debido a que la oposición también realizó esta mañana su segundo encuentro con su propuesta de “La Voz del Pueblo” en la misma provincia.

Esta pregunta fue formulada por unos de los periodistas en La Semanal que se desarrolla en estos instante en Santiago

Un avión militar estadounidense aterrizó este martes en la pista del aeropuerto internacional Toussaint Louverture de Puerto Príncipe, confirmaron las autoridades haitianas.

Este vuelo se esperaba desde ayer, lunes, de acuerdo a un diario de Haití.

El avión llega a Haití momentos en que en ese país se espera la juramentación del Consejo Presidencial de Transición.

Se trata del primer avión que aterriza en la capital desde el 4 de marzo de 2024.

Es un vuelo de pruebas antes de la reanudación de los vuelos a Puerto Príncipe y se trasladaron especialistas a bordo para comprobar los perímetros de seguridad.

Desde principios de marzo pasado fueron suspendidos los vuelos en el aeropuerto de Puerto Príncipe, luego de que fuera atacado por bandas haitianas.

Aunque ya se han realizado vuelos desde el Aeropuerto de Cabo Haitiano, en el de Puerto Príncipe aún no se han reanudado.

El exprocurador de la República, Jean Alain Rodriguez, principal implicado en el caso de corrupción administrativa denominado Operación Medusa, tildó de «abuso» la incautación de bienes adquiridos de forma ilícita y fuera del período de la investigación en su contra.

Durante la continuación de la audiencia de juicio preliminar de dicho caso, manifestó que la Procuraduria Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) decomisaron bienes e inmuebles adquiridos previo a su gestión como Procurador, que es el periodo investigado.

Asimismo, expresó que él esta de acuerdo con la investigación de los orígenes, licitos o no, de cualquier funcionario, «pero esto debe de hacerse siempre con el respeto al debido proceso».

Alegó que esto es debido a la participación de personas «subjetivas» en la investigación, que permiten que se cometan actos contra la democracia.

«Incautar propiedades por supuesto origen ilicitos en torno a un periodo 2016-2020, cuando las propiedades provienen del 2002, 2006, 2009, 2010, 2012 2014…», puntualiazó.

Comentó que dentro de estos inmuebles decomisados se encuentra su primera vivienda la cual fue pagada en el 2002, al igual que una oficina que adquirió en 2009.

«Esto es peligroso magistrado, porque permitir que eso continúe entorno a mi es permitir que eso continúe entorno a los actuales funcionarios que están ahí», comentó. 

Asimismo, expresó que las pruebas de la adquisición de esos inmuebles están y que estas no mienten, pero una acusación si puede mentir.

Anular orden de incautación

Respecto a la presunta retención ilegal de los bienes e inmuebles del exprocurador, los miembros de su barra de defensa sometieron ante el tribunal varios incidentes este martes, explicando el origen de las propiedades y solicitando la anulación de las ordenes de incautaciones en su contra

De acuerdo con Nelys Rivas, abogada de Rodríguez, alrededor de ocho propiedades fueron decomisadas, las cuales fueron adquiridas previo a la gestión de su defendido por lo que violentan sus derechos de propiedad.

«Fue una forma muy irresponsable por parte del órgano persecutor proceder a solicitar incautación de los mismos, por lo que entendemos que el tribunal va a tomar la decisión de devolver esos bienes que están fuera de la línea de investigación del Ministerio Público, que es durante la gestión de Rodríguez (2016-2020)», comentó.

El candidato a senador del Distrito Nacional, Guillermo Moreno, indicó que su trabajo en el Senado de la Republica será profundizar y consolidar el cambio que ha iniciado el presidente Luis Abinader en el país.

Al concluir su participación en el debate senatorial organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Moreno indicó que el presidente Luis Abinader ha propiciado un gobierno que se ha caracterizado por un manejo “honesto, transparente de los recursos públicos y además ha fortalecido la institucionalidad democrática”.

El candidato manifestó que se necesita continuar el proceso de cambio que ha iniciado, y que la población no puede volver a los gobiernos anteriores que durante 16 años se caracterizaron por la corrupción, impunidad y el secuestro de la institucionalidad democrática.

“Mi trabajo en el Senado es precisamente profundizar el cambio que se ha iniciado, consolidar, trabajar para que este cambio se haga irreversible; para que no tengamos nunca más que volver atrás, para que fortalezcamos la democracia de nuestro país y sus instituciones”, expresó Moreno en sus palabras de conclusión en el debate.

Ante esto, pidió el respaldo de los ciudadanos de la capital dominicana para que el próximo 19 de mayo voten por Luis Abinader como presidente y por él para la senaduría del Distrito Nacional.

“No te arrepentirás”, concluyó Guillermo Moreno su participación en el debate de ANJE.  

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) estableció un plazo de una semana, contando a partir de este martes, para que las autoridades se pongan de acuerdo en los porcentajes de aumento a los maestros activos y para que se apruebe la orden departamental de realización de la evaluación de desempeño docente.

“A partir de esta manifestación, le estamos dando a las autoridades una semana de plazo para que se apruebe la orden departamental para realización de la evaluación de desempeño, reafirmando la escala de incentivos que ya está establecida y sin modificaciones a la misma. Le estamos dando una semana de plazo a las autoridades, para que lleguemos a un acuerdo sobre el porcentaje de aumento salarial a los docentes”, estableció Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, al pronunciar su discurso durante la manifestación del gremio ante el Ministerio de Educación este martes.

Cientos de maestros, desde tempranas horas de la mañana, se dieron cita hasta la avenida Máximo Gómez para dejar constancia de sus prominentes reclamos por la aplicación de un 20 % al sueldo mensual de los profesores, por mejores condiciones para los pensionados y jubilados, por una mejor cobertura médica y otras tantas.

“De no cumplir con estos plazos, a partir de la próxima semana, la Asociación Dominicana de Profesores se verá obligada a recrudecer sus acciones de lucha, por el cumplimiento del Convenio por Una Mejor Educación”, amenazaron al señalar que moverían el conglomerado hasta las inmediaciones del Palacio Nacional.

Asimismo, Hidalgo manifestó que la instauración del plan de lucha que ahora encabeza su movimiento no responde a una elección propia del gremio, sino más bien a una necesidad de unir sus voces para conseguir resultados justos.

El dirigente magisterial indicó que, a pesar de que los docentes son “el pilar de la educación”, lo único que han recibido cada día es difamación, arbitrariedad, represión e incumplimientos de los acuerdos por parte de las autoridades del Minerd.

“Necesitamos un Ministerio que verdaderamente respete a la educación y a un Ministro que respete y valore a los docentes. Los acuerdos que hemos firmado con las autoridades han sido por la defensa y el derecho a la educación y estos acuerdos sólo han procurado garantizar condiciones dignas, para ejercer la labor docente”, aseguraron al grito constante de “o resuelve o se va”.

El expresidente de la República, y candidato a la presidencia por el partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, aseguró durante su encuentro “La Voz del Pueblo” en Santiago que el actual mandatario Luis Abinader está manipulando las estadísticas de criminalidad e inseguridad ciudadana del país.

“Estamos observando en los últimos tiempos como consecuencia del incremento de los homicidios, de los delitos, de los asaltos, etc., una manipulación de estadísticas en el primer trimestre de cada año desde 2019 al 2023… lo primero que uno observa es que hay una inconsistencia estadística, nada cae tan abruptamente, hay algo ahí que se está ocultando. Le llamamos manipulación estadística”, dijo.

El presidente de la FP afirmó que estos datos son obtenidos de tres fuentes oficiales: la Policía Nacional, la Procuraduría General de la República y un observatorio de la delincuencia y criminalidad llamado Centro de Análisis de Datos de Seguridad Ciudadana (CADSECI) perteneciente al Ministerio de Interior y Policía.

Sin embargo, “ha debido ocurrir un fenómeno que se llama el apagón estadístico” ya que, según Leonel, desde mayo del 2023, CADSECI, que publicaba las estadísticas mensualmente, ya no lo hace y tampoco la Procuraduría General de la República, por lo que, de las tres fuentes de información que publican estadísticas sobre hechos criminales, hay dos que no lo hacen.

Atribuyó este “fenómeno” a que “puede ser que estamos en el año electoral y se quiera entonces generar una especie de ocultamiento de la información. ¿Quién está dando la información entonces? la Policía Nacional, pero no directamente, sino que tiene que hacerlo a través del Ministerio de la Presidencia de la República, a quien no le compete, porque en todo caso tendría que ser a través del Ministerio de Interior y Policía”.

“Todo eso coincide con el hecho de que a partir de junio de 2023, el presidente de la República interviene cada lunes con un encuentro con la Policía Nacional, y por tanto, de repente hay un apagón estadístico, un ocultamiento de datos y una manipulación de lo que tiene que ver con esta información”, agregó el líder de oposición.

De acuerdo a una encuesta realizada, la principal preocupación de la sociedad dominicana es la inseguridad ciudadana, de acuerdo a lo que el 66.5% de los dominicanos piensan.

Duarante este encuentro “La Voz del Pueblo” Fernández habló también del microtráfico en la República, de la inflación, la canasta básica familiar, asegurando que “lo único que no ha aumentado de precio en RD es la cocaína”.

Fernández, también mencionó las expectativas de su partido con miras a los comicios del próximo 19 de mayo, donde se elegirán a las autoridades senatoriales, diputados y el mandatario del país.

SANTO DOMINGO.- El Gobierno sugirió este lunes al candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, que presente pruebas de la denuncia que hizo sobre la “manipulación” de la cifras de criminalidad.

“El que hace una denuncia de ese tipo, pues que aporte las pruebas de lugar”, manifestó Joel Santos, ministro de la Presidencia al ser preguntado sobre el tema.

Al salir de la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, que en esta ocasión fue encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña, el funcionario explicó que nunca antes se había hecho un registro como el actual, debido a que las autoridades trabajan en conjunto y se utilizan las tecnologías para fortalecer el manejo de las cifras.

“Y obviamente, se toman las decisiones basados en estadísticas e información real, la cual compartimos públicamente con ustedes (los periodistas), ¿qué más transparencia se puede pedir que este aspecto?. Si alguien tiene alguna duda pues que aporte las pruebas de lugar, como hacer las declaraciones simplemente al aire”, enfatizó.

Sobre los homicidios registrados en lo que va de año, Santos aclaró que al día 19 de abril del presente año se han registrado 424.

En la rueda de prensa “La Voz del Pueblo”, Fernández acusó al Gobierno de Luis Abinader de manipular las estadísticas en materia de seguridad ciudadana y de ocultar información a la ciudadanía mediante un apagón estadístico.

Al presentar una gráfica con cifras de homicidios de los primeros trimestres correspondientes al período 2019-2024, el expresidente de la República afirmó que se viene registrando un incremento de los homicidios, de los delitos y de los asaltos, y frente a ello se produce “una manipulación de estadísticas”.

Estatus actual de homicidio, heridos y robos

Santos detalló que la tasa de homicidio acumulada se encuentra en 10.26 %, “es decir, nos continuamos acercando a la meta de un solo dígito”.

Mientras que en el mes abril dijo que está en 8.20 %, “es decir, por segundo mes consecutivo estamos por debajo de 10”.

Santo Domingo.- En la República Dominicana lo único que no ha aumentado de precio y, por lo tanto, no ha sido afectado por la inflación es la cocaína, afirmó hoy  el expresidente Leonel Fernández.

«En nuestro país, hay tanta cocaína que la oferta ha aumentado, y como sucede en economía, cuando la oferta aumenta, los precios disminuyen», explicó el exmandatario.

Fernández destacó que actualmente hay una mayor circulación de cocaína en nuestra región, según datos de la Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU).

“Lo único que no ha subido de precio en República Dominicana es la cocaína”.

El candidato presidencial del partido Fuerza del Pueblo señaló que en los últimos tiempos el país ha estado recibiendo una mayor cantidad de cocaína, lo que ha resultado en un aumento de los puntos de microtráfico en los barrios.

«Si logramos controlar esto, se reducirá el delito y la violencia, ya que están vinculados al tráfico de drogas», explicó Fernández durante el conversatorio «La Voz del Pueblo», celebrado en la provincia de Santiago.

Fernández criticó la eliminación por parte del presidente Luis Abinader de la Dirección Central de Antinarcóticos (DICAN), que era la entidad encargada de controlar el tráfico de drogas en los barrios.

Aseguró que el papel de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) es controlar los puertos de distribución para evitar que el país siga siendo un puente para el tráfico de drogas.

El presidente Luis Abinader dijo este lunes en Santiago que no ha recibido ni acepta presión sobre el tema haitiano.

Estas declaraciones se produjeron durante La Semanal con la Prensa, celebrada en esa ciudad. El mandatario fue preguntado al respecto luego de que el senador de Florida, Marco Rubio, aseveró que la administración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha instado para que República Dominicana acepte en su territorio a tres millones de haitianos.

«Sobre el tema haitiano, nosotros no hemos recibido presión, tampoco la aceptamos, ninguna presión», dijo el mandatario.

Luis Abinader agradeció la preocupación del legislador norteamericano y dijo que desde la administración Biden no ha habido presión hacia el país.

• «El presidente Biden y la Casa Blanca en ningún momento han realizado directamente, por lo menos a la República Dominicana, ellos siempre han sido respetuosos«, afirmó el mandatario.

El jefe de Estado garantizó que en su gestión seguirán cumpliendo con la ley de Migración y la Constitución de la República.

El raso de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, Paulino De la Cruz, quien está acusado de violar a una menor haitiana el pasado 5 de abril, fue identificado por la víctima cuando las autoridades le presentaron un total de 15 militares que habían participado ese día en los operativos migratorios en la provincia de La Altagracia.

El documento de solicitud de medida de coerción del Ministerio Público en contra del militar, de 18 años, al cual Diario Libre tuvo acceso, detalla que la adolescente lo identificó «de manera clara y precisa» al someterla al acto de reconocimiento de persona. 

Sin embargo, cuando De la Cruz fue entrevistado por un personal del órgano investigativo, manifestó desconocer la situación e indicó que habló del hecho con dos de sus compañeros a quienes les habría expresado: «Nadie tiene ese corazón para hacer eso».

Además, alegó que durante los operativos migratorios que realizan, los agentes no entran a las viviendas de la personas, siendo esto desmentido por otro de los militares que fueron entrevistados por el hecho. 

De acuerdo con la declaración de uno de los compañeros del imputado, existe la posibilidad de que un agente ingrese solo en las viviendas donde podrían estar indocumentados. 

El órgano acusador precisó que cuando se dio a conocer la noticia, todos los militares hablaron sobre el hecho y negaron, incluyendo el acusado, haber realizado la violación. 

El informe sostiene que el inspector a cargo de los militares mostró un video a los alistados, donde se observaba la menor llorando e indicando que, durante el acto, le habían roto el vestido y el pantalón que tenía puesto. 

Dos de los militares se percataron de la tardanza del acusado

El Ministerio Público precisó que cuando concluyeron el operativo en la zona, cerca de la residencia donde vive la menor, dos de los militares se percataron de la tardanza de Paulino e informaron a su superior. 

El inspector a cargo procedió a mandar a buscarlo en una de las camionetas y llevarlo hasta el punto de reunión. 

El candidato presidencial de la Fuera del Pueblo, Leonel Fernández, presentó este lunes su segundo encuentro con la prensa denominado La Voz del Pueblo, donde el tema principal fue la seguridad ciudadana.

Fernández indicó que es una obligación del Estado ofrecer la protección efectiva de la seguridad de los ciudadanos y que en la República Dominica esa ha sido la principal preocupación.

De acuerdo a datos ofrecidos por el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo y que forman parte de la encuesta nacional de hogares de propósitos múltiples que realiza el Banco Central, la inseguridad ciudadana es la principal causa de preocupación de los dominicanos y el 66.5 % de los encuestados lo ó como su principal problema.

Asimismo, dijo que durante el año 2023 se cometieron 1,475 homicidios en la República Dominicana. Sin embargo, expresó que la tasa de homicidios ha evolucionado, ya que para el 2020 era de un 9.61 % frente al 12.37 % del 2023, según los datos de la Policía Nacional.

«Hablamos de 1 homicidio por cada cien mil habitantes, así es como se mide», explicó Fernández.

En tanto, Fernández detalló que la tasa de las personas víctimas de la delincuencia equivale a un 24 % por cada cien mil habitantes y que más de un 53.2 % han sido víctimas de un acto de violencia o vulnerado su derecho a la libertad.

Leonel Fernández indicó que los datos presentados en La Voz del Pueblo, provienen de la Policía Nacional, la Procuraduría General de la República y del Centro de Análisis de Datos de Seguridad Ciudadana que forma parte del Ministerio de Interior y Policía.

Los testimonios

Al inicio del encuentro con la prensa, Fernández presentó cinco testimonios de personas que han sido víctimas de robos y asaltos.

La primera de ellas fue Clelia Mercedes Lantigua, de Jarabacoa, quien fue víctima de un atraco en diciembre junto a su hija y que en marzo su esposo también fue asaltado.

Lantigua explicó que se siente indignada por la inseguridad ciudadana en el país, al tiempo de señalar que en las redes sociales se pueden apreciar las constantes noticias sobre atracos. A su juicio, no existen comunidades seguras y que el presidente Luis Abinader ha sido «indiferente» con lo que está sucediendo.

«No es porque este señor está aquí (Leonel Fernández), sino porque yo lo sé, porque tengo 50 y picos de años y se lo que está sucediendo. Quiero que sepan que yo era muy perremeísta, pero muy, pero después de lo que le ha sucedido a mis hijos y a mi familia, ya lamentablemente esto se perdió», dijo Lantigua.

Expresó que hace meses a su hija le quitaron una pasola cuando se trasladaba a su trabajo y que luego fue su esposo el atacado.

Alberto Miguel, de Gurabo, Santiago, dio su testimonio de cómo fue asaltado hace ocho meses en su trabajo de comida rápida en horas de la noche.

Contó que alrededor de ocho hombres a bordo de cuatro motores se presentaron al lugar, donde lo despojaron junto a sus compañeros y a tres clientes, de sus celulares y otras pertenencias.

«Está muy mal la seguridad«, expresó Alberto Miguel y aseguró que anda sin dinero para que no se lo quiten.

El tercer testimonio lo dio Polonio Abreu Ciriaco, quien expresó ha sido víctima de robo tres veces, la última este mes de abril.

A momento cuando vence el plazo para que el ministerio público presente acusación en contra de los implicados en el caso Calamar, tres ex funcionarios del Gobierno de Danilo Medina fueron sometidos a interrogatorio.

El pasado viernes, los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho interrogaron al ex administrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo, y al exministro de Obras Públicas, Ramón Antonio Pepín del Rosario.

Otro de los exfuncionarios que ha requerido Berenice Reynoso, directora de Persecución, y Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), es el exdirector del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Emilio Toribio.

Camacho anunció que en los próximos días, en la presentación de la acusación del caso Calamar, serían involucrados nuevos imputados y la presentación de nuevas pruebas.

Simón Lizardo, figura en el expediente acusatorio del caso Calamar, conjuntamente con el ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, el ex ministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, el ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, como uno de los que estuvo en una de las reuniones de los principales señalados del supuesto entramado contra el Estado por más de 17,000 millones de pesos.

Así lo especifica la instrumentación del Ministerio Público en su solicitud de medidas de coerción, en la que menciona a Lizardo en la página 32 como uno de los que supuestamente conversó y «tramitó» el inicio del presunto plan en detrimento del erario.

Desde el 2021, que iniciaron los procesos de corrupción cometidos en la pasada administración de Danilo Medina, Simón Lizardo ha sido interrogado en reiteradas ocasiones en la Procuraduría General de la República.

El pasado 8 de abril, la jueza suplente del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Franchesca Potentini, intimó a la procuradora Miriam Germán Brito a presentar acusación en contra de los implicados en el caso Calamar, en un plazo de 15 días.

La jueza advirtió a los fiscales que de no cumplir con la presentación de la acusación cuyo plazo vence el 6 de mayo, se procederá a fijar audiencia de extinción de la acción penal.

La decisión fue tomada en virtud a una solicitud hecha por la defensa del ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, doctores Luis Rivas y Laura Acosta, a la que se sumó la defensa de los demás implicados, quienes plantearon al tribunal declarare la inadmisibilidad sobrevenida del conocimiento de la solicitud de prórroga por cuatro meses que hizo el Ministerio Público para presentar acto conclusivo.

En el caso figuran además como imputados el ex contralor General de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo, el ex director de Catastro Nacional.

También Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos, de Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola.

Igualmente, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.

La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los imputados es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.

El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró la extinción de la acción penal del exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), Leoncio Almánzar y otros acusados en la venta del sector Los Tres Brazos del municipio Santo Domingo Este, por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso.

El tribunal presidido por Keila Pérez Santana, e integrado por Elías Santini Perera y Arisleydi Méndez Batista, tomaron la decisión tras acoger un pedimento presentado en ese sentido por la defensa de los implicados.

Asimismo, los jueces ordenaron el cese de la medida de coerción que pesa en contra de los imputados, dictada por la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.

En el dispositivo de la sentencia los jueces sostienen que la misma es susceptible de recurso de apelación, conforme a los artículos 416 y siguientes del Código Procesal Penal, iniciando el plazo para la presentación del recurso a partir de hoy lunes 22.

Con la decisión el tribunal favoreció además a los imputados Manuel Joaquín Aybar Fernández, Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico; Lisetel González Sanchez, Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L.

Igualmente, Carlos Aris Gómez Williams, Julio César Gómez Williams.

El entonces juez Juan Francisco Consoro, quien fue destituido por el Consejo del Poder Judicial, había emitido un auto de no ha lugar en favor de todos los implicados en la venta irregular de los terrenos de los Brazos.

Empero, Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) recurrió la decisión ante la Corte de Apelación, quien envió a juicio de fondo a los acusados que los jueces del tribunal colegiado declararon la extinción de la acción penal a su favor.

El ministro de Educación, Ángel Hernández, arremetió este lunes contra la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y su llamado a movilización para mañana martes, en demanda de un aumento salarial de un 20%.

Según Hernández, la ADP es la responsable de poner en riesgo el cierre del vigente año escolar 2023-2024, realizando detenciones consecutivas de la docencia, incluso para llevar a cabo asambleas con fines políticos.

“El presidente Abinader no va a perder la reelección porque la ADP paralice las clases, los niños si van a perder aprendizaje”, señaló el ministro al acusar, mostrando imágenes como prueba, al presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, de convocar y reunir a decenas de maestros el pasado viernes en una junta peledeista, mientras miles de niños perdían clases.

El funcionario se manifestó en favor de dar cumplimiento al acuerdo firmado durante el año 2021 entre el gremio y el exministro de Educación, Roberto Fúlcar, en el que se establecían dos aumentos salariales, uno para el año pasado, que ya se realizó, y uno para discutirse en estas fechas.

“Tenemos que tomar una decisión, priorizamos la inversión en la calidad de la educación o destinamos la mayor parte de los recursos al pago de salarios, jubilaciones, pensiones y seguro médico”, señaló al reiterar su rechazó al porcentaje que exige la ADP, detallando que, por sus análisis financieros, corresponde un 8%.

Hernández dejó clara su intención de diálogo y realizó un llamado a la sociedad a asumir como un criterio fundamental la defensa al derecho de los niños a estudiar, a lo que mencionó que los sectores conscientes de la sociedad dominicana deben tener en claro que lo más importante para el sector de educativo es que la escuela funcione, y cada paralización que hace el gremio de los profesores le cuesta al Estado y a la sociedad dominicana, por cada día 1,538 millones de pesos.

Los jueces del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional se encuentran ponderando si permiten o no la presencia de los medios en el interrogatorio del director general de Presupuesto, quien fue aportado como testigo por el Ministerio Público en contra de los implicados en el caso Antipulpo.

El tribunal presidido por Claribel Nivar, e integrado por Gissell Soto Peña y Clara Sobeida Castillo, decidirán si el director de presupuesto, José Jesús Rijo Presbot, puede declarar en presencia de los medios de comunicación.

Los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) objetan en la sala de audiencia la presencia de los medios, alegando que la audición del testigo pudiera influir en los demás testigos.

A este pedimento, se sumaron parte de la defensa de los encartados y otros se opusieron alegando que debe permitirse a los periodistas estar en la sala de audiencia.

El funcionario fue aportado por el Ministerio Público como prueba a cargo de la acusación en contra de Alexis y su hermana Magalay, hermanos del expresidente Danilo Medina y otros imputados en el caso Antipulpo.

El Ministerio Público sostiene que Alexis Medina creó un entramado corrupto que estafó al Estado con miles de millones de pesos, “bajo el escudo protector y el apoyo de la Presidencia de la República, que encabezó su hermano, Danilo Medina Sánchez”.

SANTO DOMINGO.- En abril del año 2021, la Secretaría General del Ayuntamiento del Distrito Nacional, dirigida en ese entonces por Hugo Beras, presentó un estudio en procura de reorganizar el tránsito en las avenidas Winston Churchill y Abraham Lincoln, el cual consiste en poner en sentido sur-norte a la primera y norte-sur la segunda. 

El proyecto para la mejoría vial en el polígono central fue elaborado con el consenso y coordinación de varias instituciones, como la Alcaldía del Distrito Nacional, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), el Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre y la Agencia Francesa de Cooperación.

La iniciativa de cambios se fundamenta en tres pilares: primero, la ampliación de 3 a 4 carriles de la avenida Winston Churchill en dirección sur-norte; la Abraham Lincoln norte-sur con iguales cuatro carriles para los vehículos individuales o privados.

A pesar de que el proyecto estaría montado para el 2021, a más de tres años de anunciado aún no se ha ejecutado, cuyo objetivo es agilizar el desplazamiento de vehículos en el centro de la ciudad.

Ya siendo director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), el principal promotor de la iniciativa, Hugo Beras, se pensó que la propuesta podía haber cobrado mayor celeridad, pero no fue así.  

Lo último que se supo de la medida que desde su anuncio sorprendió a muchos, es que estaba siendo sometida a un estudio de laboratorio computarizado, para determinar la viabilidad del mismo. 

“Eso te va a decir, automáticamente, cuáles vías funcionan perfectamente, qué modificaciones habría que hacer y cómo debe estar el comportamiento de los semáforos, que eso lo estamos trabajando”, dijo Hugo Beras en el año 2022, cuando se le cuestionó sobre la suerte del proyecto. 

Hugo Beras solicitó licencia de su cargo como director del Intrant en noviembre del 2023, para dar paso a una investigación que realiza el Ministerio Público por las supuestas anomalías en el contrato para la sistematización de semáforos en el Gran Santo Domingo, que incluye más de 1,300 millones de pesos. 

El Ministerio Público incorporó 135 pruebas en contra de la diputada Rosa Amalia Pilarte, acusada de delitos de narcotráfico y lavado de activos, con el cual busca una sentencia condenaría. 

Los procuradores adjuntos Pedro Amador y Fernando Quezada, del departamento de jurisdicción privilegiada, y Pelagio Alcántara, procurador de Corte, hicieron la incorporación de las pruebas a cargo ante los jueces de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia.

Además, el órgano judicial concluyó con la incorporación de dos testigos a cargos de 14 que fueron aportados al tribunal. Mientras que este viernes la defensq de la legisladora por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), continuará este viernes con la incorporación de 9 testigos a descargos y un total de 90 pruebas, con la cual busca una sentencia absolutoria. 

El tribunal presidido por el juez Francisco Jerez Mena e integrada Nancy Salcedo, María Garabito, Fran Soto y Francisco Ortega Polanco, receso la audiencia para este viernes 19 para dar oportunidad a la defensa iniciar con la presentación de los testigos.

El juicio de fondo se conoce luego de que el juez Estévez Lavandier dictara auto de apertura a juicio en contra de la diputada Amalia Pilarte, para que allí responda por los hechos que se le imputan. 

Pilarte fue acusada por el Ministerio Público ante la Suprema Corte Justicia, luego de que fuera identificada como integrante de la red que, supuestamente, encabeza Pablo Antonio Martínez Javier, prófugo declarado en rebeldía, y su esposo Miguel Arturo López Florencio (a) Micky López.

El director general de Prisiones, Roberto Hernández Basilio, se refirió este martes a la incautación en febrero de 12 parábolas de internet satelital marca Starlink en el Centro de Privación de Libertad de La Victoria.

Basilio entiende que «ciertamente hay complicidad de todo el personal», que permite que se cometan estos y otros delitos desde las cárceles del país.

«El tema penitenciario, la gestión básica, es luchar con el hacinamiento pero después de eso es hacer el control de los ilícitos que puedan entrar con permisibilidad, con complicidad de todas las autoridades civiles y militares que puedan estar en los centros», explicó.

«Una vez que se detecta que está, en base a las inspecciones es hacer los retiros, lo ideal es no permitirlo», añadió.

 El coronel aseguró además que la protección y vigilancia de las cárceles deben ser por cuerpos capacitados en el área.

Sobre el incendio registrado el pasado 18 de marzo en la Penitenciaria Nacional de La Victoria, donde murieron 13 reos dijo que «están trabajando en un informe para determinar las causas reales del siniestro.

Recordó que actualmente, la cárcel presenta un alto nivel de hacinamiento, empeorado por la reubicación de algunos presos, que ahora se encuentran en otras celdas al interior del mismo plantel penitenciario.

Santo Domingo.- Más de 80 organizaciones religiosas dominicanas y extranjeras solicitaron mediante un comunicado dirigido al presidente de la República Luis Abinader  y a las instituciones competentes a una reflexión seria, diálogo y acciones, basadas en los derechos humanos y a parar las deportaciones.

En el comunicado puntualizan que las condiciones de total violencia e inseguridad que vive Haití llama al país a ser compasivo y a detener las deportaciones para dar una respuesta ética y legal a la crisis migratoria.

Manifestaron que República Dominicana es  un pueblo noble y hospitalario y que los abusos que se han cometido contra los migrantes destruyen los valores más fundamentales de la identidad dominicana.

Las entidades expresaron que la historia del pueblo dominicano está marcada por la resiliencia y la solidaridad, valores que hoy  llaman a actuar con justicia y compasión y que ante esta situación de crisis se debe siempre respetar la dignidad humana.

Solicitaron un trato humano para todos los migrantes y sus descendientes y procesos justos y transparentes para la regularización y renovación de sus documentos y que los estudiantes haitianos inscritos en universidades dominicana por vías formales y válidas se le de posibilidad de renovar sus visas y no impedirle continuar sus estudios.

«Como comunidad de fe, creemos que cada persona es creada a imagen de Dios y merecedora de respeto y amor. El mandato de amar al prójimo como a nosotros mismos nos impulsa a buscar soluciones justas y compasivas, que reflejen los valores de nuestro Creador».

Expresaron que en el mensaje del 27 de febrero del año 2021, los Obispos dominicanos, citando al Papa Francisco y decían: “Comprendo que ante las personas migrantes algunos tengan dudas y sientan temores. Lo entiendo como parte del instinto natural de autodefensa. Pero también es verdad que una persona y un pueblo solo son fecundos si saben integrar creativamente en su interior la apertura a los otros.”

También puntualizaron que al tratar de nuevo ese tema en su mensaje del 27 de febrero del 2022 los Obispos expresaron: “No podemos hacernos de la vista gorda ante las penurias que sufren muchos inmigrantes en nuestro país. Invitamos a nuestras autoridades a seguir trabajando para lograr una política clara sobre este asunto, y que en base a ella se tomen decisiones firmes y transparentes, con estricto respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas.”

Además de la Arquidiócesis de Santo Domingo y Centro Montalvo, participaron el Instituto Bartolomé de Las Casas, Voluntariado de Santa María, Dominicas de la Enseñanza de la Inmaculada Concepción y entre otras.

Santo Domingo.- La Comisión Especial Bicameral del proyecto de ley sometido por el diputado por la provincia Peravia y vocero del bloque de diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Julio Fulcar, continúa la lectura que busca sustituir la Ley 31-63 del sistema cooperativo dominicano creando la Dirección General de Cooperativas (DIGECOOP) y otras seis instituciones.

De acuerdo al Sistema de Información Legislativa de la Cámara de Diputados (SIL), la Comisión lleva unas 20 reuniones, con una participación casi nula de los senadores a pesar de ser una Comisión Bicameral.

De igual forma, el Sistema de Información Legislativa de la Cámara de Diputados (SIL), no se registra los detalles en documentos o reuniones donde se hayan recibidos o invitado a los diferentes sectores del cooperativismo para vistas públicas, conforme a la norma legislativa cuando se estudia un proyecto.

Proyecto pierde respaldo en la CD

Aunque el Sistema de Información Legislativa de la Cámara de Diputados (SIL), no ofrece detalles, si registra como dos legisladores de la Fuerza del Pueblo han retirado sus firmas del proyecto, sin embargo, no se conocen los motivos de la declinación del apoyo.

Reacción de sectores al proyecto

El presidente administrador del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), Francisco de los Santos, indicó el pasado martes que no fue consensuado con la entidad que encabeza el proyecto presentado por el diputado Julito Fulcar.

Se recuerda que en una entrevista radial, De los Santos afirmó que habían planteado un proyecto, incluso consultado con instancias como la Superintendencia de Bancos y el sector cooperativo, el cual se intentó depositar en el Congreso, pero al final la pieza sometida no fue la que ellos plantearon.

En ese sentido, también expresó que el proyecto presentado por Fulcar le parece más un reglamento que una ley para regular el sector de las cooperativas en República Dominicana y dejó claro que no dieron el visto bueno para echar andar esa pieza en el Congreso Nacional.

Por otro lado, el presidente del Instituto para la Modernización de la Justicia y el Estado Dominicano (INJUESDO), Erick Morrobel, solicitó al presidente de la República, Luis Abinader, crear una comisión conjunta con el Banco Central y otras entidades para estudiar el proyecto de ley.

En ese momento, INJUESDO pidió al mandatario que este proyecto se debata con las entidades y personas que lideran el tema, logrando unificar criterios para que el país tenga una ley que regule y proteja al sector por y para el beneficio del desarrollo de las comunidades del país.

Nuevas entidades

Dentro de las nuevas instituciones que crearía el proyecto de ley está la Dirección General de Cooperativas (DIGECOOP) en República Dominicana, el Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo (FIDECOOP), el Centro de Desarrollo y Capacitación del Cooperativismo (CEDCOOP) y el Instituto de Formación Cooperativa el (INFCOOP).

Además, también surgirían de esta iniciativa legislativa la Dirección de Regulación, Supervisión e Inspección de Cooperativas de Ahorro, Créditos y Cooperativas de Servicios Múltiples (DIRESICOOP), Programa para la Protección de Aportes y Depósitos de los Asociados de Cooperativas (PROCOOP).

Costo de crear nuevas entidades

El economista Edward Lebrón, advirtió el pasado años que las entidades que esta ley busca crear “tendrían las mismas funciones que hoy tienen el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y otras entidades que educativas ya existentes que juegan ese rol sin representar una carga para el Estado”, pero también agregó que se necesitaría un presupuesto de RD$8,550 millones de pesos.

SANTO DOMINGO.-El Ministerio Público identificó a seis narcofamilias que integran una estructura criminal desmantelada mediante operación Caimán, a las que se les atribuye movilizar más de 28 toneladas de cocaína desde diciembre del 2021 a la fecha, a los Estados Unidos, Puerto Rico y Europa.

Así consta en la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, según la cual las organizaciones manejaban enormes cantidades de dinero producto del narcotráfico, que usaban en pagos de sobornos a políticos, comerciantes, empresarios y militares para obtener informaciones y realizar sus operaciones ilícitas.

Los miembros de las narcofamilias del caso Caimán, que realizaban sus operaciones de narcotráfico transnacional en conjunto, sus funciones principales eran planificar, trasportar y ejecutar tráfico de cocaína de Suramérica a la República Dominicana mediante la modalidad de enviar lanchas de fabricación artesanal (Gofast) a territorio colombiano, y luego regresar con kilos de narcóticos a Santo Domingo, principalmente en la zona sur del país, específicamente en las provincias de Peravia, Barahona y Pedernales, para enviarla a otras naciones.

De acuerdo con las autoridades, las provincias de Barahona y Pedernales se han convertido en el epicentro de las operaciones del narcotráfico internacional, controladas por las narcofamilias y organizaciones fragmentadas que desempeñan un papel fundamental en la proliferación de la delincuencia.

Las narcofamilias mantenían sus operaciones en la región sur porque ese trayecto de la ruta que utilizaban para transportar la cocaína desde Colombia a la República Dominicana hacía más corta la distancia.

Narcofamilias
En el documento el Ministerio Público indica que identificaron unas 37 personas miembros de las narcofamilias, y que tienen el control de las provincias de Peravia, Barahona, Pedernales y Azua, en la región sur.

Uno de los grupos es el de los pescaderos, dirigidos por los Cuevas/Féliz, Melbin Martínez Féliz, Wilkin Joel Cuevas Ferreras, Geise Féliz Pérez, Zequiel Féliz, Wilmer Joel Cuevas, Welington Ford, Lionni Sepúlveda Féliz (prófugo), Florángel Féliz, Humberto Bienvenido Báez Khoury (prófugo), Meregildo Segura, Luis Carrasco y Máximo Ruiz.

También integradas por los privados de libertad Oswaldo Colina, Miguel Carrasco, Juan Díaz, Gardy Sánchez y Pablo Mayo.

Otro, en los Che, encabezados por la familia Guevara, con Andry Guevara y Juan Carlos Guevara como implicados.
También las familias Ciguillos, integrada por Wilson Rodríguez, Jerbison López, Manuel Vidal, Míster Álvarez y Manuel Fernández.

También la Santa, liderada por Gloria y que integran Gloria Cuevas, Carlos Cuevas y Elson Cuevas.
El documento también incluye a los Lego, que involucra a la familia Féliz Ferreras, con Richard Féliz, Juan Carlos Féliz Ferreras, Enmanuel Féliz Ferreras, Richard Féliz Ferreras, José Franco y Leidy Ledesma.

Además, los Flores, una familia dirigida por el grupo Florián, con sus miembros Onassis Cuevas Florián y Benny Ariel Florián Féliz.

El Ministerio Público indica en el documento que con estas actividades ilícitas llevadas a cabo en la región sur ha sido creada una narcocultura poblacional, lo que hace que estos delitos se perciban como una narcoeconomía que afecta al Estado.

Ligada al caso Larva
La investigación del Ministerio Público revela que los implicados en la organización criminal de tráfico internacional de drogas del caso Caimán están ligados a Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón o El Guardia), imputado de la red del caso Larva, una estructura que fue desmantelada el 17 de marzo del 2020 y a la que se le ocuparon 700 kilos de drogas en Nigua, San Cristóbal.

Los datos están contenidos en la solicitud de medida de coerción, con transcripción de conversaciones sustraídas de los celulares de los imputados en el caso Caimán, en la coordinación de narcotráfico internacional.

El imputado Cuevas Ferreras, hijo de la imputada Gloria, del grupo Santa, dirigió la movilización de los cargamentos de drogas que transportaban desde Suramérica al país con destino final en Estado Unidos, Puerto Rico y Europa.

Coerción
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión como medida de coerción a los implicados en el caso Caimán y que el proceso sea declarado complejo.

Un juez de la Oficina de Atención Permanente de Barahona conocerá el viernes la coerción a Martínez Féliz, Gloria, Geise Féliz Pérez, Wilkin Joel Cuevas Ferreras, Wilmer Joel Cuevas Florián, Wellington Ford Garó, Jerbinson Bernabé López, Máximo Andrés Ruiz Moreta, Carlos Manuel Cuevas Pérez y Rafael Marcelo Saldaña Cuevas, todos imputados de asociación de malhechores, narcotráfico y otros cargos.

Ocupan

— Evidencias
Las autoridades ocuparon cargamentos de cocaínas, armas ilegales, incluyendo pistolas y escopetas, así como vehículos, drones, 6 embarcaciones, brújulas, GPS, teléfonos satelitales, radio de comunicación, y otras pruebas.

Santo Domingo.– La Policía Nacional informó el apresamiento de tres mujeres que fueron sorprendidas «in fraganti» intentando realizar una compra en un supermercado con 89 tarjetas Supérate.

 En un video que se hizo viral en la redes sociales, se puede observar a las damas que  parecen estar realizando compras de manera irregular con tarjetas Supérate en un establecimiento comercial ubicado en el kilometro 13 de la Autopista Duarte, ha generado revuelo e indignación entre los usuarios.

Las autoridades están llevando a cabo una investigación para determinar cómo estas mujeres obtuvieron dichas tarjetas. Tanto la Policía Nacional como el Gabinete de Políticas Sociales están involucrados en este proceso investigativo.

Este incidente ha provocado una gran conmoción en la comunidad online, y se espera que se tomen medidas apropiadas una vez se esclarezcan los hechos.

SANTO DOMINGO, RD.-La defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez presentó este martes una serie de violaciones  y arbitrariedades alegadamente cometidas por el Ministerio Público en el marco de las investigaciones del caso Medusa.

Según los abogados,  las supuestas violaciones de derechos habrían puesto en peligro, incluso, hasta  la vida del exfuncionario.

La barra de defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez planteó al juez del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional 17 violaciones a derechos previstos en la constitución, cometidas en contra de su cliente por el Ministerio Público.

Entre ellas, los abogados citaron el hecho de haberle negado el derecho a la defensa durante la investigación del caso Medusa, la incautación de bienes no relacionados con el caso y supuestas extorsiones a imputados para que vinculen a Jean Alain con hechos de corrupción.

Las inobservancias de derechos que le asistían Jean Alain habría provocado que su vida corriera peligro en tres ocasiones mientras estuvo en prisión preventiva.

La defensa del ex procurador también cuestionó la legalidad de que la PEPCA  haya investigado el caso Medusa, que a su juicio correspondía a la Fiscalía del Distrito Nacional.

Las críticas están siendo presentadas en forma de incidentes al tribunal, a los fines de que, previo a decidir el envío o no a juicio, declare  la nulidad de la acusación del caso Medusa.

Imputados no lo involucran a Jean Alain con las acusaciones

Negaron categóricamente las declaraciones preparadas por la PGR leídas de forma literal por este único acusado complaciente. Y destacaron que si el mismo incurrió en actos irregulares a decenas de personas señalarlo directamente como receptor de valores y donaciones de campaña y a su vez otras tantas señalarlo por haber dado uso político a esos fondos, ciertos o no, ilegales o no, los actos y las penas son personales y un acto de un tercero bajo ninguna forma puede afectar a nuestro representado.

Además, indicaron que «el extraditable Rafael Stefano Canó Sacco fue el Jefe de Gabinete de la PGR y presidente del Movimiento Político Renovación, mientras que el acusado Jonathan Joel Rodríguez Imbert fungía como Director Financiero, tanto de la PGR como del mismo movimiento político».

Asimismo, la defensa de Jean Alain Rodríguez destacó que su representado no tenía ningún tipo de amistad o confianza con este acusado. Y que quien lo conocía e introdujo a la gestión fue Rafael Stefano Canó Sacco, su supervisor.

El presidente Luis Abinader calificó este lunes como un “crimen bárbaro” el cometido en contra del ecologista Francisco Ortiz Báez, de 39 años, asesinado recientemente en el municipio de Constanza, provincia La Vega.

El jefe de Estado indicó que de este acontecimiento que ha indignado a toda esa demarcación y el país completo se encuentra en proceso de investigación a los a los fines de identificar a los responsables del horrendo hecho para que le caiga todo el peso de Ley.

Se recuerda que Ortiz Báez fue ultimado luego de denunciar la extracción indiscriminada de materiales para la construcción de un río en Tireo, Constanza, en la provincia La Vega.

“Es un crimen bárbaro este que sea cometido en contra de quien podemos calificar de un mártir que luchó por defensa del medio ambiente y los recursos naturales”, manifestó el presidente Abinader.

El mandatario se expresó en esos términos sobre ese caso durante su acostumbrado encuentro La Semanal que realiza en el Palacio Nacional junto a comunicadores y periodistas representantes de distintos medios de comunicación.

Explicó que el tema de la protección al medioambiente en la actual gestión se ha fortalecido bastante, por lo que los casos de depredación de los recursos naturales se han reducido bastante.

Señaló que es un compromiso de su Gobierno seguir trabajando de manera incansable por la protección del ecosistema no importa los intereses que se tengan que enfrentar.

Más sobre el asesinato 

Hasta el momento, se encuentran detenidos Reynaldo Cruz Castillo, de 53 años, y Andy Joel Payano, alías El Guardia, de 25 años, señalados como presuntos autores del hecho.

Cruz Castillo fue quien condujo al Ministerio Público y la Policía Nacional, hasta el lugar donde fue encontrado enterrado, el hoy occiso, en la comunidad de las Cuevas, San Juan, en la frontera entre Azua y San José de Ocoa.

Al detenido se le ocupó una pistola marca Súper, calibre 9 mm y una escopeta marca Maverick, propiedad de la víctima.

Sobre el caso, las autoridades recuperaron una yipeta Toyota Hilux, de color blanco, donde presuntamente se fue transportando el cuerpo de Ortiz Báez, un camión, dos armas de fuego y una pala.

Santo Domingo.- El ex procurador general de la República y principal implicado en caso de corrupción desmantelado mediante la operación Medusa, Jean Alain Rodríguez, negó este viernes que haya dado instrucciones al exdirector administrativo y financiero de la Procuraduría General de la República, Jonnathan Rodríguez Imbert, para realizar maniobras corruptas en los procesos de compras, como este último afirmó.

Exadministrador de Procuraduría admite la culpa

«Usted tiene por ejemplo la Dirección General de Prisiones como también tiene la Dirección General Administrativa y Financiera, en ninguno de esos casos el procurador general de la República ni la actual ni el pasado ni el ante pasado, es el superior jerárquico directo a esas personas, la ley no lo contempla. Dentro de las funciones del procurador hay  solamente una de cerca de treinta, que refiere a que supervisa las políticas públicas que emanan del Consejo respecto a esas direcciones», sostuvo Jean Alain.

«En el caso particular del director general administrativo y financiero, ni tan siquiera tiene –el procurador- la facultad de quitarlo del puesto, es el Consejo, la ley incluso establece los tres casos y no son ninguno de esos directores generales, en el caso particular no daba a ninguno de esos directores instrucciones que no fueran aquellas de las políticas públicas del consejo, previamente aprobadas», aseguró Rodríguez.

«Y quiero que consté en acta que en ningún momento instruí ni para temas irregulares ni para temas que han sido tratados acá utilizando mi nombre», destacó.

Antecedentes 

En la audiencia pasada el exadministrador de la Procuraduría General de la República y acusado en el caso Medusa, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, admitió ante el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional los hechos que le imputa el Ministerio Público.

Rodríguez Imbert afirmó ante el magistrado Amauris Martínez, que todo lo que hizo fue por instrucciones del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y Rafael Canó Sacco, exjefe de Gabinete de la Procuraduría, quien está fuera del país y no está implicado en el caso.

Declaró que aunque se le había entregado un poder para firmar contratos, asignaciones y otros procesos a nombre de Jean Alain Rodríguez, todo lo que hacía era bajo instrucciones de Canó y del ex procurador, debido a que no tenía poder para tomar decisiones.

Rodríguez Imbert se comprometió ante el magistrado Martínez a realizar una ampliación de sus afirmaciones cuando se esté conociendo el fondo del caso Medusa.

BARAHONA.- Será el próximo viernes 19 de abril cuando la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Barahona conozca la solicitud de medida de coerción, consistente en prisión preventiva, que hace el Ministerio Público contra 10 integrantes de la red criminal impactada en la Fase II de la Operación Caimán.

El juez Daniel Emilio Pimentel dispuso este lunes el aplazamiento de la audiencia luego de acoger una solicitud de la defensa de los imputados que pidieron más tiempo para depositar arraigos.

El Ministerio Público también solicitó que el caso sea declarado complejo al tramitar la solicitud de medida de coerción contra Malbin Martínez Féliz, Gloria Elena Cuevas, Geise Féliz Pérez, Wilkin Joel Cuevas Ferreras, Wilmer Joel Cuevas Florián, Wellington Ford Garó, Jerbinson Bernabé López, Máximo Andrés Ruiz Moreta, Carlos Manuel Cuevas Pérez y Rafael Marcelo Saldaña Cuevas.

El grupo está implicado en delitos de asociación de malhechores, tráfico internacional de drogas, lavado de activos y porte y tenencia ilegal de arma de fuego.

La estructura trasegaba droga desde el departamento La Guajira, Alta Guajira, en Colombia, hacia la costa sur de República Dominicana, en donde se ocuparon cargamentos de clorhidrato de cocaína durante la Fase I de la Operación Caimán.

A los arrestados en la Fase II de la Operación Caimán la pasada semana se les ocuparon armas ilegales, incluyendo pistolas y escopetas, así como vehículos, drones, 6 embarcaciones, brújulas, GPS y teléfonos satelitales.

También, planes de navegación que evidencian que eran para el tráfico internacional de cocaína, radio de comunicación, cargadores de fusiles, motores fuera de borda y evidencias de transferencias financieras con socios en Colombia.

El Ministerio Público desarrolló la Operación Caimán junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y con el apoyo del Ministerio de Defensa.

Las autoridades dominicanas contaron con la cooperación internacional de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el Comando Sur de Estados Unidos.

La operación, desplegada por aire, mar y tierra, abarcó varias provincias del sur y Santo Domingo Este en donde operaban los integrantes de la estructura del crimen organizado a la que se le han ocupado más de cinco toneladas de cocaína en los últimos meses.

Más de 40 fiscales participaron en las acciones antidelictivas en la que se realizaron unos 40 allanamientos en San Juan, Barahona, Baní, Pedernales y Santo Domingo Este. En los operativos participaron alrededor de 500 miembros de la DNCD y las Fuerzas Armadas, incluyendo integrantes de sus unidades sensitivas.

SANTO DOMINGO. Cielo tiene 14 años. Soñaba con ser modelo, asegura su papá. “Le digo que aún es posible, que puede serlo”. Pero Cielo (nombre ficticio) ya no habla de sus sueños. Hace un mes y una semana, la acción violenta de un hombre la sumió en una pesadilla. Veinticuatro machetazos que provocaron la pérdida de sus brazos y que ahora parecen definir su presente, uno en el que su agresor sigue en libertad y su familia lucha por obtener justicia.

Y la pesadilla de Cielo se gestó hace poco más de un mes, cuando se obsesionó con ella Jefrey, un nacional haitiano de unos 18 años y sin mayores señas que la de haber llegado cuando era un niño con sus padres desde Haití al sector de El Kilombo, del municipio de Pedro Brand, al sureste de la provincia Santo Domingo.

Su padre Antonio Heredia (seudónimo usado a su petición) se enteró de la situación, relata a DL, cuando el pasado 16 de mayo se produjo un conflicto entre Jefrey y un grupo de muchachos conocidos de su hija, a quienes les habría contado del acoso. “Le pregunté que si tenía algo con él, pero ella me lo negó y me dijo que la estaba molestando desde hace tiempo”.

Presuroso, Antonio buscó evitar lo peor. Le llamó la atención a Jefrey, pero a cambio se enteró de que había amenazado con agredir a su hija. Al día siguiente, 17 de mayo, le pidió a Cielo que no saliera de la casa. “Le dije a su mamá (Yajaira García) que estaba de castigo, que no la dejara salir”.

Regresó a eso de las dos de la tarde. Cielo no estaba. Aun se encontraba averiguando el paradero de su hija, cuando le avisaron que estaba en un riachuelo, una especie de cañada, llamada La Peñita, y que estaba muerta. “Yo salí corriendo para allá y ese niño me cayó atrás –señala a su izquierda a un niño de camiseta azul y pantalones grises. Se llama Fausto y tiene 11 años- Me dijo “papi, está muerta”.

Cuando llegó al lugar, encontró a Cielo boca abajo, con cortes en todo su cuerpo.

– Cielo

– ummmm

“Me dije, ‘está viva’. Al ver las heridas que tenía tan profundas en el cuello, aparte de tener lo brazos y las manos vueltos un etcétera, yo le dije”:

– ¿Tú tienes tu conocimiento?

– Sí.

– ¿Y quién soy yo?

– Papi.

– Quédate ahí tranquilita. No te me muevas.

Los círculos de la pesadilla

Por la naturaleza de su trabajo, Antonio tiene conocimientos de primeros auxilios. Evitó que el gentío que ya se encontraba en el lugar moviera a su hija. Llamó al servicio de emergencias 9-1-1.

“El nueve uno uno me respondió a tiempo, como a los quince minutos de yo llamar llegaron. La auxiliaron y la llevaron al hospital (Doctor Vinicio) Calventi de Los Alcarrizos”, detalla. Ahí empezó un periplo en que asegura se cometieron descuidos en la atención de su hija que le costaron la amputación de sus brazos.

En ese primer centro asistencial, Cielo fue estabilizada y referida al hospital Doctor Darío Contreras, trasladada en la misma ambulancia del 9-1-1 en la que fue rescatada de la cañada donde fue agredida. Allí los médicos le dijeron que necesitaba una transfusión. La sangre no aparecía.

– ¿Y por qué la sangre no aparecía? ¿Qué le decían?

– ¡Oh! Pero había que comprar la sangre y yo no tenía dinero, y usted sabe que una pinta de sangre vale cuatro mil y pico de pesos y si llevas el donante a la Cruz Roja es que lo dejan en dos mil doscientos y a esa hora no aparecía donante.

En medio de su desesperación, y sin saberlo, en el centro se encontraba la abogada Gladys Félix, reconocida por su activismo nacionalista y coordinadora del movimiento Los Hijos de Duarte. Le habían avisado del hecho e hizo los reclamos en el hospital para que la niña recibiera la transfusión sin costo alguno.

“Esa muchacha hoy está viva, primero por Dios y después por ella, que tuvo que pelear y regarse para que apareciera sangre, porque llegó un 6 por ciento y la sangre no aparecía y se iba a morir”, expresa Antonio con agradecimiento mientras recuerda ese aciago día, sentado en un patio junto a su casa en construcción. A su lado se encuentra la señora Félix, quien fue candidata a diputada por la Fuerza Nacional Progresista (FNP) en las elecciones de mayo de 2016.

Esa noche le amputaron el brazo izquierdo a Cielo. Su padre afirma que los médicos le dijeron que el brazo derecho no tenía salvación. Él se negó en ese momento a firmar la autorización de amputación. Asegura que no atendieron como debían sus heridas y que ese descuido provocó una necrosis gangrenosa.

Habían pasado tres días desde la primera cirugía. Antonio reclamó otra opinión, otra opción, que buscarán a un especialista. “Les pregunté quién era el más viejo de ellos, porque todos eran unos muchachitos. “¿Cuál es el jefe del equipo?” Cuando llega el jefe del equipo es un niño también. No niños, son hombres, ¡pero demasiado jóvenes! Con poca experiencia, eran muchachitos, que se veían que quizás sí querían hacer algo, pero ellos prácticamente están haciendo una residencia, aprendiendo, practicando”.

Cielo entró nuevamente a la sala de cirugía. Al día siguiente, y para sorpresa de Antonio, le avisaron que su hija estaba de alta. Llamó a la abogada Gladys Félix y ella acudió de inmediato y presionó para que la dejaran ingresada. Unos once días después, el primero de junio, fue despachada a su hogar. “Me dijeron que tenía la bacteria y así me la mandaron a la casa, como quiera”.

Antonio dice que llevaban a Cielo todos los días a curar sus heridas postoperatorias al hospital Doctor Rodolfo de la Cruz Lora, de Pedro Brand. El día de Corpus Cristi, el pasado 16 de junio, se negaron a curarla porque, apunta, era un día feriado y los doctores no estaban. Ante la negativa, sus familiares decidieron limpiar las heridas en su casa. La sorpresa al quitar el vendaje es que tenía gusanos.

Desde el hospital municipal la refirieron nuevamente al Darío Contreras. “Nos atendieron en el pasillo hasta que ellos pudieron hacerle la otra cirugía, la tercera, para matarle la bacteria, que no se la mataron tampoco. Y me la dejaron tirada en un pasillo, que las camas estaban llenas”. Allí amaneció Antonio junto a su hija, a quien afirma no le administraron ninguna medicación.

“Ellos le quitaron la canalización que le hicieron, ya no tenía nada puesto. No tenía nada, ni un antibiótico, ni analgésicos, ni suero. Nada. Nada”, expresa con evidente frustración.

Una mano caritativa

A la mañana siguiente, Antonio recibió la llamada de un empresario que se había enterado de la situación de su hija a través de las redes sociales. De inmediato envió una ambulancia. La abogada Gladys Félix detalla que el médico de turno en el Darío Contreras se limitó a hacerles firmar un descargo. Cielo fue trasladada al Centro Médico de la Unidad Central del Este (UCE).

El empresario benefactor pagó los gastos médicos de la niña. Cielo fue intervenida por cuarta ocasión. “El especialista que la atendió nos dijo a nosotros, responsablemente, que si la niña hubiese sido bien atendida no habría tenido la necesidad de cortarle los brazos. Nos los dijo así, mirando la fotografía de ella de cómo la encontraron”, asegura la abogada, que también señala que otro de los doctores le dijo que la menor tampoco recibió el tipo de antibióticos que necesitaba lo que propició el desarrollo de la infección.

El pasado jueves, 22 de junio, Cielo volvió a su casa.

“Quiero que se haga justicia

Antonio, con voz firme, expresa lo que quiere. Justicia.

“Es lo único que me queda, que por favor se haga cumplir la ley, que sea apresado y puesto a la acción de la justicia para que pague por ese horrendo crimen. No es porque sea haitiano, porque a veces ven a uno como racista. No. Yo no soy racista. Sino que es una persona que cometió un hecho que tiene que pagarlo. No porque sea haitiano o dominicano, sino que cometió un hecho y tiene que pagar por ese hecho”, dice mirando fijamente y con la entereza que ha sostenido desde el día en que su hija fue agredida a machetazos.

Reclama por la lentitud en la búsqueda de Jefrey, aunque apunta que este sábado fue realizado un operativo policial y fueron apresados algunos haitianos del sector.

“Porque cuando un dominicano hace algo, lo consiguen de una vez, pero cuando es un extranjero haitiano, oiga bien, hace algo no hay manera de conseguirlo, sino es que usted lo encuentra infraganti ahí, no hay manera y se fue. Usted comete un hecho, pero por las huellas digitales la consiguen. Ellos no, no están documentados”, se queja Antonio.

De su lado, la abogada Félix reclama la necesidad de una indemnización para Cielo y su familia, que componen también sus ocho hermanos y su madre. Afirma de manera categórica que llevará el caso a las todas las instancias judiciales, tanto dominicanas como extranjeras, pues a su juicio tanto el estado dominicano como haitiano tiene responsabilidad en este hecho, ante el descuido migratorio que permite a los nacionales haitianos estar en el país sin documentación.

No ha despertado

Recorremos con Antonio los enlodados y maltrechos caminos de tierra de El Kilombo. Llegamos a lugar donde los sueños de Cielo se silenciaron, un riachuelo de aguas poco profundas. Antonio señala el lugar donde cayó herida su hija.

Sobre las ramas de los árboles y arbustos cuelgan trapos, trozos de fundas plásticas y otros desperdicios, señal de que en algún momento la incipiente caudal aumenta su volumen trayendo basura. Narra cómo los paramédicos del 9-1-1 llegaron al lugar con la camilla al hombro, pues es imposible el acceso en un vehículo. Reitera su reclamo de justicia.

Momentos antes, junto a la casa que lleva varios años construyendo poco a poco, recuerda a la Cielo antes de ese 17 de mayo, y que llegó de Pedernales el diciembre pasado –de donde es oriundo Antonio y su familia- para estar junto a sus padres y continuar sus estudios de octavo grado. Niega las versiones que se han difundido en algunos medios de comunicación sobre lo sucedido.

“Cielo era y es una muchacha tranquila. La traje para acá porque mi mamá murió. Desde que llegó hizo sus amigas, que ahora la cuidan como si fuera una hija para ellas”.

Cielo no quiere hablar con extraños. Cuando se acerca se nota la incertidumbre en su rostro. Se sienta y sostiene la mirada por momentos.

– ¿Cuántos años tienes?

– Catorce

– ¿Y cuándo cumples los quince años?

– En febrero

– ¿Cómo te tratan tus amigas?

– Bien

– ¿Has sentido apoyo de tu comunidad, de tus vecinos?

– Sí

Responde cabizbaja. La abogada Gladys Félix, quien ha acompañado a su familia durante todo este calvario, le insiste en que hablé más, en que envíe un mensaje sobre su situación. Pero ella calla.

***

– ¿Ella le ha dicho algo sobre lo que le pasó?

– Ella no. Ni yo tampoco le he preguntado. La realidad está ahí. Eso es como recordarle ese momento. Ella quiere vivir su vida ya normal, eso entiende ella.

Antonio sabe que necesita ayuda psicológica. Dice que se está gestionando, así como otra intervención con el fin de colocarle prótesis. Señala la normalidad que insiste en seguir llevando su hija, a pesar de que nada es como antes, de que ha perdido la autonomía que antes tenía con sus dos brazos, cuando sus sueños se convirtieron en una pesadilla.

“Creo que ella no ha despertado”.

Tras tildar de «bochornoso, criminal e injustificable», el hecho de que un agente de la Dirección General de Migración haya violado sexualmente una niña de 14 años durante un operativo migratorio contra indocumentados, el presidente de la República, Luis Abinader, garantizó este lunes que el responsable recibirá «todo el peso de la ley«, sin importar el rango que tenga, ni quién sea.

«Vamos a aplicar todo el peso de la ley«, acotó el mandatario al ser cuestionado sobre el hecho durante LA Semanal con la Prensa, encuentro que cada lunes realiza en el Palacio Nacional con periodistas.

Abinader expresó su condena «a la violación de la niña» sin importar la nacionalidad de la víctima.

«Un hecho criminal, un abuso incalificable para cualquier niña de 14 años, sea haitiana, sea dominicana«, planteó con rostro de condena.

Su posición la planteó cuando se le preguntó en qué estaban las investigaciones que habían iniciado las autoridades sobre la denuncia de que una menor de nacionalidad haitiana fue violada por un agente de la Dirección General de Migración durante un operativo contra indocumentados en Verón, Punta Cana, en la provincia La Altagracia.

El gobernante garantizó que el culpable recibirá «todo el peso de la ley«, sin importar quién sea.

Dijo también que el Ministerio Público y las otras entidades involucradas en las indagatorias están «haciendo la investigación de la mejor manera».

El presidente Luis Abinader designó mediante el decreto 193-24 a cuatro gobernadoras para las provincias de Azua, Elías Piña, La Romana y San Juan.

Las nuevas gobernadoras sustituyen a las que participan como candidatas a diputadas o fueron electas en las pasadas elecciones municipales. El nombramiento será efectivo a partir del 24 de abril, según un comunicado de prensa de la Presidencia. 

La nueva representante del Poder Ejecutivo en Azua será María Minerva Navarro, y Migdaly Antonia de los Santos Jiménez lo será en Elías Piña. 

Ivelisse Mercedes Méndez tomará posesión como gobernadora de La Romana y Ana María Castillo Mateo en San Juan.

Ivelisse Mercedes Méndez 

Ganó la alcaldía del Municipio Guaymate, en La Romana. Es Licenciada en Derecho.

En el 2023, la directiva del equipo de béisbol de los Toros del Este la reconoció por sus aportes en la recuperación del Municipio de Guaymate, tras el paso del huracán Fiona.

La Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) también la reconoció por sus aportes como miembro del Consejo Directivo.

En abril del 2024, recibió otro reconocimiento por la Unión de Mujeres Municipalistas (Un Mundo), por sus aportes a las mujeres municipalistas y el desarrollo de su municipio.

María Minerva Navarro 

Es Licenciada en Educación Mención Letras, con Máster en Lingüística aplicada a la Enseñanza de la Lengua Española y un postgrado en Gestión de Centros Educativos.

Actualmente, es técnico regional del Ministerio de Educación, con más de 31 años de trabajo como educadora en Azua.

En el año 2022, recibió un reconocimiento del Centro Educativo Doctor Francisco Peña Gómez por la labor desempeñada como coordinadora pedagógica.

Migdaly Antonia De los Santos Jiménez

Fue vicealcaldesa del Ayuntamiento Municipal El Llano, provincia Elías Piña. Es Licenciada en Derecho. 

En el 2022 recibió un reconocimiento de parte del Comité Pro-Fiestas Patronales San Isidro Labrador Llaneros Ausentes, por sus aportes a la sociedad de El Llano, a través de lo que hoy es la Fundación Serie 110.

En el 2023, recibió un reconocimiento por la Asociación de Jóvenes Municipalistas en el renglón Desarrollo Cultural. Es Miembro del Comité Municipal de El Llano.

Ana María Castillo Mateo

Doctora en Ciencias Jurídicas y abogada de la Dirección Provincial San Juan de la Maguana de la Mujer.

También fue regidora del Municipio de San Juan de la Maguana y fue Coordinadora del Departamento de Cursos Técnicos de INCOTE-INFOTEP.

La jueza del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, quitó el arresto domiciliario al general de la Fuerza Aérea Dominicana (FARD), Juan Camilo de los Santos Viola, exjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina y al coronel Rafael Núñez de Aza, implicados en el caso Coral y Coral 5G.

La magistrada Gisell Pérez Méndez, tomó la decisión durante el conocimiento de una solicitud de revisión de la medida de coerción, donde también levantó el arresto domiciliario al cabo Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la pastora Rossy Guzmán.

El tribunal tomó la decisión, al acoger un pedimento presentado por la defensa de los implicados, doctores Félix Humberto Portes Núñez y Wendy Lora, quienes habían pedido.

El tribunal en cuanto al general de los Santos Viola, El exjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, mantuvo el impedimento de salida del país y el pago de una garantía económica de un millón de pesos, bajo la modalidad contrato y amplio a todo el territorio nacional el brazalete electrónico.

Mientras que, en cuanto a Núñez de Aza, ex encargado del Departamento Financiero del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), el tribunal mantuvo el impedimento de salida del país, el pago de una garantía económica de 100 millones de pesos y amplio en todo el territorio Nacional, el brazalete electrónico.

Y en cuanto a Flete Guzmán, la jueza le quitó el brazalete electrónico y le mantuvo el impedimento de salida del país y le impuso el pago de una garantía económica de 100 millones de pesos bajo la modalidad de contrato.

En la audiencia la defensa de los Santos Viola, solicitó variación de medida de coerción, ordenando el cese del arresto domiciliario y la colocación de grillete electrónico, aunque mantengan el impedimento de salida sin previo permiso de la autoridad competente.

Mientras que la defensa de Flete Guzmán, sostuvo que el 5 de mayo del 2021 le fue impuesta la prisión preventiva y que en diciembre de 2022 le variaron la prisión y le colocaron el grillete, medida con la cual tiene un año, cuatro meses y varios días, señalando que desde ese entonces dejó de percibir el salió de cabo sin poder sostener a su familia.

En tanto que la defensa de Núñez de Aza, declaró en el tribunal que su cliente en pocos días cumplirá 36 meses en prisión; 18 meses de prisión preventiva y el restante en arresto domiciliario, por lo que solicitó quitarle el grillete electrónico y arresto domiciliario para que se le imponga presentación periódica.

En la audiencia, la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, y el fiscal Jonathan Elías Pérez, solicitó al tribunal mantener la medida de coerción vigente, alegando que no han presentado presupuesto nuevo, situaciones novedosas que permitan a la jueza variar la medida de coerción vigente.

“Para no contaminar el juicio de fondo, que inicia el próximo jueves 18 de abril, lo más prudente es mantener la medida de coerción vigente que ha cumplido con el propósito por la que les fue impuesta”, expresó en el tribunal uno de los abogados que representan al Estado.

Los cabecillas de las estructuras de narcotráfico desmanteladas ayer mediante la fase dos de la Operación Caimán  traficaban  hacia  República Dominicana grandes cantidades de drogas  desde Colombia, Venezuela y otros países de Suramérica,  y para evitar ser atrapados por las autoridades,  utilizaban caballos  para   fugarse hacia Haití por lugares inhóspitos    y de difícil acceso por los arrecifes.

El Ministerio trabaja hoy en la instrumentación de la medida de coerción que solicitará  mañana a los arrestados durante las pesquisas  realizadas  en Barahona, Pedernales, San Juan, Baní  y Santo Domingo Este.

Destruyen casuchas

Producto de la Operación Caimán se destruyeron decenas de casuchas que los miembros de la  organización  criminal utilizaban para guarecerse y luego salir al litoral costero a recoger paquetes de sustancias controladas.

Modus operandi

La investigación evidenció que existe un modo de operación, que es una especie de pesca de drogas en la que participan personas que se hacen pasar por pescadores de la zona, una práctica  entre ellos denominada como “pesca de delfines blancos” y a quienes la practican los llaman “playeros”.

Los casos en los que entran los pescadores de “delfines blancos” es cuando a raíz de una persecución de los organismos de seguridad los traficantes que transportan la droga   la tiran al mar o cuando por condiciones del tiempo o calidad de la embarcación la misma zozobra.

Los miembros de la organización utilizaban de excusa la falsa justificación de que son pescadores que no viven en la zona por ser área protegida y necesitan albergarse temporalmente, pero los hechos y las evidencias demuestran lo contrario.

La información, suministrada a El Nacional por una fuente de la investigación,  da cuenta que en los últimos meses las autoridades han decomisado más de 6 toneladas de drogas a dicha estructura.

El cierre ayer por cuatro horas y 42 minutos de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez (AILA) provocó la cancelación siete vuelos y el desvío de ocho a otras terminales del país.

La información fue servida en una nota de prensa por Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) en la que indicó que el bache u hoyo en la pista se produjo durante el aterrizaje de un avión Boeing 787-900 de Air Europa, que desprendió asfalto en una zona que estaba prevista a ser intervenida para mantenimiento en los próximos días.

La empresa indicó que la pista fue reabierta a las 12:25 de la madrugada de este lunes luego de ser reparada. Las operaciones se reanudaron, “los vuelos y pasajeros desviados a aeropuertos alternos retornaron al AILA”, precisa la información.

Aerodom aseguró que se mantiene monitoreando el estado de la pista y todas las infraestructuras del aeropuerto, para proveer los mantenimientos y reparaciones requeridos.

De hecho, destacó que el año pasado realizó una inversión superior a los tres millones de dólares para el remozamiento de una sección de la pista de aterrizaje del AILA, como parte del plan de mantenimiento periódico y rutinario de pavimentos, que fue un proyecto de construcción a gran escala que implicó la colocación de 54,000 metros de nuevo material asfáltico y el remozamiento de otros 57,000 metros cuadrados.

El presidente de la República Luis Abinader reaccionó este lunes a la condena por narcotráfico y lavado de activos que le fue dictada en Estados Unidos al exdiputado Miguel Gutiérrez por narcotráfico y dijo que el Gobierno suyo apoya todo tipo de castigo penal para este tipo de ilícito.

Planteó que, sin importar si la persona es funcionario de su gestión y el cargo que ostente, está de acuerdo en que enfrente el peso de la ley.

“Lo importante de este gobierno es que no importa quién sea, qué funcionario, ni a qué nivel, todo el que cometió un acto de ilegalidad tiene que enfrentar la justicia”, acotó durante LA Semanal con la Prensa.

El ahora exdiputado fue condenado el jueves de la semana pasada a 16 años de prisión por la Corte del Distrito Sur de la Florida, Estados Unidos.

Abinader dijo que el Gobierno, a través de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), colaboró con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) para atrapar al diputado. Gutiérrez fue apresado en Miami, era diputado en ese momento y pertenecía al oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).

“Sobre el otro tema, del diputado Gutiérrez, esa fue una operación que hicimos conjunta la DEA y la DNCD. Si ustedes ven en el momento que fue y en el día que fue capturado, la DEA felicitó al gobierno dominicano porque era una operación que tenía seis meses en conjunto”, explicó.

El mandatario destacó que la República Dominicana seguirá colaborando con la DEA “en cualquier otro caso”.

«No importa quién sea y más como un caso, imagínate los casos de narcotráfico, nosotros colaboramos con la DEA y seguiremos colaborando en cualquier otro caso»Luis AbinaderPresidente de la República“

Conversación con Blinken

Otro tema que abordó el jefe de Estado en LA Semanal fue el de la conversación telefónica que sostuvo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. Reiteró lo que ya había informado Presidencia que la conversación fue para hablar sobre el traslado de ciudadanos estadounidenses desde Haití a través de suelo dominicano.

«Sobre la parte del secretario Blinken, como lo dijo la prensa y nosotros también informamos, específicamente era para que se permitiera poder trasladar temporalmente a los ciudadanos norteamericanos que estaban saliendo, por razones de seguridad, como ustedes entienden, desde Haití. Primero, agradecer todos los que se habían trasladado y segundo, que le permitiera seguir trasladando por los temas de seguridad», refirió.

El presidente de la República, Luis Abinader, expresó este lunes que el agujero que presentó la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) justifica el nuevo contrato que el Gobierno renegoció en diciembre pasado con Aerodom por unos 30 años y que dejaría beneficio entre 1,905 y 2,155 millones de dólares para el país.  

La noche del domingo, un pedazo de la pista se desprendió lo que paralizó las operaciones de la terminal por más de cuatro horas, afectado 15 vuelos. Es la primera vez en menos de un año que sucede un incidente parecido.  

En LA Semanal con la Prensa, el mandatario expresó que ese tipo de daño que sufrió la pista justifica la renogociación del acuerdo entre el Gobierno y Aeropuestos Dominicanos Siglo XXI (Arerodom), administrada por la internacional VINCI Airports.  

«¿Tú te imaginas que no se hubiese modificado el contrato de Aerdom y que se hubiese mantenido siete años más con esa situación?»Luis AbinaderPresidente RD“

En la asamblea, el jefe de Estado criticó que las administraciones anteriores no revisaron el acuerdo y que no había ganancia para el Estado. “Cuando ellos hicieron esa inversión, eso no estaba en el nuevo contrato de Aerodom. Cuando ahora entra, ahora sí hay una supervisión y puede haber una supervisión especial, que no la había en el contrato anterior”, indicó Abinader.  

En cambio, en el tratado, el Gobierno tiene la potestad de indicarle a la empresa qué tipo de material usar y cómo usarlo en el mantenimiento de la terminal.  Además, dijo que deben aprobar el presupuesto y verificar el proceso de ejecución. 

El dinero 

El pacto contempla el pago adelantado de 775 millones de dólares por derecho a operación por el plazo extendido de la concesión. Para el 2024, el Gobierno presupuestó varias obras, las cuales fueron incluidas en el presupuesto del año 2024. Entre estas están programas de asfaltos, una vía expreso desde la Plaza de la Bandera e Isabel Aguiar y dos puentes en sobre el río Ozama.  

Además, resaltó que del dinero hay 800 millones de dólares para construir una nueva terminal y modernizar las otras.  

Una reparación de 150 millones 

El año pasado se realizó una inversión superior a los tres millones de dólares para el remozamiento de una sección de la pista de aterrizaje del AILA, como parte del plan de mantenimiento periódico y rutinario de pavimentos, que fue un proyecto de construcción a gran escala que implicó la colocación de 54,000 metros de nuevo material asfáltico y el remozamiento de otros 57,000 metros cuadrados.

El presidente Luis Abinader presentó ayer el anteproyecto de Ley de Libertad de Expresión, Medios Audiovisuales y Plataformas Digitales, mediante el cual se busca actualizar la legislación vigente y crear nuevos dispositivos legales, conforme con la transformación del ecosistema de la comunicación en el siglo XXI.

En su encuentro LA Semanal, el mandatario dedicó gran parte de actividad a la presentación del anteproyecto, elaborado por una comisión consultiva que creó mediante el Decreto 333-22, del 23 de junio de 2022. 

Alcance del borrador 

Con el abogado y periodista Namphi Rodríguez como coordinador de la Comisión y varios de sus integrantes, se dio a conocer la propuesta que busca actualizar la Ley 6132, sobre la Expresión y Difusión del Pensamiento, vigente desde el 1962.

El anteproyecto contempla la eliminación de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía y la creación del Instituto Nacional de la Comunicación (Inacom). 

El borrador presentado al mandatario para su posterior entrega al Congreso Nacional, para fines de discusión y aprobación, es el resultado de meses de consulta con diferentes sectores del ámbito de la comunicación, incluidos directivos y propietarios de medios, incluida la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), periodistas y dirigentes de los colectivos que agrupan a comunicadores, como el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP).

El anteproyecto, se anunció, será depositado este miércoles en el Congreso.

En LA Semanal con la Prensa, Abinader presentó a una parte de la comisión consultiva que elaboró la propuesta, coordinada por Rodríguez. Estuvieron, entre otros, Persio Maldonado, presidente de la SDD; el abogado Eric Raful Pérez, Aurelio Henríquez, presidente del CDP; la catedrática y doctora en Periodismo, Elvira Lora Peña, y el juez Hermógenes Acosta de los Santos.

Rodríguez dijo que se fijaron los puntos para actualizar la legislación a “los nuevos tiempos”. 

Destacó que con el proyecto se renovará la Ley 6132, que es una adaptación de una legislación francesa de 1881.

El Inacom

El organismo con que se propone reemplazar la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos se ha concebido como un ente descentralizado del Gobierno, cuya dirección será designada por el Congreso, con una dirección ejecutiva, y tendrá autonomía funcional y financiera.

Se indicó que sus resoluciones serían “normas de alcance general, sujetas a publicidad y a los recursos administrativos y jurisdiccionales establecidos por la ley que regula la materia”.

Niñez y los derechos de la mujer

Según Rodríguez, otros puntos que abarcará la pieza es la regulación del contenido en los medios audiovisuales relacionados con la protección de la niñez, derecho de la mujer, la producción de la cultura nacional y la tutela efectiva en la vía administrativa de la libertad de expresión y que se fortalezca la participación y el pluralismo. También se contemplan los aspectos relativos al libre acceso a internet.

Regulación de las redes 

Consultado sobre si la pieza regulará el contenido en las redes sociales, el presidente Abinader reconoció que es un tema preocupante.

El mandatario expresó que recibió el borrador y que no se le hizo ninguna modificación, además, felicitó a la delegación y expresó que este es uno de los proyectos que tienen más prioridad.

Sobre la situación en Ecuador

En otro momento del encuentro, los periodistas abordaron al mandatario sobre la situación en Ecuador, tras la irrupción policial ordenada por el Gobierno ecuatoriano a la Embajada de México en Quito el pasado viernes, para detener al exvicepresidente Jorge Glas, acusado de corrupción.

Abinader ratificó la postura de la nota conjunta de los gobiernos de Costa Rica, Panamá y República Dominicana como fundadores de la Alianza para el Desarrollo en Democracia sobre la irrupción en la embajada. “Una embajada nunca debe de ser invadida, eso está muy claro y ahí esta nuestra posición”, dijo.

Todo el que cometió un acto de ilegalidad tiene que enfrentar la justicia «

Abinader apoya condena de Miguel Gutiérrez en EE. UU.

• El presidente de la República Luis Abinader reaccionó a la condena por narcotráfico que le fue dictada al diputado Miguel Gutiérrez y dijo que el Gobierno apoya todo tipo de castigo penal para este tipo de comportamiento.Planteó que, sin importar si la persona es funcionario de su gestión ni el cargo que ostente, está de acuerdo en que enfrente el peso de la ley. “Lo importante de este gobierno es que no importa quién sea, qué funcionario, ni a qué nivel, todo el que cometió un acto de ilegalidad tiene que enfrentar la justicia”, afirmó durante LA Semanal con la Prensa.Dijo que el Gobierno, a través de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), colaboró con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en este caso.“Sobre el otro tema, del diputado Gutiérrez, esa fue una operación que hicimos conjunta la DEA y la DNCD. Si ustedes ven en el momento que fue y en el día que fue capturado, la DEA felicitó al gobierno dominicano porque era una operación que tenía seis meses en conjunto”, explicó.El mandatario destacó que la República Dominicana seguirá colaborando con la DEA “en cualquier otro caso”.

El ministro de Educación, Ángel Hernández, reaccionó sobre la petición de un aumento salarial de un 20 % a los maestros del sector público en ejercicio, que exige la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

“Termina el presupuesto de Educación ahí mismo, cerramos el Ministerio, automáticamente, queda cerrado”, aseguró Hernández al referirse al porcentaje que es discutido en los encuentros realizados con el gremio.

En julio de 2023, cuando las autoridades y la ADP se acercaron en la firma del “Acuerdo por la Defensa y Derecho a la Educación”, fijaron la primera reunión para determinar el porcentaje del incremento de este año, “conforme a la disponibilidad presupuestaria para el año fiscal vigente”.

Además, el año pasado, el Ministerio de Educación también elevó a RD$30,000 el sueldo de los que recibían sobre los RD$25,000 y menos de RD$30,000, como había pactado con los maestros.

Asimismo, hicieron la aplicación de un incremento salarial que favoreció a 21,464 maestros jubilados y pensionados, elevando a RD$25,000 el salario a quienes ganaban menos de esa cantidad.

Para el que corresponde en esta ocasión, la ADP se ha quejado al afirmar que el Minerd asumió un compromiso, por lo que debió contemplar en su presupuesto esta cifra.

Santo Domingo.-La jueza suplente del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito  Nacional, Franchesca Potentini, intimó al Ministerio Público para que, en un plazo de 15 días hábiles, presentar acusación contra los imputados de corrupción del caso Calamar.

La magistrada adoptó su decisión tras declarar inadmisible la solicitud de prórroga de cuatro meses realizada por Ministerio Público por haber transcurrido el plazo para presentar actos conclusivos, pedimento hecho por la defensa del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo.

En la decisión de la juez, se “intima a la Dra. Miriam Germán Brito, procuradora general de la República, superior inmediato del licenciado Wilson Manuel Camacho, procurador adjunto titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa y se ordena notificar a las víctimas para que formulen su requerimiento en un plazo común de 15 días”.

La magistrada advierte que de no presentar acusación procederá declarar la extinción de la acción penal a través una audiencia.

El Ministerio Público debe presentar acusación a finales de este mes ante la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción, Kenya Romero, para apoderar a uno de los juzgados mediante un sorteo aleatorio y computarizado, excepto el Segundo Juzgado porque tenía el control de la medida a los imputados. El juzgado apoderado conocerá la preliminar.

Nuevos imputados
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, aseguró que habrán nuevos imputados, nuevos hechos y más pruebas en la acusación del caso Calamar. “Vamos a presentar la acusación del Ministerio Público.

Esta acusación va a tener sumados otros hechos, esta acusación va a tener nuevas personas procesadas y va a tener muchas pruebas”, dijo Camacho tras indicar en los próximos días el Ministerio Público presentará acusación contra imputados en caso Calamar.

“Yo lo único que les ruego es que esperen los resultados de las investigaciones que deben ser medidas con los resultados”.

Expediente

— Imputación
Los 20 imputados que figuran en el expediente caso Calamar son acusados de sustraer más de RD$19 mil millones al Estado mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos y sobornos para la campaña política de 2020.

SANTO DOMINGO.- El exdirector técnico de la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE), Víctor Matías Encarnación Mateo, admitió haber recibido RD$35 millones por parte del contratista Fernando Crisóstomo para financiar a los candidatos municipales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de la región sur durante la campaña del 2020.

“Cuando empezó la campaña electoral, el director Francisco Pagán me asignó unos trabajos en la región sur y recibí de Fernando Crisostomo 35 millones de pesos para apoyar a los candidatos municipales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)”, manifestó el director técnico al ser cuestionado por el Ministerio Público durante la audiencia de este lunes.

El imputado Víctor Matías Encarnación Mateo, al arribar a un acuerdo voluntario con el Ministerio Público, se declaró culpable de los hechos que se le imputan en el expediente, al declarar que “se alteraron fechas y documentos para la materialización de los pagos”.

Con relación al desembolso de los pagos en la institución, Encarnación Mateo, detalló que el director general de la OISOE, Francisco Pagán, era quien pagaba “independiente del presupuesto asignado a la obra”.

Barahona.- Las autoridades antinarcóticos dominicanas están llevando a cabo un extenso operativo por mar, aire y tierra en la región sur, con el apoyo de Estados Unidos, que incluye 35 allanamientos simultáneos en varias provincias contra personas vinculadas con actividades de narcotráfico y lavado de activos.

El operativo comenzó en la madrugada de este miércoles y continuaba en marcha en las primeras horas de la mañana en Barahona, Pedernales, Bahoruco, Oviedo y Vicente Noble.

La directora de Persecución de la Procuraduría General de la República, Yeni Berenice Reynoso, está coordinando la acción junto con el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), José M. Cabrera Ulloa. Se cuenta con el respaldo de unidades navales de la Armada Dominicana, aviones y helicópteros de las Fuerzas Armadas, y la infantería del Ejército.

Se ha revelado que este operativo es el resultado de más de siete meses de trabajo de inteligencia en la zona costera de Barahona.

En cuanto al apoyo aéreo, helicópteros del Comando Sur de los Estados Unidos se han sumado, además del aporte de información de inteligencia por parte de la agencia antinarcóticos estadounidense.

Según una fuente que informó a EL DÍA, desde hace más de ocho meses se comenzó a trabajar en este operativo recopilando información sobre actividades de narcotráfico en la región sur y las personas vinculadas con estas actividades.

Varios decomisos multimillonarios realizados en las últimas semanas son el resultado de estas investigaciones y han desembocado en este amplio operativo que se lleva a cabo desde las primeras horas de la madrugada.

Noticia en desarrollo…..

SANTO DOMINGO.- El exdirector técnico de la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE), Víctor Matías Encarnación Mateo, admitió haber recibido RD$35 millones por parte del contratista Fernando Crisóstomo para financiar a los candidatos municipales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de la región sur durante la campaña del 2020.

“Cuando empezó la campaña electoral, el director Francisco Pagán me asignó unos trabajos en la región sur y recibí de Fernando Crisostomo 35 millones de pesos para apoyar a los candidatos municipales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)”, manifestó el director técnico al ser cuestionado por el Ministerio Público durante la audiencia de este lunes.

El imputado Víctor Matías Encarnación Mateo, al arribar a un acuerdo voluntario con el Ministerio Público, se declaró culpable de los hechos que se le imputan en el expediente, al declarar que “se alteraron fechas y documentos para la materialización de los pagos”.

Con relación al desembolso de los pagos en la institución, Encarnación Mateo, detalló que el director general de la OISOE, Francisco Pagán, era quien pagaba “independiente del presupuesto asignado a la obra”.

Santo Domingo .-Revisión. La inversión total en la planta Punta Catalina superó los tres mil trescientos millones de dólares, informó Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas.

Afirmó que que así sale a relucir en la auditoría realizada en esa entidad y aseguró que los detalles del proceso serán revelados la próxima semana.

“Hemos entregado copias de esa auditoría a la administración de la termoeléctrica Punta Catalina, la Cámara de Cuentas y entregaremos a otras instancias” declaró el funcionario durante una entrevista en el Programa Cuentas Claras.

Adelantó que la inversión real mínima fue de ese monto, al señalar que existen otros rubros que no fueron confirmados por la firma auditora.

Sostuvo que el monto inicial adjudicado en esa planta generadora era por US$2,400 millones, pero en su momento las autoridades informaron que se redujo a US$1,945 millones, explicó Almonte al manifestar que la auditoría realizada por una firma internacional revela que la real inversión fue de unos 3,400 millones de dólares.

Subrayó que esa suma representa una muy próxima a lo que puede costar un reactor nuclear de mediana capacidad.
“Eso es extraordinariamente exagerado”, dijo el funcionario en la entrevista.

Al hablar sobre los proyectos de expansión e inversión del sector eléctrico informó que firmas privadas están construyendo alrededor de 1,200 megavatios basados en gas natural entre Montecristi y Pepillo Salcedo.

Agregó que también el Gobierno construye una terminal de gas natural.
Destacó que la inversión de ese proyecto en gas natural ronda en 1,200 millones de dólares.

Proyecto

—Inversión
En el pasado gobierno se había anunciado que la termoeléctrica de Punta Catalina tuvo un costo por encima de los 2,900 millones de dólares y esta obra fue muy criticada y cuestionada por el PRM desde la oposición.

Santo Domingo.– El Ministerio Público informó que junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el apoyo del Ministerio de Defensa, a través de sus comandancias generales, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el Comando Sur de Estados Unidos de Norteamérica, han puesto en marcha desde la madrugada del día de hoy la Fase II de la Operación Caimán desplegada por aire, mar y tierra en varias provincias del sur y Sato Domingo Este, en contra de estructuras del crimen organizado a las que se le han decomisados, en los últimos meses más de cinco toneladas de cocaína.

En la actualidad hay varios arrestados, ocupaciones de armas, dinero y otras evidencias de las que se darán detalles más adelante, en virtud de que los equipos están en estos momentos procesando los allanamientos y otras diligencias de investigación.

En el despliegue de la Operación Caimán, iniciada desde las 4:00 de la mañana de hoy y todavía en proceso, el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas realizan más de treinta y ocho (38) allanamientos, en San Juan, Barahona, Baní, Pedernales y Santo Domingo Este, en la misma, participaron 481 miembros de la DNCD y las Fuerzas Armadas, incluyendo sus unidades sensitivas y más de 40 fiscales.

En la operación las agencias también han utilizado cuatro aeronaves que realizan ubicaciones y despliegues especiales.

En lugar estratégico del sur, se montó un centro de operación que le ha servido de base a las agencias y al Ministerio Público, en la misma se ha instalado tecnología de punta que se utilizan en contra de estas organizaciones del crimen organizado transnacional.

La exhaustiva investigación ha permitido mapificar de forma integral como operan las estructuras impactadas y poner en marchas modernas técnicas de investigación que ha tenido como consecuencia los importantes decomisos desde que en enero del 2023 iniciara la Fase I de la Operación.

En la operación las agencias también han utilizado cuatro aeronaves que realizan ubicaciones y despliegues especiales, en lugares de difícil acceso y cuatro embarcaciones que han estado custodiando el litoral costero marino de Barahona y Pedernales; una de ella fue utilizada para llegar hasta Isla Beata donde también se ha estado operando.

La aeronave de Air Europa que sufrió daños en el tren delantero tras impactar en un hueco de la pista de aterrizaje del aeropuerto Internacional de Las Américas, continuaba ayer en el área de estacionamiento de la parte noroeste de la terminal a la espera de ser reparada.

Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) declaró que la aeronave de Air Europa sufrió daños en su tren delantero en el episodio que se presentó el pasado domingo por el desprendimiento del asfalto en la pista de aterrizaje 17:35, que obligó cierre de las operaciones de vuelos por tres horas.

Esta aerolínea realiza vuelos regulares desde Madrid, España, hacia Santo Domingo, por esta terminal aeroportuaria.

El director de Comunicaciones de Aerodom, Luis López, confirmó que el avión se encuentra aún en el área de estacionamiento del aeropuerto para su reparación.

Indicó que la línea aérea está a la espera de unas piezas para reparar la parte afectada del fuselaje y trasladar la aeronave a Madrid, España.

Con respecto a una posible demanda contra Aerodom, de parte de Air Europa por los daños que sufrió su avión, López señaló que esa aeronave fue la única que sufrió daños por el hueco que se abrió en la pista.

Añadió, sin embargo, que Aerodom está en conversación con la línea aérea, tomando en cuenta que el aeropuerto siempre responde en casos de ocurrir algún daño a un equipo que es atribuible a la administración de la terminal.

“Nosotros lamentamos de que el avión de Air Europa fue el único afectado en esta situación, pero estamos en conversación con la aerolínea. El aeropuerto siempre responde, de ocurrir algún daño a un equipo que es atribuible a la terminal”, enfatizó el ejecutivo de la empresa concesionaria de seis de los principales aeropuertos del país.

Recordó, además, que para atender esos eventuales casos que puedan suceder con cualquier equipo operador, el aeropuerto cuenta con pólizas de seguro que se activan inmediatamente ocurran situaciones de esa naturaleza, tras señalar en ese aspecto que no hay por qué temer.

El ejecutivo de Aerodom explicó que el hoyo se produjo en una zona de la pista que estaba ya bajo observación del equipo de Pavimento de Pista y que el mismo estaba previsto a ser reparado en los próximos días. Refiriéndose a las posibles causas que podrían haber provocado el problema dijo que se están analizando, a ver si hay algún tema en el subsuelo o en la pendiente del pavimento de ese punto que permite acumulación de agua y eso genera que se deteriore el pavimento y el desprendimiento en el mismo.

Agregó que se están tomando muestras y haciendo análisis para poder determinar el plan de acción definitivo. Mientras, se hará una reparación de mayor envergadura de cortar el asfalto en la zona en observación, retirarlo y colocar nuevo asfalto, pues lo que se realizó el domingo fue una solución provisional.

En agosto del 2023 se realizó un mantenimiento con una inversión de tres millones de dólares

Con relación a la inversión que hizo Aerodom de tres millones de dólares en agosto del 2023, López señaló que en la misma solo implicó una porción de la pista y de las calles de abordajes de aeronaves.

“Estos son casos fortuitos, impredecibles que suceden en la aviación comercial en cualquier parte de aeropuertos del mundo”, expresó el ejecutivo de la empresa concesionaria de los aeropuertos nacionales.

Con respecto al actual funcionamiento de la pista de aterrizaje del aeropuerto, expresó que la misma está operando sin ningún problema luego de que las brigadas del Departamento de Mantenimiento de la Pista realizasen la corrección del desprendimiento que ocurrió el pasado fin de semana.

La situación del hueco que se registró en la pista de aterrizajes el domingo pasado provocó la cancelación de tres vuelos, el desvió de siete hacia otros aeropuertos alternos y que nueve operaciones sufrieran retrasos en su salida y arribo al aeropuerto.

Además, cientos de pasajeros que tenían su reservación para viajar al exterior y otros regresar al país, quedaron varados tanto aquí como en aeropuertos del extranjero.

Los candidatos de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, del Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas y de Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, que conforman la alianza opositora “RescateRD” pidieron a la OEA una “urgente” presencia en el país para que sea garante de las elecciones del 19 de mayo.

Alegan que “en adición al uso y abuso de los recursos públicos, hay otro aspecto de singular importancia, y es la presencia en el certamen electoral de recursos ilícitos, tanto de origen estatal como los provenientes del narcotráfico”.

En un documento al que Listín Diario tuvo acceso, firmado por los tres líderes de la RescateRD, y que fue entregado en la OEA por la comisión de esa alianza, cuyo vocero fue Miguel Vargas, advierten de un supuesto peligro que limitaría el derecho ciudadano de elegir y ser elegido. La comisión fue recibida en Washington por Cristóbal Fernández.

“Advertimos que está en curso en nuestro país un peligroso proceso de restricción y limitación de los derechos ciudadanos consagrados y protegidos en el Sistema Interamericano, como lo son el derecho a elegir y ser elegido, y los principios de equidad, transparencia e igualdad, que deben ser consustancial de todo régimen democrático” expresa el documento.

Además del retraso del Gobierno en la entrega del completivo de los recursos para el presente proceso electoral, los líderes opositores también deploraron la “compra” de cédula en las elecciones de febrero pasado y dirigentes, alcaldes, regidores, diputados y senadores de los partidos de oposición, otorgándoles privilegios para que pasen a las filas del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

A CONTINUACIÓN REPRODUCIMOS EL TEXTO ÍNTEGRO:

Accedemos a Usted, en su condición de Secretario General de la Organización de Estados Americanos, en nombre y representación de los partidos políticos: Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Fuerza del Pueblo (FP), que a su vez integran la Alianza Opositora Rescate RD, que aglutina a los partidos políticos, que en nuestro país constituyen las organizaciones políticas más representativas, en término cuantitativo de la oposición, en el sistema electoral dominicano.

El propósito de nuestra visita es apoderarlos, como entidad representativa de la democracia interamericana, de la dirección que le ha impregnado el actual gobierno al proceso de elección de autoridades en curso en nuestro país, por entender que en el mismo se han producido hechos y situaciones preocupantes, que riñen con el compromiso democrático del Estado dominicano, y la Carta de Derechos de la cual somos signatarios y de las organizaciones políticas exponentes.

En efecto, lo hacemos porque advertimos que está en curso en nuestro país un peligroso proceso de restricción y limitación de los derechos ciudadanos consagrados y protegidos en el Sistema Interamericano, como lo son el derecho a elegir y ser elegido, y los principios de equidad, transparencia e igualdad, que deben ser consustancial de todo régimen democrático. El propósito de las actuaciones del partido de gobierno es lograr continuar en la dirección del Estado a cualquier precio, pero en un sistema diferente y un modelo sofisticado de partido hegemónico en la República Dominicana, mediante la utilización de prácticas no democráticas que le permitan al actual gobernante la toma de todas las instituciones estatales, y su concentración en un solo partido.

Mediante estas prácticas se busca restringir derechos fundamentales, como el de elegir y ser elegido, las cuales ya se manifestaron mediante acciones dirigidas desde el Estado para la compra de la voluntad de los electores, mediante la entrega de dádivas, el uso de los recursos públicos, y la puesta a disposición del partido de gobierno de toda la estructura estatal.

Un ejemplo muy evidente de esta afirmación, lo constituyó el hecho de que los partidos de oposición nos vimos compelidos a acudir a la instancia judicial, para que obligara al Presidente de la República, que a su vez es candidato presidencial, a entregar los fondos que para la financiación de la política prevé la Ley 20-23 del Régimen Electoral, en su artículo 224, y que el gobierno desde un principio se negaba a entregar.

Aunque esta solicitud fue rechazada por el Poder Judicial, sin ninguna explicación jurídicamente justificable, pocos días después, y acosado el Presidente de la República por la protesta de la oposición y el reclamo de una parte de los medios de comunicación, el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) anunció que ellos estarían dispuestos a entregar los recursos de la financiación de la política, “para complacer la solicitud de la oposición”.

Es evidente que la negativa a la entrega de los fondos era una táctica del Ejecutivo para competir en ventaja respecto de las fuerzas políticas opositoras, y para ello no tuvo el cuidado de proteger la necesaria independencia del Poder Judicial, sobre todo en este proceso electoral.

Tenemos una basta documentación, que permite comprobar que desde antes del inicio del proceso electoral, el partido oficial puso en ejecución su plan para socavar las bases de la democracia dominicana, utilizando el presupuesto nacional del gobierno para la compra masiva de dirigentes, alcaldes, regidores, diputados y senadores de los partidos de oposición, atrayéndolos a las filas del oficialismo a través de asignaciones presupuestarias extraordinarias a las alcaldías envueltas en la operación, el otorgamiento mediante decreto presidencial de pensiones privilegiadas a dirigentes opositores que nunca han laborado en el Estado, e incluso algunos que ni siquiera residen en el país, a sus allegados más cercanos y en otros casos, empleando instrumentos provenientes del sector financiero estatal.

Nuestro país tuvo el privilegio de contar con el concurso de la OEA, para la aprobación de la normativa electoral, que fue ampliamente consensuada y que contiene una serie de disposiciones cuya implementación están dirigidas a garantizar que el derecho de elegir y ser elegido, esté rodeado de los mayores niveles de transparencia, equidad, igualdad y que imperen los principios de libertad, secretía y la objetividad en las elecciones, tal como se contempla en nuestra Constitución.

Estos derechos y principios fueron brutalmente limitados en la jornada electoral de febrero y conforme a los planes del partido gobernante, ya han iniciado acciones con este mismo propósito para las elecciones presidenciales y Congresuales, y se intensifican en la medida en que se acercan los comicios.

Estas maniobras se invisibilizan por el escandaloso gasto en publicidad gubernamental, convirtiendo la inversión publicitaria oficial en un vulgar instrumento de propaganda reeleccionista, y en un peligroso mecanismo de censura y restricción al principio universal de la libertad de expresión.

En la Ley del Régimen Electoral, consensuada con la OEA, se dispusieron medidas tales como: La limitación de la celebración y uso de actos por parte de las entidades estatales, como escenario de promoción de candidatos; la ampliación de los programas de asistencia social más allá de la cobertura ejecutada en el ejercicio presupuestal del año precedente; la prohibición de ampliar los beneficiarios y los montos asignados a esos programas, en el año electoral; la prohibición del uso de las áreas, espacios y equipos pertenecientes a instituciones estatales; la realización de inauguraciones de obras del gobierno central, las alcaldías y la extensión de todas estas medidas a toda la Administración Pública central, las autónomas y las descentralizadas.

En la misma normativa también, se prohibió el uso de la imagen, fotos oficiales de los candidatos, slogans o lemas oficiales en campaña. Todas y cada una de estas disposiciones están siendo violadas por el gobierno, sin que nadie pueda intervenir para hacer cesar esta práctica ilegal; en todos los niveles de elección.

Un ejemplo de las prácticas establecidas anteriormente, lo fue la utilización artera de los programas sociales del gobierno más allá de lo habitual, para torcer la voluntad popular, llegando al extremo de utilizar en el mes de febrero los bonos navideños y, además, distribuir ayudas económicas para el próximo año escolar que inicia en agosto, así como la creación en varios ministerios y Direcciones Generales de bonos de ayuda social para ser distribuidos en el periodo electoral.

En un hecho sin precedente en la historia electoral de toda Latinoamérica, el partido oficialista ha hecho la mayor subasta pública y ejecutado la compra descarada, incluso de candidatos inscritos en lugares en donde el candidato de gobierno carecía de posibilidades para ganar el certamen electoral, haciendo uso de los recursos que dispone del Estado; en algunos casos hasta 24 horas antes de las elecciones municipales; y en otros hasta 24 horas después de vencido el plazo para inscribir candidatos, para de esa manera provocar que la oposición deje la boleta vacía o improvise una nueva candidatura.

El 18 de febrero de 2024, mientras los partidos de oposición jugábamos limpio apostando por la libre expresión de la voluntad de la gente, el oficialismo desplegó una operación espuria de compra masiva de votos, haciendo uso de dinero público, para doblegar voluntades e inducir una abstención electoral récord, que en las grandes demarcaciones sobrepasó el 60%, y en las pequeñas sin embargo, apenas rondó hasta el 5% o menos.

En las elecciones de febrero, las fuerzas del gobierno ocuparon los centros de votación, con la complicidad de la Policía Militar Electoral, fueron dueños del escenario electoral, le informamos que la oposición, en esta ocasión, no va a permitir que ese escenario se vuelva a producir, razón por la cual, por la paz y la tranquilidad en el proceso electoral, requerimos prestar especial interés a esta situación, que por demás ustedes mismos hicieron constar en su informe de observación de las elecciones municipales.

La descarada ofensiva gubernamental para adulterar la voluntad popular y castrar la libertad de los votantes fue puesta en evidencia por el propio Informe de la OEA acerca de la observación electoral en las elecciones municipales del 18 de febrero en el que expresó lo siguiente: “Las y los observadores de la OEA constataron compra de votos por parte de fuerzas políticas y, en algunos recintos, situaciones que rozaron el asedio a los votantes.”

Esta penosa situación creó inquietud en toda la población, al quedar en evidencia que el presidente de la República, al elaborar la Ley de Presupuesto y Gasto Público, recortó a la mitad la contribución estatal a los partidos reconocida por la ley 20-23 sobre el Régimen Electoral, la cual establece la asignación de un 0.5% de los ingresos fiscales del año electoral, al no incluirlo al momento de remitir el Proyecto de Ley de Presupuesto al Congreso de la República, de igual manera, aun disponiendo de la observación presidencial que dispone la Constitución cuando se trata de un error o inobservancia en la aprobación del Presupuesto por parte del Congreso Nacional, tampoco lo hizo, para después pretender negarla entrega de los recursos dispuestos por la Ley; en adición, finalmente en febrero hizo una entrega de recursos conforme a la conveniencia electoral de su partido, para asfixiar económicamente a la oposición.

Es importante destacar que la financiación de la política contemplada en la Ley del Régimen Electoral, fue uno de los reclamos que históricamente hizo el fallecido líder del Partido Revolucionario Dominicano, Dr. José Francisco Peña Gómez. Sin embargo, acudiendo a subterfugios y tecnicismos legales para vulnerar esos derechos, el gobierno pretendía incumplir esta ley para afectar el desempeño electoral de la oposición en su propio provecho; y vulnerando todo el ordenamiento estatal, utiliza al presidente del partido oficialista, que no es funcionario público, para anunciar que hará el desembolso de los recursos financieros a los partidos políticos. Está por verse si en esta ocasión, al igual que en febrero, los mismos serán entregados a los partidos 72 horas antes de los comicios, en un hecho sin precedentes en la historia democrática dominicana.

Desde el año 2008 hasta el presente, el 0.5% con fines electorales, siempre fue entregado tres meses antes. Es la primera vez que es objeto de negativa o discusión.

En adición al uso y abuso de los recursos públicos, hay otro aspecto de singular importancia, y es la presencia en el certamen electoral de recursos ilícitos, tanto de origen estatal como los provenientes del narcotráfico. En efecto, la semana pasada un tribunal de los Estados Unidos de América, acaba de condenar a un diputado electo en la boleta del Partido Revolucionario Moderno, por el delito del tráfico ilícito de drogas hacia los Estados Unidos. Dicho ciudadano, que admitió su culpa, en informaciones servidas por él mismo en redes sociales, hizo saber que en las elecciones del 2020, que resultó electo, él financió la campaña electoral del partido de gobierno en la provincia de Santiago de los Caballeros y en todo el Cibao. En este caso no se trata de una simple denuncia, sino de la admisión y la emisión de una sentencia de un tribunal de los Estados Unidos de América. En cualquier país medianamente democrático este hecho tendría consecuencias.

Como si esto fuera poco, hay más candidatos, incluso de funcionarios estatales, que actualmente están siendo investigados por esta misma razón. Esto coloca a la oposición en una muy difícil situación, ya que debe enfrentar no solo el uso de los recursos públicos, sino también el impacto que tiene la presencia en el oficialismo de una cantidad tan exagerada de personas condenadas, acusadas o imputadas por el propio Ministerio Público designado en esta gestión, de ser parte del mundo del narcotráfico, con todas las implicaciones que ello genera para el sistema político y para la democracia dominicana.

Precisamente, este panorama es que ha movido a los partidos de oposición en su conjunto, a requerir de la Junta Central Electoral un papel más activo en garantizar los principios de igualdad y equidad, hasta ahora ausentes en todo el proceso electoral, los cuales están consignados en la Constitución de la República, y todo la jurisprudencia electoral interamericana; a tal efecto, depositamos en esta institución un Pliego de Garantías Electorales, con el fin de dotar al proceso de la diafanidad y la transparencia imprescindibles para que la voluntad del elector sea respetada y que el resultado electoral sea su reflejo fiel.

El Pliego de Garantías Electorales que solicitamos a la JCE, en su calidad de rector del proceso, ha sido adjuntado a la presente comunicación con la aspiración de que la OEA sirva como garante de su cumplimiento fidedigno de cara a las elecciones presidenciales y congresuales del próximo 19 de mayo, y de que en el proceso de mayo, desde el inicio hasta la emisión del resultado final, el mismo se realice en el marco de integridad que requiere una elección en un país que voluntariamente ha accedido a participar en el sistema democrático interamericano.

Nuestras organizaciones políticas, en ejercicio de sus convicciones democráticas y la fe en las instituciones, han acudido a cada una de las instancias y recursos que ponen la Constitución y las leyes a nuestra disposición para hacer valer cada uno de los derechos vulnerados antes, durante y después de este proceso electoral. Agotados estos recursos solicitamos a la Organización de Estados Americanos una urgente y pronta presencia en nuestro país para que, en el marco de su Carta Democrática, se constituya en un garante eficaz de la corrección de estos entuertos que lesionan nuestra institucionalidad.

Apreciaremos que adicionalmente la OEA juegue un rol más activo en la observación electoral, y logre conformar una gran misión de observación electoral, para evitar que el robo de las elecciones mediante el uso de los recursos del Estado y el dinero en el mes de febrero, no se vuelta a repetir en el mes de mayo, en las Presidenciales y Congresuales. Junto a la presente comunicación anexamos los documentos que sustentan estas peticiones.

Finalmente, reiteramos nuestra disposición de contribuir a que la contienda electoral en marcha concluya en paz, avalada por una competencia equilibrada, reglas claras, una voluntad popular expresada en las urnas de forma libérrima sin el uso de ningún recurso que la limite, obstaculice o adultere, por el bien de la democracia dominicana y de su estabilidad económica.

SANTO DOMINGO

El Ministerio de la Presidencia de la República Dominicana firmó el pasado mes de diciembre un contrato de ejecución de servicios, con la firma de consultoría estadounidense Dentons Global Advisors por más de RD$ 85 millones para la “defensa de la imagen y gestión de riesgo reputacional” en materia de derechos humanos del Gobierno dominicano.

El acuerdo, cuya duración es de catorce meses, fue firmado por Joel Adrián Santos Echavarría, ministro interino del Ministerio de la Presidencia y José Miguel Vivanco Inostroza, en representación de la empresa prestadora del servicio, bajo el Procedimiento de Excepción de Obra Científica, con el número MINPRE-2023-41.

El Gobierno del presidente Luis Abinader ha sido objeto de críticas en materia de derechos humanos por sus políticas migratorias con Haití, la actuación de los cuerpos de seguridad involucrados en supuestas “ejecuciones extrajudiciales”, así como las condiciones de los internos en las cárceles del país.

Recientemente, el incendio en la cárcel La Victoria revivió las denuncias de hacinamiento, insalubridad y descontrol por parte de las autoridades. Al respecto, la Defensoría Pública, el Observatorio de Derechos Humanos, voceros del ámbito judicial y periodistas, han levantado la voz exigiendo soluciones y un cambio en las políticas carcelarias que condujeron a esta “crisis humanitaria”.

Protección de imagen para reducir “consecuencias negativas”

Dentons Global Advisors es una marca asociada al mayor despacho de abogados del mundo (Dentons), que ofrece asesoramiento multidisciplinario y el desarrollo de estrategias de comunicación para preparar y gestionar crisis, disputas y otras cuestiones complejas.

En su página web, afirman que entre sus objetivos está “proteger la marca, la valoración, la reputación y el permiso para operar de nuestros clientes garantizando una representación precisa de los hechos, manteniendo la credibilidad, fortaleciendo las relaciones, reduciendo las consecuencias legales y/o políticas negativas”.

José Miguel Vivanco, quien firmó el contrato con el Ministerio de la Presidencia en nombre de Dentons Global Advisors, es socio de la empresa asesora desde el año 2022 y es conocido en la escena mundial por estar frente a la dirección de Human Right Watch (HWH), en Washington durante 30 años.

Posiciones polémicas

En el año 2015, José Miguel Vivanco fue parte de la polémica vivida en República Dominicana al defender –como director de HWH- a los entonces llamados «desnacionalizados», descendientes de haitianos.

“La República Dominicana le está negando el derecho a una nacionalidad a decenas de miles de ciudadanos y a pesar de mensajes contradictorios, autoridades están deteniendo a personas y expulsándolas hacia el otro lado de la frontera”, afirmó Vivanco en su visita al país el dos de julio del 2015, durante una rueda de prensa.

También Vivanco ha sido conocido por su lucha a favor de los derechos de la población LGBT.

En una entrevista publicada en medios internacionales en junio del 2019, criticó «la batalla ideológica, que promueven especialmente los sectores vinculados a la iglesia evangélica” en países de América Latina; y que según él, representan posiciones «fanáticas», «extremistas» y contrarias a los derechos de las minorías sexuales y de los derechos reproductivos de la mujer.

“Es una tendencia a ir modificando las políticas, no necesariamente aún las prácticas, pero sí las políticas, en este ámbito, que es lo cual, constituye un paso elemental si queremos que la situación cambie», afirmó en una entrevista con la agencia de noticias Efe en Madrid.

El pleno de la Junta Central Electoral y las autoridades de la Procuraduría General de la República realizaron un encuentro para coordinar acciones contra los crímenes y delitos electorales de cara a las elecciones del próximo 19 de mayo.

El objetivo principal de la reunión fue conocer en detalle las acciones mancomunadas, respetando las competencias realizadas con respecto a la ordenanza de la Ley 20-23 en materia de crímenes y delitos electorales.

En este encuentro estuvieron presentes, el presidente de la JCE, Román Armando Jáquez Liranzo, así como los miembros titulares, Rafael Armando Vallejo Santelises, Patricia Lorenzo Paniagua, Samir Chami Isa y Dolores Fernández, mientras que, por parte de la PGR, estuvieron la procuradora general, Miriam Germán Brito y el procurador especializado en Crímenes y Delitos Electorales, Ivan Felix.

Ley 20-23

La Ley 20-23, en su artículo 322, señala que, todas las acciones contra los crímenes y delitos electorales, son competencia de la Procuraduría General de la República.

Artículo 322: “La investigación y persecución de los crímenes y delitos electorales a que se refiere esta ley y las demás leyes que contienen sanciones penales en el ámbito electoral, serán realizadas por la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales, dependiente de la Procuraduría General de la República”.

El ex diputado por Santiago de los Caballeros del PRM, Miguel Gutiérrez Díaz fue sentenciado ayer martes a 192 meses (16) años en la cárcel después de hacer un acuerdo con los fiscales federales y declararse culpable de numerosos cargos relacionados con los delitos en diciembre 2023.

En el acuerdo con los fiscales, el ex diputado se declaró culpable de dos cargos por narcotráfico.

Gutiérrez Díaz reconoció que es culpable de conspirar para lavar dinero en República Dominicana, en comunidades estadounidenses como los condados de Miami Dade, Broward, Monroe y otras localidades de Florida durante el período 2014-2020.

Los fiscales habían la sentencia de 16 años por ambos cargos.

Según la declaración de culpabilidad, Gutiérrez envió la cocaína a los Estados Unidos en contenedores y embarcaciones y la droga era distribuida en los referidos condados.

Gutiérrez Díaz enfrentaba una sentencia de cadena perpetua, como pena máxima, una mínima de 10 años con  5 años en libertad condicional y una multa de $10 millones de dólares.

Por lavado de dinero, encaraba  20 años, 3 años en libertad supervisada y una multa $500 mil dólares.

El documento que certifica que Gutiérrez se declaró culpable fue divulgado por el abogado de oficio Rafael Linares Guerrero que representó a Gutiérrez Díaz.

Renunció a su diputación a  más de dos años en prisión en Miami.

El escaño, el PRM lo transfirió a Stamy Colón en octubre 2023.

Gutiérrez admitió traficar  más de 50,000 kilos de cocaína hacia los Estados Unidos, también reconoció que desde 2014 a 2020, perteneció junto a su hermano Miguel Andrés Gutiérrez Díaz a dicha organización, la cual recogía la droga en República Dominicana.

Fiscales federales de Estados Unidos acordaron una reducción en la condena que se impondría contra el ex diputado dominicano, Miguel Gutiérrez Díaz, luego de declararse culpable de distribución de cocaína en territorio estadounidense y pactar un acuerdo con la fiscalía del Distrito Sur de la Florida.

De acuerdo con un documento judicial al que tuvo acceso Listín Diario, los federales están de acuerdo en reducir la pena de Díaz a 65 meses de prisión (5 años y cinco meses), decisión que tendrá efecto a partir del 1 de febrero de este año. 

«El gobierno no se opone a la moción del acusado y acepta que, bajo los hechos y circunstancias particulares de este caso, y teniendo en cuenta la declaración de política establecida en el U.S.S.G. § 1B1.10 y los factores de sentencia establecidos en 18 U.S.C. § 3553(a), el acusado tiene derecho a una reducción de sentencia«, indica el comunicado con fecha del 2 de febrero de 2024.

A finales de diciembre, Gutiérrez Díaz aceptó su culpabilidad de conspirar para cometer lavado de dinero entre 2014 y 2020 en República Dominicana. 

También se declaró culpable de conspirar para distribuir cocaína y tener conocimiento que sería enviada y distribuida en Estados Unidos.

En el pasado documento, se indica que los cargos por los que se le imputaban tenían desde pena máxima, cadena perpetua, y como sentencia mínima 10 años de prisión, seguida de una pena de libertad vigilada de al menos 5 años. Así como una multa de hasta 10 millones de dólares.

Mientras que por el cargo de lavado de activos, la condena era de hasta  hasta 20 años de prisión, junto con libertad vigilada de hasta tres años y una multa de 500,000 dólares o el doble del valor de los bienes objeto de la transacción, si éste fuera mayor al monto estipulado.

¿EN QUÉ CONSISTIÓ EL ACUERDO?

Uno de los puntos que acordaron ambas partes, Gutiérrez y la fiscalía, era recomendar al tribunal que el imputado fuera descrito como “gerente o supervisor” y no como el líder de la red de distribución de cocaína.

También la fiscalía indicó que iba a recomendar una sentencia más “leve”, consistente en 192 meses en prisión (alrededor de 16 años).

Gutiérrez, quien era diputado por la circunscripción 1 de Santiago por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), fue detenido en 2021 cuando llegaba al aeropuerto de Miami desde República Dominicana por su vinculación con narcotráfico.

Pero no fue hasta septiembre de 2023, dos años y cuatro meses después de su detención, que renunció a su posición de diputado. 

Sin entrar en mayores detalles, la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, informó durante su rendición de cuentas la pasada semana, que el Ministerio Público «ha concluido amigablemente» los contratos con las empresas involucradas en la construcción de Las Parras o Nueva Victoria.

Esos contratos, que forman parte de la investigación que llevó a la acusación judicial del conocido caso Medusa por el supuesto pago de sobornos y adendas irregulares, son la causa inicial invocada por la actual gestión de la Procuraduría para detener la terminación de una obra propuesta como solución al problema de hacinamiento que se vive en el penal La Victoria, el más congestionado del país.

Según la procuradora, las empresas con las que se llegó a acuerdos, dado que no fueron judicializadas en el caso, son Constructora Pablo Yarul & Asociados, S.R.L., Consorcio Construcción y Transporte de Prefabricados EEC-Pretensados Estructurales Dominicanos, S.R.L., Constructora Woxxen, S.R.L. y el Consorcio Remix-Rotilla.

«Esto significa que se han superado todos los obstáculos legales y contractuales para permitir que el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mived), conforme el mandato de la Ley 160-21, pueda llevar a cabo la culminación de esta obra tan crucial e importante», dijo Germán Brito en su alocución del pasado 26 de marzo.

No informó, sin embargo, bajo cuáles términos se logró dar por terminados los contratos originales. Fuentes de Diario Libre dicen que se hizo mediante una indemnización a favor del Estado de varios millones de pesos, pero sin precisar un monto.

Aunque se solicitó información a la Procuraduría, aún no se produce una respuesta.

Estados Unidos, a través de la corte del Distrito Sur de La Florida, aprobó el decomiso de todos los bienes del exdiputado dominicano Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, detenido por narcotráfico en la ciudad de Miami.

A través de la moción ECF Nº 244, concedida por la mencionada corte el pasado lunes 1 de abril del 2024, se dictó una sentencia preliminar de decomiso monetario por la cantidad de 2,171,000 dólares por un primer cargo de conspirar con otras personas para distribuir una sustancia controlada a los Estados Unidos a sabiendas que esa sustancia controlada sería importada ilegalmente a los Estados Unidos. 

El exdiputado también enfrenta un segundo cargo, el cual establece que desde el 2014 y hasta alrededor del 2020 en el condado floridano de Miami Dade y el distrito Sur de Florida, la República Dominicana y otras partes, el acusado conspiró para lavar dinero proveniente del narcotráfico. 

El documento, al que Diario Libre tuvo acceso, destaca que cualquier organismo encargado de hacer cumplir la ley debidamente autorizado en EE. UU. podrá embargar y tomar posesión de los bienes confiscados según la ley.

Los bienes que Gutiérrez tenía en la República Dominicana ya fueron incautados por las autoridades estadounidenses, conforme al citado documento.

El pasado mes de diciembre, Gutiérrez Díaz firmó un acuerdo de colaboración con la oficina del fiscal del Distrito Sur de Florida donde se establecía que este entregaría todos los bienes que consiguió directa o indirectamente producto de los delitos que se le imputan, a cambio de una reducción de la pena a la que tendría que ser condenado. Dentro de dicho pacto, el exdiputado del PRM, se declaró culpable de los dos cargos en su contra. 

Santo Domingo, D.N. El Consejo de Defensa de Jean Alain Rodríguez denunció que la Procuraduría General (PGR) negoció bajo acuerdo oculto la libertad del exdirector general administrativo y financiero de la Procuraduría, Jonathan Joel Rodríguez Imbert. Esto, a cambio de que mintiera y señalara que todos sus actos irregulares obedecían a instrucciones del mismo y de Rafael Stefano Canó Sacco.

Destacaron que la PGR preparó un documento y obligó al exfuncionario a que lo leyera de forma literal, como se observó en audiencia pública. Y que se evidenció en otros casos, accediendo este irresponsablemente a mentir a cambio de que le suspendieran el arresto domiciliario a partir del mes de julio de este año y una reducción de su condena. Todo ya negociado ante un eventual juicio de fondo del mismo.

La defensa de Jean Alain afirma que las declaraciones de imputados delatores no tienen fuerza jurídica en ningún tribunal. Esto, porque las mismas no crean prueba, dado que el Código Procesal Penal les permite mentir sin reproche alguno.

Asimismo, recordó que la doctrina mundial está conteste en que los imputados no son objetos de prueba. Solamente son aceptados para prueba propia de ellos, no para perjudicar a co-acusados.

Insiste en que 22 imputados no lo involucran con las acusaciones

Al finalizar este martes la presentación de las defensas, salvo la nuestra, 22 de 23 acusados que concertaron acuerdos se declararon culpables sin involucrar, señalar o mencionar a Jean Alain Rodríguez, ya que ni si quieran lo conocían.

Negaron categóricamente las declaraciones preparadas por la PGR leídas de forma literal por este único acusado complaciente. Y destacaron que si el mismo incurrió en actos irregulares a decenas de personas señalarlo directamente como receptor de valores y donaciones de campaña y a su vez otras tantas señalarlo por haber dado uso político a esos fondos, ciertos o no, ilegales o no, los actos y las penas son personales y un acto de un tercero bajo ninguna forma puede afectar a nuestro representado.

Además, indicaron que «el extraditable Rafael Stefano Canó Sacco fue el Jefe de Gabinete de la PGR y presidente del Movimiento Político Renovación, mientras que el acusado Jonathan Joel Rodríguez Imbert fungía como Director Financiero, tanto de la PGR como del mismo movimiento político».

Asimismo, la defensa de Jean Alain Rodríguez destacó que su representado no tenía ningún tipo de amistad o confianza con este acusado. Y que quien lo conocía e introdujo a la gestión fue Rafael Stefano Canó Sacco, su supervisor.

SANTO DOMINGO.- La defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez, principal imputado en el caso de corrupción Medusa, pidió al Ministerio Público una explicación del paradero de RD$ 776 millones de sobornos que habría recibido por concepto de sobornos el exjefe de Gabinete de la Procuraduría, Stefano Cano Sacco.

En la audiencia a realizarse el viernes, Jean Alain Rodríguez presentará su defensa. Pero el abogado Carlos Balcácer, quien le representa, desde ya  insiste en saber dónde está ese dinero.

“Dónde están esos benditos 776 millones, dónde están los inmuebles, el dinero que se llevó su esposa española junto con él” expresó el abogado Carlos Balcácer.

24 de 40 imputados del caso Medusa asumieron la culpabilidad y declararon a favor de la acusación contra el ex procurador Jean Alain Rodríguez.

Balcázar agregó que “Jonathan Rodríguez Imbert se atrevió, en primer lugar, a leer un guión que le preparó la Procuraduría General de la República” indicando que este leía porque el documento le fue enviado y así no existía espacio a la equivocación.

En la audiencia de este martes, el empresario Ismael Elías de Jesús Peña Tactuk, admitió haber pagado sobornos. Esto, para la construcción de una cárcel en Barahona.

“Nosotros tenemos una acusación blindada con un sustento probatorio bastante fuerte, el cual no puede ser de ninguna forma contrarrestado por los imputados de este proceso y por lo cual, muchos de ellos admitieron los hechos” indicó el fiscal Enmanuel Ramírez.

El empresario Ismael Elías de Jesús Peña Tactuk asumió la culpabilidad a cambio de un acuerdo de un año de prisión suspendida, el pago de más de cuatro millones de pesos y la suspensión del registro mercantil de la empresa que representa.

El presidente de la República, Luis Abinader, se reunió ayer con el asesor penitenciario Roberto Santana y con la Comisión de Seguimiento de la cárcel Las Parras–La Victoria.

El mandatario ofreció la información en su encuentro con la prensa, LA Semanal, en el cual manifestó que emitirá un decreto para conformar la Comisión de Seguimiento de la cárcel Las Parras–La Victoria.

“Lo vamos hacer por decreto, este decreto debe salir en esta semana, se va juramentar, pero ellos están trabajando”, dijo el presidente Abinader.

Agregó que los miembros de dicha comisión, encabezados por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, se van a encargar de todo el proceso.

“No solamente las decisiones de construcción y de presupuesto, sino también, la forma que se va hacer después que se muden hacia Las Parras, que va quedar con La Victoria”, afirmó el presidente Luis Abinader.

En relación al origen del fuego, el ministro ha declarado que todavía el organismo competente de la investigación no puede «adelantar ningún tipo de documento que de esa información».

Además, asegura que el tema penitenciario es preocupante. «Todos conocemos lo que ha pasado en estas cárceles y el Estado dominicano está haciendo grandes esfuerzos para dar una solución. Es un tema pendiente de muchos años», afirma Vásquez.

La actuación de los bomberos la ha calificado como de «gran esfuerzo y gran trabajo dentro de las limitaciones». El ministro ha querido recalcar las mejoras en el equipamiento y dignificación del cuerpo de bomberos. «Seguiremos trabajando para darle a la sociedad dominicana un cuerpo de bomberos con la capacidad técnica, el equipamiento y las herramientas necesarias», sostuvo.

En última instancia, ha lanzado un mensaje a los familiares de las víctimas: «Estoy muy apenado por lo sucedido, son seres humanos, independientemente de lo que hubieran hecho (…) Lamentamos mucho y nuestras condolencias a los familiares«.

Quince días después del incendio originado en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, que dejó un saldo de al menos 13 personas fallecidas y varios lesionados, la normalidad continúa retornando al penal.   

Ayer familiares de reclusos llevaron alimentos, ropas y otros artículos que requieren sus allegados y, contrario a días anteriores, no estaban frente a la prisión los parientes de los reclusos que todavía no aparecen o no han sido identificados.

Se observó pocos visitantes y los que había eran llamados por los policías para entregar los encargos, mientras miembros del Ejército de la República Dominicana permanecían custodiando. 

Dentro del penal, el movimiento de los reclusos, de la seguridad y de civiles se observaba con normalidad. 

Roberto Martínez fue a llevarle algo en una funda a un pariente y dijo que no había tenido ninguna dificultad para hacerlo llegar a la persona. Otros hacían filas para entrar al penal a ver reos o llevar encargos. 

Doris Vizcaíno fue por primera vez ayer, luego de la tragedia causada por el incendio y dijo que tampoco tuvo dificultades para que le lleven las fundas, con diversos artículos y alimentos, a un hijo suyo y, al momento de ser entrevistada, fue llamada para hacer los trámites de lugar.

No fue el caso de Ángela Berroa, que el domingo llevó alimentos a un hijo de su esposo y no le permitieron pasarlos, lo que consideró un abuso. Dijo que mientras estaba en la fila el pasado domingo, escuchó a varias personas quejarse porque se les pedía entre RD$500 y RD$800 para llevar los encargos a los reclusos.

Derechos humanos

Entre los visitantes de ayer estuvo Virgilio Almánzar, presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, el cual dijo que acudió al penal para participar en un curso dirigido a los reos sobre los derechos humanos.

Al preguntarle sobre la situación de La Victoria dijo que tiene la esperanza de que el coronel que está a cargo de la prisión haga los cambios necesarios porque es un profesional académico con una alta sensibilidad humana.

Manifestó que la tragedia del pasado 18 de marzo desnudó una realidad que se sabía.

Consideró que llevar algunos de los presos a otras prisiones, lo que hace es agravar esos lugares.

«La situación principal para mí es la administración de justicia, el 67 % de los reclusos no tiene condena definitiva y eso significa una gran violación de los derechos humanos, eso es más grave que cualquier problema, como que los presos duerman en el piso, ellos lo prefieren, pero que le hagan justicia», indicó.

El dirigente de los derechos humanos dijo que en las actuales condiciones del penal es difícil cambiar la conducta y lograr que salgan a las calles personas productivas, por lo que instó a terminar lo antes posible la cárcel Las Parras, en el municipio de Guerra.

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dispuso la variación de la medida de coerción al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, imputado en el caso Coral, por impedimento de salida, presentación periódica y una garantía económica de RD $50,000.00.

Mientras que, para el general Boanerges Reyes, la jueza Esmirna Gisselle Méndez, decidió mantener la medida de coerción vigente de arresto domiciliario y colocación de grillete electrónico, acogiendo la oposición del Ministerio Público, representado por los fiscales Miguel J. Collado y Jonathan Pérez Fulcar, al considerar que las pruebas presentadas por la defensa del imputado no varían ni reducen el peligro de fuga.

El capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores y el general Boanerges Reyes cumplen medida de coerción, tras ser imputados en el supuesto entramado de corrupción de 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, acusados por el Ministerio Público de estafar al Estado dominicano con más de 4,500 millones de pesos, entre los años 2012 y 2020. Además de sustraer los fondos de inteligencia del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).

Entre los acusados están, además, el mayor del Ejército Nacional, Raúl Alejandro Girón Jiménez; el mayor general Adán Cáceres Silvestre, el general Juan Carlos Torres Robiou, Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz.

De igual manera, el general Torres Robiou (FARD), Julio Camilo de los Santos Viola (FARD) y José Manuel Rosario Pirón. Así como Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán, Esmeralda Ortega Polanco y otros.

Se espera que el Primer Tribunal Colegiado aperture el juicio en contra de los acusados en el caso Coral el próximo jueves 18 de abril, a las 10:00 de la mañana, fecha en que darán inicio a la lectura formal de la acusación, una labor que se extenderá hasta los días 23, 25 y 30 de este mes.

La jueza presidenta del Primer Tribunal del Distrito Nacional rechazó levantar el arresto domiciliario del general Boanerges Reyes Batista, implicado en el caso Coral 5G, mientras que varió la medida de coerción del capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores,

La magistrada Gisselle Méndez consideró que no han variado los presupuestos que dieron origen a la medida de coerción de Reyes Batista, general del Ejército de República Dominicana, consistente en arresto domiciliario y la colocación del brazalete electrónico. La jueza tomó la decisión, tras acoger un pedido del Ministerio Público, representado por los fiscales Miguel J. Collado y Jonathan Pérez Fulcar, al considerar que las pruebas presentadas por la defensa del imputado no varían ni reducen el peligro de fuga. En cambio, la jueza sostiene que sí han variado los presupuestos que dieron origen a la medida de coerción del capital de la Armada, consistente en arresto domiciliario.

En ese sentido, el tribunal levantó la medida que pesaba en contra de Mata Flores, y en consecuencia impuso el pago de una garantía económica de 50,000 pesos, la colocación del brazalete electrónico, impedimento de salida y presentación periódica. Reyes Batista y Mata Flores cumplen medida de coerción, luego de que un tribunal dispusiera el cese de la prisión preventiva dictada por la jueza Kenya Romero, del juzgado de Atención Permanente, que lo envió al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo por 18 meses, junto a otros de los involucrados en el caso Coral.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) aclaró que se trata de noticia falsa (fakenews) la información publicada este lunes por algunos medios digitales de que esa entidad acogió una acción de amparo contra la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE).

La Alta Corte explicó que no ha conocido la acción de Amparo sometida contra la ANJE; el Partido Fuerza del Pueblo y su candidato presidencial Leonel Fernandez, por alegada violación al derecho de igualdad.

Por el contrario, de la referida acción fue depositado un desistimiento. La acción de amparo fue incoada el 22 de marzo 2024 por la Federación Nacional de Trabajadores de Transporte Social Cristianos (FENATRATRANSC); Movimiento Político La Expansión; Fundación de Mujeres Envejecientes de San Isidro (FUMESI) a través de los doctores Fredermido Ferreras Díaz; Carlos Mesa; Frederikc Leonel Ferreras González, quienes depositaron un desistimiento el pasado 26 de marzo 2024, por lo que en ningún momento estuvo fijada en el rol de audiencias.

“Hacemos formal desistimiento de la acción de amparo por no tener ningún interés en la misma, por lo que solicitamos a ese honorable tribunal el archivo definitivo de la misma”, precisan los abogados en una instancia depositada el pasado 26 de marzo 2024.

El Tribunal explicó que los accionantes del Amparo, el mismo día viernes 22 de marzo del 2024, interpusieron una demanda en exclusión de debates electorales por alegada violación a los artículos 39, 68, 69, 208 y 216 de la Constitución de la República contra el Partido Fuerza del Pueblo (FP); su candidato presidencial doctor Leonel Fernandez Reyna del debate presidencial organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) por supuesta violación a la igualdad que establece el artículo 39 de la Constitución, demanda que está fijada para el viernes 5 de abril a las 9:00 de la mañana.

l señor Raulín Isidro Montero Dotel interpuso una “Demanda en Impugnación de Resultados de Encuesta y Nulidad de Inscripción de Candidatura a Diputado”, contra el Partido Revolucionario Moderno (PRM); Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI) y Llanelys Matos Cuevas (a) Papín. “Acción Constitucional de Amparo”, del señor Alexander Liz de Jesús contra el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y la Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI) de dicho partido. “Acción Constitucional de Amparo interpuesta por los señores Juan Francisco Romero Núñez; José Francisco Román; Bernardo Flores Reyes y Osiris Vianey Martínez Sánchez contra la Junta Central Electoral (JCE); las Juntas Electorales de Bonao y Piedra Blanca; Partido Fuerza del Pueblo (FP); Partido de la Liberación Dominicana (PLD); Partido Revolucionario Dominicano (PRD). “Acción de Amparo de Extrema Urgencia” interpuesta por el señor Víctor Manuel Mojica contra la Junta Central Electoral (JCE) y el Partido Fuerza del Pueblo (FP).

La Contraloría General de la República prepara otra tanda de 90 auditorías en las instituciones gubernamentales, a través de las cuales la población sabrá cómo es el comportamiento de los funcionarios en el manejo de los recursos del Estado. 

El contralor Félix Antonio Santana García detalló este lunes que primero, las investigaciones deben pasar por el proceso, que consiste en convocar a los titulares para que respondan a posibles anomalías encontradas. Luego, estas son enviadas a la Cámara de Cuentas o al Ministerio Público, en caso que haya evidencias contrarias a las normas. 

Sin embargo, en LA Semanal con la Prensa, Santana García aclaró: «Todas las auditorías que se han aplicado, los hallazgos y las réplicas que hemos recibidos de los diferentes incumbentes caen en procedimientos que se pueden subsanar«. 

En la gestión de Luis Abinader, la Contraloría ha realizado 179 auditorías. La finalidad es que los funcionarios acaten la cultura de hacer transparencia en el manejo de los fondos públicos, explicó el titular de la institución de análisis. 

Informó que hacer ese trabajo de auditar a las entidades estatales, la Contraloría ha pasado de 500 a más de dos mil empleados, quienes trabajan en 272 unidades de análisis. 

En la edición del lunes, el presidente Abinader presentó los logros de su gestión en materia de transparencia. Para eso, invitó a los titulares de Medio Ambiente, Aduanas, Compras y Contrataciones para detallar, junto a Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética, los proyectos y medidas ejecutadas en esa materia. 

Avances

La Dirección General de Aduanas, dirigida por Eduardo Sanz Lovatón, ejecutó el proyecto «Despacho 24 horas», que según detallaron en LA Semanal, ha permitido enviar hasta 124 mil contenedores en un día, lo que ha ahorrado más de 1,425 millones de pesos para los contribuyentes. 

En cuanto a la Ventanilla Única de Comercio Exterior, se ha logrado reducir el tiempo de aprobación de seis días y nueve horas a tan solo dos días y quince horas. Los usuarios tienen acceso a 298 servicios migratorios, 188 servicios simplificados y 44 instituciones gubernamentales.   

Con relación a los indicadores de transparencia, en 2021 se registraron 100 cumplimientos y 128 incumplimientos, mientras que, en 2023, se registraron 211 cumplimientos y tan solo 12 incumplimientos. 

Amnistía Internacional instó este martes al Gobierno dominicano a poner fin a las violaciones de derechos humanos de personas haitianas, dominicanos de ascendencia haitiana y de raza negra en la aplicación de sus políticas migratorias, que la organización calificó de racistas.

En una carta abierta dirigida al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y a instituciones estatales, Amnistía Internacional, en compañía de otras seis organizaciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), afirmó que esas políticas migratorias se basan en la discriminación racial y generan efectos discriminatorios para la exclusión racializada de personas haitianas y dominicanas.

«El propio gobierno dominicano ha comunicado que deportó a más de 250,000 personas haitianas en 2023, incluyendo a personas que están en necesidad de protección internacional«, afirmó en un comunicado, en relación a esta «carta abierta», la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer.

Estas expulsiones colectivas «son una clara violación de las obligaciones internacionales de la República Dominicana, ponen en riesgo la vida y los derechos de estas personas. Los retornos forzados a Haití deben cesar», apuntó.

«La drástica decisión del gobierno de suspender todas las formas legales para que las personas haitianas trabajen, estudien o residan en el país ha traído consecuencias significativas, afectando a familias que ahora se encuentran separadas, y dejando a muchas personas en una situación de incertidumbre migratoria», agregó Piquer.

En la carta se destaca que la exclusión de personas negras de origen haitiano y dominicano es el resultado de un conjunto de políticas migratorias discriminatorias, principalmente de detenciones y expulsiones colectivas de personas haitianas, incluyendo menores y mujeres embarazadas y puérperas.

Las organizaciones firmantes llaman a las autoridades a garantizar que las personas haitianas tienen acceso a procedimientos de asilo, sin discriminación, y a reanudar las vías legales de entrada y permanencia de personas trabajadoras, estudiantes, familiares, solicitantes de asilo y migrantes que buscan una residencia legal en el país.

Amnistía Internacional también pidió a las autoridades investigar las denuncias de violencia racista y otras violaciones de derechos humanos supuestamente cometidas por agentes migratorios, policías y fuerzas armadas.

Asimismo, que se abstengan de detener y deportar mujeres embarazadas, menores y personas dominicanas de ascendencia haitiana, así como garantizar el derecho a defender los derechos humanos.

«Tenemos información de actos graves que habrían sido cometidos por funcionarios estatales dominicanos contra la dignidad e integridad física de personas haitianas, dominicanas negras y de ascendencia haitiana afectadas por prácticas racistas», reza el texto.

Según la organización, en lugar de proteger a estas personas «del acoso, estigmatización y amenazas, las autoridades dominicanas han favorecido discursos y políticas que discriminan en su contra».

Para Piquer, «en este momento crucial, es imperativo que la República Dominicana se comprometa a construir una sociedad antirracista, donde los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su nacionalidad, el origen de sus antepasados o su estatus migratorio, sean plenamente respetados y protegidos».

Soldados del Ejército Dominicano y del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), con armas automáticas, protegían ayer el sistema de bombeo de agua instalado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) en la obra de toma del canal La Vigia en el río Masacre. En la obra que funciona en esta zona fronteriza se observaban también dos trincheras, que permitirían a los soldados dominicanos protegerse en caso de que haitianos intenten atacar el sistema de bombeo utilizado por el gobierno para llevar agua a productores agrícolas de Dajabón y Montecristi.

Medios de Haití han reportado que la acción del gobierno dominicano impide que llegue agua suficiente al canal construido por los haitianos, medida que ha enojado a los extranjeros.

En días pasados las autoridades militares habían construido con sacos de arena dos trincheras, una sobre el puente de la base del Cesfront en Dajabón y otra en la obra de toma del canal de La Vigía, pero debido a la tensión recientemente se pudo observar una tercera trinchera en la obra de toma, para un total de dos en esa área.

Hasta el momento las autoridades civiles y militares no han dado a conocer los motivos sobre la medida implementada, para brindar seguridad a los equipos instalados por el Indrhi, que succionan el agua del río Masacre para conducirla por el canal y luego depositarla al afluente, esto después de la construcción del canal de los haitianos para garantizar el agua a los productores dominicanos.

PRODUCTORES REACCIONAN DE MANERA POSITIVA

Productores agrícolas de Dajabón, luego de vivir momentos de angustia cuando los haitianos abrieron su canal logrando desviar hacia Haití el agua del río Masacre y a su vez ocasionando esto una disminución significativa del afluente aguas abajo, hoy día han retornado a la normalidad tras la medida implementada por las autoridades dominicanas.

El gobierno, a través del Indhri, logró succionar el agua del río Masacre a través del sistema de bombeo instalado en la toma del canal La Vigía, logrando así llevar el agua a los productores agrícolas.

El agricultor Fernando Lora dijo que el cultivo está salvado por lo que espera que las bombas instaladas en la toma de agua del canal de La Vigía continúen encendidas. “Ya no tenemos susto, porque el agua ya está garantizada”, dijo Lora.

El productor agropecuario Pedro Maro, dijo que está llegando el agua a los predios agrícolas, luego de la medida implementada por el gobierno para que los agricultores ubicados río abajo del canal de los haitianos no sean afectados.

SISTEMA DE BOMBEO

El director de operaciones del Indrhi, Juan Carlos Nova, dijo a Listín Diario que el sistema de bombeo puesto en funcionamiento ha ocasionado un agotamiento total del río Dajabón, aguas abajo de la toma del canal La Vigía.

“Aguas abajo de la toma nuestra no hay absolutamente nada, hay algunos puntos donde hay agua que había sido almacenada mientras estaba corriendo río abajo y probablemente esa agua apozada se debe estar escurriendo, pero no hay ni un litro por segundo de aporte hacia el canal haitiano después de la obra de toma dominicana”, dijo Nova.

Mientras el concejal Víctor Hugo Carrasco declaró que el agua que succionan está retornando nueva vez al río Masacre parte abajo de la toma del canal de los haitianos, donde les garantiza los humedales de laguna de Saladillo, manteniendo la biodiversidad que existe.

“La producción de los agricultores dominicanos está garantizada a través de las acciones que está haciendo el gobierno a través del Indrhi, llevando agua a cada uno de los parceleros, no hay porqué preocuparse porque será un trabajo continuo”, dijo Carrasco a Listín Diario.

LA VIOLACIÓN DE LOS HAITIANOS

Las autoridades dominicanas han advertido en reiteradas ocaciones, que el canal construido por los haitianos en el río Masacre se realiza de manera irregular y que viola el artículo 10 del Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929, firmado por ambos países.

Elías de Jesús De Peña Tactuk es otro de los imputados en el caso Medusa que llegó hoy a un acuerdo con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), declarándose culpable de los hechos que se le imputan.

El imputado declaró al juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que admitía los hechos, tras arribar a un acuerdo con el Ministerio Público, el cual consiste en un penal abreviado, hecho por el cual recibiría un año de prisión suspendida.

Cuando el juez les preguntó al imputado que si fue presionado para llegar al acuerdo este respondió que no, que él se declaraba culpable de los hechos que se les señalan en la acusación del Ministerio Público y cuyo principal acusado es el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.

El imputado se suma a otros 23 imputados que llegan acuerdo con el Ministerio Público, declarándose culpable a cambio de recibir distintas penas suspendidas.

De acuerdo con el documento depositado por el Ministerio Público, el acusado Ismael Elías de Jesús De Peña Tactuk realizó pago de sobornos tras haber ganado la licitación dentro del Plan de Humanización en el lote 12 de Barahona.

El expediente dice que estos pagos fueron realizados con la ayuda intermediaria de Rolando Rafael Sebelén Torres, cuñado del ex procurador Jean Alain Rodríguez.

A las declaraciones del exdirector Administrativo del Ministerio Público (MP), Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, con las que admitió la semana pasada los cargos de soborno y extorsión a los contratistas seleccionados en licitaciones irregulares, se suman las del exjefe de Gabinete, Rafael Steffano Canó Sacco, testigo estrella del órgano persecutor, contra el exprocurador general, Jean Alain Rodríguez.

Canó Sacco es el segundo señalado más importante en el expediente Operación Medusa y contra quien no se presentan cargos porque es utilizado como testigo en el caso de corrupción.

El expediente Medusa describe que el exprocurador general era la cabeza de la red, Canó Sacco le seguía, en segundo orden, y en tercer lugar quedaba Imbert Rodríguez, este último, designado como el puente entre las empresas a las que se les ofrecían las licitaciones irregulares del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario y los dos primeros.

«La estrategia de entrega de los pagos indebidos, llegando hasta el chantaje, se dividió en tres tiempos o tres responsables dentro de la estructura delictual encabezada por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, en primer momento, el ex Director de Gabinete Rafael Canó Sacco, luego, el acusado Jonnathan Joel Rodríguez Imbert», narra una parte del texto de las más de 12,000 páginas que contiene la acusación.

Las últimas informaciones que se tienen sobre Canó Sacco, quien se fugó del país inmediatamente se inició la persecución a la supuesta trama contra el Estado, es que fue detenido en el 2021 en España.

El exfuncionario es citado como uno de los testimonios claves contra el exprocurador general de la República.

«Con el testimonio de Rafael Stefano Canó Sacco, también probamos que el acusado Jean Alain Rodríguez dirigió y eligió las empresas que resultaban adjudicatarias de los procesos de licitación pública, y que en el caso del Plan de Humanización usó la institución (la Procuraduría General) y sus fondos como capital para su campaña política, de cara a sus aspiraciones presidenciales», cita la acusación Medusa.

Sobre los sobornos de un 20 por ciento que se solicitaban a los empresarios para ser beneficiados con las contratas, el exdirector Administrativo afirmó el martes ante el juez Amauri Martínez que se entregaban en las «oficinas o casas» de Canó Sacco y de Jean Alain, «mientras que otros se los entregaba directamente a ellos. Se decía que estos fondos eran para formación y gastos del movimiento político Renovación», del exprocurador.

Dispuesto a un careo con Jean Alain

Según avanza el juicio preliminar de Operación Medusa, en el Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, 23 personas físicas y jurídicas, del total de las 63, han arribado a acuerdos con la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), proponiendo al juez un juicio penal abreviado, penas suspendidas y devolviendo bienes al erario público.

Aunque Jonnathan Joel Rodríguez Imbert admitió su culpabilidad de «soborno, extorsión, chantaje y amenazas», por «instrucción» de sus «superiores Rafael Canó y Jean Alain Rodríguez«, dijo, junto a su abogada, Ingrid Hidalgo, que está de acuerdo en que se dicte auto de apertura a juicio de fondo para someterse a un contrainterrogatorio con las «partes que así lo quieran realizar». Hidalgo sostuvo también en audiencia que hasta «a un careo» con el exprocurador general está dispuesto su cliente.

«Si el coimputado, Jean Alain, así lo necesita y si llegara al país el señor Canó (Sacco) de someterse ambos a un careo, él (Rodríguez Imbert) está dispuesto a someterse al careo que sea necesario»Ingrid HidalgoAbogada“

Los dos exfuncionarios más cercanos de Jean Alain Rodríguez eran de sus «principales colaboradores» también en el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD), cuando le tocó dirigir a esa entidad y desde donde los llevó «consigo a la Procuraduría General de la República», describe la acusación Medusa.

Jean Alain no reacciona a esta última delación 

El Consejo de Defensa de Jean Alain Rodríguez, que había reaccionado a las declaraciones de culpabilidad de los demás imputados, alegando que lo eximían de responsabilidad y «no lo conocen en forma alguna», no han hecho lo mismo tras la delación de Rodríguez Imbert.

El nuevo director de la Penitenciaría Nacional de La Victoria, Ricardo Nivar, estuvo involucrado en un escándalo en el año 2011, después de permitir que un recluso sostuviera relaciones sexuales en su habitación.

Por esta acción, Nivar, quien en ese entonces fungía como encargado de Seguridad de la cárcel del municipio de Baní, provincia de Peravia, fue destituido de su cargo por el entonces director de la Policía Nacional, mayor general José Polanco Gómez.

El día en que el recluso fue sorprendido por las autoridades sosteniendo relaciones sexuales con una visitante, de 24 años, el comandante estaba de descanso por su día libre.

El recluso fue identificado como Enrique Soto, de 51 años, quien fue acusado de violar a una menor.

Roberto Nivar fue designado ayer como encargado del Departamento Operativo de La Victoria, en sustitución de la coronel María Isabel Gil Morales, quien fue removida de su cargo tras el incendio en ese penal que provocó la muerte de 13 reclusos el pasado lunes 18 de marzo.

Nivar ejercía como director de la cárcel pública 15 de Azua en el momento de su designación en La Victoria. En su lugar, dirigirá el penal de la provincia sureña el coronel Ricardo Bidó Bidó.

La procuradora general, Miriam Germán, afirmó que ha tratado de solucionar, dentro de las posibilidades que posee esa institución, la mejora de la situación carcelaria. Cuestionó, además, que el Ministerio Público se haya convertido en el «banquito de picar» en la lamentable tragedia de La Victoria.

Sostuvo que el incendio que cobró la vida de 13 reclusos ha sido precedido por otros sucesos lamentables en otras cárceles, citando el ocurrido en el este hace más de una década en el que murieron cien privados de libertad, pero que el de ese entonces no ocurrió en tiempo de campaña.

Germán Brito habló sobre el lamentable suceso durante su rendición de cuentas de su gestión en el pasado año 2023, en un acto en el auditorio Manuel del Cabral, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

«Esta tragedia de La Victoria ha sido precedida, ojalá sea la última, ha venido precedida por otras, incluso yo recuerdo una donde en Higüey se quemaron cien personas, la diferencia de esta, que es tan dolorosa como aquella, es que esta ha sucedido en tiempo de campaña y efervescencia política, en la que cada cual ha procurado arrimar la brasa a su sardina», se quejó.

Aseguró que continúan investigando qué causó la tragedia en la penitenciaría más poblada del país.

Se va este año

Al afirmar que durante su gestión ha tenido que tomar «decisiones incómodas y no populares, pero apegadas a la ley y a su integridad», Miriam Germán ratificó que este será su último año en esa función.

Sostuvo que esta será su «última vez» en la rendición de cuentas como máxima representante del Ministerio Público.

Germán Brito habló por primera vez de que en agosto del 2024 se retiraría en una entrevista con Diario Libre.

Santo Domingo

 La Procuraduría General de la República ha solicitado la instalación de campamento permanente al Centro de Operaciones de Emergencias (COE) en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, como parte de las medidas de su plan de gestión de ese recinto tras el incendio ocurrido el pasado lunes 18 de marzo de 2024.

La Procuraduría dispuso, además, una auditoría de infraestructura física y eléctrica, el traslado de 1,800 internos y la instalación de una unidad de atención multidisciplinaria, integrada por personal de atención para información, psicólogos y otros profesionales.

El ingeniero Leonardo Reyes Madera, director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, encabeza la realización de la auditoría de la estructura, mientras que la evaluación de sus instalaciones energéticas está a cargo de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste).

El lamentable incendio causó la muerte de 13 personas, algún producto de la inhalación de humo.

La procuradora general, Miriam Germán Brito, reiteró que se están tomando todas las medidas de lugar para evitar que ocurran más daños humanos y materiales. Las medidas incluyen la disponibilidad permanente de un moderno camión de bombero para uso exclusivo de la penitenciaría.

Por igual, se avanza en las investigaciones para determinar las causas del incendio.

En ese sentido, Germán Brito dijo que ha reforzado el equipo de investigación con otras agencias y fiscales de la Dirección General de Persecución para tener en el menor tiempo posible los resultados de las indagatorias que se realizan desde el día del referido incendio.

También, se han tomado medidas para garantizar que los internos afectados a causa del incendio tengan kits de higienes, vestimenta y todo lo básico.

Santo Domingo.- El encuentro pautado para la tarde de este lunes, que se había anunciado entre los expresidentes  Leonel Fernández y Danilo Medina, para trazar la línea política de cara a las elecciones generales del 19 de mayo, no ha dado inicio.

Según las informaciones en los distintos medios de comunicación,  una rueda de presa, se estaría realizando en el hotel Embajador de esta capital, encabezado por la Alianza Opositora para el Rescate de la República Dominicana, (Rascaste RD), en la cual estarían presente lo principales líderes de la oposición.

A dicho encuentro, tampoco se han presentado los principales líderes de los partidos Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana.

Esta, sería la primera vez,  que  se daría un encuentro formal entre Fernández y Medina, la noticia, ha suscitado interés en toda la opinión pública nacional, bautizada como “el encuentro de los cuatro”, debido a que, supuestamente, estarían presente, damas de Medina y Leonel, Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Miguel Vargas Maldonado, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, informó que el Centro de Privación de Libertad de La Victoria, afectado por un incendio el pasado lunes 18 de marzo, no está en condiciones técnicas para recibir nuevos ingresos de personas con medidas de coerción de prisión preventiva, hasta nuevo aviso.

En ese sentido, la procuradora general le envió una comunicación el pasado 20 de marzo al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, donde le solicita que el cumplimiento de las medidas privativas de libertad sea dispuesto en otros centros penitenciarios.

La comunicación expresa «como es de su conocimiento, en fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil veinticuatro (2024) ocurrió un siniestro en el CPL La Victoria que ha afectado a cientos de internos y cuyas consecuencias están siendo evaluadas por las autoridades competentes. Esta situación de emergencia está siendo oportunamente atendida por la Procuraduría General de la República, a través de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales».

Agrega «en tales circunstancias, tenemos a bien informar que, hasta nuevo aviso, el CPL La Victoria no está en condiciones técnicas de recibir nuevos ingresos por lo que, cortésmente, solicitamos que canalice esta información a las jurisdicciones afectadas por esta situación, a fin de que, en caso de que un juez o tribunal imponga medida de coerción consistente en prisión preventiva, su cumplimiento sea en otro centro».

La información fue divulgada a través de un comunicado de prensa de la Procuraduría General de la República, el cual destaca que tan pronto concluyan los trabajos de readecuación de las áreas afectadas por el siniestro se informará, oportunamente, para retomar las labores relativas al nuevo ingreso de privados de libertad.

La directora de la Penitenciaría Nacional de La Victoria, coronela de la Policía Nacional María Isabel Gil Morales, fue destituida del cargo, a días de que en el penal ocurriera un fuego que dejó 13 reclusos muertos, varios lesiados y más de mil trasladados. Esa es la cárcel más poblada del país.

La remoción de la oficial de la prisión fue confirmada a Diario Libre por una fuente de entero crédito que pidió reservas de su nombre.

La oficial no duró ni un mes en el cargo.

Dijo que en lugar de Gil Morales fue colocado un oficial cuyo nombre hasta ahora no se ha dado a conocer.

Ayer sábado hubo un conato de incendio en La Victoria, lo que provocó que muchos reclusos rompieran los candados de las celdas en las que estaban. Producto del fuego anterior, miles de reos han sido llevado a otras prisiones.

La coronela María Isabel Gil Morales fue designada en el puesto el dos de marzo de este 2024 por la Dirección General de la Policía Nacional en sustitución del también coronel Víctor Hugo Mancebo Pérez.

El memorándum con su nombramiento tiene fecha del 29 de febrero y la designó como Comandante Departemento Operativo I de la Penintenciaría Nacional de La Victoria.

Fuego en La Victoria

El fuego en La Victoria se registró el lunes 18 de este mes y se prolongó por espacio de 11 horas. Hasta el momento la cifra de muertos es de 13 y 11 los lesionados.

Solo tres cadáveres han sido identificados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), mientras que familiares de los recluidos en el penal claman a las autoridades por la entrega de los cuerpos.

Lisandro Macarrulla Martínez, hijo del exministro de la Presidencia Lisandro Macarrulla Tavárez, llegó a un acuerdo con el Ministerio Público de admitir los hechos que se le imputan en el caso Operación Medusa para un juicio abreviado que se solicitó al juez que conoce el expediente en la etapa preliminar.

El Ministerio Público solicitó tres años de prisión suspendida y la entrega de 77 millones de pesos, monto retenido en incautaciones, a lo que estuvo de acuerdo el imputado.  

También, más de 57 millones de pesos en cheque de administración y la entrega de un inmueble en la Torre M2, valorado en más de 20 millones de pesos. 

La acusación que se le hace en Operación Medusa es asociación de malhechores, desfalco, autor de soborno activo. 

A Macarrulla, igualmente, se le cancelará el registro mercantil de entidad comercial, empresa Mac Construcciones SRL, efectiva de dos años.

Los sobornos se produjeron para que su empresa fuera una de las beneficiadas en la licitación que hizo la Procuraduría General durante la gestión de Jean Alain Rodríguez, para la costrucción de la Nueva Victoria, construida en Las Parras, en Guerra, y la cual, según las investigaciones, su monto de levantamiento se sobrevaloró y tiene vicios.

Por las irregularidades de la construcción del nuevo penal, que lleva más de cuatro años sin ser usado, no han podido ser trasladados los presos de la vieja penitenciaría La Victoria, ubicada en el municipio con el mismo nombre, y que fue afectada esta semana por un incendio en varias de sus áreas, con un saldo de 13 muertos.

Otros imputados que arribaron a acuerdos hoy

Otros acusados en Operación Medusa que llegaron a un acuerdo este viernes son Ricardo Antonio Carasquero y la empresa Construcciones Carrasquero, y José Antonio Santana Julián.

Para Santana Julián se solicitó una pena de un año de reclusión suspendido, en un juicio abreviado, y que este devuelva al Estado tres milones de pesos, que es el soborno pagado a la Procuraduria durante la gestión de Jean Alain Rodríguez.

A su empresa Abastesa se le suspenderá el registro mercantil por un año y deberá también devolver un millón 900 mil pesos.

Otros imputados 

En la audiencia anterior, los también imputados en el caso Medusa, Rafael Salvador Rasuk, Mercedes Salcedo Disla y Carolina Pimentel admitieron los hechos imputados por el Ministerio Público tras un acuerdo con las autoridades. 

La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó una auditoría de infraestructura física y eléctrica de la Penitenciaría Nacional de La Victoria.

Esta auditoría será encabezada por el director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, Leonardo Reyes Madera.

De igual modo se informó que la evaluación de sus instalaciones energéticas está a cargo de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste).

La medida fue anunciada a través de un comunicado en el que se afirmó que la misma figura como parte de las medidas de su plan de gestión de ese recinto, tras el incendio que ha cobrado la vida de al menos 13 personas.

El plan en cuestión, según la PGR, también incluye la instalación de campamento permanente al Centro de Operaciones de Emergencias (COE) en la cárcel de La Victoria.

Asimismo, tienen contemplado el traslado de 1,800 internos y la instalación de una unidad de atención multidisciplinaria, integrada por personal de atención para información, psicólogos y otros profesionales.

La procuradora general Miriam Germán Brito afirmó que se están tomando todas las medidas de lugar para “evitar que ocurran más daños humanos y materiales”.

Las medidas incluyen la disponibilidad permanente de un moderno camión de bombero para uso exclusivo de la penitenciaría.

El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, dijo que el gran reto que se tiene con la Penitenciaría Nacional de La Victoria, donde se produjo un incendio que acabó con la vida de al menos 13 reclusos, es eliminar los negocios tradicionales que existen en la actualidad destacando que en esta y otros recintos carcelarios pertenecientes al viejo modelo penitenciario, el nivel de corrupción que impera en esas cárceles se vive a diario.

Aseguró que los centros Las Parras y Pedro Corto en San Juan de la Maguana tienen las condiciones para albergar un sistema penitenciario en que los privados de libertad estén en menos condiciones de indignidad, “y me dicen el tema de Las Parras, si está en un pantano, hay áreas que están disponibles, si fue construida en un pantano vamos a someter a los ingenieros”.

Recordó que cuando se inician construcciones de obras públicas se contratan garantías, que son los seguros, los cuales no se pudieron ejecutar porque la obra estaba cerrada, y ya caducó el plazo de dichas garantías.

Ullua expresó en el programa D’Agenda que se transmite en Telesistema canal 11 que la corrupción en el sistema penitenciario dominicano, específicamente en los recintos del viejo modelo, es tan grande que en lugares como la cárcel de San Francisco de Macorís funciona una ferretería propiedad de uno de los reclusos que cumple condena en dicho recinto.

Además, recordó que fue en ese mismo centro penitenciario un privado de libertad le quitó la vida a su pareja.

El defensor del Pueblo aseguró que el sistema carcelario tiene como mejorar esa situación, porque la Dirección General de Prisiones tiene identificado unos 700 lugares en el sistema penitenciario actual que se pueden habilitar si hay una inversión de infraestructuras.

“Tú vas a la Vega, al centro del Pinito, donde mataron al recluso, y hay espacios disponibles, lo que pasa que la infraestructura no te lo permite, hay módulos cerrados porque la filtración no permite que viva alguien”, dijo el funcionario.

Asimismo, manifestó que en República Dominicana casi se duplica la falta de puestos para privados de libertad “porque hay 16,000 espacios disponibles, y hay casi 26,000 privados de libertad”.

Llamó a un diálogo entre el Ministerio Público, Poder Judicial, Defensa Pública, y la institución que dirige para poder analizar la gran cantidad de presos preventivos que son casi el 60% de la población carcelaria.

Fueron embargadas las cuentas de la Procuraduría General de la República tras una sentencia emitida por el Tribunal Superior Administrativo que beneficia a un arquitecto, que fue cancelado injustamente de esa institución por el entonces procurador Jean Alain Rodríguez.

Mediante la sentencia 0030-04-2024-SSEN-00126, dictada por la Tercera Sala del TSA ordena a la PGR el pago de tres millones 962 mil 304 pesos (RDS3,962,304.56) en favor del arquitecto Wander Quezada Martínez y se corresponde a suma de salarios dejados de percibir desde octubre del 2018 al 2024.

Wanchy Medina y Genaro Silvestre, abogados de Quezada Martínez procedieron a embargas las cuentas de la PGR debido a que hace 10 meses que se produjo las sentencia y alegadamente en la Procuraduría se han negado a pagar, desacatando la decisión del TSA.

El tal sentido, los abogados de la defensa procedieron a notificar al Banco de Reservas, el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República Dominicana, del formal embargo retentivo contra la Procuraduría por el duplo de crédito principal que es la suma siete millones 924 mil 609 pesos (RD$7,924,609.12), cuyo cobro se persigue garantizar medio este embargo.

“En virtud de las sentencias precedentemente descritas y cuyas copias se dan en cabeza el presente acto, por tanto, el Banco de Reservas de la República Dominicana, el Ministerio de Hacienda de la República Dominicana y la Contraloría General de la República Dominicana, deben abstenerse de hacer entrega o librar transferencia o realizar cualquier acto que implique su desapoderamiento cualquier suma de dinero, valores u objetos cualesquiera que deban o debieren, detente o pudieren detentar en capital e intereses, bajo cualquier concepto y toda clase de moneda, pertenecientes a la Procuraduría General de la República.”, indica.

El alguacil Ariel Antonio Paulino Caraballo, procedió notifica a las partes de la sentencia, que adquirió el statu de lo irrevocablemente juzgado.

La PGR fue demandada por omisión hecha por el otrora magistrado Rodríguez de los procedimientos de la Ley 41-08 sobre Carrera Administrativa.

Resulta que en el 2018 el joven arquitecto aprobó un concurso del Ministerio de Educación Superior para realizar una maestría en España, por lo que firmó un contrato de beca internacional, pero fue rechazado por Jean Alain y procedió a su cancelación.

Seis años después, el profesional fue beneficiado por el TSA.

La Procuraduría General de la República informó que ascendió a 11 el número de fallecidos debido al incendio ocurrido en la Penitenciaria Nacional de La Victoria.

A través de un comunicado de prensa publicado por la Procuraduría General de la República, la institución lamentó  y calificó el hecho como lamentable.

“Lamentamos esta situación y nos solidarizamos con los afectados por el siniestro y con el dolor que atraviesan en estos momentos los familiares”, expresó Germán Brito.

La titular del Ministerio Público sostuvo que, todavía los organismos competentes realizan trabajos en el área afectada por las llamas y se espera el informe final que deben entregar los organismos de investigación.

Germán agradeció la colaboración y cooperación del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Aérea, quienes facilitaron los helicópteros para sofocar el siniestro, así mismo lo hizo con los cuerpos de bomberos de los distintos municipios, la Defensa Civil, con la Armada de la República Dominicana, el Ejército Dominicano, la Policía Nacional y el Sistema Nacional de Emergencia 911.

La magistrada también indicó que la Dirección General de Migración facilitó los vehículos para el traslado de unos 400 internos, de los cuales 300 de ellos fueron llevados al Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito, en La Vega y 100 al centro penitenciario Vista al Valle, en San Francisco de Macorís.

Germán Brito informó que se realizan labores de búsquedas en las áreas afectadas del penal, para descartar la existencia de otras víctimas. Expresó que, “nos encontramos profundamente consternados con la situación acaecida y nuevamente nos solidarizamos con el dolor de los afectados y sus familiares”, precisó Germán Brito.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha confirmado el inicio del envío de ayuda humanitaria a Haití a través del “puente aéreo” desde la República Dominicana, una iniciativa anunciada por la organización la semana pasada.

La información fue confirmada por Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general, Antonio Guterres, durante una rueda de prensa este lunes.

“Sí. Nuestros colegas, sobre el terreno, nos han informado de que se ha iniciado el puente aéreo, la conexión del tránsito aéreo regular entre la República Dominicana y Haití (para ayuda humanitaria)”, dijo el portavoz al ser cuestionado sobre unas fotos compartidas por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití en redes sociales.

Haq explicó que se trató de un vuelo de ida y vuelta y que la organización espera que “haya un viaje más regular de helicópteros” entre ambos países para que puedan “tener un mejor acceso a Puerto Príncipe”.

“Continuamos con eso, y esperamos que todas las autoridades y todas las partes en el terreno cooperen con nuestros esfuerzos”, agregó.

El mensaje “Las Naciones Unidas continúan operando vuelos entre la República Dominicana y Haití, y continúan entregando suministros humanitarios” acompaña una foto que muestra a varias personas cargando cajas a un avión del servicio aéreo humanitario de la organización.

La Policía Nacional informó la noche de este domingo que «cayó abatido» por agentes de la entidad un hombre al que acusa de formar parte de los miembros de la banda que perpetuó el asalto a la Torre Nicole IX en el exclusivo sector La Esperilla, en el Distrito Nacional, así como ser la cabecilla de una red que se dedicaba al «sicariato«.

Dijo que el nacional haitiano Carlos Alberto Zarzuela Vargas (a) Carpuela y/o Moreno 30-30 murió hoy «al enfrentar a miembros de una patrulla» de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) que trató de capturarlo próximo al peaje de la Autopista 6 de Noviembre, en el municipio Santo Domingo Oeste

Aseguró en una nota de prensa que el hoy occiso, «al percatarse de la presencia policial, de inmediato la emprendió a tiros en contra de estos, quienes se vieron obligados a repeler la agresión». Dijo que usó una pistola marca Glock.

Fue en estas circunstancias, precisa el reporte preliminar, que el prófugo de la justicia y contra quien existen múltiples órdenes de arresto, sufrió las heridas que posteriormente le provocaron la muerte mientras recibía atenciones médicas en el hospital Marcelino Vélez, en el municipio Santo Domingo Oeste.

• «El prófugo transitaba a pie por la referida vía a la espera de abordar una motocicleta conducida por otro integrante del grupo delincuencial», indica el documento.

Sus crimenes y delitos, según la PN

Según el cuerpo del orden, Carlos Alberto Zarzuela Vargas (a) Carpuela y/o Moreno 30-30, encabezaba una peligrosa estructura del crimen organizado dedicada a realizar asesinatos por encargo (sicariato), robos con alto nivel de violencia, secuestros y tráfico de armas de fuego ilegales.

• «El peligroso delincuente estaba vinculado a varios casos de homicidios y heridos de bala en la provincia de La Romana (más de 15 víctimas)», subrayó la Policía.

Además, la uniformada dijo que Zarzuela Vargas participó en los robos con violencia que se llevaron a cabo en el residencial Parque Verde, hecho perpetrado en la avenida Monumental, en fecha 12 de febrero pasado y el robo realizado en la Torre Nicole IX, ubicada en La Esperilla, Distrito Nacional, en fecha el 13 de febrero de este año.

El presidente Luis Abinader dijo este lunes que da seguimiento al incendio que se registra en la cárcel de La Victoria, la más poblada del país, y que hasta ahora ha causado la muerte de tres reclusos y heridas a al menos 11.

El mandatario informó que, aunque el fuego no ha terminado, está «bajo control«. Según la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), el incendio se produjo a causa de un cortocircuito.

La Penitenciaría Nacional La Victoria fue contruida durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en la localidad La Victoria, ahora parte del municipio Santo Domingo Norte. Es la más poblada del país, con 7,608 reos, cuando la capacidad del centro es de 2,103, refiere un informe de la Oficina Nacional de Defensa Pública sobre la situación del penal.

Abinader expresó que La Victoria debió estar cerrada hace tres décadas debido a la sobrepoblación.

Cárcel Las Parras, lejos de terminarse

Al responder preguntas en LA Semanal de este lunes, recordó que la cárcel Las Parras construida para trasladar a los internos de La Victoria, no se ha terminado por diversas razones, entre ellas el alto presupuesto que requiere. Además, de que se levantó «en un pantano» y hay que hacer unos trabajos para el drenaje, que no estaban contemplados.

«Las Parras está lejos de terminarse»Luis Abinader,presidente de la República“

El mandatario dijo que para concluir Las Parras el presupuesto estimado es de RD$1,600 millones.

«Se está trabajando en una parte», informó, y agregó que no se estaba trabajando porque la Procuraduría no la había entregado por temas legales. 

• «Somos los primeros interesados en terminar Las Parras, porque como ustedes saben, hace ya tres décadas que La Victoria no debió estar operando, hace tres décadas. El gobierno está esperando que finalmente le entreguen, una parte sí se entregó y está en licitación, pero está muy lejos (de terminarse».

Las Parras, llamada también La Nueva Victoria, fue construida en el gobierno de Danilo Medina, bajo la gestión del procurador Jean Alain Rodríguez. El recinto es parte del caso Medusa, por el que el exprocurador está acusado de corrupción.

Presos serán trasladados

El mandatario agregó que los reclusos que estaban en el área afectada por el fuego en La Victoria, los pabellones tres y cuatro, serán trasladados a dos o tres cárceles del país. En el área impactada por el fuego estaban alojados al menos 1,100 internos, dijo el presidente Abinader. 

El Tribunal Colegiado de Primer Grado de la provincia La Altagracia, dictó ayer 20 años de prisión contra el maestro Jhon Kelly Martínez, acusado de violación sexual contra la menor de 16 años, su alumna de matemáticas, Esmeralda Richiez. 

Martínez cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación CCR14, en Anamuya, Higüey, La Altagracia. 

Según el abogado de la familia Richiez, Silvestre Antonio Rodríguez, el tribunal le dictó 20 años de cárcel a Martínez. 

Expuso que el tribunal tomó en cuenta, especialmente, el informe médico, el cual, estableció que «no dejó ningún tipo de dudas que se trató de una violación».

Dijo que se siente bien, no por el veredicto, sino por que ganó la justicia.

Defensa técnica de Jhon Kelly

La abogada de Jhon Kelly Martínez, Yoanna Rodríguez, sostuvo que están conformes por cómo se manejó el proceso.

«Fue un proceso que se desglosó, se conocieron todas las pruebas debidas en su momento», apuntó.

Expuso que esperaban menos, que siempre mantuvieron las expectivas de que fueran cinco años de condena, «por la aseveración de que fue un abuso sexual, no una violación sexual».

La defensa informó que ponderarán recurrir en apelación el fallo en los próximos 20 días.

Gran carga de pruebas

El Juzgado Penal del Distrito Judicial de La Altagracia conoció el 17 de noviembre de 2023 la audiencia preliminar en contra de Kelly Martínez y su sobrino Rubiel Morillo Martínez. Este último fue sacado del expediente en diciembre durante el proceso de revisión de las pruebas. El abogado de la familia de Esmeralda alabó el trabajo del Ministerio Público, que documentó unas 40 pruebas contra el profesor, entre ellas, testimoniales, periciales y las de laboratorio.

El empresario Elon Musk consideró como «interesante» el proyecto de la verja fronteriza que construye República Dominicana, a lo que el presidente de la República, Luis Abinader, reaccionó invitando al magnate a visitar el país para que explore sus oportunidades tecnológicas.

El director ejecutivo de Tesla y dueño de la red social X compartió en su cuenta de la referida plataforma una información en la que se dan detalles sobre la construcción de la verja fronteriza y lo hizo comentando una sola palabra: interesante.

Tras la publicación, el presidente Luis Abinader extendió una cordial invitación a Musk para que viaje a República Dominicana y explorar las capacidades tecnológicas y de manufactura avanzada.

«Tiene razón, @elonmusk. Nuestra iniciativa de verja perimetral inteligente entre República Dominicana y Haití es de hecho, un proyecto interesante que se está implementando en este momento, ayudando a mantener seguro nuestro país», expresó Abinader en un mensaje en el que etiquetó la cuenta de Musk.

Abinader indicó que las capacidades tecnológicas y de manufactura en las zonas francas resultarían aún más fascinantes para el visionario empresario.

«Creo que encontrará aún más fascinantes nuestras capacidades de fabricación tecnológica en las zonas francas. Contamos con una fuerza laboral altamente calificada y una infraestructura sólida lista para apoyar la manufactura avanzada«, dijo el mandatario.

Abinader finalizó extendiendo la invitación: «Lo invito a visitarnos en República Dominicana cuando quiera para que lo vea por sí mismo y explore oportunidades potenciales».

La Presidencia dominicana informó que esta invitación se enmarca en los esfuerzos del gobierno por posicionar a República Dominicana como un destino atractivo para la innovación y manufactura de alta tecnología en la región.

Mensaje compartido por Musk

La publiación compartida por Musk de la cuenta Wall Street Silver indica que «la República Dominicana ha construido un MURO FRONTERIZO de 12 pies de alto para protegerlos de las pandillas y el crimen. Lo llaman ‘valla de seguridad inteligente’ con drones y cámaras. Tienen torres de vigilancia y visiones nocturnas. ¿Qué estamos haciendo en Estados Unidos? Quizás Biden quiera tomar algunas notas de la República Dominicana«.

Al ser cuestionado acerca del centro penitenciario Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra, en donde serán trasladados privados de libertad que se encuentran en La Victoria, el presidente Luis Abinader informó que la terminación de esta cárcel, de acuerdo a informaciones de los ingenieros “le faltaría, en la mejor de las partes, un año de construcción”.

“Las Parras está muy lejos de terminarse la construcción, incluso el presupuesto de terminación de Las Parras es de alrededor de 1,600 millones, por diversas razones y también porque se construyó en un pantano que hay que hacerle unos trabajos para el drenaje que no había estado contemplado antes y muchos otros detalles”, dijo el mandatario en LA Semanal.

La construcción de esta cárcel fue iniciada por Jean Alain Rodríguez e inaugurada en una primera fase en 2020, pero su habilitación fue paralizada en la actual gestión de la procuradora Miriam Germán Brito, por el sometimiento a la justicia del exprocurador por presuntas irregularidades en el plan de humanización que desarrolló en su gestión y que incluyó la construcción de varios centros carcelarios.

Abinader indicó además que desconocía que Las Parras se había inaugurado, porque de ser así, la misma debió ser habitada.

“No sabía que se había inaugurado ni recordaba, Las Parras no se ha terminado, incluso el presupuesto de terminación de Las Parras es de más de mil cien millones, no sabía, ¿Se inauguró Las Parra?”, cuestionó.

En el año 2022 la procuradora Miriam Germán entregó Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) un convenio que agilizaba el traspaso de las construcciones de centros penitenciarios y, al mismo tiempo, regulaba  proyectos en ese ámbito, debido a que la construcción de cárceles no es un trabajo propio de la Procuraduría.

Sobre el inicio de los trabajos de este centro penitenciario, Abinader explicó que la continuación de la construcción no había iniciado porque la Procuraduría General de la República, la tenía en temas legales.

El nuevo coordinador de Participación Ciudadana, Erick Hernández Machado, lamentó que el presidente Luis Abinader no acogiera la solicitud hecha por ese movimiento para que suspenda La Semanal, hasta pasadas las elecciones del 19 de mayo, por entender que es una promoción electoral.

“Participación Ciudadana lamenta la decisión del Presidente de no suspender La Semanal, porque para expresarnos y aludir sobre la Democracia, lo propio conlleva, por definición, los principios de libertad e igualdad y la actitud proactiva de todos los candidatos y del Presidente Luis Abinader debe ser para la satisfacción de estos principios en el escenario electoral” expresó Hernández Machado.

Esta reacción se produce luego que el mandatario dijera en la rueda de prensa de los lunes, denominada La Semanal, dijera que no es ilegal y que favorece la democracia.

Participación Ciudadana había argumentado en su solicitud que en La Semanal el mandatario “promueve su obra de gobierno y contribuye a su promoción electoral, colocando a los demás candidatos a la presidencia en una situación de desigualdad, pues genera mucha publicidad al encontrarse todos los medios convocados a la sede del gobierno central”.

NUEVO COORDINADOR DE PC

El Consejo Nacional del movimiento cívico y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, eligió a Erick Hernández Machado, como el nuevo coordinador general de la institución para el periodo 2024-2025.

Machado es Doctor en Derecho, fue juez Presidente de Corte por 14 años; miembro del Consejo Directivo de la Escuela Nacional de la Judicatura y en la Cooperativa de Servidores Judiciales. Funcionario certificado de Conciliador y Liquidador Ley No. 141-15 de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes; Ha sido consultor de la Organización Internacional de Trabajo -OIT-; Consultor de la USAID-El Salvador y Asesor Honorífico del Parlamento Centroamericano. Oficial de Cumplimiento Certificado-Especialidad en Casinos.

UN CONSEJO NACIONAL RENOVADO

En su XXX Asamblea General Ordinaria, Participación Ciudadana, renovó su Consejo Nacional, órgano máximo de dirección que ostenta la representación de la entidad. Este año fueron electos: Betty del Villar, Erick Hernández Machado, Jacinta Valdez, Josefina Arvelo y Joseph Abreu, además de Leidy Blanco, Ramón Stalin Montero y Wilfredo De León, sumado a Álvaro Caamaño, quien completará su segundo año ante ese organismo, tras su elección en la pasada Asamblea de 2023.

El encargado de la Unidad de Quemados que funciona en el Hospital Ney Arias Lora, doctor Eddy Bruno Vizcaíno, informó que cinco de los seis pacientes que fueron ingresados tras el incendio en el Centro de Privación de Libertad de La Victoria, fueron dados de alta el mismo día.

Bruno Vizcaíno indicó que fueron recibidos seis reclusos por el incendio y uno de esos llegó al centro hospitalario ya fallecido a causa de inhalación de humo.

En tanto, los cinco restantes fueron atendidos en el área de Emergencia.

Explicó que a cada uno se les dio oxigenoterapia por unas horas y fueron, posteriormente, despachados el mismo día pasadas las 6:00 de la tarde.

De los cinco, había dos con lesiones en la piel con 1% y 2%, respectivamente, de quemaduras.

También, puntualizó que tres bomberos fueron atendidos, además de los cinco reclusos y fueron egresados ayer. Agregó que estos tuvieron inflación leve de las vías superiores.

Los tres bomberos afectados en este hecho recibieron oxigenoterapia.

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) informó que el incendio se produjo a causa de un cortocircuito en una de las celdas, uno, dos y tres.

Fueron reportados al menos tres fallecidos por el siniestro. 

Santo Domingo. El Ministerio Público y el Gabinete de Política Social, coordinan la implementación de un piloto para la inserción laboral de mujeres afectadas por situaciones de violencia en el país.

Para la puesta en marcha del piloto fue firmado un acuerdo de colaboración entre el Ministerio Público y el Gabinete Social, representados por la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, y el coordinador de dicha entidad a cargo de los programas sociales, Tony Peña, respectivamente.

El acuerdo tiene como objetivo regular la colaboración interinstitucional entre las partes como una acción conjunta entre los Centros de Desarrollo Integral Para la Mujer (CEDI-Mujer) y el Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia (CASV) del Ministerio Público.

La procuradora general, Germán Brito, valoró el acuerdo y agradeció el apoyo ofrecido para la inserción laboral de las víctimas de violencia.

“Este es un acuerdo muy importante, desde el 2007 el Ministerio Público creó un Centro de Atención a las Mujeres Sobrevivientes de Violencia; con este acuerdo se pone de relieve la situación a la que debemos marchar, que es la inserción laboral de las mujeres víctimas de violencia”, destacó.

Al tiempo de resaltar los beneficios del convenio, expresó que “en el largo camino que yo he hecho en el sistema de justicia, sobre todo, hace mucho tiempo, veía a mujeres maltratadas que tenían necesariamente que ir a pedir que liberaran al individuo porque el hombre tenía que darle de comer a sus hijos”.

La magistrada Germán Brito resaltó la importancia del programa de capacitación de los trabajadores sociales, al considerar “que no basta ser trabajador social, sino, tener conciencia de este asunto como mujer, la discriminación, el maltrato que está tan arraigado en nuestra sociedad”.

De su lado, el coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña, resaltó la labor de los citados centros, los cuales dijo que están destinados a atender solamente mujeres, al tiempo de expresar que darán todas las facilidades a la Procuraduría para la ejecución del proyecto.

Durante el desarrollo de la actividad, las autoridades anunciaron que por primera vez serán inauguradas unidades de atención a víctimas de violencia de género en Santo Domingo Norte y Santiago de los Caballeros, las cuales serán lideradas por la Procuraduría General de la República.

Las instituciones acordaron revisar los protocolos y la arquitectura institucional de procesos y tecnología para la incorporación del CASV en el modelo de atención a la violencia contra la mujer de CEDI-Mujer, así como para la estructura a nivel provincial priorizada.

Además, para la implementación del proyecto de reinserción económica y social de mujeres en situación de violencia, ambas instituciones se encargarán de la selección de las beneficiarias que participarán en el programa y le realizarán visitas domiciliarias cuando se consideren oportunas y relevantes.

Igualmente, el Ministerio Público y el Gabinete de Política Social darán seguimiento semanal de avances al proyecto, conforme al rol institucional a la información del progreso de cada beneficiaria, a los retos identificados, a los logros, a los riesgos y realizar la planificación conjunta de las respuestas y evaluarán al menos cada quince (15) días el desempeño de las beneficiarias.

El Ministerio Público, mediante el Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia, se comprometió a poner a disposición el espacio físico para la correcta implementación del proyecto piloto, así como a compartir la información necesaria de las beneficiarias con el equipo de trabajo social de CEDI-Mujer para la correcta gestión de los casos.

Otras acciones por parte del Ministerio Público, incluyen, ofrecer los servicios de atención psicológica a las beneficiarias y capacitar a las trabajadoras sociales del equipo de CEDI-Mujer, así como a las organizaciones vinculadas al proyecto piloto, para asegurar la correcta intervención a las beneficiarias.

Mientras que el Gabinete Social, realizará el diagnóstico social, la evaluación de empleabilidad, las tutorías individuales, la orientación para acceder a recursos comunitarios y otras acciones que contribuyan a la disminución de barreras para la autonomía económica de las beneficiarias.

También, formará y evaluará, en coordinación con el equipo del CASV, en los módulos de empoderamiento, orientación para el empleo, y búsqueda de empleo, además de que identificará, seleccionará y gestionará organizaciones públicas y privadas con las cuales establecer acuerdos de colaboración interinstitucional en favor de las beneficiarias para el desarrollo de sus prácticas profesionales.

El acuerdo, firmado en el despacho de la procuradora general de la República, en el Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, tendrá vigencia a partir de este miércoles, por un periodo de dieciocho (18) meses, pudiendo en su caso prorrogarse de común acuerdo por las partes.

El país gastó 2,541.5 millones de pesos en la vigilancia y seguridad por aire, mar y tierra de la frontera con Haití, a través de 125,628 patrullajes que realizaron los cuerpos castrenses durante el pasado año 2023.

De acuerdo a las memorias de rendición de cuentas presentadas por el Ministerio de Defensa (MIDE), en el Congreso Nacional, el Ejército de República Dominicana (ERD) como parte de su misión de defender la integridad, soberanía e independencia de la nación realizó 55,171 patrullas en la frontera terrestre.

Los operativos estuvieron a cargo de brigadas de infantería en San Juan de la Maguana, Valverde y Barahona, lo que representó un 100 % de la meta que planificaron para el período.

«Dicho incremento se debió a que se activaron más patrullajes para el reforzamiento de la frontera, con una inversión de 1,527,166,193.57 pesos, contribuyendo al aumento de las capacidades del ERD, para abordar y afrontar los riesgos y amenazas en la zona fronteriza terrestre, logrando disminuir los actos delictivos en el territorio nacional´, refiere el informe.

También, la institución castrense realizó 343 horas de vuelo en las zonas fronterizas del país, con el objetivo de proporcionar una alerta temprana ante la ocurrencia de cualquier ilícito, con una inversión estimada de 5,367,629.85 pesos.

Desde la Armada de República Dominicana (ARD), como fuerza naval de la nación, se desarrollaron 11,901 rondas a lo largo de las fronteras marítimas, representando un 90 % del total planificado para el año 2023. Se hizo una inversión de 182,773,918.45 pesos.

La ARD, además, ejecutó 46,299 operaciones terrestres en las diferentes zonas navales, para abordar y afrontar los riesgos y amenazas en las fronteras marítimas, acciones que tuvieron un costo de 376,788,417.46 pesos.

«Durante el año 2023, las instituciones y dependencias del MIDE, han enfocado su accionar apegadas estrictamente al sagrado compromiso constitucional de garantizar la defensa y seguridad nacional, de cumplir fielmente con el marco legal vigente, y al mismo tiempo demostrar la importancia de su rol como pilar y sostén del Estado dominicano», señala la institución en sus memorias.

El Cesfront

Al trabajo reportado por los cuerpos castrenses se suman los aportes del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), que llevó a cabo 11,786 supervisiones en las provincias, Dajabón, Montecristi, Independencia, Pedernales y Elías Piña, en el 2023, las que representaron 401,272,815.36 pesos.

El informe establece que ese trabajo impactó en la disminución de la migración irregular, trata y tráfico de personas, contrabando de mercancías, depredación ambiental, sustancias controladas, robo de ganado y vehículos, entre otros ilícitos.

El Cesep y Ceccom

El Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria (CESEP) dirigió 6,852 patrullas terrestres en los puertos habilitados para el comercio marítimo internacional cuyas actividades tuvieron un costo de 3,697,613.28 pesos. Asimismo, invirtieron 5,004,000.00 pesos en 1,668 supervisiones acuáticas lo que representó un gasto de 5,004,000.00 pesos.

Mientras, el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom), hizo 8,325 operativos de patrullas, allanamientos e inspección a camiones que transportan combustibles y mercancías. La vigilancia se llevó a cabo en puntos de interés en todo el territorio nacional.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) de Estados Unidos eliminó este martes de su lista de sancionados al empresario dominicano Ángel Rondón Rijo, condenado por soborno y lavado de activos por el caso Odebrecht, en el país.

En una publicación en su página web, la OFAC informó que Rondón Rijo fue removido de la lista de Nacionales Especialmente Designados, que consiste en un grupo de organizaciones e individuos que tienen restricciones para hacer negocios con los Estados Unidos.

En diciembre de 2017, bajo el mandato de Donald Trump, Estados Unidos incluyó en la lista de sanciones a Rondón Rijo por supuestos actos de corrupción, en momentos en los que el empresario cumplía medida de coerción en el caso que involucró a la constructora brasileña en al menos 12 países de Latinoamérica, incluida la República Dominicana. 

Este jueves, el presidente del partido Fuerza del Pueblo y candidato al Ejecutivo por esa organización, Leonel Fernández informó a través de sus redes sociales que su acompañante de boleta será la abogada Ingrid Mendoza.

El anuncio se esparció como pólvora, ya que Mendoza era conocida en el ruedo político por su matrimonio con el difunto dirigente peledeísta y expresidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez.

Mendoza es abogada, notario público del Distrito Nacional y directora legal del Grupo Reidco. Su carrera de derecho fue cursada en la Universidad Iberoamericana (Unibe) y tiene una maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm).

La jurista posee un postgrado en Derecho Civil y titulaciones en embargos y propiedad intelectual.

Antes de terminar sus primeros estudios universitarios, Mendoza ingresó a trabajar como paralegal en la Oficina del doctor Ramón Tapia Espinal, donde posteriormente se convirtió en abogada asociada en el año 2002.

En 1992, mientras trabajaba en la Oficina Tapia Espinal, trabajó para el Grupo Reid en donde conformó el Departamento Legal de todas las dependencias de la compañía. De manera escalonada, Mendoza continuó laborando para esta empresa hasta llegar a ocupar la gerencia.

La candidata vicepresidencial ha trabajado de manera independiente en diversas ramas del derecho y como asesora legal de diversas instituciones.

Matrimonio con Pared Pérez

Ingrid Mendoza tuvo un matrimonio de largos años con el dirigente político Reinaldo Pared Pérez. Durante el período que estuvieron juntos, ambos procrearon dos hijos que son Andrés Arturo y María del Pilar Pared Mendoza.

El director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, no quiso afirmar si el gobierno se prepara para llevar a cabo una reforma fiscal para el próximo cuatrienio, en caso de ser reelecta la actual administración en los comicios de mayo. Sin embargo, hizo énfasis en la necesidad de recursos y enumeró las áreas en las que se gasta la mayor parte del dinero recaudado.

Explicó que el Estado dominicano recaudará este año alrededor de 1 billón de pesos, dinero que se distribuye en:

297,000 millones de pesos para educación
163,000 millones de pesos para el pago de los intereses de la deuda
200,000 millones de pesos para los subsidios eléctricos sociales
147,000 millones de pesos para salud.
Estos rubros consumen todo lo recaudado, dejando fuera el resto de necesidades que debe cubrir el gobierno.

«La gente quiere más seguridad ciudadana, la gente quiere más defensa de la frontera; la gente quiere más salud, los médicos; los bioanalistas andan buscando mayores pensiones, y necesitamos, indudable, más recursos», remarcó Rijo.

El juez de la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente de la provincia Duarte otorgó este jueves libertad pura y simple a un regidor de Tenares, en la provincia Hermanas Mirabal, a quien acusan de formar parte de una estructura que organiza viajes ilegales hacia Estados Unidos, a través de la «Vuelta por México».

El Ministerio Público solicitaba prisión preventiva en contra de Elías José Polanco Taveras, de 50 años de edad, concejal ante la sala capitular de Tenares por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y secretario general de dicha organización en esa demarcación.

La fiscal titular de la provincia Duarte, Smailyn Rodríguez, informó que apelará la decisión mediante la cual se ordenó la libertad al concejal.

Explicó que está a la espera de que el tribunal le notifique el dispositivo para proceder inmediatamente con su apelación.

El edil es acusado de formar parte de una estructura que organiza viajes ilegales hacia Estados Unidos a través de la «Vuelta por México».

De acuerdo al órgano acusador, desde hace un tiempo han estado investigando una supuesta red de tráfico de inmigrantes, en el que se involucra de manera directa al regidor de Tenares.

Una de las denuncias que pesa en contra de Polanco Taveras es el caso de Luis Escolástico Minaya, quien está desaparecido desde hace 11 meses cuando emprendió el viaje.

De acuerdo con la acusación, familiares le habrían pagado 13 mil dólares al regidor para realizar la «Vuelta por México».

La actual vicepresidenta de la República, Raquel Peña, repetirá como compañera de boleta del presidente Luis Abinader en sus aspiraciones para los comicios del próximo 19 de mayo.

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) confirmó la información mediante un comunicado de prensa. 

El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) proclamó al presidente Abinader e inmediantamente hizo lo propio con la vicepresidenta, lo que fue recibido con una gran ovación por los militantes de las organizaciones políticas presentes.

Durante su cargo como la segunda al mando del país, Peña ha tenido roles específicos en áreas críticas, incluido entre estos, ser la cabeza del gabinete de Salud, justo al instante en que el gobierno asumió en el 2020.

Peña también encabezó algunas de las entrevistas del Consejo Nacional de la Magistratura para la escogencia de los jueces de las distintas altas cortes, que muestran los niveles de confianza que le ha brindado Abinader durante su gestión. 

Sigmund Freund, delegado político por el PRM ante la Junta Central Electoral, fue quien depositó en la JCE los documentos de sus candidatos a las elecciones de mayo.

“La ley nos da hasta hoy a la medianoche, lo que estamos haciendo es formalizando esas candidaturas, las más importantes la candidatura presidencial conjuntamente con la ratificación de Raquel Peña como candidata vicepresidencial”, expresó.

Asimismo, fueron inscritos los 32 candidatos a senadores, a diputados y los diputados al PARLACEN por el PRM y partidos aliados.

La Contraloría General de la República realiza una auditoría especial al proceso de contratación del servicio de modernización, ampliación y gestión del sistema integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo.

El contralor general de la República, Félix Santana García, explicó que esta investigación al proceso INTRANT-CCC-LPN-2023-001 es realizada a través de la Dirección de Auditorías y la Unidad Antifraude de esta institución desde noviembre del 2023.

Manifestó que actualmente se efectúa un levantamiento in situ de los equipos instalados en las calles del Gran Santo Domingo por lo que los peritos estarán en varios puntos de esta demarcación acreditando evidencias.

«Para llevar a cabo este plan, nos hemos basado en los postulados instituidos en la Constitución de la República, en su artículo 247, que expresa que la Contraloría ejerce la fiscalización interna, la evaluación del debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos en todas las instituciones que están bajo el ámbito de la Ley 10-07, especialmente en el artículo 14, inciso 7 y en el artículo 27», dijo Santana García.

Señaló que en estas labores se ha integrado un equipo multidisciplinario, capacitado en control interno, auditoría y otras ramas del saber, requeridas en cada caso.

La Contraloría pidió excusas por los inconvenientes que este proceso pueda causar, debido a que se podría ver afectado el tránsito, en ocasión de esta experticia.

El órgano de control interno del gobierno recordó que el proyecto de los semáforos inteligentes es una iniciativa del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), con el objetivo de automatizar y modernizar los semáforos tradicionales.

El proceso de sustitución fue suspendido en octubre del 2023, por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, tras denuncias realizadas contra la empresa Transcore Latam, SRL, la cual obtuvo la adjudicación del proyecto.

Las militares  dominicanos permitieron la entrada al mercado fronterizo de Dajabón a cientos de haitianos para que puedan hacer comercio durante el «premercado» de este jueves. 

Antes de las autoridades permitirles el acceso al país, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)  tomó sus datos biométricos, para evitar que malhechores buscados por las autoridades de haitiana puedan ingresar a territorio dominicano.

La entrada de los extranjeros está siendo supervisada por el director general del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), general Freddy Soto Thormann, para garantizar que todo fluya de manera normal.

El motoconcho, Agustín Aquino dijo que los soldados no están dejando salir haitianos fuera del área del mercado, situación que les afecta ya que no pueden conseguir dinero si los extranjeros no salen.

“A nosotros nos ha afectado demasiado porque al fugarse esos presos y las autoridades tomar medidas, nosotros estamos pasando un trabajo grandísimo, porque la verdad que no estamos consiguiendo ni para la comida” dijo Aquino.

Mientras que Ricardo Robles expresó que es sabia la medida tomada por las autoridades de permitirle cruzar hoy al mercado, bajando así la tensión que se vive en la zona.

Ministro de Defensa

Durante un recorrido ayer por la frontera norte del territorio dominicano, el ministro de defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa informó que están preparados para enfrentar cualquier contingencia, esto producto de la inestabilidad política y social en Haití donde bandas fuertemente armadas han superados a los agentes del orden, ocasionando así hechos violentos en gran parte del territorio.

“El personal del Ejército y Cesfront están con la moral muy alta, están bien de equipos y están preparados ante cualquier contingencia, que hasta el día de hoy no sea presentado” , aseguró el ministro.

Pese al reforzamiento militar que se puede observar en los más de 390 kilómetros de la línea fronteriza, Díaz Morfa detalló que la situación está tranquila en la frontera desde Pedernales hasta Montecristi.

“Hasta ahora no ha habido problema, y tengan la seguridad de que continuará así porque las fuerzas armadas está muy pendiente para proteger a nuestra población” dijo Morfa

La Policía Nacional informó que agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) identificaron a dos presuntos delincuentes, señalados como los autores de la muerte por herida de bala del segundo teniente del Ejército de la República Dominicana (ERD), Fernando Pérez Beriguete, de 45 años, en hecho ocurrido en el sector Villa Liberación, Santo Domingo Este.

Se trata de Felix Jhonas Sosa Peralta y Daniel Antoni Chavez (Gasolina), quienes fueron identificados en el proceso investigativo por parte del personal de la Dicrim.

Al dar a conocer la información, vía un comunicado de prensa, la Policía exhortó a ambos hombres “entregarse por la vía que entiendan pertinente para que respondan por el hecho criminal que se le imputa”.

Pérez Beriguete fue ultimado la noche del pasado domingo mientras viajaba en un carro marca Toyota, modelo Paseo, gris, placa A637985, y habría sido chocado por la parte trasera por sus agresores que a su vez se desplazaban en una motocicleta.        

El equipo legal del exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, implicado en el caso de corrupción Calamar, denunció que el Ministerio Público ha actuado con deslealtad procesal.

Los abogados Emery Rodríguez, Pedro Balbuena, Santiago Rodríguez y Chanel Liranzo, señalaron que los fiscales investigadores utilizaron la declaración de Bolívar Ventura como prueba para la solicitud de medida de coerción, a sabiendas de que existía una declaración anterior que narraba hechos distintos.

Los juristas acusaron al Ministerio Público de manipulación de los hechos declarados por Bolívar Ventura en el interrogatorio del 9 de diciembre del 2021 y de no haber entregado a Peralta los elementos recogidos durante la investigación.

También, culparon al órgano persecutor de haber dilatado intencionalmente la entrega de las pruebas aún después de orden judicial que lo dispuso para que Peralta pudiera preparar sus medios de defensa.

Además, acusaron a los fiscales de supuestamente haber ocultado evidencias recogidas durante la investigación.

Ante estos argumentos, el equipo legal del ex ministro administrativo de la Presidencia solicitó a la jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Ana Lee Florimón, declarar la nulidad de la investigación preparatoria y acusar al Ministerio Público de deslealtad procesal.

La petición fue hecha por los abogados mediante una instancia depositada el pasado jueves 8 de febrero a través de la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.

“La petición solicita declarar el abuso y deslealtad procesal del Ministerio Público en la investigación promovida en contra de José Ramón Peralta por abusar de las facultades que la norma le reconoce”, señalaron en un comunicado.

Peralta es acusado de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios y otros delitos.

SANTO DOMINGO

Los dispositivos electrónicos, básicamente computadoras personales laptops, tabletas y notebook, otorgados por el Ministerio de Educación a miles de estudiantes y profesores de escuelas y liceos públicos del país, desaparecieron “como por arte de magia”.

El Gobierno, a través del Ministerio de Educación, en la gestión del exministro Roberto Fulcar, invirtió más de RD$15,000.00 millones en computadoras y tabletas para los estudiantes, dinero que podría decirse fue tirado al zafacón.

Durante un recorrido realizado por reporteros de este diario por distintos liceos y escuelas públicas del Gran Santo Domingo, se pudo comprobar que en esos planteles escolares los estudiantes no utilizan esos dispositivos electrónicos.

De acuerdo a un expediente sobre una demanda que cursa en el Tribunal Superior Administrativo desde el 4 de noviembre de 2022, el Estado podría haber botado unos RD$ 15 mil millones de pesos invertidos en estos dispositivos en la gestión de Roberto Fulcar, básicamente computadoras personales y tabletas, adquiridas en el año 2021, que han sido distraídas, dañadas, vendidas, empeñadas y a las que nunca les puso o actualizó el soffware.

Roberto Furcal, exministro de Educación

Se trata del expediente es el 2022-0144446, que contiene los documentos básicos del abandono del programa y consecuente pérdida de RD$15 mil millones en dispositivos comprados a través del PUND y del MINERD, al que tuvo acceso este diario,

La sociedad ganadora de la licitación del contrato de servicio para control de los dispositivos, ubicación, control de asignaciones de los maestros, suministro de libros digitales, uso para evitar que las utilizaran para pornografía o las llevaran algunos padres a casas de empeño, fue suspendida sin motivo por el actual ministro de Educación, Ángel Hernández.

Según se informó, el ministro Hernández a su llegada al Ministerio de Educación desmanteló la unidad de seguimiento y control de los referidos aparatos electrónicos y desde entonces, 2.5 millones de dispositivos, salieron del sistema sin que nadie pueda indicar que se hizo con ellos o en qué estado están.

De acuerdo a un documento, el abandono del programa de suministro de dispositivos en almacén, en donde a la salida de Roberto Fulcar quedaban unos 700 mil, para ser entregados a las escuelas públicas, se hizo evidente cuando el ministro Hernández empezó a donar los equipos, cien mil de ellos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) que no estaba prevista en el programa de educación primaria.

Ángel Hernández, ministro de Educación

De acuerdo a un estudio realizado por la Dirección de Programación Financiera y Estudios Económicos del MINER, desde el año 2012 hasta el 2020, ese Ministerio había destinado RD$17,068,746,452 millones en dispositivos electrónicos, entre ellos laptops, tabletas y notebook, las que fueron distribuidas a estudiantes del sistema educativo público del país y otros RD$1,463,260,127 millones en programas informáticos.

Pero la entrega masiva de dispositivos a los estudiantes de escuelas y liceos públicos se oficializó a través de la denominada “República Digital” en 2016, proyecto que buscaba garantizar el acceso de los educandos a las tecnologías de la información y la comunicación y brindar mejores servicios a la ciudadanía.

 El llamado programa “República Digital” fue creado por el entonces presidente Danilo Medina mediante el Decreto número 258-16, con el propósito de promover la inclusión de las tecnologías de información y comunicación en los procesos productivos, educativos, gubernamentales y de servicios a los ciudadanos.

ciudadanos.

“Para mí, para Dios, para el mundo, mi hijo es inocente, yo tengo cinco hijos, somos familia humilde, son criados por mí y por su papá. Él trabajaba en esa zona, se iba a las 12:00 de la noche y llegaba a las siete de la mañana, cuando él no llegó al día siguiente, yo estaba trabajando y cuando yo llegué el corazón se me cayó, como que algo se me desgarró”, así se expresó Lidia Díaz Reyes, madre de Alex Elvin Cruz Díaz (Chuki), quien encontró el cuerpo de Paula Santana Escalante en la alcantarilla de la zona franca Las Américas donde laboraba.

En medio de reclamos, la progenitora defendió la inocencia de su hijo en el caso y exigió a las autoridades presentar las pruebas que lo incriminan en el suceso.

“Y yo no entiendo qué es lo que está pasando que no han encontrado nada, no me han enseñado ninguna prueba, tal vez lo que hicieron eso están ahí, comiendo en su casa y acostado y ese pobre muchacho pasando calamidades allí en la cárcel, sin saber de nada, sin bañarse …”, narró Reyes en las afueras del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, donde este jueves se le conoce medida de coerción a su hijo y otro joven presuntamente vinculado al caso.

La madre de «Chuki» comentó que desde la noche del pasado miércoles, cuando sucedió la tragedia, no ha logrado conciliar el sueño, dormir o simplemente hacer otra actividad que no sea pensar en estado de su hijo.

Por el caso, las autoridades mantienen bajo arresto a Joaquín Alexander Hidalgo Marte, conocido como “Alex” y Alex Elvin Cruz Díaz, alias “Chuki”. 

En la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público señala que ambos imputados, al momento de ser verificado el ponche de salida de la compañía lo hicieron mucho más tarde que el resto de sus compañeros y, además, “más tarde de lo que acostumbraban a hacerlo de manera habitual”.

En documento, el órgano acusado le ha asignado a los hechos la calificación jurídica de asociación de malhechores, actos de torturas y barbarie, violación sexual, homicidio y robo, hechos tipificados y sancionados en los artículos 265, 266, 303, 331, 379, 381, 295 y 304 del Código Penal Dominicano.

También, asegura que cuenta con diferentes tipos de pruebas, entre estas testimoniales, certificados médicos, acta de levantamiento de la víctima, acta de registro de personas, entre otras.

Santo Domingo

Hasta la tarde de este jueves, la Policía Nacional aún no ha dado con el paradero de los asesinos de dos oficiales ultimados por desconocidos para robarles sus armas de reglamento.

El hecho más reciente se produjo el pasado martes en El Almirante, cuando desconocidos mataron al segundo teniente Fernando Pérez Berigüete, quien estaba adscrito a la Guardia Presidencial.

Un informe preliminar indica que el suboficial, quien tenía 25 años en el Ejército de República Dominicana, fue interceptado por dos hombres a bordo de una motocicletas, quienes primero impactaron su vehículo, un Toyota, modelo Paseo, gris, placa A637985, con la intensión de que se detuviera cuando este se dirigía a su vivienda tras participar en el desfile militar realizado ayer por motivo al Día de la Independencia.

Agrega que, tras dispararle a Pérez Berigüete, estos tomaron su arma de reglamento y se marcharon del lugar.

Familiares del occiso pidieron a las autoridades esclarecer el caso, ya que el oficial del Ejército no tenía problemas con nadie.

En mayo de 2023 fue ultimado el primer teniente de la Fuerza Aérea Dominicana, Robert Espinosa Martínez. Mientras, en marzo de ese año cayó a manos de delincuentes el primer teniente del Ejército, Luis Pérez Ruiz.

La senadora del Distrito Nacional, Faride Raful, reaccionó a la muerte de la joven Paula Santana, de 23 años de edad, quien fue abusada y asesinada en su lugar de trabajo en una zona franca, presuntamente a manos de dos compañeros de labores.

Raful, a través de un extenso mensaje colgado en X, dijo que ha pensado mucho en la joven, la cual, según sus palabras, estaba cargada de sueños que disciplinadamente conciliaba su trabajo con su preparación, para lograr ser asistente de vuelo.

La legisladora indicó que ha pensado en la valentía que tuvo la joven Santana para denunciar el acoso del cual estaba siendo objeto por un compañero de trabajo.

“He pensado en su miedo. En ese último temblor que la hizo exhalar y escapar del cuerpo físico en q su alma habitaba, mientras la usaban y ultrajaban, como si fuera un objeto cualquiera. En fin, sigo pensando con dolor en sus últimos minutos y en los días y noches en q tantas mujeres son víctimas de acoso, abusos y muerte”, sostuvo Raful.

La congresista señaló que, con la ocurrencia de este horrendo caso, no se puede evitar que a cualquier mujer le ocurra lo que le pasó a Santana, sin que haya respuesta o sanciones.

“Sólo lágrimas y rabia en una sociedad que banaliza todo, promoviendo  todo lo que destruye la dignidad humana. Ojalá y el alma de Paula vuele hacia una dimensión más justa y sin horrores “justificables”.  Dios te conceda paz”, manifestó Raful.

La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó tres meses de prisión preventiva contra los acusados de matar a la joven Paula Santana Escalante, cuyo cadáver fue encontrado en una alcantarilla en las instalaciones de la empresa Integer Holdings Corp, ubicada en la Zona Franca Las Américas, donde trabajaba.

La jueza Karen Casado Minyety dispuso que la medida deberá ser cumplida en la cárcel de San Pedro de Macorís, ya que conlleva una investigación seria.

Yoan Mateo, abogado de los imputados Joaquín Alexander Hidalgo Marte (Alex), de 38 años, y Alex Elvin Cruz Díaz (Chuki), de 23, calificó esta decisión como «abusiva», al quejarse de que la jueza no hizo referencia a ningún elemento probatorio, por lo que apelarán la decisión de la jueza.

En tanto, el padre de «Chuqui», Francisco Cruz, expresó que esta decisión es «desastrosa» y, aunque se haya dictado prisión preventiva, considera que su hijo es inocente.

Asegura que empleados de la Zona Franca están protegiendo a una persona con un cargo importante en el lugar, por lo que exige a las autoridades no dormirse en el proceso de investigación.

Por otro lado, la madre de Joaquín Hidalgo, Altagracia Marte, pide que investiguen y apresen a los verdaderos responsables del hecho, asegurando que su hijo es inocente.

Familiares de la víctima están «conformes»

La madre de Paula Santana, Johanny Escalante, no pudo contener el llanto y no ofreció declaraciones a la prensa.

Sin embargo, la hermana de la fallecida, Yeranny Escalante, expresó que está conforme con la decisión y seguirán pendientes del caso. Asegura que lo único que espera es justicia por la muerte de Paula, «primero la de Dios y luego la de la tierra».

El abogado Marcos Alcántara indicó que este caso está en un proceso de investigación abierto, por lo que no descarta más implicados en este crimen. Calificó la medida de la jueza como «justa».

Acusación

El Ministerio Público acusó a Joaquín Hidalgo Marte y Alex Cruz Díaz de actos de tortura y barbarie, violación sexual, homicidio, robo y asociación de malhechores en contra de su compañera de trabajo Paula Santana.

El cuerpo de la joven fue encontrado el pasado 21 de febrero. De acuerdo con las indagatorias, supuestamente, fue violada y estrangulada por sus agresores, quienes la lanzaron allí.

Según la acusación, uno de los dos acusados de la muerte de la joven fue quien encontró el cadáver de la víctima.

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), informó que, junto a miembros de la institución y la Policía Nacional, así como de otros órganos de seguridad del Estado, persiguen a un recluso que se escapó cuando iba a ser trasladado desde la Fiscalía a la cárcel de La Victoria.

La DGSPS informó que el reo Daniel Francisco Jiménez Sánchez salía de la sala de audiencia para ser llevado al autobús que lo trasladaría al recinto carcelario, momento que aprovechó para quitarse las esposas y saltar una pared de la Fiscalía de Santo Domingo Este.

 Jiménez Sánchez guardaba prisión preventiva, acusado robo agravado, homicidio y asociación de malhechores, y el porte y tenencia ilegal de armas de fuego,  delitos tipificados en los artículos 265, 266, 295, 304, 379, 382 y 383, del Código Penal, y 66 y 67, de la Ley 631-16 sobre armas. 

La nota indica que, tan pronto el privado de libertad emprendió la huida, los miembros de la seguridad están tras su búsqueda.

Además, según el comunicado, las autoridades investigan si hubo complicidad para tomar las medidas disciplinarias correspondientes

Con el Himno Nacional y el «toque de silencio» de la trompeta del Ejército fueron despedidos los restos del segundo teniente Fernando Pérez Berigüete, muerto el pasado 27 de febrero durante un supuesto asalto, luego de participar en el desfile militar del Día de la Independencia Nacional.

Su esposa, María Estela de Pérez, quien tenía en los brazos a sus tres hijos; dos niños y un joven de 10, 13 y 18 años, fue recibida en la entrada del cementerio Cristo Salvador, en Santo Domingo Este, por un pelotón de más de 30 conscriptos del cuerpo castrense.

Las melodías de una trompeta con un sonido deprimente marcaron el inicio del solemne acto en el que oficiales del Ejército entregaron la bandera dominicana a esta familia por los 25 años de servicio a la protección de la soberanía dominicana.

Los llantos de todos los presentes no cesaban por la pérdida a destiempo de su ser querido que tan solo tenía 44 años de edad.

“Dios mío, no lo puedo creer todavía. Él era un hombre de bien”, vociferaba una tía, sostenida por otros familiares debido al dolor profundo que inhibía sus ganas de estar de pie.

Oficiales de la Policía Nacional, parientes y amigos de la familia acompañaron a Beriguete hasta su momento final, en el que sería llevado hacia la tumba.

Entre los estrechos pasillos de los terrenos baldíos del camposanto fue donde sus hijos y su concubina, a quienes el fenecido militar “amaba con locura”, se despidieron con ramos y lamentos.

“Ay, Dios mío”, repetía a gritos su esposa abrazada de sus hijos.

Luego de tantas oraciones pidiendo a Dios que brindara descanso eterno a ese “noble” ser humano, suboficiales del Ejército hicieron 3 disiparon hacia el cielo con los que dictaron el último adiós al malogrado militar.

CLAMAN POR JUSTICIA

“Que resuelvan con él (culpable), lo mismo que le hicieron a él (Beriguete). Que no lo dejen vivo tampoco si lo encuentran”, esto pide Martín Encarnación a la Policía Nacional pidiendo justicia por su cuñado, a quien consideraba como un hermano.

Fue tanta la aflicción de sus hijos, madre y esposa que no les permitió expresarse sobre su querido “Fernan” durante el entierro, tan solo mostraron la impotencia, frustración y desconsuelo que generaron los más de 4 disparos que ocasionaron la muerte del “eterno” segundo teniente del Ejército.

Mientras tanto, la Policía Nacional continúa realizando las investigaciones correspondientes para identificar a los culpables del hecho ocurrido el martes en la noche, pasadas las 8:00, en Villa Liberación, sector en Santo Domingo Este.

SANTO DOMINGO

El ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión, ofreció una actualización sobre el avance de los trabajos de rehabilitación del paso a desnivel de la 27 de Febrero donde comunicó que dichos trabajos finalizarán en marzo.

Durante una entrevista en el programa El Día, Ascensión reconoció que, aunque se había establecido como meta la finalización de los trabajos para febrero, la realidad es que en esta fecha no se cumplirá debido a una serie de consideraciones prácticas.

“El hecho o la necesidad de querer mantener una parte del paso a desnivel en uso a impedido el que se pueda desarrollar con mucha más amplitud. Teníamos que tomar una decisión, cerrarlo totalmente para terminarlo en febrero o extendernos unas semanas más y poder mantener dos carriles de cuatro que tiene, funcionando, y optamos por la ultima solución.

Explicó que «es la razón por la que para febrero no estarán terminados los trabajos del túnel, para agrregar que no ha sido retraso ni fue un tema de planificación sino que fue una decisión que tomamos junto a la empresa que realiza los trabajos. Pero ya para marzo, digamos en la segunda o tercera semana de marzo estaremos concluyendo”.

El presidente Luis Abinader aseguró este jueves que República Dominicana es uno de los países más seguros del mundo, y explicó por qué se ha tardado en la realización del proyecto turístico Punta Bergantín, el cual desde un principio el Gobierno ha anunciado que tendrá entre sus principales atractivos un estudio cinematográfico a cargo de una empresa internacional presidida por el actor Vin Diesel.

El jefe de Estado se refirió a ambos puntos durante el evento donde el ministro de Turismo, David Collado, habló sobre el crecimiento de ese sector en el país.

«Hoy todavía es mejor momento para invertir en RD, hoy ya estamos en un camino de crecimiento, hoy tenemos mayor reconocimiento de toda la comunidad internacional, mejor control sobre muchos elementos, incluyendo la seguridad, somos uno de los países más seguros del mundo en términos cuando se ven las estadísticas de alguna afección al turismo, y cada vez nos estamos fortaleciendo más», expresó Abinader.

Santo Domingo

El Luis Abinader no finalizó su discurso sin antes referirse al controversial tema eléctrico asegurando que en el país ya no hay apagones y que los que hay son por averías.

«En cuanto a la distribución, podemos decir que indudablemente tenemos muchas oportunidades de mejoras en la parte financiera y técnica de las EDE’S. Actualmente servimos a través de las distribuidoras de electricidad el 98% de la demanda de energía. Los apagones se producen por averías. Hoy en nuestro país ya no hay apagones financieros«, expresó.

Al referirse al tema de la energía eléctrica, Abinader que la política energética se basa en 5 ejes de acción; la ampliación del parque de generación eléctrica, modernización del sistema de transmisión, saneamiento y gestión de las empresas distribuidoras, el impulso de la producción de electricidad a partir de fuentes renovables y la actualización del marco legal y normativo del sector eléctrico.

Abinader dijo a los presentes que han licitado en lo que va de gestión, unos 2000 nuevos megavatios de generación térmica, lo que consideró un hito en la historia del sector eléctrico público en la Republica Dominicana.

Al dirigirse a la audiencia, Luis Abinader expresó que en el 2023, iniciaron la producción de 273 nuevos megavatios renovables de los 570 mw instalados durante su gestión, que totalizan 1126 mw instalados desde el 2011.

El mandatario destacó que debido a esto, el país habría reducido el consumo de combustibles fósiles para la producción de electricidad, con un ahorro de aproximadamente 280 millones de dólares.

En su cuarto discurso de rendición de cuentas de este periodo presidencial, el presidente Luis Abinader abordó el tema educativo destacando programas, proyectos y obras ejecutados por el ministerio de educación en la gestión del ex ministro Roberto Fulcar.

En marzo del 2022, Abinader encabezó el acto de lanzamiento del programa “English for a Better Life” junto al entonces ministro Fulcar, y en su discurso de ayer, destacó los logros alcanzados hasta el momento por dicho programa que busca implementar el inglés como segunda lengua en la educación pública del país.

“La meta es que 85 mil estudiantes al concluir su educación secundaria puedan comunicarse en ese idioma”, expresó el mandatario.

De igual forma, recordó la trascendencia de su gobierno en materia educativa durante la pandemia, pues tuvieron que ser ejemplo de innovación y búsqueda de soluciones creativas para garantizar el derecho a la educación, ante la imposibilidad de la asistencia presencial y diaria a las aulas, para lo cual implementaron el programa “Educación para Todos Preservando la Salud”, que se desarrolló bajo la modalidad a distancia, mediante clases producidas que se difundieron por televisión a nivel nacional, apoyadas por otras herramientas de acercamiento a los estudiantes como los cuadernillos, la radio y la Internet. Este programa también se ejecutó bajo la gestión del ministro Roberto Fulcar.

Asimismo, resaltó que el informe del Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes PISA, correspondiente al año 2022, resultó para la República Dominicana el año de mejor desempeño histórico en todas las áreas evaluadas.

Las pruebas PISA-2022 fueron aplicadas en el mes de mayo del 2022, antes de la salida del Dr. Roberto Fulcar del ministerio, y midieron sus dos años de innovadora gestión educativa.

El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Deligne Ascensión, informó que en 2023 el gobierno invirtió cerca de 100,000 millones de pesos en proyectos de infraestructura.

«Más de 310 obras inauguradas, casi 100 mil millones de pesos invertidos y centenares de proyectos esparcidos en todo el territorio nacional», son los logros que exhibe esta gestión en el último año, de acuerdo a un balance del funcionario.

Ascensión reiteró que en los próximos meses serán finalizadas importantes obras públicas y concluyó que sus expectativas son muy positivas para este año.

El funcionario ofreció sus declaraciones en el marco de la rendición de cuentas del presidente de la República, Luis Abinader, este 27 de febrero, Día de la Independencia Nacional. Este martes se celebra el 180 aniversario de la Independencia Nacional.  

Un hombre denunció que ha pagado más de un millón de pesos a un dealer ubicado en el V Centenario, Distrito Nacional, para la compra de un vehículo y que, a casi ocho meses, aún no lo ha recibido.

El comerciante Luis Rafael del Rosario, residente en el municipio Haina, provincia San Cristóbal, explicó a Diario Libre que, en julio del 2023, a través de un amigo, contactó al señor Anderson Lebrón Rosario, propietario de ATD Todo Autos, para la compra de una yipeta Honda CRV del 2021 y que este le requirió el pago de 800 mil pesos, para lo cual ambos acudieron a un banco donde se realizó esa primera transacción.

«Él me enseñó la foto del vehículo y me dijo que había que pagarlo. Vino un día a mi negocio, fuimos al Popular de Sambil y primero le deposité 800 mil pesos en una cuenta, después, había que pagar el embarque, y le hice un cheque de 220 mil. En esos días, mandaba a buscar cinco, diez para los trámites y entre cotorra y cotorra me he dado cuenta que para darme el papel de compra era un problema. Cuando vine a abrir los ojos, me di cuenta que el hombre es reincidente eso», explicó el colmadero.

El denunciante explicó que la persona del dealer le dijo que la empresa encargada de hacer el envío desde los Estados Unidos lo engañó y que le prometió devolverle el dinero si su hermano ganaba en las pasadas elecciones municipales.

«Al él ver que estoy renuente, que estoy publicando el caso en las redes, me mandó a decir que supuestamente viene una guagua, pero mentira, porque ya él me ha mandado más de cinco vehículos y papeles de compra dique que vienen y es mentira, es como dándome tiempo», narró.

Mientras, Del Rosario, quien incurrió en un préstamo para la compra de la yipeta, interpuso una denuncia en contra de Lebrón, cuyo domicilio está ubicado en Quita Sueño, de Haina, y ya fue emitida una orden de arresto en su contra.

Lebrón promete resolver

Al consultar a Lebrón, propietario de ATD Todo Autos, aseguró que «esa guagua ya se compró» y que están a la espera del embarque.

«Lo que pasa es que él está medio desesperado porque lo que pasó fue que, hace como seis meses la embarcación se quemó completa en Newark y yo estaba esperando que ellos me den respuesta para poder responderle a él y el seguro ni siquiera me lo ha pagado todavía», argumentó.

Dijo que le explicó la situación a Del Rosario y prometió que le resolvería, pero que éste nunca le creyó. Dijo que ya compró otra yipeta de la misma marca y que la misma ya está en proceso para ser embarcada en los próximos días. 

«Yo le voy a resolver con un vehículo que ya compré. Lo embarcan como en 15 días por la razón de que el título lo están limpiando y como en 20 o 25 días ya eso está aquí», aseguró.

“Yo quiero justicia… Él no tenía problemas con nadie”, es el clamor de la madre del segundo teniente Fernando Pérez Berigüete, muerto a tiros la noche del martes cuando llegaba a su casa del desfile militar del Día de la Independencia Nacional.

“Era de su trabajo a su casa”, decía doña Melia Montero Beriguete (Oneyda), mientras deploraba que a su hijo le mataron presuntamente para despojarlo de su arma de reglamento.

En la sala de la vivienda de su hijo, en el sector Cancino Adentro, en Santo Domingo Este, donde entre llanto esperaban los restos de su hijo para el velatorio, Oneyda decía que no aguantaría tanto dolor.

Se dijo que el oficial lo mataron en el sector Villa Liberación en El Almirante, donde fue a llevar a unos compañeros suyos, tras el desfile. Pero residía en Cancino Adentro con esposa y sus tres hijos.

El oficial tenía 25 años en el Ejército de República Dominicana, además del oficio de camarógrafo, aunque no estaba ejerciendo en la actualidad.

Las informaciones preliminares indican que fue atacado por dos personas a bordo de una motocicleta, quienes primero lo impactaron en la parte trasera de su vehículo y luego le quitaron la vida.

El ministerio público solicitó a la jueza del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional Yanibet Rivas dictar auto de apertura a juicio en contra de Rosa Antonina Disla implicada en el caso Coral y Coral 5G. 

Los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), pidieron a la jueza Yanibet Rivas enviar a la imputada a juicio de fondo para que allí responda por los hechos que se le imputan. 

El fiscal adjunto Jonatan Perez Fulcar dijo que hay prueba suficiente en contra de la madre del coronel Rafael Núñez de Aza, también implicado en el caso para ser enviada a juicio de fondo. 

De su lado, el abogado Félix Portes sostiene que el ministerio público no tiene razón con la acusación ya que los inmuebles que tiene su cliente fueron adquiridos antes del 2013, por lo que entiende debe ser favorecida con un auto de no ha lugar.

La magistrada luego de la conclusión de la lectura de la acusación por parte del ministerio público receso la audiencia para el jueves 29 a las 2:00 de la tarde para continuar con los debates. 

Se recuerda que el tribunal dispuso la separación de la imputada de los demás encartados para conocerse a parte, tras acoger un pedimento presentado por Mirna Ortiz, coordinadora de litigación del PEPCA, quien alegó que el estado de salud de la imputada podría retardar el proceso penal.

Con las operaciones Coral y Coral 5G, que involucran a imputados por corrupción administrativa, el Ministerio Público presentó cargos por ese delito contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, imputadas de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.

El entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

Además del mayor general Adán Cáceres Silvestre, entre los imputados de la Operación Coral figuran Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

En la Operación Coral 5G, derivada de la Operación Coral, fueron arrestados los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío (ARD) Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón.

En el caso también están implicados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.

La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, dispuso una investigación en relación a la denuncia de la jueza Ana Lee Florimón, quien alegó ser víctima de persecución y acoso desde que fue apoderada del caso Calamar.

La magistrada dijo que la investigación que ordenó respecto a la denuncia de la jueza suplente del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional debe reunir profundidad y equilibrio.

Sostuvo que dispuso la pesquisa luego de que la jueza alegara que es objeto de seguimiento tanto  ella como su familia, luego de algunas diferencias con miembros del Ministerio Público, a quienes atribuye este seguimiento.

Dijo esperar que la denunciante, si lo cree pertinente, aporte los elementos que pueda poseer con relación a su denuncia,  pero que de todas formas, la investigación «va con las características que mencioné antes».

La procuradora dejó claro que jamás auspiciaría, ordenaría ni toleraría este tipo de conducta que irrespeta derechos, habiendo sido víctima de esta práctica hace unos años mal podría reproducirla.

Manifestó que en vista de los desencuentros de la jueza Lee Florimón con dos magistrados en el curso del proceso que ha dado pie a este asunto, éstos no participarán como miembros de los investigadores «para no dar pávulo a versiones de encubrimiento».

Empero, dijo que no tiene ningún pronunciamiento con relación al hecho de que un juez, luego de una recusación aceptada, pretenda continuar conociendo un asunto.

Explicó que corresponde a otro cuerpo que no es el Ministerio Público pronunciarse al respecto, y que dependiendo de los términos, «una recusación no necesariamente es un agravio, salvo que use expresiones degradantes o injuriosas».

Consideró que hay en las afirmaciones de la jueza que plantean asuntos de extrema gravedad y es la afirmación de que por presiones del Ministerio Público se han producido traslados y sanciones de jueces.

Señaló que en su desempeño al frente de la Procuraduría General de la República jamás ha propiciado ni consentido lo que señala la referida jueza Lee Florimón.

“Esta afirmación contiene lo que considero dos conductas que no son suceptibles de ser toleradas, por una parte, el que presiona y por otra el que se deja presionar”, enfatizó Germán Brito.

Indicó que hubo una época en que los traslados eran una especie de sanción y que este aspecto ya ha sido objeto de reglamento para evitar ese abuso.

Recordó que hace años se produjo ese deleznable proceder en contra de las magistradas Rosanna Vásquez y Elka Reyes, y que al respecto, en un acto público censuró ese proceder. “Por tanto, mal podría yo auspiciar el retorno de esta práctica”, dijo en una declaración publica.

Comunicado de la procuradora Miriam Germán

Por diferentes medios han llegado a mí las informaciones de que la Magistrada Ana Lee Florimón, es objeto de seguimiento ella y su familia, luego de algunas diferencias con miembros del Ministerio Público, a quienes atribuye este seguimiento.

Dejo claro que jamás auspiciaría, ordenaría ni toleraría este tipo de conducta que irrespeta derechos, habiendo sido víctima de esta práctica hace unos años mal podría reproducirla. Por tanto, he ordenado una investigación al respecto que debe reunir profundidad y equilibrio. En vista de los desencuentros de la Magistrada Lee Florimón con dos Magistrados en el curso del proceso que ha dado pie a este asunto, éstos no participarán como miembros de los investigadores para no dar pávulo a versiones de encubrimiento.

No tengo ningún pronunciamiento con relación al hecho de que un juez(a) luego de una recusación aceptada, pretenda continuar conociendo un asunto, aprecio que corresponde a otro cuerpo que no es el Ministerio Público, y dependiendo de los términos, una recusación no necesariamente es un agravio, salvo que use expresiones degradantes o injuriosas.

Hay en las afirmaciones de la Magistrada asuntos de extrema gravedad y es la afirmación de que por presiones del Ministerio Público se han producido traslados y sanciones de jueces.

En mi desempeño al frente de la Procuraduría General de la República jamás he propiciado ni consentido lo que señala la referida Magistrada Ana Lee Florimón.

Esta afirmación contiene lo que considero dos conductas que no son suceptibles de ser toleradas, por una parte, el que presiona y por otra el que se deja presionar.

Hubo una época en que los traslados eran una especie de sanción, este aspecto ya ha sido objeto de reglamento para evitar ese abuso, hace años se produjo ese deleznable proceder

en contra de las Magistradas Rosanna Vásquez y Elka Reyes, al respecto, en un acto público censuré este proceder. Por tanto, mal podría yo auspiciar el retorno de esta práctica.

Esperamos que la denunciante, si lo cree pertinente, aporte los elementos que pueda poseer con relación a su denuncia, de todas formas, la investigación va con las características que mencioné antes.

LA DENUNCIA DE LA JUEZA

El pasado viernes la magistrada Lee Florimón, denunció que está siendo sometida a una persecución y que es perseguida por un automóvil de color blanco desde que está conociendo el caso.

La magistrada, quien subió a audiencia como suplente del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, para dar a conocer un fallo reservado sobre una solicitud de prórroga, dijo que la persecución se extiende hasta un hijo que también se ha percatado de la presencia del vehículo.

La jueza se expresó en esos términos previo a remitir el expediente del caso Calamar a la Corte de Apelación del Distrito Nacional, para que decida si ella puede dar a conocer el fallo que tenía reservado, para darlo dos días ante de la recusación o por el contrario deberá conocerse de nuevo por la nueva jueza designada Franchesca Pontentini.

En el caso Calamar están involucrados Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, ex ministros del gobierno del presidente Danilo

Los dos imputados en el caso de la joven Paula Santana, de 23 años, quien fue encontrada muerta en una alcantarilla del drenaje pluvial en las inmediaciones de la zona franca Las Américas, no se encontraban en sus puestos de trabajo al momento de su desaparición tras salir con destino al baño.

Así lo establece el documento de solicitud de medida de coerción en contra de Joaquín Alexander Hidalgo Marte, conocido como “Alex” y Alex Elvin Cruz Díaz, alias “Chuki”, indicando que estos eran las personas que de manera habitual prestaban servicio en esa planta de la compañía.

“Tanto Joaquín Alexander Hidalgo Marte, quien se desempeña como seguridad de esa planta, como el joven Alex Elvin Cruz Díaz, quien encontró el cuerpo sin vida de Paula en la alcantarilla, fueron identificados como las personas mencionadas por los testigos que la madrugada del 21 de febrero de la desaparición de Paula, no estaban en sus puestos de trabajo”, leía el expediente.

El Ministerio Público también señala que al momento de ser verificado el ponche de salida de la compañía de ambos imputados, lo hicieron mucho más tarde que el resto de sus compañeros y, además, “más tarde de lo que acostumbraban a hacerlo de manera habitual”.

El Ministerio Público solicita al tribunal que se le imponga prisión preventiva a los imputados Hidalgo Marte, de 38 años, y Cruz Díaz, de 23, quienes laboraban para la misma empresa que la víctima.

Ambos se encuentran guardando prisión en la cárcel preventiva de San Luis hasta tanto se conozca la medida de coerción.

Conforme al reporte de los peritos de Patología Forense estableció que la joven falleció a consecuencia de asfixia por estrangulación y que fue abusada sexualmente por sus agresores.

Se estableció que la última vez que fue vista con vida fue la madrugada del pasado miércoles, alrededor de la 1:30 cuando supuestamente salió para ir al baño, lugar del que no regresó.

El diputado Félix Michell Rodríguez pidió al presidente Luis Abinader rendir cuentas de sus logros en su gestión de gobierno cuando se presente ante la Asamblea Nacional y no a anunciar promesas.

El legislador de esta provincia por la Fuerza del Pueblo dijo que cada discurso del presidente Abinader es una repetición de las mismas obras inconclusas, anunciadas año tras año y demandó que el mandatario presente un informe de sus logros y que no vuelva a anunciar lo que no ha cumplido.

“Lo que hemos visto durante toda su gestión, es que el presidente Luis Abinader, más que rendir cuentas sobre sus logros, lo que hace es más promesas que se suman a otras que no ha cumplido, de ahí que la mayoría de los dominicanos no ve las obras de este gobierno”, indicó.

Destacó que no quisiera escuchar de nuevo al presidente, ofrecer la autopista del Ámbar, carretera que enlazaría la avenida Circunvalación Norte de Santiago, con Puerto Plata, una obra que según dijo, no se ha iniciado y ha sido anunciada tres veces.

“Pero no es solo la autopista del Ámbar, tampoco ha cumplido con el anuncio sobre la ampliación de la carretera Gregorio Luperón de Gurabo, una obra que ya ha sido anunciada en más de una ocasión y solo se marcaron las delimitaciones y quedó en el olvido”, expresó Rodríguez, quien aspira continuar como congresista de la circunscripción tres de Santiago.

Lismeiry Altagracia Marte, hermana de Joaquín Alexander Hidalgo Marte, uno de los acusados de matar a la joven Paula Santana, de 23 años y quien fue encontrada sin vida en una alcantarilla, denunció este lunes que su pariente ha recibido maltrato en la cárcel.

«La gente del DICRIM le dieron, está marcado en los pies y le pusieron hasta una funda para hablar», dijo.

Defendió además la  inocencia del implicado y está convencida que de este no está involucrado en el hecho.

«Yo confío en Dios, mi hermano no sabe nada de eso porque él me lo ha dicho claro, al contrario, me ha visto llorando y me pregunta: ¿Por qué tu lloras?,  me dice que no tiene nada que ver con eso», explicó.

Estuvo preso por drogas

La hermana de Joaquín Hidalgo, quien era seguridad en la empresa donde laboraba Paula Santana, dijo que este estuvo preso anteriormente por drogas y cumplió una condena en prisión.

«Todas las personas tenemos un antes y un después. Él estuvo preso pero no fue por violación ni maltrato a nadie, fue por drogas y se regeneró», manifestó.

Aplazan medida de coerción

La jueza Karen Casado, de la Oficina de Atención Permanente de la Fiscalía de Santo Domingo Este, aplazó para este miércoles el conocimiento de la medida de coerción en contra de dos hombres acusados de la muerte de la joven.

La misma se realizará a las 9:00 de la mañana acogiendo un pedimento presentado en ese sentido por uno de los abogados de los imputados, quienes se encuentran recluidos en la cárcel preventiva de San Luis hasta tanto se conozca la medida de coerción.

Se recuerda que el cadáver de la joven Paula Santana Escalante, fue hallado en una alcantarilla en una nave industrial en construcción de la zona franca Las Américas, semidesnuda y que su cuerpo presentaba diversos signos de violencia.

La última vez que fue vista con vida fue la madrugada del pasado miércoles, alrededor de la 1:30 cuando supuestamente salió para ir al baño, lugar del que no regresó.

SANTO DOMINGO

A dos semanas de iniciar en la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el juicio a la diputada Rosa Amelia Pilarte, vinculada a la red de lavado de activos proveniente del narcotráfico que dirigía su esposo Miguel Arturo López (Miky López), le incautan varios bienes.

La Procuraduría Especializada Antilavado y la Fiscalía de La Vega realizaron varios allanamientos e incautaron inmuebles en Jarabacoa y en La Vega propiedad de Miky López, cabecilla red de lavado, la cual tiene un proceso abierto en esa jurisdicción.

La intervención se produjo el viernes, luego que la investigación arrojó que la legisladora   vendió entre 13 y 15 propiedades a sus cuñados, socios de la empresa Inversiones Inmobiliaria Cutupu SRL, testaferros.

La jueza Ana Lee Florimón, quien fue apoderada para el control de las investigaciones del caso Calamar y que fue recusada por el ministerio público, advirtió sobre las campañas de descrédito de que han sido víctimas los jueces por impartir una justicia independiente, sobre todo si son mujeres y jóvenes.

La magistrada se refirió a los traslados, haciendo referencia a los ocho jueces que han decidido en sentido contrario a las peticiones del ministerio público, unos a otras demarcaciones, otros de jurisdicción y algunos han temido la suspensión.

Se quejó de que cuando los jueces no pueden ser atacados por la parte profesional, reciben ataques por la vía personal de personas que piensan “que las funciones nos hacen inmortales, que nos hacen eternos y que todo es para siempre” en alusión a los representantes de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

La jueza quien resumió en el estrado su amargura declarándose descendiente asiática con una cultura objetiva recibida de su padre, declaró que hay muchos abogados que han tenido otros procesos con ella y saben que si en un proceso el Ministerio Público tiene la razón tendrá una decisión basada en Derecho.

Indicó la magistrada en estrado que “siempre es bueno callar, callar, hacer silencio, y demostrarlo siempre, de que el proceso va a ser un poco sensible, porque al final y al cabo, muchas personas se olvidan que las funciones, los puestos, son tan profesionales en la vida, y a veces el poder parece que le da amnesia a las personas, y cuando lo tiene, parece que nunca lo van a perder, o que siempre, son eternos, y que nunca lo van a despedir de esa función.

Denunció que estaba sometida a una persecución tal que incluso su hija pequeña le preguntaba sobre el carrito blanco que, aparcado cerca de su residencia, la seguía a todas partes.

“Siempre les recuerdo que pueden intervenir 10 mil traslados, pueden intervenir 10 mil campañas de descrédito moral, pueden establecer que esta juzgadora tiene relaciones interpersonales, pero la verdad siempre sale a la luz. Y el tiempo es el mejor maestro, eso he aprendido”, acotó la jueza.

La jueza Lee Florimón se expresó en esos términos durante la audiencia del pasado viernes en la que se daría lectura a una sentencia sobre el caso Calamar, pero que recibió la oposición del ministerio público.

Ante esa posición, la magistrada envió la sentencia a la Corte de Apelación para que sea ésta quien decida si da o no a conocer su fallo sobre el caso en el que están involucrados Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo ex ministros del gobierno del presidente Danilo Medina.

Uno de los acusados en la muerte de la joven Paula Santana Escalante, de 23 años, cuyo cadáver fue encontrado con signos de violencia en una de las alcantarillas de la empresa para la cual laboraba, ubicada en la Zona Franca de Las Américas, olvidó una prenda de vestir manchada de sangre en el transporte.

De acuerdo con el expediente de solicitud de medida de coerción elaborado por el Ministerio Público, el señalado Alex Elvin Cruz Díaz (Chuki), de 23 años, habría sido quien olvidara la prenda en el transporte, aunque no se especifica si fue en el vehículo de la entidad.

El documento indica que esta ropa era la que él llevaba el día de la desaparición de la joven, misma que se encontraba con salpicaduras de sangre.

Junto a Cruz Díaz, el órgano acusatorio persigue en este caso a Joaquín Alexander Hidalgo Marte (Alex), de 38 años, quienes se encuentran guardando prisión en la cárcel preventiva de San Luis hasta tanto se conozca la medida de coerción.

El conocimiento de medida de coerción fue aplazado hasta el miércoles 28 de febrero a las 9:00 de la mañana, por petición de uno de los abogados, quien solicitó al tribunal el aplazamiento de la misma a fin de preparar su medio de defensa y de preparar los presupuestos con el fin de que no se le imponga prisión preventiva a su cliente, sino otra medida menos gravosa.

El Ministerio Público solicita al tribunal que se le imponga prisión preventiva a los imputados Joaquín Alexander Hidalgo Marte (Alex), de 38 años, y Alex Elvin Cruz Díaz (Chuki), de 23, quienes laboraban para la misma empresa que la víctima.

Conforme al reporte de los peritos de Patología Forense estableció que la joven falleció a consecuencia de asfixia por estrangulación y que fue abusada sexualmente por sus agresores.

Se estableció que la última vez que fue vista con vida la víctima fue la madrugada del pasado miércoles, alrededor de la 1:30 cuando supuestamente salió para ir al baño, lugar del que no regresó.

Ana Lee Florimón, quien fue recusada como jueza control de las investigaciones en contra de los implicados en el caso Calamar, denunció que está siendo sometida a una persecución y que desde que conoció el caso es perseguida por un automóvil, color blanco.

La magistrada, quien subió audiencia como suplente del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, para dar a conocer un fallo reservado sobre una solicitud de prórroga, dijo que la persecución se extiende hasta un hijo que también se ha percatado de la presencia del vehículo.

Expresó en esos términos, previo a remitir el expediente del caso Calamar a la Corte de Apelación del Distrito Nacional, para que decida si ella puede dar a conocer el fallo que tenía reservado y así darlo dos días antes de la recusación o, por el contrario, deberá conocerse de nuevo por la nueva jueza designada Franchesca Pontentini.

“Siempre les recuerdo que pueden intervenir 10,000 traslados, pueden intervenir 10,000 campañas de descrédito moral, pueden establecer que esta juzgadora tiene relaciones interpersonales, pero la verdad siempre sale a la luz. Y el tiempo es el mejor maestro, eso he aprendido”, adujo la magistrada.

Manifestó que los jueces o juezas, usualmente son víctimas, porque una parte del proceso, para no hacer específicas, “tienen siempre algo, cuando la mujer es joven, se tiene que separar”.

Expresó que como no pueden atacarla por la parte profesional, se van a la parte personal, “se inventan cosas. Siempre es bueno callar, callar, hacer silencio, y demostrarlo siempre, de que el proceso va a ser un poco sensible”.

“Pero no, necesitamos que las funciones nos hacen inmortales o mortales, que nos hacen eternos y que todo es para siempre. Porque el poder a veces no es para todo el mundo. Y si el poder cae en manos de personas que acá están careces, en peligro”, sostuvo la jueza.

La magistrada rechazó toda solicitud y cuestionamiento que ha hecho el Ministerio Público en su contra, ya que el tribunal que dirige se ha sido caracterizado por actuar bajo las garantías del derecho.

En el caso Calamar figuran como imputados Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, Luis Miguel Piccirillo McCabe, Claudio Sílver Peña Peña, Aldo Antonio Gerbasi, Ángel Gilberto Lockward Mella, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Roberto Santiago Moquete Ortiz y Ramón David Hernández.

También, Yahaira Brito Encarnación (o Yahaira Brito Evangelista), Marcial Reyes, Ana Linda Fernández De Paola, Emir José Fernández de Paola, Oscar Arturo Chalas Guerrero, Julián Omar Fernández Figueroa, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Agustín Mejía Ávila y Víctor Matías Encarnación Montero.

Carlos Santana, defensa de Juan Israel Sánchez González, alias «Chiri Prenda», y de Juan Alejandro Ogando Serrano, alias «El Rompedor», dos de los imputados en el robo a varios apartamentos de la Torre Nicol IX, en la Esperilla, Distrito Nacional, comentó que el Ministerio Público no tiene elementos probatorios para vincularlos en el proceso. 

Tras el aplazamiento, por tercera ocasión, de la audiencia de conocimiento de medida de coerción, el abogado a cargo de la defensa técnica de los dos encartados dice que el MP no puede probar que Sánchez González, quien se encuentra recluido en  la cárcel La Victoria,  es el «cabecilla» de la banda.

«El Ministerio Público ha iniciado una investigación, y en esa investigación, según entiende, los encartados formaron parte de los que penetraron allá (en la torre). Las personas a las que yo le llevo la defensa técnica, ninguno de los dos,  participaron en el hecho», expresó  el abogado. 

Asimismo, indicó que en el caso de Ogando Serrano, el órgano acusador dice que fue el «cabecilla» quien lo vinculó al caso, sin embargo este niega haberlo mencionado.

Ante esto, Santana manifestó que busca que el tribunal rechace la solicitud de la medida de coerción realizada por el MP, en el caso de sus defendidos.

Elementos probatorios

Durante la investigación preliminar, la Policia Nacional incautó 150 mil pesos dominicanos y 250 dólares, así como tres relojes: un Rolex, un Bulova y un Cartier, además de un arma de fuego no letal de la marca ISSC Australia.

Asimismo, el informe detalla que a José Miguel Olivero Plasencia, «Chiri»,  se le ocupó un vehículo Nissan Note, de color gris, con placa No. AA19084.

Mientras tanto, en el sector Villa Consuelo se recuperó el automóvil Daihatsu de color blanco, con placa No. AA21345, el cual fue abandonado por el prófugo Domínguez Coco «Cabeza».

Aplazamiento de audiencia

De acuerdo con Santana, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, apalzó para mañana 24 de febrero la audiencia de medida de coerción a los fines de que puedan trasladar de la prisión a «Chichi Prenda».

También para que las víctimas puedan presentarse a dicha audiencia.

El Ministerio Público incautó este viernes la casa donde residen la diputada Rosa Amalia Pilarte y su esposo Miguel Arturo López Florencia (Micky López), pareja que es acusada de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

La acción del órgano acusador forma parte de las diligencias procesales del caso judicial, que le siguen a los López Pilarte desde el año 2020.

La casa, ubicada en el sector Los Robles, en La Vega, figura a nombre de una de las empresas que el Ministerio Público establece, en la acusación, era utilizada por los imputados para el lavado de activos. 

El operativo para incautar el inmueble fue encabezado por un fiscal. Las acciones contaron con el apoyo de agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y de la Policía Nacional. 

Esteban Pérez, abogado de la familia López Pilarte, dijo a Diario Libre que sus clientes «continuarán residiendo en el inmueble como una especie de guardianes».

Audiencias 

El próximo viernes 15 de marzo la diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosa Amalia Pilarte, deberá comparecer ante la Suprema Corte de Justicia para responder al juicio de fondo aperturado en su contra por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Mientras que el proceso contra Micky López, sus hijos José Miguel López Pilarte, regidor del PRM, y Miguel Arturo López Pilarte, así como su cuñada Ada María Pilarte, está programado para el 20 de marzo. 

Acusación 

El Ministerio Público acusa al grupo de supuestamente hacer movimientos financieros por Miles de millones de pesos, sin poder justificar su procedencia.

SANTO DOMINGO

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega realizan este viernes varias incautaciones en Jarabacoa y otras localidades de La Vega relacionadas a la red de narcotráfico y lavado de activos que dirigía Miguel Arturo López Florencio, conocido como Micky López.

La investigación financiera ha determinado que Manuel Antonio Inoa y María Cepeda fungieron como testaferros al aparentar ser socios de la empresa Inversiones Inmobiliaria Cutupu SRL, dando todo el poder a Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López para la realización de transferencias y compra y venta de bienes muebles e inmuebles.

De igual manera, la investigación ha comprobado que la actual diputada Rosa Amalia Pilarte, también procesada, vendió entre 13 y 15 propiedades a sus cuñados, los socios de la mencionada empresa.

Tres equipos de fiscales, acompañados por miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) dan cumplimiento a la orden de incautación emanada del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Vega.

Las autoridades del Ministerio Público allanaron este viernes la casa de Miguel Arturo López Florencio, conocido como Micky López, acusado de encabezar una red dedicada al lavado de activos producto del narcotráfico.

Un fiscal acompañado de agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) acudieron a la vivienda del esposo de la diputada de La Vega, Rosa Amalia Pilarte, quien también es acusada por el Ministerio Público de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

En diciembre del 2023 el Segundo Juzgado de la Instrucción de La Vega ordenó auto de apertura de juicio de fondo contra la red de lavado de activos, de actividades procedentes del narcotráfico, liderada por Miguel Arturo López Florencio y compartes.

La decisión fue tomada por la magistrada Sindy Lizardo, luego de decenas de reenvíos y tres años de que el Ministerio Público realizó el sometimiento.

La red dirigida por Micky López está acusada por el Ministerio Público de movilizar en el sistema financiero nacional,  dos billones 539 millones, en la primera investigación hecha por la fiscalía de La Vega, dirigida por la magistrada Aura Luz García y la Procuraduría Especializada contra Lavado de Activos.

Johanny Escalante, madre de Paula Santana, cuyo cuerpo fue encontrado el jueves justo al lado del lugar donde laboraba, afirma que era acosada desde hace tiempo, pero no dejaba el trabajo para poder pagar la universidad.

La joven de 23 años Paula Santana, cuyo cuerpo fue hallado dentro de una alcantarilla, trabajaba en la empresa de zona franca Integer Holdings Corp en Santo Domingo Este, de 11:30 de la noche a 6:30 de la mañana.

La madre de la fallecida expresó que un compañero del trabajo era quien la acosaba a la menor de cuatro hermanos. Paula Santana lo reportó a Recursos Humanos, pero no le hicieron caso.

Según Escalante, le sugirió a su hija que dejara el trabajo porque era de noche, pero Paula le explicó que no podía renunciar porque con eso era que pagaba sus estudios y la casa, además que en la zona franca había seguridad.

Entre llantos la madre de la joven muerta dijo: «Mi muchacha, me la violaron, me le dieron golpes, me la mataron y después la echaron en una cuneta. No entienden el dolor mío, ayúdame Dios».

Familiares de Paula Santana sostuvieron que en esa empresa no hay la seguridad necesaria que ellos dicen, ya que no hay pruebas de las cámaras de seguridad, porque supuestamente no están instaladas.

Además, contaron que si ella no abordó el autobús, el personal de la compañía debió notificarlo e infórmalo a la familia.

De acuerdo con el vocero de la Policía Nacional (PN), Diego Pesqueira, varias personas están siendo buscadas para ser entrevistadas por la muerte de la joven.

Paula Santana estaba desaparecida desde el pasado martes, tras salir de su lugar de trabajo y no regresar a su casa. Sus familiares y amigos la catalogaron como una joven brillante y no merecía una muerte así.   

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega realizaron este viernes varias incautaciones en Jarabacoa y otras localidades de La Vega relacionadas a la red de narcotráfico y lavado de activos que supuestamente dirigía Miguel Arturo López Florencio, conocido como Miky López.

En una nota de prensa la entidad persecutoria indicó que la investigación financiera ha determinado que Manuel Antonio Inoa y María Cepeda fungieron como testaferros al aparentar ser socios de la empresa Inversiones Inmobiliaria Cutupu SRL, dando todo el poder a Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López para la realización de transferencias y compra y venta de bienes muebles e inmuebles.

De igual manera, la investigación ha comprobado que la actual diputada Rosa Amalia Pilarte, también procesada, vendió entre 13 y 15 propiedades a sus cuñados, los socios de la mencionada empresa.

Tres equipos de fiscales, acompañados por miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) dan cumplimiento a la orden de incautación emanada del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Vega.

Autoridades de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos realizó este viernes un «levantamiento» a una de las propiedades de la familia López Pilarte, como parte de un proceso de investigación de la compañía Inversiones Cutupú.

Según el abogado de Micky López, Luis Feliz, la procuraduría obtuvo la autorización de un juez para realizar un levantamiento en el inmueble.

“Sí, había autorización judicial de la procuraduría para hacer el levantamiento del acta de este inmueble. No hay desplazamiento, se mantiene en control de la familia López Pilarte, no hay allanamiento, no hay arrestados, solo el levantamiento de un acta por la Procuraduría”, comentó el abogado.

En un principio la presencia de autoridades dio la impresión de ser un allanamiento, pero finalmente se confirmó que consistió en un levantamiento, que reviso el inmueble y tomó algunas fotografías.

Micky López, junto a su esposa, la diputada Rosa Amalia Pilarte, son acusados de supuesto lavado de activo y narcotráfico.

La Junta Central Electoral (JCE) emitió este miércoles la resolución 13- 2024 que establece el procedimiento para la recepción, tramitación y transcripción de los registros de nacimientos correspondientes a los hijos de personas extranjeras nacidas en la República Dominicana, regularizadas y naturalizadas.

La resolución se realiza de conformidad a lo dispuesto en el Plan Nacional de Regularización de personas extranjeras en situación migratoria e irregular.

Este procedimiento es exclusivamente dirigido a las personas del denominado «grupo B» del Plan Nacional de Regularización.

De acuerdo a lo establecido en la resolución, la recepción de documentos se realizará a través de la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil, los expedientes que correspondan al Plan Nacional de Regularización de extranjeros que estén en situación migratoria irregular en la República Dominicana.

Sin embargo, estos expedientes deben haber sido trabajados conforme a lo establecido en la ley 169-14, donde se establece el régimen especial para las personas nacidas en el país inscritas irregularmente en el Registro Civil dominicano.

Las solicitudes referidas previamente deberán ser depositadas en un sobre, debidamente sellado, según el protocolo establecido para estos fines por el Ministerio de Interior y Policía.

Los requisitos serán: Copia del decreto emitido por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se autoriza la naturalización; el original del certificado de naturalización emitido por el Ministerio de Interior y Policía; Copia de la cédula de identidad de la persona naturalizada; formulario de captura de los datos biométricos de la persona naturalizada y los documentos que formen parte integral del expediente correspondiente al Plan Nacional de Regularización.

«La Dirección Nacional de Registro del Estado Civil podrá solicitar otros documentos adicionales, en caso de que los aportados no resulten suficientes o se encuentren en un estado de deterioro que impida su correcta validación», establece uno de los párrafos de la resolución.

Los expedientes que ameriten una opinión jurídica y que presenten circunstancias «atendibles» podrán ser tramitados a la Consultoría Jurídica de la JCE.

La Dirección Nacional de Registro del Estado Civil remitirá su opinión sobre la autorización a las respectivas Oficialías del Estado Civil, con las correspondientes instrucciones u oficios, en los cuales se establezcan las informaciones que deberá contener la transcripción, para lo cual se deberá colocar como anotación marginal digital, en el evento generado, un comentario con el registro transcrito al amparo de su decreto.

Si los datos contenidos en el registro de extranjería, el decreto o el certificado de naturalización tienen disparidad o discrepancias, se procederá a instrumentar el registro conforme a la información que guarde más relación con la identidad de la persona, «pudiendo ser colocada como nota desplegable los datos que presentaron la disparidad entre el registro original y la documentación aportada».

Para este propósito se colocarán dos notas al margen con el evento, o numeración correspondiente.

Asimismo, las transcripciones de los registros de nacimiento asentados en el libro de extranjería o libro de registro especial, según sea el caso, correspondientes a los hijos de extranjeros nacidos en la República Dominicana, regularizados y naturalizados con lo dispuesto en el Plan Nacional de Regularización de extranjeros en situación migratoria irregular, podrán ser trascritos en los libros físicos, con las notas marginales correspondientes, hasta que se desarrolle la herramienta necesaria para la implementación del registro electrónico con respaldo físico.  

«La Dirección Nacional de Registro del Estado Civil suspenderá provisionalmente la expedición de los registros de nacimientos correspondientes a las personas inscritas en el libro de extranjería o libro registro especial, según sea el caso que dio lugar al registro asentado, conforme al Plan Nacional de Regularización, hasta tanto se produzca su nulidad definitiva, según lo dispuesto en el presente protocolo, manteniendo vigente y autorizando la expedición del acta del registro generado mediante la transcripción correspondiente, debiendo cumplir con las formalidades establecidas para su validación y expedición«, establece la resolución.

La suspensión y autorización de las expediciones deberán ser sometidas para su nulidad vía administrativa, por escrito o por medios electrónicos, al Pleno de la JCE, a través de la Comisión de Oficialías.

De acuerdo a la resolución las trascripciones se recibirán conforme a las condiciones indicadas, por lo cual no se exigirán requisitos, documentos o informaciones adicionales.

«Lo consignado en el presente protocolo cumple con el principio de gratuidad, por lo que su aplicación no genera ningún costo, sin que amerite el traslado de los solicitantes o dependencia distintas a las indicadas en el mismo», puntualiza la resolución.

SANTO DOMINGO.- Cabecillas de estructuras criminales convierten cárceles en su centro de operaciones para coordinar y dirigir ejecuciones de hechos delictuales en prejuicio de personas, a pesar de que las autoridades implementan medidas preventivas para evitar que se cometan desde allí.

¿Cómo ocurrió?, pues el privado de libertad de la cárcel de La Victoria Juan Israel Sánchez González dirigió una banda criminal para cometer varios robos agravados en torres y residencias del Distrito Nacional, y coordinó su ejecución con el prófugo Rudy Alberto Domingo Coco (Cabeza).

Esto según la solicitud de medida de coerción donde el Ministerio Público pide prisión a los miembros de la banda por robar en las torres King, ubicada en los sectores Bella Vista, y Nicol IX, de La Esperilla, donde amordazaron a la seguridad, y preguntaban “¿dónde vive el chino?”.

Luego penetraron a algunos apartamentos de las torres, donde robaron las pertenencias a las víctimas, incluyendo a Claridania Cid Moronta, la cual labora en la Procuraduría como encargada interina del Departamento de Compras y Contrataciones. Conocerán hoy la coerción al grupo.

SANTO DOMINGO.-El Ministerio Público posee pruebas testimoniales, materiales y documentales contra los imputados de integrar una banda dirigida por un preso de la cárcel de la Victoria para cometer robos a mano armada a residentes en torres y residencias del Distrito Nacional.

Unas 32 evidencias fueron depositadas ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional para sustentar la solicitud de medida de coerción donde piden prisión a los imputados José Alejandro Ogando Serrano, José Miguel Olivero Placencio, y Edwin Ariel Cabrera y Juan Israel Sánchez González, este último cumple una condena de cinco por hechos similares.

Entre las evidencias está la resolución de la sentencia impuesta a Sánchez González, para establecer que ese imputado es reincidente de cometer esos hechos porque guarda prisión por casos similares.

Las autoridades persiguen a Rudy Alberto Domínguez Coco (Cabeza), uno de los presuntos cabecillas de la banda criminal y otros vinculados.

Audiencia

— Aplazamiento
Jueza de la Oficina de Atención Permanente del DN, Fatima Veloz, aplazó para mañana la medida de coerción a los implicados de la banda, porque el preso de la cárcel de la Victoría no fue trasladado.

El periodista y coronel de la Policía Nacional, Diego Pesqueira volverá a asumir como director de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la uniformada, posición que ocupará por tercera ocasión.

Pesqueira sustituye en el cargo al coronel Rafael Tejeda Baldera, quién fue dejado sin funciones, hasta nuevo aviso.

La designación de Pesqueira se produce luego de la queja de varios medios de comunicación que demandaban un mayor flujo de informaciones desde la Policía Nacional.

Recientemente, Diario Libre publicó en su espacio El Espía una nota titulada «Una Policía sorda y muda» en la que daba cuenta de la situación.

En el artículo se indicaba que la Policía «es un ente poco productivo a nivel comunicacional» y que «no hay forma de conseguir las informaciones detalladas de los crímenes».

Durante un acto celebrado este miércoles en el despacho de la Subdirección General de la institución, el general Juan Hilario Guzmán Badía juramentó y posicionó de manera oficial al coronel Pesqueira Grullón. 

«En la mañana de hoy nuestro señor director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, en el día de ayer fue designado el coronel Diego Pesqueira como director de área de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional, en sustitución del también coronel Rafael Tejeda Baldera», manifestó el general Guzmán Badía, previo al acto de juramentación.

Pesqueira, tras ser juramentado, agradeció al presidente constitucional de la República, Luis Abinader, y al mayor general Guzmán Peralta, por confiar en él como portavoz de la institución del orden, y reafirmó su compromiso de seguir cumpliendo con la implementación de las mejores políticas y estrategias comunicacionales al servicio de la ciudadanía y de la Policía Nacional.

«Quiero aprovechar este momento, este gran honor, de entregarme esta designación de parte de nuestro mayor general Ramón Guzmán Peralta; con estas funciones delicadas que acabamos de asumir en este momento, nos comprometemos ante todo el país, ante nuestro señor presidente Luis Abinader Corona, a seguir cumpliendo con nuestro servicio e informar de una manera objetiva, veraz y oportuna», significó Pesqueira.

Trayectoria

Se recuerda que Pesqueira ha ocupado varios cargos en la administración pública, siendo el más reciente el de vocero en el Ministerio de Educación.

También ha ejercido como vocero de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), actualmente conocida como Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), durante la dirección de Frener Bello Arias (2016-2018), entre otros puestos en la administración pública.

El 82.5 % de la población carcelaria en República Dominicana padece de alguna enfermedad, de los cuales el 33.9 % sufre de al menos un problema de salud, el 29.3 % de dos; el 14.2 % de tres, mientras que el 5.1 % de más de cuatro, según un estudio presentado por el Defensor del Pueblo.

De acuerdo con este informe, la condición de salud «es precaria», a pesar de que en los centros de detención los reos tienen acceso a personal de salud que brinda este tipo de atención, sobre todo en las cárceles del nuevo modelo.

En una rueda de prensa organizada por Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo, este jueves, además de mostrar dicho informe, destacó algunas situaciones que aqueja el sistema de salud de las cárceles, como que la enfermedad más predominante en los reclusorios son los problemas cardíacos (31%). Asimismo, hizo un llamado de atención para que se le de atención inminente a esta problemática.

Destacó también que, de acuerdo con la investigación, el 30 % de los privados de libertad padecen enfermedades oculares, el 25 % de enfermedades de células falciformes y un 20 % padece problemas de salud mental.

El informe también señaló que un 10 % sufren de enfermedades renales, 8 % de diabetes, 5 % de Tuberculosis y 3 % se VIH, «siendo un dato alarmante que de la población penitenciaria la mitad no recibe atención«.

«En nuestro recorrido por las cárceles hemos visto la falta de atención y de condiciones para tratar temas fundamentales como la salud de nuestros internos» puntualizó.

Delitos desde las cárceles

Ulloa también comentó sobre la falta de seguridad en los reclusorios, lo que da cabida a que los privados de libertad incurran en crímenes desde la penitenciaria.

«No podemos continuar con cárceles que sean laboratorio de delitos y que sea bajo la supervisión o tutela de las autoridades y que los delincuentes continúen operando por falta de atención y condiciones de los recintos» expuso Ulloa.

Además, indicó que en las cárceles hace falta tecnología de vigilancia y «arcos de control de armas de fuego» para disminuir los riesgos de comisión de delitos dentro de los recintos.

Un grupo de simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) montó un piquete próximo al mediodía de este jueves frente a la Junta Electoral de Santiago, para denunciar supuestas irregularidades en el proceso electoral del pasado domingo en el distrito municipal Hato del Yaque.

De acuerdo a los manifestantes, los resultados preliminares que declaran como virtual ganador a Fermín Noesí, de Justicia Social, están viciados.

Aseguran que el ganador es Juan Pérez, candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Michael García, delegado del PLD, dice que validaron votos a favor de Noesí de boletas que no tienen sellos ni firmas.

Agregó que en el conteo en las mesas 1317, en Guayacanal, y la 0872, en La Mina, registraron una cantidad mayor de votos a favor de su candidato Juan Pérez que los que figuran ahora en las actas de los colegios computados.

Asegura cuentan con evidencia que demuestra su denuncia.

Los resultados de la Junta Electoral señalan a Fermín Noesí, del partido Justicia Social, como el virtual ganador de los comicios del pasado domingo en el distrito municipal Hato del Yaque, con el 44.1%, al obtener 4,662 votos.

El aspirante del PLD, Juan Pérez, logró el 43.26 %, con 4,583 del sufragio, solo 74 votos menos que el virtual ganador.

Junta Electoral

Haime Thomás Frías Carela, presidente de la Junta Electoral de Santiago, invitó a los candidatos que tengan alguna queja sobre los resultados del proceso que la canalicen a través de los delegados de sus respectivos partidos, quienes son los que están llamados a presentar algún tipo de recurso.

«Lamentamos que esas personas estén perdiendo su tiempo aquí», refirió Frías Carela sobre la manifestación.

La misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) denunció la compra de votos por parte de los partidos políticos en las elecciones municipales del pasado domingo.

También mostró preocupación sobre abstención, que se situó en 53.33%, un aumento con relación a la ocurrida durante los comicios de índole realizados en el 2020.

“Este fenómeno no solo constituye un delito, sino que socava el libre ejercicio del sufragio y mina la confianza de los votantes en todo el sistema electoral. Insistimos en la importancia de que se adopten medidas contundentes para erradicarla. Su eliminación es una responsabilidad compartida de las autoridades administrativas, electorales, policiales y judiciales, así como de los propios partidos políticos y de la ciudadanía en general”, resalta el comunicado difundido a los medios de comunicación.

La misión destacó que habían realizado el mismo llamado durante el proceso electoral.

Mediante ese mismo documento, el organismo indicó que de cara a las elecciones presidenciales y congresuales abogan por una “campaña limpia” en donde se garantice la equidad del financiamiento de los recursos del Estado a los partidos públicos.

A continuación el comunicado completo difundido por la OEA

Estimadas dominicanas y dominicanos, es un honor dirigirme a Ustedes en nombre de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos luego de las elecciones del pasado domingo.

Permítanme celebrar el compromiso cívico de todas las personas que acudieron a votar para elegir a sus autoridades municipales cumpliendo con su deber ciudadano.

Hemos podido testificar un espíritu democrático digno de reconocer. La sociedad dominicana ha dado una muestra más de su aprecio por la democracia.

Es importante recordar que las elecciones municipales de 2020 tuvieron que ser suspendidas. La Junta Central Electoral tomó medidas oportunas y adecuadas para evitar que esta historia se repitiera.

De igual manera reconocemos la labor del Tribunal Superior Electoral para este proceso. Saludamos de manera especial la dedicación de las y los funcionarios e integrantes de juntas y colegios electorales que hicieron posible la organización exitosa de los comicios.

Igualmente reconocemos la colaboración y diálogo permanente entre autoridades electorales, partidos políticos y sociedad civil, que caracterizó la preparación de estas elecciones.

Lo anterior ha sido importante para que este proceso haya sido exitoso, lo que permite al país continuar trabajando por el fortalecimiento de su sistema democrático.

Saludamos la eficacia del sistema de transmisión de resultados. Esto ayudó a dar tranquilidad a la ciudadanía con información pronta y oportuna.

Anteayer, las y los dominicanos tuvieron la invaluable oportunidad de ejercer su derecho al voto y elegir a sus representantes locales, lo que les permitió definir el destino de sus gobiernos municipales para los próximos cuatro años.

Si bien reconocemos este logro, es crucial analizar las razones de la baja participación ciudadana para que en el futuro se tomen las medidas necesarias para incentivar una mayor presencia de electores en las urnas.

Como en pasadas elecciones, la Misión nuevamente reitera de manera enfática la necesidad de combatir la perniciosa práctica de compra de votos. Este fenómeno no solo constituye un delito, sino que socava el libre ejercicio del sufragio y mina la confianza de los votantes en todo el sistema electoral.

Insistimos en la importancia de que se adopten medidas contundentes para erradicarla. Su eliminación es una responsabilidad compartida de las autoridades administrativas, electorales, policiales y judiciales, así como de los propios partidos políticos y de la ciudadanía en general.

Desde la Misión, hacemos votos para que los comicios presidenciales y legislativos de mayo próximo, se realicen en un marco de respeto y tolerancia, en el que se contrasten las propuestas y prevalezca el debate de ideas.

Abogamos por una campaña limpia, en la que se garantice la equidad en el financiamiento público a los partidos políticos, y que los funcionarios públicos actúen respetando las limitaciones establecidas en la ley durante los tiempos electorales.

Como resultado de nuestra observación, hoy presentamos una serie de hallazgos y recomendaciones en organización electoral, tecnología electoral, justicia electoral, financiamiento político-electoral y participación política de las mujeres, que esperamos puedan contribuir de cara a las elecciones de mayo.

Para concluir, expresamos nuestro agradecimiento a la Junta Central Electoral, al Tribunal Superior Electoral, al Gobierno de la República, a los partidos políticos, a los representantes de la sociedad civil, y en especial al pueblo dominicano, que nos ha permitido realizar nuestra labor.

Agradecemos también a los gobiernos de Brasil, Canadá, Estados Unidos, Francia y Panamá, cuyos aportes financieros hicieron posible el despliegue de esta Misión de la OEA.

En nombre de la Misión de Observación Electoral, los exhortamos a todos a mantener el compromiso con los valores democráticos que son la base de su nación.

Santo Domingo

La agrupación no partidista Participación Ciudadana (PC) denunció haber observado una gran cantidad de propaganda en los lugares de votación durante el proceso de observación de las elecciones primarias celebradas el domingo, lo que constituye una franca violación a la ley, calificándolo como crímenes electorales.

«Fue demasiado obvio para todo el mundo la cantidad de propaganda desplegada a pesar de estar prohibida por la ley y de ser parte de los crímenes electorales. También vimos cómo en los alrededores de los recintos se vio una cierta cantidad de gente con grupos de papeletas haciendo trueques. En nuestro caso, algunos de nuestros observadores vieron personas mostrar la foto de por quién habían votado y recibir dinero», en una entrevista para Despierta con CDN

Lizzie Sánchez, coordinadora de Participación Ciudadana, afirmó durante una entrevista en Despieta con CDN que sus observadores también notaron a una gran cantidad de votantes que salían de sus colegios electorales y mostraban fotos de sus votos a cambio de dinero.

La representante de Participación Ciudadana (PC) expresó la esperanza de que estos actos de violación a las leyes electorales tengan consecuencias esta vez.

Los observadores también señalaron que observaron varios negocios colocados a escasos minutos de los centros de votación vendiendo bebidas alcohólicas.

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) y el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) informaron este viernes que trabajan en conjunto en la coordinación de labores de supervisión desde el espacio aéreo de los centros penitenciarios, con el objetivo de incrementar los niveles de seguridad.

La planificación de esta gestión fue tratada en una reunión que sostuvieron Roberto Hernández Basilio, director general de la Servicios Penitenciarios, y Héctor Porcella, director del IDAC, en la que iniciaron las conversaciones, para concretar los planes, que incluyen, como parte de las estrategias, utilizar drones. 

Según una la información compartida por la Procuraduría General de la República, Hernández Basilio se hizo acompañar de los ejecutivos de la institución, Julio García, coordinador del despacho; Ángelo Frías, consultor jurídico, y Nayrobi Rosario, director de Tecnología.

El director del Servicio Penitenciario dijo que el aporte que hace el IDAC, se suma a los esfuerzos de la institución que dirige para que haya más seguridad en los recintos, puesto que «desde su gestión se trabaja en la búsqueda de soluciones, para garantizar que desde los centros, la población no se vea afectada con la comisión de delitos».

De su lado, Porcella garantizó a Hernández Basilio que recibirá todo el apoyo y asesoría técnica necesaria, así como el acompañamiento en la obtención de los permisos correspondientes.

SANTO DOMINGO

El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, afirmó este lunes que la alta  abstención registrada en las elecciones municipales del domingo  muestra un rechazo considerable de la población a todo lo que se vio  en este proceso electoral y una respuesta al momento que vive el  país.

Martínez dijo que esta es la abstención más alta de los últimos 50 años y que la población envió un claro mensaje a toda la clase política y dio una respuesta al gobierno.

«La verdad es que vivimos en un período crítico y penoso de nuestra historia democrática. El pueblo dominicano ha hablado. Ha dado su respuesta, no solo con el voto, sino especialmente con la enorme tasa de abstención.


La gran mayoría de los dominicanos no acudió a votar», sostuvo en un discurso en la Casa Nacional del PLD, donde le acompañaron el presidente de esa organización, Danilo Medina y miembros del Comité Político.

Asimismo, criticó al Gobierno, al que acusó de utilizar de manera  abusiva y violenta los recursos públicos para intimidar a gran parte del pueblo, y comprar la voluntad popular.

«Un gobierno que se auto proclama campeón de aprobación no debería pasar por una vergüenza como esta. No debería utilizar de manera tan abusiva y violenta los recursos públicos para intimidar a gran parte de nuestro pueblo, para comprar la voluntad popular de la gente a la que ese mismo gobierno ha condenado al hambre y a la pobreza», dijo.

Recordó que la democracia es el ejercicio del voto y el ejercicio de la felicidad, del trabajo, de la salud, de la educación y sobre todo de la esperanza.

El también actual alcalde de Santiago aprovechó la ocasión para felicitar a todos los candidatos de su  partido y de la alianza, quienes, dijo, enfrentaron una batalla  desigual en recursos y estructura y demostramos su dignidad.

Abel Martínez se mostró convencido de que en las elecciones presidenciales de mayo próximo construirán un gran resultado a favor de su proyecto.

«Estoy convencido de que, junto con el pueblo escuchando a la gente, hablando al corazón de las personas, a sus sueños, sus miedos, vamos a construir un gran resultado en las elecciones de mayo. Depende de cada uno de nosotros. Y yo estaré a su lado, en cada calle, en cada ciudad, en cada rincón, acompañándolos en este camino», expresó.

Pidió a los candidatos del PLD hacer  de estas elecciones el retorno de sus  mejores sueños de paz, igualdad y democracia.

«Tengo fe en que juntos vamos a superar este triste capítulo de nuestra historia y reconstruir nuestro país por el camino de la esperanza y las oportunidades para las y los dominicanos», añadió.

SANTO DOMINGO

Los jueces de la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, acogen recusación contra la magistrada apoderada en el caso Calamar, Ana Lee Florimón, por entender que actuó de forma discrecionalidad excesiva, reprochable y censurable en violación a la ley, y el debido proceso.

Lee Florimón había sido designada como jueza interina del Segundo Juzgado de la Instrucción para ordenar las diligencias de investigación contra José Ramón Peralta, del caso Calamar, y conocer las peticiones realizadas.

La jueza presidente de la corte Ysis Muñiz, y los componentes Luis Jiménez, Rosalba Garib y Delio Germán Figueroa adoptan dicha decisión con un voto disidente emitido por el juez Teófilo Andújar, en el se establece no admitir la recusación contra Lee Florimón, porque los motivos presentados no se contempla entre las causales que indica la ley.

En tanto, se acoge la decisión de la corte por mayoría y ordenaron a la Coordinación de los Juzgados designar un nuevo juez o jueza para conocer el caso.

La jueza Lee Florimón conocía la solicitud de prórroga del Ministerio Público para concluir con la acusación contra los imputados del caso Calamar. En ese proceso fue recusada la magistrada por el órgano acusador, alegando que carece de independencia, de imparcialidad, transparencia y de objetividad para conocer el caso.

Santo Domingo.- «Si nosotros, la oposición, logramos que le devuelvan la cédula que compró el Gobierno de 600 mil ciudadanos dominicanos, que es lo que dispara la abstención, con eso nada más ganamos las elecciones», aseguró este martes, el senador por Elías Piña, Yván Lorenzo.

En ese sentido manifestó que las células fueron compradas y retenidas bajo la promesa de concederles pensiones solidarias.

Consideró que la alianza entre los partidos de oposición debe fortalecerse.

Lorenzo llegó para participar en la reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que inició con la presencia de 40 de sus 45 miembros.

En tanto, Malaneo Paredes, dijo que hay que ponderar cómo puede el PLD motivar a esos que se abstuvieron de votar tanto en el 2020 como en los comicios municipales pasado domingo.

«De esa tendencia hay que ver qué puede estar pensando la población, ponderar lo que va a convenir», indicó Paredes.

Entre los presentes en el encuentro están el presidente del partido, Danilo Medina, el candidato presidencial, Abel Martínez y Juan Ariel Jiménez, vicepresidente del partido y Margarita Cedeño.

En la reunión tienen un único punto de agenda que es la evaluación del proceso electoral, para luego establecer las estrategias de cara a las elecciones presidenciales de mayo.

El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Ygnacio Camacho Hidalgo, garantizó que serán decididos con rapidez y transparencia los casos derivados de las pasadas elecciones municipales.

Dijo que los casos en que sea apoderada la Alta Corte, serán conocidos decididos con la debida rapidez y que para eso el trabajo lo dividieron en dos fases, una que se lleva a cabo en audiencias públicas, y otra a lo interno.

Manifestó que un equipo de colaboradores, encabezado por un magistrado, valora si debe celebrarse audiencia pública, o si es posible fallarlo en cámara de consejo, siempre respetando el carácter contradictorio en una u otra modalidad”.

Explicó que el tribunal estableció un proceso a partir de octubre del año pasado y la población ha podido comprobar los resultados que permitieron decidir a tiempo los expedientes y, de esa forma, la JCE proceder a imprimir las boletas electorales dentro del calendario previsto para tal fin.

Destacó que la idea es que tan pronto lleguen los procesos, el TSE los solucione con la decisión que corresponda de conformidad con la Constitución de la república, las leyes y los reglamentos.

Puso como ejemplo que el domingo, día en que se celebraron las elecciones municipales, los jueces y un personal de apoyo permaneció en el TSE desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche.

Señaló que se mantiene el horario extendido, incluyendo sábados y domingos desde las 9:00 de la mañana estando habilitado el TSE para continuar trabajando. “La decisión que el Pleno tomó de extender el horario y habilitarnos para trabajar en jornadas extendidas, se mantiene”.

TRABAJO DE LA JCE

Asimismo, dijo que el trabajo de la Junta Central Electoral (JCE) y las Juntas Electorales «fue excelente», desde los inicios en los meses anteriores, hasta la culminación del proceso.

Indicó que no solo lo dice él que estuvo presente en la mayoría de los eventos que se hicieron abiertos al público, sino que así lo manifiestan en sus informes los observadores internacionales.

“Ellos, los observadores, vinieron precisamente a ver y vivir la experiencia de unos comicios ordenados, en paz, y participativos a pesar de la abstención, que es normal en elecciones municipales”, enfatizó.

Dijo que el atractivo principal en certámenes electorales suele ser la elección del Presidente de la República. Por eso, en elecciones para elegir autoridades locales, puede aminorar la participación en el proceso y, por eso, “no hay que cuestionarla”.

El candidato presidencial de Patria Para Todos, doctor Fulgencio Severino, afirmó  que, en todas las compras realizadas desde el gobierno hay corrupción y son supuestamente sobre Valoradas “para beneficiar amigos de la campaña del Partido Revolucionario Moderno”.

Explicó que, en este gobierno se hace las licitaciones, pero la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas lo que verifica son procesos, “cuando debía revisar los precios a que se compra, procurando que tenga los precios del mercado, para lograr más eficiencia en el presupuesto”.

Agregó que, “los participantes en esas compras tienen siete, ocho y diez empresas, buscan mecanismos para descartar a quienes no son favorables al gobierno y terminan beneficiando la oferta más cara, con menor calidad, pero que está vinculada a la corrupción”.

El candidato presidencial por el partido Patria para Todos advirtió que “cuando el presidente Luis Abinader salga del gobierno si le hacen auditorías todos sus funcionarios irían a las cárcel”.

“Compra y Contrataciones lo que revisa es proceso, cuando lo correcto sería para una institución que quiera fiscalizar;  ver que usted compre a precio del mercado, pero eso en República Dominicana no existe, lo que te trabajan es la auditoría de proceso; que tú  lo suba, que tenga la cantidad de ofertantes del mercado”, precisó el candidato presidencial  de Patria Para Todos”.

Entrevistado por José Carmona y Guillermo  de la Rosa, en el programa Frente Al Mundo, en el 6, canal del Sol, el doctor Severino manifestó que “este gobierno del PRM no tiene políticas públicas en beneficio de la población”.

Puso como ejemplo el sector salud, que a su entender está peor que nunca, “no hay acceso a medicamentos, sigue con el déficit de camas; en el 2012 habían 12 mil camas, ahora tienen 8 mil, los pacientes con sueros enganchados en las emergencias de los hospitales, porque no hay donde acostar los enfermos”.

Agregó que, el interior sigue sin desarrollo en los servicios de salud y para trasladar un paciente de un lugar a otro es una tragedia para sus familiares, “tenemos tasa de mortalidad materna que no logramos bajar, se mantiene permanente por encima de cien, cuando se supone que para el 2030 debía estar por debajo de 70”.

Explicó que, “el país tiene la tasa de mortalidad neonatal más alta que Guatemala, El Salvador y Honduras, es decir a pesar de ser una nación con mejores condiciones económicas eso no ha contribuido en nada a mejor las condiciones de vida de la gente”.

“Casa año sesenta y setenta mil personas quiebras sus pequeñas empresas o su patrimonio familiar porque un problema de salud las ARS no lo cubren y el sector público no le garantiza nada, por lo que surerimos la transformación del sistema de salud de República Dominicana, otorgándole un mayor presupuesto”, manifestó el médico y candidato presidencial.

Sobre la educación dijo que,  el sistema educativo sólo se limita a manejar grandes presupuestos para comprar comida, pagar empleos, “pero no hay una política educativa que transforme el pensamiento del estudiante, para que sea crítico y pueda crear argumentos propios”.

SANTO DOMINGO

La Corte de Apelación del Distrito Nacional impuso dos años de prisión por corrupción contra Manuel Rivas, exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) y ordenó un nuevo juicio para cuatro de los acusados de la muerte del abogado y catedrático universitario Yuniol Ramírez. 

Rivas deberá cumplir la condena en el CCR Najayo Hombres.

La corte, integrada por los jueces Isis Muñoz, Luis Omar Jiménez y Delio Germán, anuló la decisión dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en septiembre del año 2022.

En ese sentido, ordenaron un nuevo juicio contra Argenis Contreras, Lilian Francisca Suárez, Víctor Ravelo Campos y José Mercado, acusados en el proceso judicial denominado Caso OMSA-Yuniol Ramírez.

El Ministerio Público acusa a Argenis Contreras, señalado como el principal autor material del secuestro y asesinato del abogado y profesor universitario Juniol Ramírez Ferreras.

La acusación incluye a José Mercado (El Grande), Víctor Ravelo Campos (El Herrero), Jorge Abreu, Heidy Peña y Lilian Francisca Suárez Jáquez.

También, contra Manuel Rivas, el exdirector de la OMSA, Faustino Rosario Díaz, exgerente financiero de esa institución, quienes enfrentan cargos por corrupción administrativa.

En la acusación que contiene los cargos y las pruebas del caso, concluyendo en el proceso con la presentación de más de 60 pruebas que demostraron la vinculación de los acusados con el crimen y los actos de corrupción cometidos en la OMSA.

El crimen, ocurrido en octubre de 2017, está vinculado con los actos de corrupción administrativa ocurridos en la entidad gubernamental de transporte que era dirigida por Rivas entre 2012 y 2016.

Después del crimen del abogado y profesor universitario, Argenis Contreras, huyó fuera del país hasta que Estados Unidos lo entregó al país en febrero de 2021.

Un preso que está en la cárcel La Victoria es el cabecilla de la red de malhechores desarticulada por la Policía Nacional que se dedicaba a perpetrar asaltos a mano armada en torres exclusivas y residenciales del Distrito Nacional.

El dato está contenido en el informe que ofreció la entidad sobre el caso, en el que destaca que “en menos de 48 horas” apresó a tres de cinco integrantes de la alegada banda que asaltó una torre de la capital la madrugada del miércoles.

El recluso que “dirigía” la banda fue identificado como Juan Israel Sánchez González (a) Chichi Prenda, quien “figura con siete registros por robo, asaltos a mano armada y asociación de malhechores”.

• Las fichas corresponden a los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2020 y 2023, conforme a la nota policial, que precisa que la entidad obtuvo la información sobre la identidad de los que perpetraron el asalto a la torre, “a través de las pesquisas de agentes investigadores”.
• Dijo que los delitos por los que está recluido Sánchez González, “son similares a los actuales”.
  
  La Policía no precisó en qué condición se encuentra recluido alias Chichi Prenda. Si está como preso preventivo o condenado.

Miembros de banda

Los otros miembros de la presunta banda que fueron apresados son José Miguel Olivero Placencio (a) Chiri, Edwin Ariel Cabrera Kelly (a) El Abuelo, y José Alejandro Ogando Serrano (a) Alex y/o El Rompedor.

Como prófugos fueron identificados Ruddy Alberto Domínguez Coco (a) Cabeza, y el apodado Carpuela y/o Moreno, cuya captura fue activada.

Asalto a la torre Nicole IX

Una fuente de la Policía dijo a Diario Libre que los apresados y los prófugos son los «delincuentes» que perpetraron el asalto en la torre Nicole IX, en el sector La Esperilla, Distrito Nacional. El hecho fue perpetrado la madrugada de este miércoles a las 3:45.

Durante ese hecho, los malhechores penetraron al lugar con su propio control de acceso, amordazaron al personal de seguridad y robaron en varios apartamentos. Cámaras de seguridad captaron el asalto y los videos circularon en las redes sociales.

La Policía Nacional instruyó este miércoles a los comandantes departamentales y supervisor zonal de la regional sur central, provincia Peravia, a retener en sus sedes a todos los vehículos y motocicletas que transiten sin placa.

Mediante un Memorándum de número 0005, la oficina de la región sur central enfatiza que “deben conducir a sus respectivas sedes policiales todos los vehículos y motocicletas que transiten sin su placa no importando que el ocupante sea militar, policía o de cualquier índole social”,

Además señala que los comandantes deben de pasar las instrucciones a los miembros bajo su mando para cumplir las órdenes de la superioridad siempre apegado al respecto de los Derechos Humanos, la Constitución y leyes vigentes que rigen a la Policía Nacional como institución.

La medida también indica que se mantendrá vigilante al estricto cumplimiento de esta disposición y adoptaran las medidas disciplinarias contenidas en la Ley 590-16 Orgánica de la Policía Nacional si se comprueba la inobservancia de lo establecido.

MEMORÁNDUM

«Cortésmente, por medio del presente memorándum, se le participa, que por instrucciones emanadas de nuestro señor Director General Mayor General Lic. RAMON A. GUZMÁN PERALTA, P.N., donde nos instruye que hagamos extensivos a todos los miembros policiales que laboran como patrulleros, que deben conducir a sus respectivas Sedes Policiales, todos los Vehículos y Motocicletas que transiten sin su placa, no importando que el ocupante sea Militar, Policía o de cualquier índole social, debiendo ustedes pasar las instrucciones a los miembros bajo su mando, para cumplir las órdenes de la Superioridad, siempre apegado al respecto de los Derechos Humanos, nuestra Constitución y leyes vigentes que nos rigen como institución».

«Este Despacho se mantendrá vigilante al estricto cumplimiento de esta disposición y de comprobar la inobservancia de las mismas, adoptaremos las medidas disciplinarias contenidas en la Ley 590-16, Orgánica de la Policía Nacional».

Agentes de policía adscritos al Departamento Operativo II de Investigación, Crímenes y Delitos Contra la Propiedad de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), capturaron a tres de cinco miembros de una banda criminal dedicada a cometer robos con violencia en torres y residenciales de la capital, en horas de la madrugada.

La Policía Nacional ha destacado, en un despacho de prensa, que la detención de estos individuos se llevó a cabo en menos de 48 horas.

De igual forma, identificaron a los apresados como José Miguel Olivero Placencio (a) Chiri, Edwin Ariel Cabrera Kelly (a) El Abuelo, y José Alejandro Ogando Serrano (a) Alex y/o El Rompedor.

Indica que los prófugos son Ruddy Alberto Domínguez Coco (a) Cabeza, y otro apodado Carpuela y/o Moreno.

Por medio de las pesquisas, los agentes investigadores identificaron al cabecilla del grupo delictivo como Juan Israel Sánchez González, alias “Chichi Prenda”, quien está recluido en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, por varios hechos delictivos similares a los actuales. 

Este individuo figura con siete registros por robo, asaltos a mano armada, asociación de malhechores, todo esto durante los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2020 y 2023.

Entre las cosas recuperados se cuentan, 150,000 pesos y 250 dólares; tres relojes, un Rólex, uno Bulova, un Cartier, un arma de fuego no letal, marca ISSC Australia.

El obispo auxiliar de Santo Domingo, Ramón Benito Ángeles Fernández, está siendo investigado por el Vaticano por presunta agresión sexual a una menor de edad, según el medio español InfoVaticana.

El medio indica que las investigaciones desde la Santa Sede se realizan desde 2018, tras una denuncia que llegó a Roma un año después de su ordenación episcopal.

De acuerdo a la información, tanto el arzobispo de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria acosta, como el entonces nuncio apostólico en el país para ese momento, Jude Thaddeus Okolo y el actual obispo emérito de Baní, monseñor Príamo Tejeda,tenían conocimiento de lo ocurrido.

La agresión del religioso habría ocurrido en 1994, cuando la víctima de 14 años se acercó al Seminario Menor de La Vega, en la República Dominicana. Allí habría sido abusado y sostenido relaciones sexuales con el monseñor.

El menor habría sido quien le contó a otro sacerdote lo ocurrido y este, de quien no se precisa identidad, elaboró un informe detallado de las acusaciones en contra de Benito Ángeles.

“La noticia de la existencia de este informe llegó al conocimiento de Benito Ángeles y viajó junto con el arzobispo de Santo Domingo a Nueva York (lugar a donde se trasladó a vivir la víctima) en 2017 para «negociar» con él buscando una reconciliación y pedirle perdón por lo ocurrido”, indica el portal.

Según lo relatado en las supuestas negociaciones intervino el obispo emérito de Baní, Príamo Tejeda, quien instó a la víctima a declarar ante el nuncio de ese momento que lo hablado con el sacerdote relativo a la violación, habría sido en confesión, por tanto estaría sujeto al sigilo sacramental, para así sellar la información, sin embargo, tanto la víctima como el sacerdote aseguran que esto no fue bajo confesión.

La denuncia indica que a pesar de esto, Ozoria viajó a Roma para solicitar que Benito Ángeles fuese nombrado obispo auxiliar de la arquidiócesis, petición concedida por el Papa Francisco en agosto de 2017.  

La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, anuló la sentencia que condena a 20 años de prisión a Argenis Contreras, y ordena la celebración de un nuevo juicio en torno al asesinato del abogado Yuniol Ramírez.

En su sentencia, el tribunal presidido por la magistrada Isis Muñiz, e integrado por Luis Omar Jiménez Rosa y Delio German, además ordenó que Lilian Francisca Suárez, Víctor Ravelo Campos y José Mercado, sean procesados a también en el caso.

Asimismo, el tribunal de alzada anuló la sentencia que descargaba al exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Manuel Rivas, y lo sentenció a 2 años de prisión para ser cumplido en el Centro Correccional y de Rehabilitación (CCR) Najayo-Hombres.

Los jueces además confirmaron la sentencia de un año de prisión en contra del coronel Faustino Diaz, por presunto acto de corrupción en la OMSA.

El tribunal con su decisión anula la sentencia dictada por los jueces del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en septiembre del año 2022.

El Ministerio Público, representado por la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, y los fiscalizadores Rosa Ysabel y Jonathan Pérez Fulcar, calificó como una victoria para el órgano persecutor la decisión del tribunal.

En este proceso judicial, el órgano persecutor acusa a Argenis Contreras, señalado como el principal autor material del secuestro y asesinato del abogado y catedrático universitario Ramírez Ferreras, así como de José Mercado (El Grande), Víctor Ravelo Campos (El Herrero), Jorge Abreu, Heidy Peña y Lilian Francisca Suárez Jáquez.

También contra Manuel Rivas, y el exgerente financiero de esa institución, Faustino Rosario Díaz, quienes enfrentan cargos por corrupción administrativa en esa institución.

EL CASO

El crimen, ocurrido en octubre de 2017, está vinculado con los actos de corrupción administrativa ocurridos en la entidad gubernamental de transporte que era dirigida por Rivas desde agosto de 2012.

El exdirector de la Policía Nacional, mayor general retirado Guillermo Guzmán Fermín, informó este viernes que el retiro de los agentes asignados a su escolta dispuesto por la entidad en días pasados se debió a un error cometido por el departamento de Recursos Humanos.

Fermín indicó que esto se determinó a partir de los resultados arrojados por una investigación realizada por la dirección del cuerpo policial.

Fermín emitió estas declaraciones luego de ser recibido por el director general de la entidad policial, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, quien realizó el encuentro tras instrucciones del presidente Luis Abinader.

“Expresándonos que la situación presentada obedeció a un error en el departamento de Recursos Humanos de la institución al proceder a retirarme la escolta. Luego de una investigación realizada al respecto. Se constató dicho error y por disposición del señor presidente y el director general la seguridad nos fue retornada por completo, tal como dispone la ley orgánica”, afirmó a través de una publicación en su red social X.

Ademas, aseguró que durante la visita al Palacio de la Policía, para buscar una solución a la problemática con la dirección general, la situación fue “completamente subsanada”.

“Fue una visita en muy buen ánimo, entre viejos compañeros de institución y aprovechando para recordar anécdotas del pasado y todo quedó completamente subsanado”, acotó.

Por último, Guzmán Fermín agradeció al primer mandatario por expresar su interés en solucionar el traslado de los agentes policiales que están a su disposición para salvaguardar su vida.

“Reitero públicamente mi agradecimiento al señor presidente Luis Abinader y al director General de la PN, Guzmán Peralta, por la pronta solución”, destacó.

Ex agentes policiales indicaron este martes que las protestas en exigencia del pago de indeminización serán indefiinidas hasta lograr que se tomen cartas en el asunto.

En este sentido, el capitán Ángel Mateo aseguró que luego de esta manifestación seguirán hasta el Palacio Nacional y se extenderá hasta los organismos internacionales. 

Mateo enfatizó que el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, cuenta con el dinero que le corresponde, pero “lo tiene engabetado” y son usados para “hacer negocios”.

En tanto que, Kendri Milagro de Parra, segundo teniente, afirmó que esta fue pensionada bajo el concepto de que sufría de epilepsia, asegurando que esto no es cierto y que los estudios médicos lo comprueban.

Parra reclamó el hecho de que la pensionaran sin su arma de reglamento, lo que representa para ella poner su vida en riesgo ante los delincuentes.

Hizo un llamado al presidente de la República, Luis Abinader y al jefe de la Policía Nacional para que tomen cartas en el asunto.

Mientras que un ex agente, identificado como Ramón Bautista Alcántara dijo que sufre de cáncer de prostáta y que el dinero reclamado es necesario para él costear los más de RD$40 mil que gasta para sus medicamentos.

Cabe resaltar que hubieron ex uniformados que se encadenaron frente al Ministerio de Haciendo en forma de reclamo.

Agentes de la Policía Nacional arremetieron contra sus excompañeros, lanzando bombas lacrimógenas y perdigones, convirtiendo así en violenta una manifestación que inicio de manera pacifica la mañana de este martes en la avenida 27 de Febrero.

Santo Domingo

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), con el apoyo de la Digesett y la Alcaldía del Distrito Nacional, lleva a cabo un extenso operativo de supervisión y fiscalización en las calles de Naco, Piantini, Serralles y Ensanche Paraíso, como parte del programa Parquéate Bien, para mejorar la fluidez del tráfico y garantizar la seguridad vial.

Dentro de la jornada, se presta especial atención a los vehículos de carga mal estacionados por el nivel de obstrucción que representan los mismos, pero sobre todo por el peligro que suponen para la seguridad de los demás usuarios en las vías.

También, con el uso de tecnología se evalúan los posibles escenarios que pongan en riesgo la vida de los ciudadanos o que obstaculicen el tránsito, implementando las soluciones de lugar.

El operativo está enfocado principalmente en abordar el problema persistente de vehículos mal estacionados que obstaculizan el tránsito en esas zonas de alta movilidad y actividad comercial, y está integrado por un personal técnico en temas de tránsito y movilidad del Intrant, así como de su Dirección de Supervisión y Control de Sanciones Viales y agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Terrestre (Digesett).

Es importante destacar que la jornada cuenta con el apoyo de las juntas de vecinos, quienes fueron consultadas y escuchadas sus inquietudes previo y durante el operativo, y además la jornada contempla la verificación de que las construcciones que se realizan en esos sectores cuenten con el debido permiso y cumplan con el protocolo para evitar riesgos respecto a la seguridad vial de los ciudadanos que se movilizan y desplazan en la zona.

Una nota del Intrant explica que el equipo de inspectores está desplegado estratégicamente en las principales calles de esos sectores, identificando y sancionando a los conductores que infringían las normas de estacionamiento y obstaculizan la vía pública.

En ese sentido, el equipo de fiscalización y supervisión está realizando los recorridos por las calles de Naco, Piantini, Serrallés y Ensanche Paraíso, con la debida fiscalización de la Digesett, remolcando en grúas las unidades mal estacionadas.

En el caso las obras en construcción en ese sector, dónde camiones y volteos obstaculizaban la vía, los miembros del Departamento Supervisión y Control del Intrant socializan medidas educativas y de fiscalización para concientizar a los ciudadanos sobre la importancia de respetar las reglas de estacionamiento y su impacto en la movilidad urbana.

Tanto los agentes de Digesett, cómo los miembros de Departamento de Supervisión y Control fueron dotados de las herramientas tecnológicas para la realización de los trabajos.

Estás acciones forman parte de un esfuerzo continuo para crear conciencia sobre la necesidad de un comportamiento responsable en las vías públicas.

Desde el Intrant se espera que estas intervenciones no solo mejoren la circulación vehicular, sino que también fomenten una cultura de respeto a las normativas de tránsito.

La entidad explica que las reglas de estacionamiento son aplicables en cualquier calle y carretera del país, en cumplimiento del artículo 237 de la Ley 63-17.

Ante la medida, los ciudadanos han respondido positivamente, y resaltan la importancia de mantener un entorno vial seguro y ordenado.

El operativo Parquéate Bien refleja el compromiso de Gobierno con la seguridad vial y la mejora del tránsito, en beneficio de la calidad de vida de los ciudadanos.

Roberto Fulcar, responsable de Estrategia del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y de la campaña del proyecto “Luis Abinader Presidente”, afirmó que con sus “infundadas denuncias” la oposición está construyendo el relato para justificar su derrota en las próximas elecciones municipales del domingo 18 de febrero.

Al ser cuestionado por la prensa a su llegada a la casa nacional del PRM sobre los cuestionamientos de la oposición al proceso electoral y sus declaraciones sobre la posible ocurrencia de actos irregulares en las elecciones municipales, Fulcar respondió que el que está “ganado no tiene por qué afectar el proceso y menos si es un partido de raigambre democrática como el PRM”.

“He oído declaraciones altisonantes y destempladas de ese tipo, en varios voceros de la oposición, y tenemos la certeza de que están construyendo el relato de su contundente derrota”, manifestó Fulcar.

Agregó que han dicho muchas veces que van a ganar y que eso no va a ocurrir, “porque van a perder de forma contundente, necesitan inventarse un discurso para colocarlo en el imaginario social la noche del domingo 18 o la mañana del 19, intentando justificar por qué perdieron, ya que regularmente el que pierde construye una historia para contar”.

Fulcar afirmó que confía en el proceso liderado por la Junta Central Electoral, ya que, dijo, este país tiene la suficiente madurez democrática para no admitir la ocurrencia de ese tipo de problemas que augura la oposición en los procesos electorales.

Recordó cómo reaccionó el pueblo dominicano cuando se produjo la interrupción de las elecciones municipales de hace cuatro años, y que eso benefició al PRM, “y ahora que nuestro partido y nuestra alianza tienen todas las posibilidades de ganar, jamás podríamos atentar contra nuestra propia victoria, primero por nuestras convicciones democráticas y segundo por conveniencia política.

“Esa es la construcción del relato de la derrota que están haciendo determinados voceros de la oposición, para justificar ante sus seguidores y la sociedad al día siguiente de las elecciones por qué dijeron que ganarían y aparecerán perdiendo”, exclamó Fulcar.

Los propietarios de una torre de apartamentos en el Distrito Nacional informaron que siete hombres armados penetraron esta madrugada a la edificación y sustrajeron amordazaron a al personal de seguridad.

Según explicaron, a través de un comunicado, los presuntos asaltantes ingresaron al lugar en un vehículo marca Hyundai Tucson, blanco con placa no identificada, alrededor de las 03:45 de la madrugada. Usando un control con acceso al portón derecho del edificio, estacionándose en el parqueo 505.

Contaron que, luego los intrusos a punta de pistola, amordazaron al seguridad y al personal del lobby, a quienes les preguntaban por unas personas de origen chino y en cuál apartamento vivían.

Llevaron a ambos seguridad al comedor de empleados, siendo custodiados por uno de los «ladrones» con arma de fuego. Otros dos permanecían en el lobby viendo las cámaras.

Dijeron que tres más de ellos accedieron por el ascensor hasta llegar al apartamento número 805, ingresando por la ventana del área de lavado, robando pertenencias y continuando preguntando por ‘‘los chinos’’.

Accedieron también al apartamento número 905 por la escalera de emergencia y ventana del área de lavado, sustrayendo varias pertenencias también.

Estos siguieron preguntando por las personas de origen asiático y si sus niños eran chinos también. Luego, los encargados explicaron que se retiraron utilizando el mismo control con el que entraron.

El comunicado de Torre Nicole IX, indica que cuando los hombres armados se retiraron, ellos procedieron a contactar a la Policía Nacional y a la Dirección Central de Investigación (DICRIM), quienes iniciaron las investigaciones de lugar.

Destacaron que el primer sistema de cámaras fue destruido por los presuntos ladrones en el lobby, además del sistema de comunicación, como los radios, teléfono, controles de acceso y también dejaron el counter roto.

Convocaron a los propietarios y residentes de la torre a una reunión el lunes 19 de febrero para socializar y debatir las mejores acciones que garanticen la seguridad de cada uno.

La vicepresidente de la República, Raquel Peña, aseguró este lunes que la muerte de un militar en la frontera de RD con Haití en Dajabón se trató de una situación aislada. Agregó que ningún presidente ha trabajo tanto para proteger la soberanía nacional, como Luis Abinader.

En ese sentido, el ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, respaldó las declaraciones de Peña, agregando que el trágico hecho no tiene nada que ver con la soberanía del país.

Ambos funcionarios lamentaron el deceso del integrante del cuerpo castrense Bartolo Familia Solís.

Díaz Morfa afirmó que el incidente está en proceso de investigación para identificar los implicados, y aseguró que no involucra grupos criminales de Haití o del territorio dominicano.

“Todo parece indicar que fue algo personal”, agregó teniente general.

Abinader dice responsables serán capturados

Ante este suceso, el presidente de la República, Luis Abinader dijo que ya se tienen identificadas a las personas responsables de esta muerte, al tiempo de asegurar que próximamente la Policía Nacional y el Ejército de la República Dominicana informarán sobre la captura de estas personas.

Abinader indicó que el hecho ocurrió en un cuartel aislado, situación que su Gobierno ha ido atendiendo con el mejoramiento de los sistemas fronterizos.

El ex jefe de la Policía Nacional, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, aseguró que le retiraron su equipo de seguridad personal, presuntamente por haber patrocinado las manifestaciones de los policías y militares pensionados en la avenida 27 de Febrero. 

Guzmán Fermín confirmó hoy dicha información a este diario. Asegura que la medida «fue tomada por el Gobierno«, que le acusa de patrocinar la protesta que terminó en disturbios. 

Se recuerda que los policías y militares retirados reclamaron en medio de una revuelta, con pancartas y algunos encadenados, en dicha avenida con destino al Palacio de la Policía Nacional y el Ministerio de Hacienda en reclamo, aumento salarial y otras reivindicaciones.

Los policías y militares demandaron aumento salarial, indemnización, sueldo y seguro médico.

A continuación el comunicado integro de Guzmán Fermín:

En la noche de ayer martes 13, mientras nos encontrábamos en un recorrido por las Provincias de Dajabón y Puerto Plata, fuimos informado por el personal de seguridad asignado a nuestro servicio, en base al artículo 223, inciso g, sobre los Derechos y Deberes del personal en retiro del reglamento de aplicación de la Ley Orgánica de la Policía Nacional 590-16 en su articulo 94 y 96 referente a la obligación de custodia en cuanto a la designación de agentes y custodia, que corresponde a los Oficiales en retiro que han ejercido las funciones de Ex Jefe de la Policía Nacional o de Director General de la Policía Nacional, como se le denomina actualmente.

El personal asignado a las funciones de seguridad de un servidor, fue llamado a presentarse al Departamento de Seguridad Interna de la Policía Nacional, sin cumplir con el procedimiento protocolar que establece la necesaria comunicación oficial de la institución a mi persona.

El hecho coincidió con que en esa misma fecha, en horas de la mañana, los policías en condición de honroso retiro, realizaron una actividad de protesta en Santo Domingo, en reclamo de los derechos por estos adquiridos, de indemnización que se establecen en el artículo 124 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional 590-16 y en el inciso b, del artículo 223 del reglamento de la Policía Nacional.

Estos policías en retiros ejercían sus derechos a la protesta conforme al estado de derecho que se consagra en nuestra constitución. La respuesta fue maltrato, vejaciones, humillaciones y el uso desproporcionado de la fuerza innecesaria.

Por los hechos anteriormente expuesto, hago responsable al Presidente de la Republica Dominicana de las consecuencias que pudiera tener esta acción y la denuncio como un acto de intolerancia política no propias de un régimen democrático.

Reitero mi solidaridad y apoyo a todos mis hermanos y amigos retirados quienes ofrecieron sus mejores años y servicios a la protección de los ciudadanos y a la patria desde la Policía Nacional y a los cuales hoy paradójicamente se les niegan sus derechos legitimantes adquiridos.

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) intervino el fin de semana pasado los Centros de Corrección y Rehabilitación de El Pinito y el Centro de Privación de Libertad No Reformado de la Fortaleza La Concepción, en La Vega, donde ocuparon artículos prohibidos en los centros penitenciarios, entre los que se encontraban teléfonos celulares, sustancias controladas y armas de fabricación carcelaria.

Los operativos de requisas, que fueron dirigidos por el encargado de Seguridad de la DGSPC, Manuel Polanco Hernández, fueron llevados a cabo tres días después que apareciera ahorcado en su celda el preso Gregorio Matos Carrasco (Papito Forever), quien asesinó a su pareja sentimental Casandra Carmelina Castillo Santiago hace veintiún días en una celda conyugal de la cárcel El Pinito. Matos Carrasco fue trasladado después a la Fortaleza.

En ambos penales la Dirección General de Prisiones dispuso el cambio de todo el personal de mando medio y de jerarquía única, incluido su director; creó una comisión de intervención, y elabora un plan de seguridad que responda a los retos que se presenten en ambos centros. El personal trasladado no fue identificado.

Lo que se informó es que que con la Comisión de Intervención de ambos centros, uno de los cuales opera en la Fortaleza La Concepción de La Vega, se incrementarán los niveles de seguridad y evitará la comisión de delitos en ambos centros penitenciarios.

La misma será coordinada por Noel Toribio, director de Centros de Corrección y Rehabilitación de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), junto al supervisor regional Amado Cabrera, quien tutela los procesos de la dirección en el Centro de Privación de Libertad No Reformado de La Vega, y su director Félix Bartolo Pichardo.

En cuanto al protocolo de seguridad, la DGSPC informó que se hará en coordinación con las autoridades gubernamentales y miembros del Ejército con asiento en la provincia. “En lo relativo a las conducencias o traslados de alto nivel que sean de la zona o al hospital, están siendo escoltadas por fuerzas especiales de la Policía Nacional y de la DGSPC para garantizar mayor seguridad, evitar evasiones y preservar la vida del privado de libertad”, dijo.

Agregó que para garantizar la seguridad en los centros las 24 horas, se dispuso una guardia con el personal necesario, cámaras de vigilancia de circuito cerrado, y radios de comunicaciones en las periferias de estos centros.

También se asignaron dos motocicletas para el patrullaje externo y para vigilar las afuera del CCR El Pinito. “Por disposición del Director de Prisiones Roberto Hernández Basilio, en la cárcel El Pinito habrá de un mínimo de 20 agentes por guardia, 8 encargados de área y 8 supervisores para garantizar estos servicios”, dijo Toribio.

Internos que delinquen

Como forma de concientizar a los privados de libertad que se dedican a delinquir en las propias cárceles, los directores de los centros intervenidos los recibirán diariamente en sus oficinas “para medir el parecer de estos y sus colaboradores”.

Usarán a los de medio libre

En cuanto a los privados de libertad que forman parte de los programas de la Dirección de Medio Libre, que coordina Yeni Olga Hernández, se informó que se evaluará para determinar cuántos están en etapa de prueba, y ver las posibilidades que hay de asignarles tareas ocupacionales de las brigadas internas, para irlos rotando por ciclo.

Santo Domingo

Difundir información falsa es el peor daño que se le puede hacer a la estabilidad democrática.
La anterior, es una afirmación del presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez, en los actos previos de la realización de las elecciones municipales y el montaje en paralelo de las congresuales y presidenciales de mayo.

Desde hace meses, el órgano electoral ha venido advirtiendo sobre el flagelo de la desinformación, que ha sido potencializado en los últimos años con el auge de las redes sociales y más recientemente con el acceso hasta gratuito, al uso de la inteligencia artificial.

De las pifias no se han salvado ni los medios tradicionales arropados por la presión de la inmediatez. Igualmente, se han visto obligados a desmentir comunicados que fueron elaborados por terceros con logo, paleta de colores y tipografía, entrampando a los internautas menos acuciosos.

Según lo explica Víctor Bautista, consultor en comunicación, la desinformación además de distorsionar la percepción pública y el debate político, socava la confianza en las instituciones.

“Se trata de una herramienta que, cuando es empleada como recurso de campaña, afecta la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones informadas y conscientes. Es un veneno para la salud del cuerpo político y democrático”, indica Bautista.

Problemática mundial
El informe Global Digital Trends cifró para enero de este año en 4,760 millones de personas, las que utilizan utilizando plataformas de redes sociales.

Legisladores de diferentes bancadas reaccionaron ante el hecho de que un sargento del Ejército falleciera tras ser impactado de bala por un nacional haitiano cerca del puesto de control “El Corozo” en Restauración, Dajabón.

El vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo condenó el incidente y lo calificó como una “irresponsabilidad del Gobierno”, alegando que estos aseguran que la frontera está resguardada, sin embargo, los puestos militares supuestamente cuentan con uno o dos militares.

En tanto que el senador Bauta Rojas, se limitó a decir que espera que esta situación se investigue y “que no sea una razón para no mantener una política de diálogo” para resolver el tema que afecta el país.

Mientras que el diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Moises Ayala, consideró que la frontera “nuna ha estado más resguardada que antes”, lamentando a la vez el suceso ocurrido.

Ayala aseguró que el presidente de la República, Luis Abinader, cuenta con ” una defensa absoluta para evitar esa migración haitiana a la RD”.

Además el diputado por el partido oficialista, Carlos de Jesús, consideró que el referido suceso “es un hecho aislado” que se debe investigar por la Cancillería y llevar un manejo diplomático.

En otro orden, respondió a la oposición y aseguró que los militares están “mucho mejor de lo que ellos lo mantuvieron durante 20 años”.

En el día de ayer, el sargento del Ejército Dominicano, Bartolo Familia Solis, resultó herido de bala por un individuo haitiano no identificado y posteriormente falleció en el hospital donde fue trasladado.

El militar fue herido en el lado izquierdo por un disparo de un arma de fuego calibre 3.80.

Carlos Contreras, quien acompañó al militar al centro médico más cercano, relató que el soldado mencionó que un haitiano se le acercó y le disparó a quemarropa. Además, Contreras informó que el agresor se llevó el arma de fuego del militar después del tiroteo.

El ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, informó que la frontera fue reforzada con más equipos y soldados tras las violentas manifestaciones que realizaron los haitianos para exigir la salida del poder del primer ministro Ariel Henry.

Las declaraciones de Díaz Morfa se produjeron durante un recorrido que realizó este jueves por la provincia de Dajabón, por instrucción del presidente de la República, Luis Abinader.

El funcionario destacó que la medida de reforzamiento permanecerá hasta que sea necesario y llamó a la población dominicana a estar tranquila debido a que los cuerpos castrenses están pendientes y con el personal necesario para cuidar la frontera.

“Hemos reforzado, hay más equipos y personal de acuerdo a la necesidad. Si hace falta tenemos más personal. Acabamos de venir de Santiago, graduando 500 nuevos soldados y ayer más de 500 en la Armada… las Fuerzas Armadas se mantienen en constante entrenamiento y preparando nuestro personal para cualquier cosa que sea necesaria”, manifestó el ministro de Defensa.

El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) aprobó la solicitud de los drones que irrumpieron en el concierto de Juan Luis Guerra.

En el evento se pudieron observar como algunos drones en el cielo formaban las siglas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) junto al nombre de su candidato a la alcaldía de Santo Domingo Este, Dío Astacio, lo que causó asombro por los presentes.

Según la carta dirigida a la empresa Space Drone Show y al ciudadano mexicano Fernando Nolasco Villarreal, sedetalla que la autorización fue para realizar el show de luces en las inmediaciones de la parte noreste del Centro Olímpico en Santo Domingo con los UAS/Drones FLYFIRE KAIKEN, con la serie No. Al044.

Las acciones fueron permitidas para ser ejecutadas a una altura máxima de 295 pies AGL, con un radio de operación de 0.05MN.

La solicitud se realizó el pasado 9 de febrero del presente año para realizarse ‘‘entre las 21:00 y las 21:30 hora local’’.

El permiso fue compartido a través redes sociales por Karim Nader Abu Naba’a, quien se adjudica el show como »un aporte mío al próximo alcalde». La publicación fue posteriormente borrada.

REACCIÓN DE ASTACIO

Luego de las críticas suscitadas por el mencionado mensaje proselitista, Astacio aseguró que esa publicidad fue colocada sin su permiso o el de su equipo de campaña.

La viceministra y asesora de comunicación estratégica del gobierno, María Altagracia de los Ángeles Peña, fue sometida a la acción de la justicia, por una alegada distracción mediante un contrato simulado de un inmueble valorado en más de cinco millones de dólares, en Casa de Campo.

El sometimiento en contra de la viceministra y que incluye a Juan Alberto Adalberto Lora Ruiz, fue presentado por el abogado Jorge Lora Castillo, en representación de la empresa Inversiones CIAAR, ante la jurisdicción de Tierra de San Pedro de Macorís.

El jurista en rueda de prensa en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, dijo que la distracción del dinero se produjo mediante el contrato simulado, a través de una empresa off shore, constituida por una oficina de abogados, y representada por una empleada de dicha empresa, de nombre Belkys Julissa González Pol.

Sostuvo que la misma se produjo mediante pago inexistente, apenas 29 días después de que la empresa CIAAR, le vendiera su participación de dicho inmueble, sin recibir el pago de la totalidad del precio de venta y para evadir el mismo.

Lora Castillo consideró que el sometimiento ante la jurisdicción original de Tierra, dará lugar a una solicitud de apoderamiento del Abogado del Estado, (fiscal ante dicha jurisdicción), para comprobar la indicada simulación y la comprobación de la inexistencia del pago.

Explicó que supuestamente el pago fue realizado por la empresa off shore denominada Palm Beach Worldwide, con sede en Panamá y posteriormente, y que se harán los sometimientos penales que correspondan.

Dijo que la empresa que representa confía en la independencia de la justicia dominicana y que la misma dispondrá el fallo que corresponda, para que este tipo de situación, que afectan al Estado de Derecho y la confianza en la fortaleza de las instituciones y el derecho en el país, prevalezcan siempre ante el poder.

Murió en un centro de salud de Santiago Rodríguez el sargento del Ejército Dominicano Bartolo Familia Solís, quien fue herido de bala por un haitiano no identificado próximo al puesto de chequeo «El Corozo», ubicado en el municipio Restauración, provincia Dajabón.

El deceso del militar lo dio a conocer un hermano conocido como Celedonio Recio, quien llamó a los demás familiares y amigos informando sobre la muerte de su pariente.

El soldado fallecido fue herido de bala con un arma de fuego calibre 3.80 en el costado izquierdo, hecho que es investigado por el Ejército, que ha redoblado la seguridad en la zona.

El señor Carlos Contreras, quien acompañó al militar al centro de salud más cercano para recibir asistencia médica, dijo a reporteros de Listín Diario que le preguntó al soldado qué pasó y este había respondido que un haitiano se le acercó y le disparó a quema ropa.

Contreras manifestó además que el haitiano luego de disparar al militar se llevó su arma de fuego.

Comunitarios del Corozo, que pidieron mantener su nombre en el anonimato, informaron que haitianos encapuchados se trasladaron en una motocicleta a la hora de cometer el hecho.

Por el momento el Ejército Dominicano ha informado que investiga el suceso para su esclarecimiento y así dar con el paradero de los responsables.

Militares de Estados Unidos visitaron este lunes el paso fronterizo por Dajabón, donde pudieron observar la entrada de miles de haitianos a territorio dominicano para participar en el comercio binacional.

Los soldados estadounidenses fueron identificados como Jacobo Mormón y Nail Law, ambos con el rango de mayor, informó una fuente militar a LISTÍN DIARIARIO.

Por el momento, se desconoce el motivo real de la visita de los americanos.

Los soldados americanos fueron recibidos por el Coronel Freddy Soto Thormann, director del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) y el teniente coronel Yoel Martes Rodríguez, comandante del Décimo Batallón del Ejército, quienes les mostraron el desenvolvimiento del mercado y como se mantiene la seguridad en la zona.

En la actualidad, se desconoce cuáles otros lugares visitarán los soldados estadounidenses que realizan la visita a la frontera tras las manifestantes violentas en Haití que realizaron haitianos para exigir la dimisión del primer ministro Ariel Henry.

Según los resultados provisionales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador, con un 70% de las actas escrutadas, el presidente Nayib Bukele obtuvo más del 85% de los votos en las elecciones presidenciales celebradas el domingo 4 de febrero. Con esta contundente victoria, Bukele asegura su segundo mandato consecutivo.

Según un estudio de la Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), el presidente de esta nación centroamericana goza de una popularidad abrumadora, con el apoyo de casi nueve de cada diez ciudadanos. Su éxito puede atribuirse en gran medida a su estrategia de seguridad, sus iniciativas contra las bandas criminales y la aplicación de medidas de encarcelamiento masivo.

A pesar de su carácter controvertido, estas políticas se traducen en un descenso significativo de las tasas de homicidio en todo el país, eliminándolo de la lista de los más peligrosos de América Latina.

Junto a Bukele, aunque la República Dominicana y México celebrarán elecciones este año, sus actuales presidentes, Luis Abinader y Andrés Manuel López Obrador, disfrutan de uno de los índices de popularidad más altos en la región, segundo y tercero respectivamente del ranking de AS/COA con casi un 70% de apoyo. Les sigue de cerca el recién elegido jefe de Estado ecuatoriano, Daniel Noboa, con un 67% de aprobación.

Santo Domingo

Un grupo de juristas pertenecientes al Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) junto a varias organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos comunes marchó hasta el Palacio Nacional, partiendo del Parque Independencia, en protesta contra la Ley 01-24, que crea la Dirección Nacional de Investigación (DNI).

Miguel Surun, saliente presidente del CARD, indicó que dicha pieza autoriza la interceptación extrajudicial de las comunicaciones telefónicas y electrónicas y sanciona a todo aquel que no entregue la información requerida al DNI.

«Nos encontramos ante un grave riesgo para periodistas, abogados, médicos y sacerdotes ,obligados a entregar información al DNI, pues la ley 01-24 constituye un atentado contra el derecho fundamental de libertad de expresión y acceso a fuentes de información, el derecho a la intimidad, el secreto profesional del abogado, del médico, la libertad de empresa y el principio de transparencia del Estado, afectando así el principio de separación de los poderes públicos, en violación de los artículos 4, 7, 8, 44, 49, 50, 51, 69, 70, 74, 169 y 138 de la Constitución dominicana», manifestó.

Surun Hernández advirtió que lo más peligroso de la legislación radica en el artículo 26, que consagra que periodistas, abogados, médicos, bancos, telefónicas y todo ente privado o público que no entregue información será condenado de 2 a 3 años de cárcel.

«Con esto termina el secreto profesional del abogado, la cláusula de conciencia del periodista, el secreto de los archivos médicos, el secreto bancario y el secreto de las telecomunicaciones, institucionalizando así el caliezaje de Estado, todo al margen del debido proceso y sin fiscalización de un juez», enfatizó el jurista.

Señaló que igualmente se legitiman las viejas prácticas de interceptación telefónica y espionaje electrónico a opositores y comunicadores, al tenor del artículo 9, numeral 6,
de dicha ley, que autoriza al DNI a escuchar y espiar las comunicaciones electrónicas de quienes, a juicio del director, sean de interés.

«No puede haber una ley que instituya una verdadera dictadura de información al mejor estilo de Augusto Pinochet o Trujillo, donde se despoja al Ministerio Público de su rol de jefe de la investigación penal, y se constituye al DNI como amo y señor de la persecución penal de opositores», agregó.

El profesional del Derecho, en representación del grupo de abogados, dijo que esperan que el presidente Luis Abinader cumpla su obligación de convocar una legislatura extraordinaria para que el Congreso Nacional devuelva el sosiego democrático al pueblo dominicano.

Santo Domingo

La Policía Nacional que está operando en la cárcel de la Victoria no puede continuar porque ha sido demostrado en menos de dos años la cantidad de equipos tecnológicos que permiten entrar”, estas fueron las palabras del Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa al referirse al decomiso de las palabras encontradas en esa penitenciaría.

Ulloa, asegura que hubo un contubernio entre los reclusos y la Policía Nacional, al decir, que ellos son los que se ponen de acuerdo con los privados de libertad.

Agregó, que tienen que haber consecuencias para los policías involucrados que permitieron ese tipo de tráfico, “yo he reclamado que ellos continúen trabajando allí, ellos tiene que ser suspendido o movidos, porque al fin y al cabo el sistema va a continuar”.

Se recuerda que la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) informó que desmanteló el pasado domingo una red de estafas en internet que operaba desde la cárcel de La Victoria en Santo Domingo Norte.

Las autoridades dijeron que encontraron 12 parábolas de internet satelital y seis repetidores de señal que estaban escondidos en las tapas de los tanques de agua del recinto penitenciario y en cajas cubiertas de tela.

En este sentido, Pablo Ulloa dijo que la República Dominicana no puede permitir que el crimen organizado se adueñe de las cárceles, por lo que tiene que reforzar la seguridad y los protocolos.

El defensor del Pueblo manifestó que es imposible que en con un sistema penitenciario que cuenta con casi 26 mil privados de libertad, y con un a Victoria que fue hecha para 800 presos hoy cuenta con más de ocho mil pueda haber algún tipo de seguridad.

Director de Servicios Penitenciarios responde al Defensor del Pueblo

Ante esta solicitud el director General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), Roberto Hernández Basilio declaró que, «la Procuraduría General de la República (PGR) es quien ofrecerá los resultados de la investigación y cuando salgan a relucir los resultados vamos a actuar en consecuencia a ellos con las medidas de lugar.

En cuanto a los privados de libertad que operaban en esta red de estafadores, Roberto Arias dijo que se mantienen bajo confinamiento hasta que concluyan las investigaciones.

Santo Domingo

Abogados de los imputados en el caso Calamar acusaron al Ministerio Público de litigación temeraria, tras recusar a la jueza de instrucción sólo cinco días antes de que emitiera su fallo sobre la solicitud de ampliación del plazo de la investigación.

Para los abogados de los principales imputados en el caso Calamar, el Ministerio Público se está auxiliado de artimañas judiciales para obtener tiempo en el proceso de investigación de los actos de corrupción en los que habría participado los ex ministros, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Donald Guerrero y otros 17 imputados.

La acusación obedece al hecho de que faltando cuatro días para que se emitiera el fallo sobre la solicitud de más tiempo para ampliar la investigación, el Ministerio Público reusó a la jueza interina Ana Lee Florimón.

En su defensa, el Ministerio Público aclaró que ha pedido a la Corte revisar el comportamiento de la juzgadora por el acceso a la carpeta fiscal que ha concedido, de manera irregular, a varios imputados.

A decir de las defensas técnicas, la investigación en torno a las expropiaciones de terreno, el cobro ilegal a bancas de apuestas y el financiamiento ilícito de campaña que habrían generado un desfalco al Estado de más de 17 mil millones de pesos, debió concluir el pasado 20 de noviembre.

Santiago

La defensa técnica del cabecilla de la red del cibercrimen organizado, que estafó a miles de ciudadanos de Estados Unidos, desmantelada por la Operación Discovery, recusó a la jueza Iris Sugelly Borgen Santana del Tercer Juzgado de la Instrucción, quien el pasado jueves se avocó al conocimiento de la audiencia preliminar.

La recusación a la juzgadora, planteada por el abogado José Reinoso, defensa técnica del imputado Sucre Rafael Rodríguez Ortíz, es una nueva estrategia temeraria, que procura la dilación del proceso, «debido a que se basa en argumentos infundados», expresó el Ministerio Público a través de un despacho de prensa.

En la formulación de su recurso, el abogado alegó que la magistrada Borgen Santana «ha emitido órdenes de arresto, intervenciones judiciales, entre otras diligencias, en la etapa preparatoria».

La exposición de este recurso de exclusión hacia la juzgadora, está basado en argumentos insustanciales que solo persiguen dilatar el proceso para posteriormente realizar solicitudes de extinción.

La acusación de la Operación Discovery

La acusación de la Operación Discovery está formulada contra 46 personas físicas y otras 5 entidades societarias. A estas se les atribuyen delitos como la estafa a través de medios electrónicos, extorsión sexual, robo de identidad, y chantaje, con lo cual despojaron a sus víctimas de sus recursos.

El escrito de acusación, depositado en tiempo hábil por el Ministerio Público, contiene más de mil páginas en las que se detallan las maniobras fraudulentas de los imputados, afiliados a esta estructura criminal que utilizó sofisticados medios para irrumpir en la vida de las víctimas.

Con esta táctica dilatoria, la defensa técnica del cerebro de la organización criminal, pretende rehuirle a la robustecida acusación en la que se despliega un grueso de más de 750 pruebas documentales, 600 pruebas materiales, y otra decena de elementos probatorios periciales, así como testimoniales.

El fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla, al destacar la fortaleza de la acusación, confía en que la Corte responderá basada en la norma para salvaguardar la celeridad del proceso.

Santo Domingo

El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana denunció hoy que el Gobierno mantiene propaganda gubernamental que
violan el Decreto 1-24 del propio presidente Luis Abinader, así como la Ley 33-18 de Partidos Políticos y la Ley 20-23 de Régimen Electoral y sus disposiciones al respecto (Art. 206-211).

El Consejo Nacional de Participación Ciudanía citó algunas violaciones ejecutadas según ellos por el gobiernos y algunos funcionarios en las publicaciones de algunas propagandas.

Destacó que bajo la denominación de “Chequéame tu”, el Gobierno está pagando páginas y portadas de periódicos con una serie de informaciones de “logros gubernamentales” que no son otra cosa que propaganda electoral.

Asimismo, señaló que el Ministerio de Agricultura está pasando de manera frecuente en diversos programas y medios de comunicación radiales y televisivos, un anuncio en el que sale el ministro Limber Cruz y otras personas, con fotos del presidente Abinader, agradeciendo el apoyo que éste ha dado a la producción alimentaria.

Participación Ciudadana dijo también que otra muestra de estas violaciones es el anuncio a página completa en algunos periódicos promoviendo el crecimiento de las exportaciones y de las zonas francas.

Según PC en las redes sociales el Gobierno está promoviendo el plan “Más Salud y Esperanza de Vida”, donde se atribuye el mérito de “elevar la calidad de vida de los pacientes con hipertensión arterial y diabetes mellitus”.

Participación Ciudadana apela a la voluntad del presidente Luis Abinader, de quien dijo se ha comprometido a no usar los recursos públicos para fines electorales.

«También llamamos a la intervención de la Junta Central Electoral, haciendo uso de la facultad que le otorga la Ley 33-18 para “tomar cualquier medida cautelar respecto a cualquier bien o para hacer cesar de inmediato cualquier uso indebido de los recursos y medios del Estado, pudiendo procurarse para ello la fuerza pública”.

Subrayó que la Ley 33-18, de Partidos Políticos prohíbe el uso de recursos públicos de los poderes e instituciones del Estado, incluyendo los ayuntamientos, para financiar o apoyar en cualquier forma las actividades de rentabilidad electoral particular, inclusive aquellas que se deriven de inauguraciones oficiales.

Indicó que el decreto 1-24 emitido por el presidente Abinader para regular la publicidad gubernamental prohíbe incluir la voz, imagen o cualquier otra forma personal que individualice o distinga a funcionarios públicos. También prohíbe usar publicidad que tenga como objeto o efecto los logros de gestión o los objetivos alcanzados, salvo en el marco del periodo de rendición de cuentas ante el Congreso Nacional.

Advirtió que estas disposiciones son de aplicación inmediata.

«El país no puede aceptar ningún argumento para el mantenimiento de propaganda gubernamental que esté destinada a dar las gracias por cumplir con funciones oficiales y dirigida a obtener votos», manifestó la entidad.

Dijo que continuará durante todo el proceso electoral denunciando estas prácticas e invitamos a la ciudadanía a proporcionar información a través de nuestra plataforma “Atento con tu Voto».

SANTO DOMINGO

La jueza presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar, ordena quitar el arresto domiciliario y el grillete a Wacal Bernabé Méndez Pineda, uno de los imputados en el tramado de corrupción del caso Pulpo, encabeza Juan Alexis Medina Sánchez.

La magistrada sólo le mantuvo el pago de una garantía económica de 20 millones de pesos y el impedimento de salida, tras acoger la solicitud de medida de coerción interpuesta por el imputado a través de su abogado.

Asimismo, las juezas del tribunal aplazaron el juicio seguido a los implicados del caso Pulpo, por problema de salud de dos imputadas.

A 11 días para la realización de las elecciones municipales del próximo 18 de febrero, continúan las denuncias de algunos partidos políticos que rechazan las inauguraciones de obras encabezadas por el Gobierno durante esta campaña electoral.

El pasado 2 de febrero, el Partido Fuerza del Pueblo (FP) solicitó a la JCE aplicar medidas cautelares en contra del presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), del cual es candidato presidencial, por el uso “abusivo e indiscriminado” de los recursos estatales durante la contienda electoral.

Es por esta razón que Javier Ubiere, representante de la FP ante la JCE, expresó ayer que se mantienen a la espera del conocimiento de la denuncia sobre el incumplimiento de la ley 20-23 del Régimen Electoral realizado por el primer mandatario.

“Hay otras denuncias que están por conocerse y esperamos que sea así. Como el caso del uso de los recursos del Estado y la participación del presidente de la República en inauguraciones incumpliendo francamente la Ley Electoral”, expresó.

En tanto, el Bloque de Diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) presentó ayer una denuncia ante la Procuraduría Especializada Contra Delitos Electorales sobre las supuestas violaciones que han cometido los funcionarios del tren gubernamental supuestamente utilizando fondos públicos en proselitismo.

Mientras tanto, el dirigente peledeista ante la JCE, Danilo Díaz, especificó que la única preocupación de esa organización política en torno al desarrollo de los próximos sufragios es el “uso indiscriminado” de los recursos del Poder Ejecutivo en el torneo electoral.

“La mayor preocupación que tenemos es el uso indiscriminado de los recursos del Estado. Estamos viendo un Gobierno en campaña”, acotó.

Díaz declaró que los programas sociales del Estado dominicano se están utilizando para beneficiar a candidatos del partido oficialista.

“Un Gobierno que no se está ocupando de su responsabilidad, sino que todas las políticas públicas de los programas sociales se están dedicando a la campaña electoral”, señaló.

Díaz agradeció la investigación de curso que asumió la JCE a partir de estas alegaciones. No obstante, lamentó que el PRM esté “comprando” a militantes de los partidos políticos de oposición.

“El ver a José Ignacio Paliza juramentando a dirigentes del PLD, ¿Ustedes creen que fue por un tema de convicción? Están comprando dirigentes, seduciendo con recursos, algunos le han dado vehículo, dos millones de pesos… Esa es nuestra mostró preocupación”, estableció Díaz.

Asimismo, el delegado de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) ante la JCE, Santos Mercado condenó que el Gobierno central inaugure obras sociales en medio de la contienda electoral.

“Las actividades del Gobierno central conjuntamente con sus candidatos están abiertas y se ha denunciado que por un marco legal no se pueden estar haciendo. Sería bueno que la Junta se pronuncie en ese sentido”, acotó Mercado.

Montaje de las elecciones

Los representantes políticos ante la JCE participaron el pasado miércoles una mesa de trabajo para continuar coordinando el padrón electoral de la diáspora dominicana en el exterior y la transmisión de los resultados que arrojen las votaciones de los comicios municipales.

El delegado técnico de la FP ante la JCE, José Manuel Hernández Peguero, consideró que el montaje de los preparativos de las elecciones “están llenando las expectativas”.

“Creemos que el montaje va bien, están llenando las expectativas”, dijo Hernández Peguero.

Mientras que el delegado de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) ante la JCE, Santos Mercado, manifestó sentir preocupación por la falta de información que tiene la ciudadanía sobre la nueva boleta electoral y el ejercicio del voto.

“En algunos aspectos ha estado un poco lento. Estamos a ley de días de las elecciones municipales donde viene un tema que la población no ha tenido gran información porque para las municipales tendremos nueva boleta sin ningún tipo de arrastre y la comunidad no está muy clara en esa parte”, apuntó Mercado.

JCE proclama inicio de la campaña electoral

La JCE proclamó el pasado 9 de diciembre el inicio de la campaña electoral con miras a las elecciones municipales del 18 de febrero de 2924 y hasta el momento ha fijado una posición.

No obstante, la Ley 20-23 del Régimen Electoral en el párrafo VI del artículo 210 prohíbe durante los 40 días anteriores a la celebración de los comicios municipales y 60 para las elecciones congresuales y presidenciales la realización de actos inaugurales de obras públicas por el Gobierno y las alcaldías.

El presidente Luis Abinader reconoció este lunes que su gestión ha hecho arreglos en el sistema carcelario del país pero no los suficientes para mejorarlo significativamente. 

El mandatario habló del tema al responder una pregunta en LA Semanal. 

«La verdad es que hemos hecho algunos arreglos, pero no los suficientes para mejorar significativamente el sistema carcelario del país»Luis Abinader,presidente“

En este escenario anunció que se está terminando la readecuación de la cárcel Las Parras o La Nueva Victoria, que lleva seis años en abandono tras la inauguración de su primera fase en 2018.

«Cuando pueda moverse un 28 o 30 % de los privados de libertad de la cárcel de La Victoria a Las Parras vamos a poder mejorar las otras cárceles del país», acotó Abinader.

Confesó que es un área en la que se debe hacer una mayor inversión. Calculó que para mejorar el sistema penitenciario en su totalidad se necesitará entre los 3,000 millones a los 5,000 millones de pesos.

Sobre la cárcel Las Parras

El recinto penitenciario Las Parras no ha sido utilizado por las actuales autoridades debido a vicios de construcción en la obra y porque forma parte de la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público bajo la Operación Medusa, que implicó el sometimiento a la justicia del exprocurador general Jean Alain Rodríguez, como principal acusado de corrupción, así como otros exservidores públicos de la Procuraduría.

En 2022, la procuradora general Miriam Germán Brito relegó de la Procuraduría la responsabilidad de la readecuación de esta cárcel dejando que sea el Gobierno que se encargue. Es de esta manera que la obra fue asignada al Ministerio de la Vivienda, encabezada por el ministro Carlos Bonilla.

El Ministerio de la Vivienda ha advertido sobre irregularidades en el diseño de la obra que le costó al Estado dominicano unos 6,967 millones de pesos. Indicó que no se diseñó bajo los estándares de una cárcel segura.

La procuradora Germán Brito dijo que esa cárcel se pondrá en operación cuando concluya los trabajos del Mived.

Esta cárcel fue construida bajo el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario de Rodríguez con la intención de resolver el problema de hacinamiento del La Victoria, al implicar el traslado de más de 8,000 reclusos.

Red de delitos virtuales en La Victoria

El mandatario fue preguntado por el tema por el periodista Pedro Sánchez de Diario Libre luego de que las autoridades penitenciarias dieran a conocer el desmantelamiento de una red dedicada a cometer delitos virtuales desde la cárcel de La Victoria.

En nota de prensa, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) dijo que incautaron a los reclusos 12 parábolas de internet satelital marca Starlink y seis repetidores de señal, con las cuales cometían estafas y otros delitos virtuales a los ciudadanos.

«En una acción inmediata, los actuantes en el operativo realizaron un recorrido por la azotea del recinto, en la cual observaron que en el patio del área de Los Pasillos A y F se encontraban seis parábolas de internet satelital marca Starlink, de una empresa comercial extranjera de venta en línea, las cuales estaban escondidas en las tapas de los tinacos y en cajas cubiertas de tela», dice la DGSPC.

Santo Domingo.-Alrededor de 1,063,983 turistas visitaron el país en el mes de enero, esta cantidad es la sumatoria total de los que llegaron vía aérea y marítima, logrando así que República Dominicana siga rompiendo récords en el arribo de visitantes.

De acuerdo con David Collado, ministro de Turismo, en el primer mes del año entraron 742,229 turistas por vía aérea, logrando superar en un 10 % el mismo mes de 2023.

Durante su presentación mensual de las estadísticas del turismo, indicó que por cruceros llegaron 321,754 visitantes, un 17 % más que el mismo período del 2023.

“Si sumamos esas dos llegadas, el número nos da 1,063,983 de visitantes solo en el mes de enero. Lo volvimos hacer, rompiendo nuestros propios récord; por primera vez logramos superar la barrera de los 700,000 turistas por vía aérea”, destacó.

El principal acusado de quitarle la vida de varios disparos al abogado Santiago Reyes conocido como Chaguito, el 22 de enero en la carretera La Ciénaga, al norte de esta ciudad de Santiago, confesó que desde la cárcel había recibió órdenes para ejecutar al abogado.

Nicolás Cabrera Toribio, quien fue apresado por miembros de la Policía Nacional, el pasado viernes en una cabaña ubicada en la autopista Joaquín Balaguer, en el tramo Santiago-Villa González, había confesado durante interrogatorios policiales.

Hasta el momento es la única persona que será sometida por la muerte del jurista, pese a que las autoridades continúan con las investigaciones y no descartan que más adelante exista la posibilidad de que sean sometidas otras personas por este hecho.

Según una fuente policial, el acusado Cabrera Toribio dijo que no conocía a su víctima, pese a que familiares del fallecido indicaron que sí lo conocía, ya que ambos vivían en el mismo sector.

La fuente reveló a este medio, de que hace 12 años las autoridades de Conani, habían apartado a Cabrera Toribio de su madre y, para ese entonces, Santiago Reyes, hoy asesinado, fue el abogado que ayudó para que la madre e hijo se reencontraran nueva vez, y pensar que ese mismo menor  resultó ser el victimario.

Por la muerte de Chaguito la Policía había apresado a dos jóvenes, que al principio lo habían vinculado al hecho; pero luego de que las autoridades policiales y el Ministerio Público, escucharan la confección de Cabrera Toribio, tomaron la decisión de no someterlos a la justicia.

Chaguito era un reconocido abogado que se dedicaba al derecho inmobiliario, especialmente en la parte de cobros morosos.

Fue asesinado de varios impactos de bala a manos de desconocidos, mientras transitaba en su vehículo.

Santo Domingo

Como si fuese una película de acción, un hombre escapó este lunes del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, tras golpear y desarmar a un agente de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario que lo custodiaba.

Momentos de tensión se vivió por parte de quienes se encontraban en el interior del Palacio y el entorno, cuando el reo Juan Carlos Hernández, condenado por robo a tres años de cárcel, decidió escapar.

A Hernández lo trasladaban del Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro Macorís, para escuchar la lectura de su sentencia en el Cuatro Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Es ese el momento que aprovechó para pedir a su custodia que le acompañara al baño.

Tras huir del Palacio de Justicia, aproximadamente a 800 metros de distancia, el recluso rompió una puerta de un centro médico.

Luego trepó una pared y se atrincheró en una vivienda. Según versiones, una vez dentro, el preso procedió a encenderse en un cuarto abandonado.

Cientos de agentes de diferentes cuerpos tácticos de la Policía Nacional acudieron al lugar y lo capturaron con vida.

Luego de ser reapresado habría sido trasladado a la sede de la Policía Nacional.

Bienvenido Pirón Montas, quien grabó en vivo para redes sociales, denunció que un agente policial le habría rociado gas pimienta en los ojos. Pirón Montas asegura el miembro de la uniformada lo hizo con la intensión de evitar la grabación.

Santo Domingo, RD

El presidente de la República, Luis Abinader, admitió este lunes que el Gobierno no ha hecho los suficientes arreglos para mejorar el sistema penitenciario del país. Esto, a propósito del operativo durante el cual se incautaron de dispositivos de internet satelital dentro del penal de La Victoria.

El mandatario consideró que el sistema carcelario es un área donde se deben dedicar más recursos.

“Hemos hecho algunos arreglos, pero no lo suficiente, para mejorar el sistema carcelario del país” dijo Abinader.

El presidente también fue abordado por los periodistas sobre el incidente protagonizado por un hombre que chocó contra una puerta del Palacio Nacional, sobre lo cual se limitó a decir que se está investigando.

Un preso golpea y desarma a un vigilante penitenciario y escapa

Como si fuese una película de acción, un hombre escapó este lunes del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, tras golpear y desarmar a un agente de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario que lo custodiaba.

Momentos de tensión se vivió por parte de quienes se encontraban en el interior del Palacio y el entorno, cuando el reo Juan Carlos Hernández, condenado por robo a tres años de cárcel, decidió escapar.

A Hernández lo trasladaban del Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro Macorís, para escuchar la lectura de su sentencia en el Cuatro Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Es ese el momento que aprovechó para pedir a su custodia que le acompañara al baño.

Tras huir del Palacio de Justicia, aproximadamente a 800 metros de distancia, el recluso rompió una puerta de un centro médico.

Luego trepó una pared y se atrincheró en una vivienda. Según versiones, una vez dentro, el preso procedió a encenderse en un cuarto abandonado.

Cientos de agentes de diferentes cuerpos tácticos de la Policía Nacional acudieron al lugar y lo capturaron con vida.

Luego de ser reapresado habría sido trasladado a la sede de la Policía Nacional.

Bienvenido Pirón Montas, quien grabó en vivo para redes sociales, denunció que un agente policial le habría rociado gas pimienta en los ojos. Pirón Montas asegura el miembro de la uniformada lo hizo con la intensión de evitar la grabación.

SANTO DOMINGO

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) desmanteló una red de internet que operaban de manera clandestina privados de libertad en el Centro de Privación de Libertad de La Victoria, mediante la cual estafaban a ciudadanos.

En una acción inmediata, los actuantes en el operativo realizaron un recorrido por la azotea del recinto, en la cual observaron que en el patio del área de Los Pasillos A y F se encontraban seis parábolas de internet satelital marca Starlink, de una empresa comercial extranjera de venta en línea, las cuales estaban escondidas en las tapas de los tinacos y en cajas cubiertas de tela.

La acción se produjo gracias a una labor de inteligencia que daba seguimiento a la red que fue detectada y la que se determinó era utilizada por los internos para cometer estafas y otros delitos de forma electrónica, vía internet.

En el operativo de desmantelamiento participaron miembros de la Policía Nacional de puesto en el centro penitenciario junto al equipo de inteligencia de la DGSPC.

Entre los equipos ocupados con los que operaba la red de internet que funcionaba de manera clandestina en el Centro de Privación de Libertad de La Victoria, se encontraban 12 parábolas de internet satelital marca Starlin y 6 repetidores de señal, indica un comunicado de prensa de la DGSPC.

El tránsito en el paso a desnivel de las avenidas 27 de Febrero con Máximo Gómez será restringido a partir de este martes, durante las noches y madrugadas, de manera indefinida, por trabajos de reconstrucción.

Así lo informó el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), quien determinó que el horario establecido es lunes a viernes desde las 9:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana. Mientras que los fines de semana, de sábado desde las 10:00 de la noche hasta el lunes a las 5:00 de la mañana.

La entidad explicó que quedan exentos los días que se realicen eventos masivos en el Centro Olímpico u otras actividades. El organismo no especificó hasta cuando estarían vigentes las restricciones.

Se recuerda que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones habría informado que las obras que se realizan en el paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero con Máximo Gómez, tras el derrumbe de un tramo de la pared lateral de la estructura en noviembre y que causó nueve muertos, concluirán en abril.

La obra será entregada a la población “en la segunda semana del mes de abril de este año”, afirmó el viceministro de Supervisión y Fiscalización de dicha cartera, Roberto Herrera, en un comunicado.

La Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Hospitalarias (DAEH), dijo que ha respetado la ley de compras y contrataciones y afirmó que el contrato por 231 millones de pesos corresponden a mantenimiento para vehículos, compras de uniformes y otros gastos de la institución.

La DAEH informó que el proceso de contratación urgente para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos, incluyendo ambulancias, camiones y otros servicios, ha sido adjudicado por un monto total de 231 millones de pesos. Este contrato abarca el mantenimiento de 953 vehículos, con una duración de un año y el requerimiento de presentación de facturas para su ejecución.

“En el caso de 99 ambulancias marca, Merces Benz, modelo Sprinter, con la empresa Autozama, SA por un monto de 45 millones de pesos. Este contrato por exclusividad se realiza para mantener la garantía de los vehículos, ya que estos son distribuidores exclusivos de la marca en República Dominicana”, reza un comunicado de prensa enviado por la institución.

Además, detalló que mantiene contrato de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con diferentes proveedores, realizados en un promedio de 10 días por unidad y los montos adjudicados son para consumo en el tiempo estipulado, según contrato a presentación de facturas.

Transportación

Así mismo, hicieron de conocimiento un contrato de alquiler de ambulancia de la Cruz Roja Dominicana que  viene brindando desde los inicios del sistema 9-1-1 en el año 2014. El costo de dicho servicio incluye pago del personal, póliza de seguro de vehículo, mantenimiento preventivo y correctivo, reparaciones, higienización, combustible e insumos médicos.

“En lo referente al contrato de la Cruz Roja Dominicana, anteriormente operaba con el Servicio Nacional de Salud (SNS) y finalizó en octubre del 2023, por lo que no fue posible iniciar en ese momento un proceso regular por motivo de que no contábamos con los fondos suficientes para tales fines en nuestro presupuesto. En el mes de enero 2024 iniciamos un proceso de urgencia para el alquiler de 143 unidades y el mismo está aún en proceso, según cronograma en el portal transaccional por adjudicar. Cabe destacar que dicho servicio se pagará por cobertura de las 143 unidades, lo que quiere decir que la falta de servicio se descuenta en el pago”, reza el documento.

Con relación al depósito de transportación de esta institución, localizado en el sector de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste, informaron que las mismas están en proceso de descargo con la Dirección Nacional de Bienes Nacionales.

Asimismo, dijeron que realizaron un proceso de compra directa para la reparación y servicios de mantenimiento de dos ambulancias con la empresa Magna Motors, SA por un monto de 82 mil pesos para ambulancias marca Hyndai.

En cuanto a la distribución del personal asistencial, precisaron lo siguiente: el personal de enfermería, auxiliar de enfermería, técnicos de transporte sanitario y enfermeros de atención directa que aparece en nómina corresponde al necesario para operar las 20 unidades de ambulancias y tres unidades de respuesta rápida que tenemos en San Juan.

Este personal opera en 4 turnos de 24 horas cada uno, por lo que cada ambulancia requiere de al menos 12 de cada profesional. Además, se requiere de un personal back up o refuerzo entrenado para sustituir al personal fijo en caso de licencia médicas, vacaciones y otras situaciones propias del ser humano. El proceso se repite en cada provincia.

Compra de Uniformes

En lo que se refiere a la compra de uniformes para el personal, detallaron que el lote uno del  proceso número DAEH-MAE-PEUR-2023-003 incluye para cada colaborador asistencial 2 polos de 4 bordados (DAEH, 9-1-1, CRUE y Bandera Nacional, cintas reflectoras en el pecho, mangas y espaldas; una gorra con 4 bordados (DAEH, 9-1-1, CRUE y Bandera Nacional); dos pantalones que contiene doble cinta reflectora y dos bordados (logo DAEH y CRUE), una correa con hebilla y un par de botas color negro.

Para el personal administrativo 2 camisas tipo Columbia con cuatro bordados (DAEH, 9-1-1, CRUE y Bandera Nacional) Con relación a los precios adjudicados señalamos que los mismos fueron tomados en cuenta según mercado y ofertas en el proceso realizado.

Marino Suazo

Por otro lado, aseguraron que el señor Marino Suazo, supuesto representante de las enfermeras, se ha dedicado a difamar esta institución debido a una situación que enfrentaron hace unos meses.

“Es la misma persona que trató de difamar a la institución y a sus autoridades en meses pasados tras exigir que sea repuesto un personal de enfermería que fue desvinculado debido a la negligencia de priorizar el cambio de turno a la atención del paciente y en esa desventurada situación murió un bebe y además se puso en riesgo la vida de la madre”.

La DAEH explicó que la misión de los Centro de Regulación y Urgencias (Crue) es realizar traslados de un hospital a otro en dependencia de la capacidad resolutiva del centro médico y en base a la condición del paciente. Esto quiere decir que los traslados se realizan en coordinación con los hospitales y la mediación de un médico y no de forma individual.

 No obstante a esto, aseguraron que “nunca hemos negado los servicios a los ciudadanos que lo requieran”.

El Pregonero,

Santo Domingo.- La Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), que dirige el general retirado Juan Manuel Méndez García, aprobó un contrato de urgencias por la suma de 242 millones 195 mil pesos destinados al alquiler de 143 ambulancias por un lapso de apenas 3 meses.

Este presupuesto asignado podría haber sido suficiente para la adquisición de un considerable número de ambulancias nuevas. Aunque aún no se ha revelado la identidad del proveedor seleccionado el convenio está bajo el número DAEH-MAE-PEUR-2024-0001, fechado del 25 de enero del 2024 en la página de Compras y Contrataciones Públicas. El proceso se encuentra en etapa cerrada pendiente de adjudicación para conocer cuál o cuáles serán los proveedores de este servicio.

Lo que inicialmente se anunció como un recurso crucial para la atención de emergencias, se ha convertido en una cuestión de preocupación pública, al revelarse un alto número de ambulancias en mal estado y fuera de servicio.

Sin embargo, tras un año de su creación, su funcionamiento presenta claras discrepancias entre lo anunciado y lo que realmente se evidencia en el terreno. Una entidad que no es conocida entre pacientes que pudieran requerir sus servicios y no responde a los requerimientos de aquellos que lo solicitan.

El Programa Toda La Verdad conducido por la periodista Odalis Castillo y que se transmite todos los domingos por VTV Canal 32, presentó un reportaje que muestra cómo la entidad creada bajo el decreto 489-22 del 24 de agosto de 2022 y dirigida por el general Juan Manuel Méndez García, quien también dirige el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), se está convirtiendo en una entidad para sustentar una sorprendente nómina de más de 7 mil empleados.

En una llamada para recibir este servicio desde el Hospital Darío Contreras en Santo Domingo Este, se negó la asistencia a un paciente con problemas de movilidad, alegando que sólo se atienden casos de pacientes encamados. Este caso refleja una realidad más amplia, según la Asociación de Enfermería, donde muchos pacientes con necesidades de movilidad no son atendidos adecuadamente.

Al profundizar en la distribución de los recursos humanos, se observa una discrepancia alarmante entre los datos de la nómina y la realidad en el terreno. Por ejemplo, la cantidad de enfermeras contratadas en papel no se refleja en la disponibilidad real en los Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias, llamados CRUE, lo que plantea interrogantes sobre el manejo de la nómina.

En cuanto a las ambulancias, se anunció una disponibilidad de 593 unidades, pero la producción del programa hizo contacto con varios de los CRUE develando que muchas de las ambulancias están en mal estado y fuera de servicio.

Los procesos de compras y contrataciones por parte de la DAEH, suman más de 1,500 millones de pesos en un año, generando interrogantes sobre la eficacia en el uso de los recursos públicos, especialmente porque 952 millones de estos fueron invertidos en compras de urgencia para productos que son de compra cotidiana por la DAEH como son ticket de combustible, bajantes y hasta catéteres.

Participación Ciudadana afirmó que ha observado que el Gobierno mantiene propaganda gubernamental que viola el Decreto 1-24, así como la Ley 33-18 de Partidos Políticos y la Ley No. 20-23 de Régimen Electoral y sus disposiciones al respecto.

“Participación Ciudadana apela a la voluntad del presidente Abinader, quien se ha comprometido a no usar los recursos públicos para fines electorales”, leía parte de un comunicado.

También hicieron un llamado para la intervención de la Junta Central Electoral (JCE), haciendo uso de la facultad que le otorga la Ley 33-18 para “tomar cualquier medida cautelar respecto a cualquier bien o para hacer cesar de inmediato cualquier uso indebido de los recursos y medios del Estado, pudiendo procurarse para ello la fuerza pública”.

Asimismo, aseguró que el país no puede aceptar argumentos a favor de mantener propaganda gubernamental que esté destinada a dar las gracias por cumplir con funciones oficiales, y que estén dirigidas a obtener votos.

LEYES Y DECRETOS VIOLENTADOS

La Ley No. 33-18, de Partidos Políticos, “prohíbe el uso de recursos públicos de los poderes e instituciones del Estado, incluyendo los ayuntamientos, para financiar o apoyar en cualquier forma las actividades de rentabilidad electoral particular, inclusive aquellas que se deriven de inauguraciones oficiales.”

El Decreto 1-24 emitido por el presidente Abinader para regular la publicidad gubernamental prohíbe “incluir la voz, imagen o cualquier otra forma personal que individualice o distinga a funcionarios públicos”.

También prohíbe “usar publicidad que tenga como objeto o efecto los logros de gestión o los objetivos alcanzados, salvo en el marco del periodo de rendición de cuentas ante el Congreso Nacional”. Estas disposiciones son de aplicación inmediata.

ALGUNOS DE LOS EJEMPLOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

“Bajo la denominación de “Chequéame tu”, el Gobierno está pagando páginas y portadas de periódicos con una serie de informaciones de “logros gubernamentales” que no son otra cosa que propaganda electoral.

El Ministerio de Agricultura está pasando de manera frecuente en diversos programas y medios de comunicación, un anuncio en el que sale el ministro Limber Cruz y otras personas, con fotos del presidente Abinader, agradeciendo el apoyo que éste ha dado a la producción alimentaria.

Otra muestra de estas violaciones es el anuncio a página completa en algunos periódicos promoviendo el crecimiento de las exportaciones y de las zonas francas.

En las redes sociales, el Gobierno está promoviendo el plan “Más Salud y Esperanza de Vida”, donde se atribuye el mérito de “elevar la calidad de vida de los pacientes con hipertensión arterial y diabetes mellitus”.

Santo Domingo

Se entregó la mañana de este viernes José Francisco González Rodríguez, quien era buscado por las autoridades policiales con relación al crimen del señor Antonio Hernández Bautista (Tony), tío del exdirector de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista Almonte, en el hecho ocurrido el pasado miércoles en el residencial El Ejecutivo, al norte de Santiago.

El joven llegó al Palacio de Justicia de esa ciudad, acompañado de su abogado, el licenciado Neudy Pérez y sus familiares, para ser investigado en relación al hecho de sangre. Fue recibido en el departamento de denuncias y querellas de la procuraduría fiscal, que dirige el licenciado Gerardo Ponce.

Asimismo, fue ultimado ayer jueves en un supuesto intercambio de disparos en Villa González uno de los hombres ligados en la muerte del coronel retirado y tío del exdirector de la PN.

El hombre fue identificado como Jordany de Jesús (Radio), residente en Cienfuegos, en el distrito municipal Santiago Oeste.

El director de la Policía, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, informó que esa institución trabaja para dar respuesta a la menor brevedad sobre la muerte a tiros del tío del exdirector de esa institución.

El titular de la uniformada señaló que el general Pedro Ignacio Matos Pérez, director de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), está al frente las pesquisas, las cuales aseguró están avanzadas. Además, señaló que la uniformada tiene en su poder imágenes del hecho ocurrido el miércoles en Santiago.

Santo Domingo

El presidente Luis Abinader manifestó este jueves que en caso de ser escogido por el pueblo dominicano para un segundo y último periodo de gobierno, hará un llamado a todas las fuerzas políticas, económicas y sociales a gran acuerdo de unidad nacional para completar reformas que el país necesita.

“No sé trata de imponer creencias ni excluir las opiniones discordantes. Se trata de hacerlas confluir para incrementar las libertades y el bienestar de todos”.

En este sentido, el jefe de Estado explicó que busca abrir la puerta para compartir las buenas ideas y colaborar para seguir creando oportunidades en beneficio todos los dominicanos y dominicanas, para seguir reduciendo los niveles de pobreza y contar con una justicia real.

Para esto, agregó, se requieren políticas eficaces, empáticas e innovadoras que permitan superar las dificultades.

De igual forma resaltó se debe continuar la transparencia en el manejo de los recursos.

Doctorado Honoris Causa

Las palabras del mandatario se producen tras recibir un doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), en el área de Ciencias Económicas y Sociales.

Tras recibir las insignias, Abinader expresó que dicho título es un estímulo para seguir trabajando en favor del bienestar de todos los dominicanos, de la justicia, la igualdad y el desarrollo de la República Dominicana.

El mismo fue otorgado “por su firme y exitosa lucha por la preservación de la salud de nuestro pueblo, ante la pandemia del Covid-19; su acertado manejo de la recuperación económica post pandemia y crisis mundial consecuente, y por su decidida lucha en los ámbitos locales e internacionales, por la defensa de nuestra soberanía nacional”.

Las insignias fueron colocadas por el rector, Arq. Miguel Fiallo Calderón, mientras que el doctor Leonardo Conde, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, pronunció el discurso central y la semblanza del mandatario.

El Tribunal Constitucional (TC) ordenó al Ministro de defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, reintegrar al coronel  Pedro Julio Goico Guerrero (Pepe Goico), quien fue destruido en agosto de 2004 durante el gobierno del 2004, a las filas de las Fuerzas Armadas.

El TC acogió el  recurso de amparo presentado por Goico para su reintegración, basados en el artículo 41 de la ley de las Fuerzas Armadas. El fallo también manda a  tramitar por ante el Poder Ejecutivo la Sentencia núm. 0030-04-2021- SSEN-00540, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo, en la cual ordena el reintegro de Pepe Goico a las filas del Ejército.

De igual forma, condenó al pago de un astreinte de 10 mil pesos al Ministerio de Defensa; a su  ministro, el teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa y al  Estado Mayor de las Fuerzas Armadas,  por cada día de incumplimiento de la sentencia.

El numeral 4 del artículo 41 de la ley de las Fuerzas Armadas reza: Conocer de las solicitudes de reintegro de oficiales a las Fuerzas Armadas en aquellos casos específicos a que se refiere la Constitución, la presente ley y su reglamento de aplicación, previo estudio y recomendación del Estado Mayor de la institución militar a la cual haya pertenecido el oficial solicitante, de acuerdo a lo estatuido en los artículos 105 y 107 de la presente ley.

¿Quién es Pepe Goico?

El coronel Goico Guerrero pertenecía al Cuerpo de Ayudantes Militares del ex presidente Hipólito Mejía y fue jefe de la Avanzado militar, especialmente en los viajes al exterior del entonces mandatario. Luego, Goico Guerrero fue trasladado a la Primera Brigada del Ejército Nacional.

Pepe Goico fue sometido a la justicia en 1997 por supuestamente estafar al Estado dominicano con más de 90 millones de pesos, por cuyo caso duró un año preso en la cárcel de Najayo, San Cristóbal, hasta que el juez Víctor Martínez, en el 2004 emitió un auto de No Ha Lugar a la persecución criminal, tras determinar que no existían indicios para enviar el expediente a un tribunal criminal.

En el 2002 fue puesto bajo arresto por el ministerio de las fuerzas armadas donde se le interrogo con relación al fraude millonario de la tarjeta de crédito conocida como PEPECARD,  también fue interrogado acerca de sospechas del uso de operaciones ilícitas, de un avión y un helicóptero de la avanzada presidencial que él comandaba.

En el 2006 fue enviado a la cárcel la Victoria por 3 meses acusado de uso y distribución de dinero proveniente del narcotráfico en coordinación con el capo Quirino Ernesto Paulino.

En el 2007 Pepe Goico fue enviado a juicio de fondo por el caso del cargamento de 1387 kilos confiscados en el 2004 donde fue acusado de lavados de activos. Además hay que recordar el maltrato recibido a muchas personas cuando era el jefe de avanzada del presidente Mejía.

Durante el 2012, el exjefe de la avanzada militar del expresidente Hipólito Mejía, tuvo un breve encontronazo con la justicia luego de ser investigado por supuesta conspiración para derrocar el gobierno del presidente haitiano, Michel Martelly, luego de que se recibiera información respecto a esta acción de parte de los organismos de inteligencia haitianos; este caso fue archivado el 21 de agosto de 2012

En 2021, Pepe Goico fue señalado como la persona responsable de ordenar a dos miembros del Ejército (militares) el espionaje del que fue objeto la titular de la Dirección Nacional de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, y a un coronel de la Policía Nacional mientras realizaban la investigación para el Caso Coral, actualmente en los tribunales.

Decenas de policías retirados se manifiestan en la sede del Ministerio de Hacienda solicitando la entrega de los beneficios asegurados por la pensión.

El general retirado Damián Arias, uno de los representantes de esta aglomeración, explicó que son alrededor de 15,000 antiguos miembros de la Policía los que aún no han recibido el pago de indemnización por retiro. Agregó que aún no han recibido las prestaciones de 2023.

Arias explicó que además los pensionados están a la espera de recibir mejoras en el seguro de vida y la concretización de planes habitacionales.

Estás peticiones se enmarcan en lo establecido por la 590-16, artículo 124, donde se ordena la emisión de un pago por compensación, a través de una escala dictada por el Consejo Superior Policial.

“Aquí no estamos pidiendo, estamos exigiendo lo que nos corresponde. No queremos lo nuestro en las bóvedas, que nos lo entreguen”, indicó el mayor retirado Rodríguez.

Los miembros inactivos que estaban aglomerados en la edificación de Hacienda, ubicada en la avenida México, levantaron pancartas en medio de esta avenida, esperando una respuesta de las autoridades.

“Pago inmediato de la indemnización”, coreaba el colectivo, mientras sostenían cartulinas con mensajes como: “Que se cumpla la Ley 590-16”.

Asimismo, esperan que el presidente Luis Abinader cumpla con el aumento salarial prometido en años anteriores.

NEGOCIOS

El coronel retirado Polanco aprovechó la presencia de los medios de comunicación para denunciar las irregularidades que registran el uso de los fondos económicos destinados para los pensionados.

“Hoy ese dinero reposa en la reserva de la Policía Nacional, cooperativa. Nuestro dinero ellos lo usan para negociar”, aseguró.

Polanco deploró la extensa cantidad de policías que han sido cancelados por «chismes» con la Dirección de Asuntos Internos del cuerpo policial, alejando a esos veteranos de las remuneraciones económicas y sociales asignadas.

“Estamos aquí también por esos que fueron destituidos por chismes de Asuntos Internos porque no quisieron bañar un perro o estar con una querida”, destacó.

Según explicaron algunos afectados, una comisión será recibida este martes por representantes del ministro de Hacienda, Jochy Vicente, para atender estas demandas.

«Nadie ha hackeado nada, qué hackeo ni qué hackeo«, fue la respuesta del presidente de la Junta Central Electoral (JCE) al ser cuestionado sobre el supuesto hackeo realizado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la prueba de cómputo regional.

Señaló que tras lo ocurrido en el 2020 con la suspensión de unas elecciones «esta confianza ahora es que se está construyendo» en la población dominicana y que en este febrero se cumplirán cuatro años.

«Nadie a hackeado nada, qué hackeo ni qué hackeo, eso fue quizás una expresión mal usada», dijo Jaquez Liranzo.

Explicó que en prueba del 20 de enero a los equipos de digitalización escaneo y transmisión de datos se generaron diversos escenarios para ver la actuación del sistema donde se generaron hasta descuadres de actas para ver el desenvolvimiento del sistema.

Sobre la denuncia hecha por el secretario de Asuntos Electorales del PLD, Tommy Galán, y el supuesto hackeo por parte de los técnicos de ese partido, el presidente de la JCE indicó que fue parte de la prueba estresar al sistema y se dejó la WiFi prendido de la impresora que fue lo denunciado por Galán, pero que ya fue subsanado.

«Después que se presentó la auditoria, el sábado pasado y el viernes tuvo la Dirección de Informática reunidos con todos los delegados técnicos y ellos llevaron sus mejores expertos y se comprobó que ese WiFi simplemente lo que hay es que desconectarlo como estaba en las demás (impresoras)», explicó Jáquez Liranzo.

Reiteró que nos «existe tal hackeo» y que desde el PLD se aclaró lo sucedido.

Las declaraciones de Jáquez Liranzo se realizaron durante una entrevista en el programa radial El Sol de la Mañana.

La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) valoró este martes el avance en la calificación del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que cada año da a conocer la organización Transparencia Internacional. Por primera vez desde 2010, la República Dominicana alcanza una puntuación de 35 puntos sobre 100, lo que representa un aumento significativo de tres puntos en comparación con el año 2022, cuando obtuvo 32 puntos en el IPC.

El IPC de 2023, presentado por Transparencia Internacional en Berlín, establece que «la mayoría de los países alcanzaron mínimos o nulos avances en el combate a la corrupción en el sector público«.

En una nota de prensa resaltó que durante 12 años consecutivos, el promedio global del IPC se ha mantenido sin cambios en 43 puntos, y más de dos tercios de los países obtienen una puntuación inferior a 50. La organización advierte que esto indica la existencia de graves problemas de corrupción a nivel mundial.

La medición del IPC verifica cómo se percibe la corrupción en el sector público, considerando la existencia de sobornos, la protección legal de denunciantes de casos de irregularidades, la malversación de fondos públicos, el uso del cargo público para obtener beneficios personales, la capacidad de los gobiernos para prevenir actos corruptos, la excesiva burocracia estatal que puede fomentar oportunidades para la corrupción, el nepotismo en los nombramientos de funcionarios públicos, la legislación que garantice la transparencia en las declaraciones patrimoniales y posibles conflictos de interés en los cargos públicos, la captura del estado por intereses privados, y el acceso a la información sobre asuntos públicos de interés ciudadano y actividades gubernamentales.

Dinamarca encabeza la medición del IPC por sexto año consecutivo, con 90 puntos, seguida de cerca por Finlandia y Nueva Zelanda con puntuaciones de 87 y 85 respectivamente. Estos países se destacan por el buen funcionamiento de sus sistemas de justicia y han liderado el Índice de Percepción de la Corrupción desde 2012, así como los primeros lugares en el Índice de Estado de Derecho elaborado anualmente por el World Justice Project.

Una avería en el sistema impide desde este martes que ciudadanos puedan solicitar los servicios de la Procuraduría General de la República (PGR).

Diario Libre recibió varias denuncias de usuarios que no han podido realizar trámites en línea ni de forma presencial, a través de las oficinas GOB. 

La Dirección de Comunicaciones de la Procuraduría confirmó a este medio que presentan problemas con el sistema, sin embargo, no informó hasta cuándo persistirá la interrupción ni la causa de la misma. «Desde ayer temprano no haysistema,  Yo hice el procedimiento en línea para obtener un papel de buena conducta que necesito, pero me dio error. Llamé y me informaron que no hay sistema. Hoy (miércoles) fui a uno de los puntos del Gobierno y me dijeron que desde ayer no hay sistema«, explicó una usuaria. 

Luego de una larga carrera en la Alcaldía del Distrito Nacional, Domingo Contreras pretende concursar por la gerencia del cabildo e implementar una serie de innovaciones locales enfocadas en mejorar los principales problemas de la ciudad.

En el que sería su segundo intento para obtener la plaza, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Alianza Rescate RD ha escogido el drenaje como una de sus banderas para mejorar la calidad de vida en la demarcación. 

En términos sencillos, Contreras propone que se destine el Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI) al mantenimiento de los sistemas de desagües y que se ofrezca un servicio de atención permanente a estas estructuras para mitigar los daños producidos por fenómenos naturales de gran pluviometría.

«Lo que estamos pidiendo es que esto (el IPI) se especialice como un fondo para el drenaje y que se haga un fideicomiso para que tengamos la plena garantía de que estos recursos se van a emplear para un proyecto de manejo integral del drenaje«, expresó.

El municipalista sostiene que el ayuntamiento es uno de los actores principales en la recaudación del tributo predial (el que grava el valor de los predios urbanos y rústicos), y dice que sin embargo estos ingresos no se dirigen directamente a las alcaldías.

De acuerdo a esta iniciativa, estos recursos serían tutelados por un consejo de administración, creado para tales fines. El aspirante reitera que las intervenciones al drenaje del Distrito Nacional han sido muy circunstanciales y nunca  se ha profundizado en la materia.

Contreras también se ha destacado por su interés por el cuidado del medioambiente; en ese sentido, la disposición final adecuada de los residuos sólidos se encuentra entre las preocupaciones de una gestión morada frente al ayuntamiento.

La valorización de los desechos es una de las vías para que el Distrito Nacional pueda tener una renovación urbana y disminuir los cúmulos de basura que se tienen actualmente, según  el especialista.

«Aquí se generan cuatro millones de botellas plásticas a diario, son mil cuatrocientos millones de botellas plásticas al año… Yo planteo que le pongamos el precio de un peso a las botellas plásticas y que comencemos creando un programa que movilice todos los sectores de la capital», consideró.

Al responder por los fondos de esta iniciativa, Contreras explicó que ya existe un fideicomiso para el manejo integral de los residuos sólidos del cual se podría destinar una partida de al menos 500 millones de pesos al año para crear un proyecto de esta categoría.

• ¿Qué opina de Carolina Mejía?
• En dos entrevistas que Diario Libre sostuvo con Domingo Contreras, los periodistas Jesús Vásquez y Balbiery Rosario cuestionaron al candidato peledeísta sobre varios aspectos relativos a la alcaldesa Carolina Mejía.
•   «Su gestión no ha dado respuesta a las problemáticas principales. Es una persona carismática, es una persona de la política que hace una labor interesante, pero en municipalidad no ha dado en la diana», dijo. El dirigente político también cree que ser hija del expresidente Hipólito Mejía le ha ayudado a llegar a la posición que ostenta entre las filas del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
• «¿Cómo llegó a ser secretaria general?, ¿un acuerdo entre Luis e Hipólito?», expresó.Al evaluar el manejo al problema del drenaje en términos de: construcción y limpieza de los imbornales; educación ciudadana en materia de residuos; eliminación de inundaciones urbanas y el uso de sistemas de desagüe, Contreras piensa que Mejía sacó un cero.
• «Si usted mira estos cuatro componentes en un tema como el del drenaje, ella sacó cero en drenaje», afirmó. Añadió que las actuaciones de la alcaldesa han perjudicado al drenaje.

Desconocidos mataron a tiros este miércoles a un hombre de unos 70 años en el residencial El Ejecutivo, al norte de la provincia Santiago.

La víctima fue identificada como Tony Bautista, tío del exdirector general de la Policía Nacional, Ney Aldrín Bautista Almonte.

El fallecido presenta cuatro impactos de bala en distintas partes del cuerpo, establece el informe del médico legista actuante en el levantamiento del cadáver.

El hecho ocurrió la mañana de hoy en la intersección que forman las calles 7 y 14 del residencial El Ejecutivo, mientras la víctima preparaba una pintura para señalizar la calle próximo a un centro educativo de su propiedad. 

Testigos narraron que los matadores se desplazaban a bordo de una motocicleta. 

Hasta el momento, se desconoce el motivo del crimen. 

En el lugar se presentaron agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) y miembros del Ministerio Público.

Los investigadores están haciendo un levantamiento de las cámaras de seguridad que están instaladas en el área donde ocurrió el hecho.

En fecha 21 de junio del año 2021, el Senado de la República recibió de parte del Poder Ejecutivo, el proyecto de ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), junto con una misiva firmada por el presidente Luis Abinader, que impulsaba su aprobación.

Tras haber dicho que supuestamente no se involucró con la creación de la ley, la misiva recibida por el Senado si confirma que la pieza originalmente vino del Poder Ejecutivo y contó con la aprobación del mandatario.

Según la misiva remitida por Abinader al entonces presidente del Senado, Eduardo Estrella, el objeto del entonces proyecto de ley era «adecuar el marco normativo del Sistema Nacional de Inteligencia» bajo el nuevo nombre de Dirección Nacional de Inteligencia, la cual estaría bajo la dependencia del presidente de la República.

«De conformidad con esta propuesta, la nueva Dirección Nacional de Inteligencia ejercerá sus atribuciones con apego al marco constitucional y legal vigentes y pleno respeto de los derechos fundamentales» dice parte de la misiva.

Asimismo, Abinader recordó que la creación del sistema de inteligencia del Estado se encuentra estipulado en el artículo 261 de la Constitución de la República.

«Con la aprobación de este proyecto de ley se actualizaría y adecuaría la base legal de este importante órgano del Poder Ejecutivo, por lo que espero que los honorables legisladores impartan su voto favorable sobre este proyecto que someto a su consideración», concluye la misiva.

La Ley del DNI ha sido cuestionada por diversos sectores al señalar que en su texto se violentan derechos fundamentales estipulados en la Constitución dominicana.

VOCERO PLD

Este miércoles el vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, aseguro el presidente Abinader «miente» sobre la Ley DNI y reveló la misiva que llego al Congreso Nacional junto con el proyecto de ley.

Lorenzo recordó que el Abinader, mediante la comunicación dirigida al entonces presidente de la Cámara Alta, Eduardo Estrella, apoderó al Senado la aprobación de la pieza.

Sobre la creación de una mesa de diálogo con la Sociedad Dominicana de Diarios, el vocero del PLD aseguró que se trata de una «táctica dilatoria» ante los procesos electorales venideros.

Lorenzo calificó como «irresponsables» las declaraciones del primer mandatario tras considerar que ese proyecto fue sometido por él y contiene artículos que vulneran derechos fundamentales y, por consiguiente, son inconstitucionales.

Asimismo, aseguró que el presidente Abinader «quiere lavarse las manos», luego de que la sociedad, las entidades bancarias, empresas de telecomunicaciones, Sociedad Dominicana de Diarios, sectores religiosos y espirituales y otros sectores de la vida nacional han rechazado tajantemente esa Ley, por todo lo que involucra para la libertad y derechos de los ciudadanos.

Momento de tensión se vivió esta tarde en un pasillo del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, cuando explotó la batería de un cigarrillo electrónico (vape), que estaba en un bolsillo del pantalón de uno de los imputados en el caso Antipulpo.

El imputado salió del salón de audiencia del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que se encontraba en receso, sacó rápidamente el vape y lo tiró al piso, incendiándose de inmediato.

En ese momento, las personas que se encontraban en el pasillo comenzaron a correr, pensando que había sido un cartucho lanzado por uno de los agentes penitenciarios.

Una señora que pasó por el pasillo iba a tomar el objeto, pero uno de los agentes penitenciarios le dijo que no lo tomara, explotando al instante.

El imputado del caso Antipulpo propietario del vape, además de quemarse el pantalón y la chaqueta se quemó el dedo pulgar y alguna parte de la mano quemada.

¿De qué se compone una batería de cigarrillo electrónico?

Al igual que las baterías de teléfonos móviles, las baterías de ion-litio y similares, se componen de diferentes capas de materiales capaces de almacenar energía eléctrica, separadas por láminas aislantes que evitan el contacto entre capas de ánodos y capas de cátodos. Esta energía química se produce al ensamblar capas de carga opuestas entre sí, que al estar aisladas unas de otras, crean una diferencia de potencial y con ello el voltaje requerido para alimentar dispositivos electrónicos.

A meses de terminar el actual mandato del presidente Luis Abinader, todavía existen seis funcionarios que no han depositado su declaración jurada de bienes.

Según informó la directora de Ética Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, se ha aplicado la ley que exige a los funcionarios la realización y entrega de su declaración jurada, pero aún hay algunos que se resisten a completarla.

“Aquí no se exigía el cumplimiento de la declaración jurada de bienes. Pero hoy en día, en su gobierno, me informa el contralor general de la República que solamente seis funcionarios no han cumplido”, reveló Ortiz Bosch durante La Semanal,realizada en la provincia Duarte.

De igual manera, indicó que hay 480 funcionarios de gobiernos pasados que no realizaron su declaración jurada de bienes cuando les correspondía, quedando con esa deuda pendiente.

DECLARACIONES PASADAS

Desde el inicio de su mandato, Abinader ha insistido en varias ocasiones en que sus funcionarios presenten su declaración jurada de bienes, ya que de lo contrario serían suspendidos.

Incluso, a las pocas semanas de haber tomado posesión, el actual mandatario impuso fechas para la entrega de la declaración jurada de bienes, refiriéndose a la posibilidad de que si estos funcionarios no cumplan con esta orden serían destituídos.

“Si en tres semanas pos­terior al día 15 de septiem­bre (de 2020) no entrega la declara­ción jurada de bienes (el funcionario) entonces es­tará destituido”, aseguró el mandatario en aquel entonces.

El presidente Luis Abinader aseguró que no estuvo involucrado en la elaboración de la Ley 01-24 que crea la nueva Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y que ha sido objeto de duras críticas desde su aprobación en el Congreso Nacional.

Al encabezar un encuentro con la prensa en San Francisco de Macorís, el mandatario recalcó que la ya promulgada ley fue concebida en consenso con todos los partidos de oposición.

“Esa ley fue una orden de la Constitución del 2010, donde decía que tenía que crearse el sistema nacional de inteligencia. Habían cuatro proyectos de ley, de cuatro congresistas, tres de ellos de la oposición, que lo tenían discutiendo en el Congreso; se fusionaron los cuatro y salió esta ley donde quien les habla, no se involucró en lo más mínimo porque yo quería que salga de todos los sectores”, indicó Abinader resaltando que todos los sectores consultaron “aprobaron” el texto legislativo que ahora está vigente.

El jefe de Estado destacó que los “voceros más fervientes” de esa ley fueron los voceros de la oposición que hoy la critican.

El candidato a la Alcaldía del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Alianza RescateRD, Domingo Contreras, denunció esta mañana que la actual gestión municipal que encabeza Carolina Mejía, ha adjudicado de manera irregular a una misma compañía cuatro procesos para el mantenimiento de imbornales, colectores y pozos filtrantes, por un monto superior a los RD$ 155 millones.

También cuestionó que el grupo Lackey S.R.L., aparece registrado en la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual (Onapi) como una empresa de provisión de servicios de consultoría, asesoría y de publicidad en general, y otros servicios como vehículos, aeronaves, embarcaciones, maquinarias y equipos pesados, corredurías, garantías, tecnología, computación, comunicaciones y financiamientos.

Dijo no entender cómo una alcaldía del Distrito Nacional contrata para la limpieza de imbornales y filtrantes a una empresa que  no se dedica a la ingeniería hidráulica, civil o ambiental, “para poder gestionar el mantenimiento del drenaje pluvial del Distrito Nacional”.

“Si tú entra al portal de transparencia de Compras Dominicanas te darás cuenta que se hicieron cuatro procesos de licitación y los cuatro aparecen desiertos, anulados,  y días después aparece  la compañía Lackey S.R.L, con el contrato asignado”, sostuvo Contreras, candidato de la alianza opositora Rescate RD.

Contreras lamentó que mientras los distintos sectores de la capital se inundan cada vez que llueve la alcaldía contrata una compañía que, según afirma, no tiene la calidad ni las instalaciones para realizar el trabajo que se amerita en estos momentos.

Narró que el grito de los vecinos en los sectores capitaleños es el mismo,  que en los últimos cuatro a cinco años nadie limpia los imbornales “entonces cómo es que pagamos esa limpieza, 4 mil 80 servicios de limpieza, donde es que están limpiando, en cuáles sitios, porque eso no lo encontramos en el territorio”.

“Además por qué solo una compañía, y si participan otras compañías se declaran desiertos todos los concursos, hay cinco concursos que cada que vez se convocó lo dejaron desierto para que ganara la misma compañía”, destacó el candidato opositor.

Conteras advierte que se trata de una situación alarmante y desconcertante, la forma como se podría estar manejando irresponsablemente un tema tan delicado como el drenaje, el cual en los últimos dos noviembres ha causado la muerte de 20 personas y daños irreparables a los capitaleños.

Informó que el  Gobierno Central le entregó 230 millones de pesos a la alcaldía de la capital, para realizar la primera intervención de drenaje, para soluciones de los sectores El Rosmil, Luperón, Los Restauradores, La Castellana, Piantini, Vega Real, Calle Arabia, Arroyo Hondo, Ensanche Naco, Kennedy con Tiradentes, Expreso Quinto Centenario, Av. San Martin,  Mercado Nuevo, el Corralito, Ensanche Naco y avenida John F. Kennedy, pero esas soluciones no fueron empezadas y cuya contratación no comenzó hasta diciembre 07 del año 2023, casi un mes después de la segunda tragedia.

Santo Domingo

El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, reveló este lunes importantes informaciones sobre la controversial y rechazada Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), de la que, recientemente el presidente de la República y candidato a la reelección, Luis Abinader, dijo que “no se involucró en lo más mínimo”, asegurando que fue el mandatario quien la envió para su aprobación al Senado de la República.

El expresidente de la República recordó que en los artículos que publica los lunes, realizó uno en el que decía: “en el 2021, el actual gobierno del PRM introdujo su proyecto de creación de una Dirección Nacional de Inteligencia en sustitución del Departamento Nacional de Investigaciones, que había sido creado por la Ley 857 del 1978”.

Sobre ese particular, Fernández recuerda que el 22 de junio del año 2021, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, ofreció una rueda de prensa, desde el Palacio Nacional, en la que informaba al país que el día anterior, el 21 de junio 2021, Abinader había remitió al Senado de la República, un proyecto de ley con el que buscaba adecuar el marco normativo del Sistema Nacional de Inteligencia.

Estas declaraciones constan aún en la página web de la Presidencia.

En su artículo titulado: “La Ley 1-24: Un grave retroceso de la democracia”, Fernández reconoce que, existían varios proyectos de ley tendiente a crear un sistema nacional de inteligencia, debatiéndose en las cámaras legislativas durante los últimos 14 años, por lo que considera desacertados los pronunciamientos de Abinader, cuando califica como “politiqueras e hipócritas” las críticas de la oposición a la pieza legislativa.

Leonel Fernández explicó que el proyecto de ley del gobierno del 2021 perimió en la legislatura y, en el 2022 se recibió el proyecto del senador perremeísta por la provincia Peravia, Milcíades Franjul. En septiembre del año siguiente, 2023, la Cámara de Diputados envió a Comisión el proyecto sometido por dos legisladores del mismo partido.

El candidato presidencial opositor explicó, además, que “los tres proyectos propiciados por el gobierno fueron fusionados, discutidos en las comisiones de ambas cámaras y aprobado en el Senado y en la Cámara de Diputados, dando lugar a la promulgación, por parte del Poder Ejecutivo, de la Ley 1-24, actualmente objeto de rechazo unánime en la opinión pública nacional”.

Fernández asegura que la Ley 1-24, es inconstitucional, pues otorga al DNI funciones que la Constitución concede a otros órganos del Estado.

De acuerdo con Fernández, uno de los temas que más ira ha generado en la sociedad es lo relativo a la necesidad de obtener la orden de un juez como condición para la entrega de informaciones a la DNI, punto que se había recalcado e incluido desde la primera versión del proyecto en el 2010, pero que para el PRM parece ser innecesaria.

En la sesión del 29 de diciembre del 2023, un diputado del PRM sometió una modificación al artículo 11, la cual fue depositada por Secretaría, como establece el reglamento del hemiciclo.

“Al someterse la modificación al referido artículo en plena sesión y en medio de los debates, los legisladores no tuvieron la oportunidad de constatar que los cambios que se introducían eliminarían la orden judicial como obligatoria para la entrega de información”, dijo Fernández.

“Se había establecido que con la modificación se otorgaban mayores garantías a los ciudadanos en la preservación de sus derechos fundamentales. Los debates estaban cerrados. No se permitía deliberar o presentar posiciones contrarias al respecto, que ilustraran sobre lo que se estaba proponiendo como modificación”, agrega en su escrito de hoy el exmandatario.

“En una fecha de cierre de año, 29 de diciembre, al final de una larga sesión, el PRM y el gobierno aprovecharon las circunstancias para hacer que se aprobara una ley que viola, entre otros, el derecho a la intimidad y al honor personal, a la libertad de expresión e información y a la protección de datos personales”, dice.

Leonel Fernández culmina su escrito, estableciendo que “la artimaña produjo sus frutos. Generó confusión y de ahí la votación que ha dado lugar a las críticas actuales. Nada de hipocresía ni politiquería de los legisladores de oposición. Solo engaño y truculencia para despojar a un pueblo de sus libertades. En fin, un grave retroceso de la democracia

La candidata a vicealcaldesa por el Distrito Nacional, del Partido Revolucionario Dominicano y la alianza Rescate RD, Janet Camilo, se suma a la denuncia de Domingo Contreras, su compañero de boleta y exige a Carolina Mejía, rendir explicaciones sobre quién supervisó y da garantías de que el Grupo Lackey haya cumplido con los procesos de mantenimiento de los alcantarillados e imbornales, por los que le pagaron RD$155 millones.

“La alcaldesa Carolina Mejía les debe muchas explicaciones a los capitaleños, debe explicarles por qué sus casas se inundan cada vez que hay fuertes lluvias, pese, a que dicha institución ha pagado por el mantenimiento del drenaje pluvial; tiene la obligación de decirnos dónde está el equipo de supervisa y garantiza en qué se invierten los recursos del Ayuntamiento y si ciertamente el Grupo Lackely cumplió con lo acordado”, expresó Camilo.

En ese sentido, Camilo afirmó que “es evidente que Lackely S.R.L no tiene la capacidad para trabajar con el mantenimiento de los drenajes y no ha cumplido con el trabajo para el que fue contratada por la Alcaldía y así quedó evidenciado en los últimos dos noviembres, donde los capitaleños han pagado por las negligencias de unas autoridades que no supervisan el cumplimiento ni la correcta ejecución de los procesos”.

Domingo Contreras denunció posibles irregularidades en el proceso mediante el cual se le otorgaron varios contratos de servicios al Grupo Lackely, para dar mantenimiento al sistema de drenaje pluvial, debido a que dicha empresa no se dedica a la ingeniería hidráulica, civil o ambiental, para poder gestionar dichas acciones; sino a otras actividades comerciales completamente divorciadas para las que fue contratada, según consta en su el documento de registro en Oficina Nacional de Propiedad Intelectual (ONAPI).

El sector Capotillo, en el Distrito Nacional, ha sido por años un lugar donde reinan las drogas en las caras de las autoridades dominicanas. El miércoles en la tarde se llevó a cabo un operativo donde, según informó la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), incautaron más de 20 mil gramos de sustancias controladas.

De acuerdo con las declaraciones de un residente de la zona, quien pidió no ser identificado, algunos comercios del populoso sector han servido como techo para la venta de varios tipos de narcóticos. El reporte indica que incautaron cocaína, marihuana y crack.  

Durante la intervención, la cual se dio a conocer ante la lluvia de tiros con la que desconocidos despidieron a los agentes, resultaron apresadas 17 personas.

Diario Libre acudió ayer en la mañana al sector, donde todo se observaba en calma y los residentes de la zona realizaban sus actividades cotidianas, al igual que aquellos que hacen ventas de verduras, frutas y empanadas, pero, sobre todo, la venta de sustancias controladas abiertamente.

El comunitario indicó que la situación que ocurrió ayer miércoles no es nada nuevo para ellos y que los tiroteos en la barriada son frecuentes, aunque de vez en cuando toman una pausa. Además, sostuvo que las autoridades policiales tienen culpa de la situación, por permitir acciones ilícitas a cambio del «pago de peajes».

Manifestó que los líderes de bandas del sector se han adueñado del área y las autoridades no hacen nada al respecto.

La calle 42 es conocida por la cantidad de fiestas callejeras que se realizan en el lugar, donde artistas y otros individuos del mundo del espectáculo se presentan para festejar. En la zona no se observó la presencia de agentes de la Policía Nacional.

Sobre el operativo 

El informe de la DNCD establece que también ocuparon armas de fuego, armas blancas, 30 máquinas tragamonedas, dinero en efectivo, entre otras «evidencias».  

La institución indicó que lo ocupado, así como los detenidos, algunos de ellos con antecedentes por tráfico de drogas y otros delitos, ya están en poder del Ministerio Público para los fines correspondientes. 

Agregó que tras concluir los operativos en la calle 42 de Capotillo, los agentes de la DNCD procedían a salir de la barriada cuando fueron atacados a tiros por desconocidos. 

«Los agentes antinarcóticos se vieron en la necesidad de buscar un lugar seguro, debido a que por el gran movimiento de personas, el protocolo de actuación le impedía repeler la agresión y de esta forma no herir o provocar situaciones incómodas a conductores y transeúntes que estaban próximo al lugar», precisó. 

La DNCD informó que ninguno de los agentes actuantes resultó herido en el operativo realizado en el sector de Capotillo. 

SANTO DOMINGO

El Ministerio Público calificó de vana y sin fundamento la solicitud de las defensas del proceso que se sigue contra Juan Alexis Medina Sánchez y compartes sobre la nulidad de la acusación por corrupción administrativa presentada en su contra, al precisar que “no es una salida procesal prevista por la norma”.

La procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que los abogados defensores solicitaron la nulidad de la acusación “por una serie de argumentos que, a nuestro juicio, no tienen fundamento”.

 “En mis 18 años como Ministerio Público no he visto jamás que un juez haya anulado una acusación y mucho menos por los motivos que ellos expresan”, destacó.

La representante del Ministerio Público expresó “que ellos lo único que tratan es de huirle al conocimiento del fondo del proceso”.

“El Ministerio Público está seguro y confiado de que obtendrá las sentencias ejemplares que esperamos en este caso”, advirtió.

Sobre otros planteamientos de los abogados en el juicio, dijo “en la audiencia del día de hoy estábamos esperando el fallo de los incidentes que han planteado varias de las defensas en contra de la calidad de los querellantes, particularmente de los querellantes abogados que representan el patrimonio público, la recuperación del patrimonio público”.

 “En el día de hoy se esperaba el fallo de esa decisión, pero la situación de salud del acusado Fernando Rosa ha impedido que continuemos el desarrollo de la audiencia. Al ser un tema de salud, es un tema que se impone, y los jueces, pues, decidieron suspender la audiencia para el próximo miércoles”, explicó.

Ortiz habló del proceso en respuesta a preguntas de la prensa sobre el juicio contra Juan Alexis Medina Sánchez, que se ventila en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Además de Ortiz, en esta audiencia el Ministerio Público está representado por los fiscales litigantes Elizabeth Paredes, Ernesto Alberto Guzmán y Yoneiby González.

El Segundo Tribunal Colegiado, integrado por juezas las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yissell Soto, recesó el juicio hasta el próximo miércoles 31 de enero, a las 9:00 de la mañana.

El expediente presentado por el Ministerio Público, que tiene como principal acusado a Alexis Medina Sánchez, establece que los más de 48 encartados cometieron delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo y uso de documentos falsos, así como financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia y lavado de activos.

La acusación establece que Juan Alexis Medina Sánchez creó un entramado societario y, utilizando tráfico de influencias, al ser hermano del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez (periodos constitucionales 2012-2016, 2016-2020), realizó un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios.

Especifica que se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros, obras, bienes y servicios del Estado, operando como criminalidad organizada.

Otras calificaciones jurídicas en este expediente son: coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.

Golpes, amenazas, insultos verbales y un atropello a sus derechos, fue lo que asegura haber vivido el doctor Wazar Gómez, tras su detención por la policía el pasado viernes cuando protestaba, pacíficamente, en vías públicas de Ocoa, levantando una pancarta con una pregunta sobre salud al presidente Luis Abinader.

En una conversación con periodistas de Listín Diario, Gómez, que se describió como un activista social y ambiental, explicó en detalles lo acontencido.

Graduado de medicina del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) desde hace 40 años, Gómez, siendo muy joven, se trasladó a Estados Unidos, donde se especializó en Medicina del Sueño y Neuropsiquiatría.

Estando en suelo estadounidense, trabajó en varios hospitales. En el Departamento de Defensa fue miembro de la unidad anti pandémica, en el estado de Florida.

En 2007 regresó al país, donde compró fincas y se dedicó a la agricultura. Actualmente tiene un consultorio en el Centro Dominicano de Podología.

Al explicar las causas de su caminata, con un cartel en alto a manos, Gómez indicó que una de sus preocupaciones son las cifras de pacientes de cáncer en San José de Ocoa.

“Llama la atención que San José de Ocoa es una provincia de unos 70,000 habitantes y tiene un promedio de afección de cáncer es 1 por cien mil, lo que significa que debería tener un paciente de cáncer por año, pero con menos de 70,000 personas tiene 10 a 15 pacientes de cáncer al año”, expresó.

También, mostró su preocupación por los pacientes psiquiátricos debido a que en el Hospital de San José de Ocoa no cuentan con un pabellón de especialistas en esa área.

“Eso es una barbaridad, cuando tienes una incidencia tan alta de pacientes psiquiátricos y no tienes un pabellón donde poner atención a las emergencias psiquiátricas que se presenten en la provincia”, dijo.

Buscando una respuesta o solucionar esos problemas, decidió levantar un cartel con en llamado al jefe del Estado y salir a las calles del municipio. Sin embargo, fue sorprendido por policias que, sin mediar palabras, lo introdujeron a la fuerza en un vehículo.

“Como si fueran perros, se me abalanzaron, me tumbaron y me secuestraron sin yo saber para donde iba o qué va a ser de mí”, así describió el suceso.

Gómez narró que durante el trayecto hacia el destacamento policial, ningún agente se identificó o le dirigió la palabra. Al llegar al destacamento, según sus palabras, fue recibido por una coronel, quien tampoco se identificó y solo procedió a insultarlo con improperios.

El activista aseguró que la única pregunta que la dama le hizo fue acerca de su nombre, no obstante lo que supondría sería un interrogatorio se volvió una agresión verbal hacia el ciudadano. “Ladrón, abusador, bandolero”, fueron algunas de las palabras que según Gómez, le enunció la coronel no identificada.

Al preguntar las razones de su arresto y pedir una explicación de la situación, la respuesta que dice haber recibido fue un “te vamos a poner en orden”.

Tras esto, fue trasladado a una habitación donde le pidieron posar para hacerle una fotografía, acción a la que Gómez se negó. Pero, dijo que al negarse la coronel ordenó a seis hombres sostener su rostro para poder retratarlo, quienes lo estrangulaban para que no pudiese respirar.

Posteriormente, fue llevado a una celda donde se encontraban unos 10 hombres.

“Ciérrenlo allá atrás con los presos y díganle que me lo arreglen”, detalló el especialista el decir de la oficial.

Aseguró que le obligaron a entrar a la celda descalzo y esposado, allí fue golpeado violentamente por los reclusos por unos cuatro minutos, quienes le desprendieron el pantalón que llevaba puesto.

Después de haber sido golpeado, un policía le cedió la llave a un recluso para que le quitaran las esposas. Horas después, tras presentar fuertes dolores en el cuerpo y sentir que perdía la respiración fue trasladado al hospital.

Desmintió que su liberación fue por una “inspección corporal”, porque a pesar de que el fiscal Juan Ysisdro Minyetti pidió su libertad cuando estaba en el área médica, no fue liberado por la coronel, sino la mañana del sábado.

ACUDIRÁ A LA JUSTICIA

“Da mucha pena que una persona no pueda expresarse libremente, tranquilamente sin ser molestado, torturado y tratado como un criminal”, apuntó.

Afirmó que busca actuar ante la justicia, para conocer el nombre de la coronel, a quien responsabilizó de todo lo que pasó, y “proceder contra ella”, ya que sus derechos constitucionales fueron violados.

ORDEN DEL PRESIDENTE

Respecto al comunicado del vocero de la presidencia, Homero Figueroa donde informó que el presidente Abinader había ordenado la liberación de Gómez, el galeno aseguró desconocer que su puesta en libertad fuera por ese motivo.

“Me llama mucho la atención que habiendo un país de democracia, de separación de poderes, el presidente de la Republica dé una orden de libertad. En un país que se respete la constitución el presidente no debe dar ni orden de arresto ni orden de liberación”, expresó.

Dijo que aun deba agradecer al mandatario, lo correcto debió ser que ordenara una investigación para determinar las razones de su apresamiento o si estaba siendo acusado de algo.

“No le creo al presidente de la Republica su intención de subsanar lo acontecido a menos que no dé un ejemplo, indagando dónde está esa coronel y haciéndola pagar por eso públicamente”, concluyó Gómez.

De nada valieron las advertencias o “amenazas” hechas por el presidente de la República para que el microtraficante, “Kiko la Quema”, se entregará a las autoridades, a más de dos meses de declarar como prófugo de la justicia.

El pasado 21 de enero se cumplieron dos meses desde que las autoridades iniciaron la búsqueda de José Antonio Figuereo Bautista, conocido bajo el apodo “Kiko la Quema”, sin que se conozca aún detalles de su paradero.

Específicamente, el 21 de noviembre la Policía Nacional activó un operativo para dar con su paradera, tras ser colocado como un supuesto líder de una banda criminal en San Cristóbal, la cual se dedicaba al microtráfico de estupefacientes.

Sin embargo, dos meses después, el presunto delincuente de 45 años se mantiene prófugo a pesar de ser “altamente peligroso” según la Policía Nacional, dado que está acusado de cometer homicidios, robos, secuestros, asesinatos, microtráfico, cobros compulsivos, extorsión, tráfico de armas, invasión de terrenos y lavado de activos.

Los informes policiales señalaron que la banda de Kiko la Queda operaba en varias comunidades de San Cristóbal, sobre todo en su municipio natal, Cambita Garabitos, pero a pesar de las búsquedas no han dado con su ubicación.

A quien sí capturó el cuerpo castrense fue a dos hombres quienes el Ministerio Público acuso de pertenecer a la organización criminal de Kiko la Quema, identificados como Elvi de la Rosa de León y Ángel Miguel Figuereo, este último hijo del cabeza de la banda.

Poco después de su captura, el 14 de diciembre del pasado año 2023, la Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal impuso un año de prisión preventiva contra ambos presuntos delincuentes, así como una garantía económica de 30 mil pesos en efectivo, impedimento de salida del país y presentación periódico contra Jonathan Emeterio Lorenzo, otro supuesto implicado.

También su impuso prisión preventiva a Wilkin Lorenzo Moreta y la presentación periódica a Ana Luisa de Jesús, a quienes también implican en la desarticulada red encabezada por «Kiko La Quema».

Advertencia Abinader

A final de diciembre, el presidente Luis Abinader, se pronunció por segunda ocasión sobre el presunto microtraficante que se encuentra prófugo “Kiko la Quema” y aprovechó para exhortarle a todos los fugitivos en República Dominicana a entregarse a las autoridades, con el objetivo de evitar “hechos sangrientos”.

“Lo que yo quisiera es que se entreguen para que no haya hechos de sangre ni intercambios”, manifestó el primer mandatario, haciendo referencia a casos en los que criminales son abatidos por agentes policiales durante supuestos intercambios de disparos.

Esta es la segunda ocasión que Abinader le solicita a José Antonio Figuereo Bautista, conocido en su accionar delictivo como “Kiko la Quema”.

La primera se produjo durante su acostumbrada comparecencia pública «La Semanal» realizada el pasado 27 de noviembre, donde aseguró que a Figuereo Bautista le conviene entregarse porque «no contaría con la complicidad de las autoridades».

El jefe del Estado reiteró que “Kiko la Quema” continúa siendo un objetivo principal de la fuerza de tarea conjunta de la Policía Nacional.

En tanto, Abinader aseguró que cientos de delincuentes que eran fugitivos se han entregado a la Justicia para cumplir con sus condenas.

El Ministerio Público apelará las medidas de coerción impuestas por la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, al rapero estadounidense Daniel Hernández, mejor conocido como Tekashi o 6ix9ine, implicado en violencia de género e intrafamiliar.

La fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, dijo que procederán con la apelación de la decisión porque se realizó una aplicación errónea de la norma y el peligro que corre la víctima al no imponérsele la medida privativa de libertad que solicitó el Ministerio Público por los hechos cometidos contra su pareja, la también cantante urbana Jorgina Guillermo Díaz, conocida como Yailín La Más Viral, y su madre Wanda Díaz Núñez.

Indicó que la juez vulneró el derecho de la víctima, la señora Wanda Díaz Núñez de ser escuchada.

“Ella (la señora Wanda Díaz Núñez) presentó una constancia médica de que no podía estar presente y, solicitamos en virtud de este reglamento que se escuchara por la herramienta electrónica que el tribunal considerara pertinente y no lo acogió (la jueza), vulnerando el derecho de la víctima”, explicó la fiscal Ramos.

Dijo que la jueza también permitió que abogados que, por disposición de la ley, no podían tener participación, lo hicieran de manera activa, demostrando una vulneración a los derechos de las partes.

Además, dijo que ignoró la prueba de la llamada que realizó la señora Yailín al 9-1-1 pidiendo ayuda y que ignoró el peligro de fuga al ser Tekashi extranjero.

La fiscal Ramos también indicó que se ignoró la prueba aportada de un celular que se le ocupó al señor Tekashi en la celda, con el cual estaba amedrentando a los testigos y obstaculizando la investigación.

“Con esta libertad, la juez pone en peligro a la bebé de 10 meses de la víctima, a Yailín y a doña Wanda, así como a todos los testigos del proceso”, manifestó la representante del Ministerio Público.

El Ministerio Público recordó que la Ley No. 339-22 establece que “Excepcionalmente, en razón de la vulnerabilidad y los efectos de la revictimización de que son objeto las personas en casos de delitos sexuales, violencia intrafamiliar y de género, el juez o tribunal apoderado, podrá disponer a petición de la parte, por resolución motivada, la participación virtual de la víctima”.

La jueza Fátima Veloz impuso a Tekashi la presentación de una garantía económica de 30 mil pesos, en la modalidad de efectivo; impedimento de salida del país, presentación periódica los días 30 cada dos meses por ante el Ministerio Público investigador y la obligación de someterse a la vigilancia y cuidado del Centro Conductual para la Desarticulación de la Personalidad Violenta y asistir a las charlas que imparte dicho centro.

Veloz también emitió una orden de protección recíproca a favor de las víctimas, donde se le prohíbe a Tekashi molestar, intimidar, asediar, hostigar o amenazarlas por cualquier vía, ya sea en persona, por teléfono, por mensajes de textos o de WhatsApp o cualquier otra aplicación similar, videollamadas, redes sociales o por intermedio de terceras personas.

Según la investigación del Ministerio Público, el imputado ha ejercido violencia verbal, física y psicológica contra las víctimas.

La titular de la Dirección Nacional contra la Violencia de Género, Ana Andrea Villa Camacho, dijo en el proceso que solicitaron la medida de coerción privativa de libertad por tratarse de un delito especial como es la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar.

El caso ha recibido la calificación jurídica de violación a la Ley 24-97, artículos 309-1 y 309-2.

Daniel Hernández fue arrestado el pasado miércoles 17 de enero, bajo la orden judicial número 0273-2023, emitida por la jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.

El vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, emplazó al presidente Luis Abinader a convocar, a la mayor brevedad posible, una legislatura extraordinaria para resolver el tema de la Ley 1-24 de la DNI. 

En ese sentido, Lorenzo valoró la ley como un adefesio que viola derechos fundamentales y sustituiría instituciones como el Ministerio Público y a la Judicatura.

El Senador por la Provincia Elías Piña expresó que lo grave de la creación de esta nueva dirección es que suplanta al Ministerio Público y a la Judicatura.

“La solución, de conformidad con la Constitución de la República, la tiene el presidente Luis Abinader, porque él es el único que tiene facultad de convocar extraordinariamente al Congreso Nacional a los fines de conocer ese proyecto y en una semana tenemos resuelto el tema”, precisó el dirigente peledeísta en declaraciones reseñadas por la secretaría de Comunicaciones del PLD.

Yván Lorenzo dijo que hay que olvidarse del Recurso Constitucional, porque, tal como se pronunció el presidente del Tribunal Constitucional, eso puede tener un trato ordinario que dura entre 3 o 4 años, por lo que es peligroso ir a elecciones municipales con ese adefesio.

Yván Lorenzo negó que el Proyecto de Ley que crea el DNI se consensuara en el Congreso “el presidente le miente al país porque ni siquiera se pudo consensuar en el seno de la bancada oficial”.

Con la misma vehemencia con la que se dedicó a la labor revolucionaria que dio origen, en 1844, a la República Dominicana, Juan Pablo Duarte se opuso a los planes proteccionistas o anexionistas que involucraban a grandes potencias de su época. El Padre de la Patria, de cuyo nacimiento se cumplen este 26 de enero 211 años, conspiró contra el gobierno de la ocupación haitiana, e, igualmente, encaró a grupos que pretendían entregar el territorio nacional, total o parcialmente, a Francia, España, Estados Unidos o Inglaterra.

En su propuesta de Constitución o Ley Fundamental, el hijo más ilustre de Juan José Duarte y Manuela Díez establecía que la República Dominicana no debía ser “parte integrante de ninguna otra nación”, que debía ser una “nación libre e independiente de toda dominación, protectorado, intervención e influencia extranjera”.

Y a lo largo de su accionar público, mostró fidelidad a esa visión y al juramento que hiciera al fundar La Trinitaria, que le obligaba a luchar no solo por la “separación definitiva del gobierno haitiano”, sino también a trabajar por una nación libre “de toda dominación extranjera”.

No bien daba la naciente república sus primeros pasos de vida independiente en 1844, cuando el patricio se opuso a las intenciones entreguistas de la facción conservadora dentro de la Junta Central Gubernativa. Su amigo Juan Isidro Pérez lo destaca en una carta que le escribiera en 1845, y en la que recuerda que Duarte fue “el único vocal” del órgano de gobierno que, “con una honradez a toda prueba, se opuso a la enajenación de la península de Samaná”.

El propio Duarte rememora aquella postura veinte años más tarde en una misiva en la que afirma que, luego de proclamada la independencia nacional, se pronunció contra el protectorado francés (del que eran partidarios hombres como Tomás Bobadilla, quien se había declarado públicamente en favor de esa alternativa), y contra el intento de cesión a Francia de la península de Samaná.

Esa no fue la única oportunidad que tuvo de mostrar su nacionalismo. Enterado de que Pedro Santana (uno de los caudillos detrás de su destierro en 1844) había anexado la República Dominicana al reino de España, Duarte no duda en salir de su ostracismo en Venezuela. En marzo de 1864, y tras veinte años de exilio, regresa a su patria para ponerse al servicio del Gobierno Restaurador con asiento en Santiago, resuelto a correr “todos los azares y vicisitudes”, “los riesgos y peligros”, que pudiera acarrearle dicha causa (finalmente, el Gobierno le encomienda regresar a Venezuela para recabar fondos y armamento para la revolución).

Tal proceder evidenció, una vez más, coherencia con su ideal de independencia pura y simple. No importó que, esta vez, los dominicanos se alzaran contra la tierra de donde era natural su padre, el comerciante español Juan José Duarte, y en la cual el propio Padre de la Patria había residido y estudiado en sus años mozos.

Por si quedan dudas de su compromiso con la soberanía nacional, remite al ministro de Relaciones Exteriores una carta en la que reprueba tanto a proteccionistas franceses como a anexionistas americanos y españoles, y advierte contra el curso que podrían tomar los acontecimientos en vista del camino por el que se encaminaba la política internacional de Francia, España, Inglaterra y Estados Unidos.

“Protesto y protestaré siempre –reza el documento fechado el 7 de marzo de 1865–, no digo tan solo a la anexión de mi Patria a los Estados Unidos, sino a cualquiera otra potencia de la tierra, y al mismo tiempo contra cualquier tratado que tienda a menoscabar en lo más mínimo nuestra independencia nacional y cercenar nuestro territorio”. 

La senadora por el Distrito Nacional, Faride Raful, reflexionó en dos ocasiones sobre los desafectos que le tienen algunos de sus compañeros en el Partido Revolucionario Moderno.

Raful concedió una entrevista al matutino El Día, donde fue entrevistada por los periodistas Edith Febles y German Marte.

Allí dijo que ahora como co coordinadora de campaña estaba trabajando con personas conocidas, en una organización donde se ha validado y donde la respetan pero ahí hizo el señalamiento de que ese respeto viene de algunos que sí y otros que no.

«No estoy trabajando con personas desconocidas, soy dirigente de un partido, he crecido en un partido que me he validado y donde me respetan, algunos y algunos no ¿verdad? Porque hay de todo…», dijo en un primer momento.

Más adelante en la entrevista y ante un comentario de Marte sobre las criticas que ha recibido de algunas personas en sus años de legisladora, y que ahora sienten cierta pena por su sustitución como candidata, señaló con un poco de risa que había personas que hicieron parte de esa campaña dentro de su partido.

El consultor internacional en gestión pública de seguridad y convivencia ciudadana, Luis Ernesto García Hernández, fue designado Comisionado Ejecutivo para la Transformación de la Policía Nacional mediante el decreto 52-24.

El referido decreto dejó sin efecto el nombramiento de José «Pepe» Vila como comisionado policial.

García Hernández es profesional en criminalística por la Policía Nacional de Colombia y licenciado en derecho graduado de la Universidad La Gran Colombia.

Además, posee una especialización en Planeación Educativa de la Pontificia Universidad Javeriana y Manejo de Recursos de Inteligencia Humana Oficina Federal de Investigación es el Servicio de Seguridad y de Inteligencia Nacional de Estados Unidos.

Cuenta con experiencia en reforma y modernización policial con énfasis en rediseño de sistemas de carrera, disciplina, modelos de educación y entrenamiento policial bajo estándares profesionales.

El ultimó cargo que ocupó fue de jefe de planeación y gerente del Proceso de Transformación Policial de la Policía Nacional de Colombia.

También, ha completado estudios especializados, como el Programa Alto Gobierno por la Universidad de los Andes, el International Economic and Political Forum por The London School Of Economics, y la Inteligencia Prospectiva Contra el Crimen Transicional de la Oficina De Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

García cuenta también con especialización en Curso Estratégico de Seguridad Pública por la Escuela de Posgrados Policía Nacional de Colombia, Análisis Estratégicos de Alertas Tempranas por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial.

Asimismo, Curso de Policía Judicial en Sistema Penal Acusatorio por la Universidad del Rosario, entre otras especialidades internacionales.

Este martes, Hugo Beras tenía que presentarse ante la Fiscalía del Distrito Nacional tras ser acusado por Carlos Ariel Zabala, representante de la empresa de Control de Tráfico y Semáforos (IControl), por supuesta difamación e injuria, pero no acudió al compromiso.

El funcionario, que está en licencia de su cargo de director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), mandó una constancia médica de que tiene COVID-19.

La licencia de que dio positivo al virus del COVID fue remitida por su abogada Laura Acosta ante el departamento Investigativo de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, de la Fiscalía del Distrito Nacional donde tenía que acudir este martes.

Carlos Ariel Zabala ha acusado al Intrant de mal manejo en las licitaciones y a su vez ha sido imputado por Beras, que lo señala de engañar al Estado con más de mil millones de pesos.

Santo Domingo. – A propósito del debate que ha generado la promulgación de la ley 01-24, que establece y regula la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Sistema Nacional de Inteligencia (SIN),el exprocurador general del República, y vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez Peña, fue enfático al afirmar que nadie puede obligar al periodista a revelar su fuente, ni siquiera el Ministerio Público.

Refirió que el artículo 49, de nuestra Carta Magna es bien taxativo cuando indica que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa.

“La Constitución establece en el artículo 49, inciso 3, lo que se llama la “Cláusula de Conciencia”, que resguarda el derecho que tiene el periodista de proteger su fuente , nadie puede obligarlo a revelarlo, ni siquiera el Ministerio Público, que es el órgano fundamental de la investigación en la República Dominicana consagrado Constitucionalmente; mucho menos un órgano paramilitar o militar como lo es la Dirección Nacional de Inteligencia, “expresó.

Llama “popicracia a funcionarios del gobierno

El dirigente político dijo que la “popicracia”, refiriéndose a los funcionarios del gobierno, tienen los días contados, y tanto en las elecciones de febrero como de mayo de 2024, el pueblo les dará su merecido.

“En estos tres años del gobierno del PRM, lo que se ha instaurado en el país es una “popicracia”, es el gobierno de los popis, de los ricos, que no les importa para nada el destino de los pobres, esas gentes han arrasado con todo, pero solo quedan 7 meses para que el país se enrumbe por el sendero del progreso la libertad, y el fortalecimiento institucional de la mano de Leonel Fernández”, reseñó Jiménez Peña.

Un apagón en el Aeropuerto Internacional de las Américas (Aila) se registró la noche de este martes, causando incomodidad a los usuarios de esta terminal aérea, quienes tuvieron que utilizar los focos de sus celulares para mejorar la visibilidad.

Según Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), consultado por Diario Libre, el apagón fue «un corte energético programado y coordinado». 

Luis José López, director de Comunicación Corporativa de Aerodom, explicó que la interrupción se programó para la interconexión de cables de alta potencia de los inversores a su red, como parte del proyecto de paneles solares en el techo de la terminal.

López afirmó que el apagón no afectó las operaciones, ya que todos los vuelos se coordinaron a través de la otra terminal, que se mantuvo energizada.

En una nota informativa de su Centro de Operaciones, la entidasd alertó que el martes 23, de 8:00 de la noche a 12:00 de la medianoche, se llevaría a cabo el corte en la terminal norte completa, incluyendo la iluminación de la rampa norte.

El Tribunal Superior Administrativo (TSA) falló en favor de la Dirección General de Contrataciones Públicas y en contra de Transcore Latam S.R.L, empresa que había sometido una medida cautelar para que no se suspenda el contrato con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), sobre la red de semáforos inteligentes, cuyo expediente está en el Ministerio Público. 

Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas, dio a conocer la información en X, al indicar que el TSA emitió la sentencia 0030-01-2023-SSMC-00127, en la que «consideró que no fueron probados los méritos para adoptar una medida cautelar contra la resolución de la DGCP».

A través de la medida cautelar, Transcore Latam S.R.L, cuyo dueño es José Ángel Gómez Canaán, buscaba que no se suspenda el acuerdo para la «Contratación del Servicio de Modernización, Ampliación, Supervisión y Gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo», por un monto de RD$1,317,350,997.00.

Las investigaciones de Contrataciones Públicas y la Unidad Antifraude de la Contraloría comprobaron «la existencia de un entramado societario difuso y la presentación de documentación falsa para acreditar experiencia por parte de la empresa adjudicataria que fue desconocida por las empresas supuestamente emisoras».

En ese sentido, mediante la Resolución Ref. RIC-179-2023, se dictó la inhabilitación contra el proveedor Transcore Latam, S.R.L., por presentación de documentación falsa o alterada, en el marco del procedimiento de Licitación Pública Nacional Núm. INTRANT-CCC-LPN¬2023-0001.

El contrato fue firmado entre la empresa y Hugo Beras, director de ese entonces del Intrant, quien defendió el contrato, pero más adelante, cuando salieron las irregularidades, pidió licencia de su cargo al presidente Luis Abinader.

Durante las pesquisas, la DGCP identificó un entramado societario, «con signos de aparente utilización de mecanismos de creación de múltiples empresas a través de una única entidad o un solo beneficiario final», informó Pimentel en ese entonces. 

El expediente fue remitido al Ministerio Público, órgano que ejecuta el ciclo de investigación para luego decidir si procede o no con los sometimientos en los tribunales. 

Tras el operativo realizado ayer por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), donde desconocidos les emprendieron a tiros, la calle 42 del sector Capotillo del Distrito Nacional, amaneció en calma, según expresó uno de los comunitarios del populoso sector, quien pidió no ser identificado por temor a represalias.

El comunitario indicó que la situación que ocurrió ayer no es nada nuevo para ellos y que los tiroteos en la barriada son frecuentes, aunque de vez en cuando toman una pausa. Además, sostuvo que las autoridades policiales tienen culpa de la situación, por permitir acciones ilícitas a cambio del «pago de peajes».

Un equipo de Diario Libre hizo un descenso en la barriada a las 10:15 de la mañana, y pudo constatar que los residentes de la zona realizaban sus actividades cotidianas, al igual que aquellos que hacen ventas de verduras, frutas y empanadas, pero sobre todo, la venta de sustancias controladas abiertamente.

Según el comunitario, los líderes de bandas del sector se han adueñado del área y las autoridades no hacen nada al respecto.

La calle 42 es conocida por la cantidad de fiestas callejeras que se realizan en el lugar, donde artistas y otros individuos del mundo del espectáculo se presentan para festejar. En la zona no se observó la presencia de agentes de la Policía Nacional.

Durante el operativo de ayer, los agentes antinarcóticos incautaron más de 20 mil gramos de sustancias controladas como marihuana, cocaína y crack. Además, realizaron 17 arrestos.

Según una nota de prensa de la DNCD, los oficiales llevaban a cabo un operativo en la zona y al concluir, desconocidos les dispararon.

El Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional decretó este jueves la rebeldía en contra de Rosa Antonia Disla, acusada por el Ministerio Público de testaferrato en el caso Coral y Coral 5G.

La jueza Yanibet Rivas, quien preside este tribunal, también ordenó el arresto de Disla y declaró el abandono por partes de sus abogados.

En la audiencia de este jueves, el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales litigantes Jonathan Elías Pérez Fulcar y Miguel Collado, adscritos a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Se recuerda que el pasado 27 de enero de 2023, atendiendo una solicitud del Ministerio Público, la magistrada Rivas ordenó la separación del proceso de la acusada en los casos de corrupción Coral y Coral 5G, debido a la situación de salud de Disla.

La imputada que figura en el proceso como testaferro, es madre del coronel Rafael Núñez de Aza, quien es señalado por el órgano acusador como el cerebro financiero del denominado entramado.

Caso Coral y Coral 5G

En la acusación también figuran Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y el general Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), así como Alejandro Montero, Boanerges Reyes, Carlos Lantigua, Elida Trinidad, Enmanuel Alba, Epifanio Peña, Erasmo Roger Pérez, Erick Pereira, Esmeralda Ortega, Franklin Mata Flores, Jehohanan Rodríguez Jiménez, José Rosario Pirón, Julio de los Santos Viola, Kelman Santana y Lucía de los Santos Viola.

En el entramado corrupto también participaron Manuel Alba Solano, Miguel Ventura Pichardo, Onoris Soto de los Santos, Pedro Castillo Nolasco, Raúl Alejandro Girón, Rossy Guzmán, Santiago Suárez, Tanner Flete Guzmán, Yehudy Guzmán Alcántara y Raymel Del Rosario Viola.

Por su participación también enfrentan la acusación las personas jurídicas Randa Internacional Company, Rawel Importadores, RG y Soluciones Financieras, S.O.S Carretera, S.S.A Corporation, Único Real State e Inversiones, Aldom Glass Aluminium, Asociación Campesina Madre Tierra, CSNA Universo Empresarial, Distribuidor KF, Distribuidora TAFL, Hacienda Kelman, Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, Meijo Comercial, Ministerio Jesús Vino, Viene y Vuelve, MJTRESV Agroindustrial, Optumus E.I.R.L. y RyF Agroindustrial.

Asimismo, el tribunal fijó para el jueves, 7 de marzo, a las 9:00 de la mañana, la audiencia preliminar para las empresas Meljo Comercial EIRL, SSA Corporation SRL, SOS Carrerea SRL y Optumus EIRL.

Tras haber sido cuestionado por la forma en como modificó la Ley que regula y crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en la Cámara de Diputados, el presidente de ese órgano, Alfredo Pacheco, salió a defender la metodología usada para consensuar la pieza y afirmó que no hubo “trucos” escondidos para la sanción.

Durante una rueda de prensa convocada para este jueves, Pacheco explicó cómo se dio el proceso y el hecho de que todos los legisladores disponían de las informaciones necesarias, así como que “todos votaron a favor”.

“Fue una modificación votada por todas las bancadas de todos los partidos, incluido el diputado que ha dicho de la llamada, que no sé a quién le hicieron la llamada, probablemente haya sido a él, porque él votó alegremente por la modificación”, dijo Pacheco en referencia a una crítica realizada por el vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Luis Henríquez.

Al tiempo, recalcó que no se trató de una votación que se hizo “subrepticiamente” sino que todos los diputados de la oposición votaron a favor.

“Esta votación lo que indica es que si nos equivocamos, nos equivocamos todos, porque yo también voté lo que sometió el diputado Ramón Bueno y reitero, que no fue subrepticia, porque fue en el libre ejercicio de su misión como legislador y presidente de la comisión”, comentó.

Sobre la eliminación de la figura del juez de la Ley del DNI, aseguró que la modificación se hizo “acorde con los derechos fundamentales y la Constitución” pero que si esto representaba un problema “nosotros estamos en la mejor disposición de corregirlo”.

SANTO DOMINGO

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, afirmó este miércoles que el revuelo colectivo que ha causado en la sociedad la promulgación de la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), ha sido por un «problema de interpretación», ya que el organismo no puede hacer nada sin antes agotar los requerimientos que establece la Constitución.

“La ley puede tener un problema de interpretación pero la intención del legislador es precisamente que todo lo que se haga sea siempre respetando la Constitución”, señaló De los Santos.

Mientras que la senadora Faride Raful sostuvo que por sugerencia del presidente Luis Abinader se conformó una comisión, la cual se ha reunido en dos ocasiones, para revisar la pieza y en caso de que haya que hacer alguna modificación para que la ley sea más específica “el gobierno está en la mejor tesitura de someter cualquier cambio para garantizar los derechos fundamentales de los dominicanos”.

Faride Raful, senadora del DN.

En esa misma dirección, Ricardo de Los Santos añadió que el Senado va a esperar los resultados de las evaluaciones de dicha comisión y lo que esta determine, el Congreso está dispuesto a tomarlo en consideración. “Que se haga todo lo que se entienda que venga a traer tranquilidad a la sociedad dominicana”.

Se senador explicó la Ley del DNI es un proyecto corto pero el Senado lo trabajó ampliamente desde el 2022.

Ambos legisladores emitieron sus consideraciones al participar como invitados en el Almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Cuestionamientos

La Sociedad Dominicana de Diarios ha cuestionado dicha ley, específicamente el artículo 9 que versa sobre las atribuciones, el 11 que exige la entrega de información sin la intervención de un juez y el 26 que establece sanciones penales por negarse a dar datos.

El artículo 10 de la nueva Ley reza: «La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) ejercerá sus atribuciones con apego al marco constitucional y legal vigente y pleno respeto de los derechos fundamentales, bajo los principios de eficacia, necesidad, idoneidad, especialización, proporcionalidad y coordinación».

En tanto el artículo 11, uno de los más atacados, dicta que todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, «sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal, estarán obligadas a entregar a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) todas las informaciones que ésta requiera sobre las cuales se tengan datos o conocimiento…».

Madrid

La Audiencia Nacional española accedió a la extradición a la República Dominicana de una mujer de ese  país que está reclamada por matar a su jefe de una puñalada que le propinó durante una discusión en su lugar de trabajo en abril de 2022.

En un auto, los magistrados consideran que se cumplen todos los requisitos legales para proceder a la entrega a Dominicana de Francelys María F. R. por unos hechos que en aquel país serían constitutivos de delito de homicidio voluntario y en España de homicidio o asesinato.

Fundamentan que la reclamación se solicita por un delito común, no se advierte motivación espuria, el delito no ha prescrito, no concurren circunstancias que determinen la extinción de la responsabilidad y no cabe discutir la jurisdicción de las autoridades judiciales dominicanas atendiendo al principio de territorialidad, al haberse cometido los delitos en ese país.

Respecto a la alegación de la reclamada de que en caso de ser entregada su vida o integridad correrían peligro, el tribunal responde que no hay circunstancias que así lo demuestren y que el solo hecho de que ella manifieste temores para su integridad no basta para entender la concurrencia de un motivo para denegar la extradición.

Según la documentación aportada por las autoridades dominicanas, el 21 de abril de 2022 la reclamada estaba en su lugar de trabajo, ubicado en un centro comercial de Santo Domingo, cuando mantuvo una discusión con uno de sus empleadores por la comprobación de unos audífonos.

En el transcurso de la pelea ambos se lanzaron objetos y el hombre le dio una patada a ella en la rodilla y el muslo, a lo que la mujer respondió buscando un arma blanca y clavándosela a él en el abdomen, lo que le provocó la muerte unos minutos más tarde en el hospital, y tras los hechos, la mujer huyó.

Santo Domingo

La Ley 1-24  que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), debe ser reformada de inmediato para que incluya de manera expresa la obligación de los agentes de que pretendan la entrega de información, de obtener la autorización judicial correspondiente, afirmó hoy Participación Ciudadana. 

Ajuicio de la entidad, ley no debe dejar espacio para interpretaciones, en un tema tan sensible como el derecho a la intimidad y la libertad de expresión e información, incluyendo la protección del secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista, así como la protección de sus fuentes.

«De no ser reformada estamos convencidos de que el Tribunal Constitucional confirmará la interpretación correcta en protección de los derechos fundamentales:, explicó PC.

Resaltaron que entienden la preocupación que ha despertado este tema, sobre todo cuando, «de manera no transparente ni legal, se cambió en el trámite legislativo, la redacción del artículo 11 que incluía la autorización previa de un juez, sustituyéndola por la ambigua frase de obtener la información “con las limitaciones y observaciones establecidas en la Constitución de la República y las leyes sectoriales.”

Resaltaron que se trata de un tema de derechos fundamentales no puede haber espacio para la ambigüedad, aun descansando en las disposiciones del artículo 74.4 constitucional que dispone que “los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos.”

Otros artículos de la Ley 1-24 deben ser igualmente revisados, como el artículo 26 sobre sanciones penales, para dejar claro que las sanciones no aplican si no se ha cumplido con la obligación de obtener autorización judicial previa, o el artículo 30, en la misma dirección.

Participación Ciudadana precisó que  debe quedar claro el campo de actuación del DNI, para que no interfiera con las funciones del Ministerio Público.

«Recordemos que las evidencias que pueda recoger el DNI de cualquier violación a la norma que ponga en peligro la seguridad nacional, debe hacerse cumpliendo con el debido proceso y el acompañamiento del Ministerio Público, pues de lo contrario tales evidencias no podrán ser utilizadas por el Ministerio Público para sostener cualquier acusación. Se necesita en la Ley una mayor claridad en la relación DNI-Ministerio Público».

La entidad aseveró que un aspecto positivo que ha tenido este tema de la Ley No. 1-24, es que ha servido para probar las alarmas que protegen nuestros derechos fundamentales.

«Esas alarmas han sonado en forma dura y clara. La prensa y otros sectores han jugado su papel. Sin embargo, la utilización de este debate para fines electorales no contribuye a la creación de conciencia ciudadana y hace daño a la democracia. Tanto el gobierno como los partidos de oposición deben asumir su responsabilidad en las críticas que ahora se hacen a esta Ley. Como parece que todos estamos de acuerdo, esperamos que la modificación de los artículos cuestionados se haga de inmediato».

SANTO DOMINGO, RD.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), condena la detención por parte de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), del reportero gráfico Aneudys Betances, quien labora para el canal Su Mundo TV.

De inmediato, el secretario general del SNTP, José Beato calificó la acción como una obstrucción a la libertad de prensa.

La detención del camarógrafo por espacio de unos 50 minutos se produjo luego que este se presentará junto a su equipo de trabajo a tomar imágenes en la parte frontal de esa entidad de seguridad del Estado.

El camarógrafo fue llevado a un cuarto donde le quitaron la cámara, los celulares y los carnets de prensa que poseía, los que les fueron retornados momentos después.

Beato califica de grave la detención del reportero, así como la retención y la supuesta revisión del equipo de trabajo, ambas acciones constituyen violaciones a leyes vigentes en el país.

“Hemos avanzado en el país sobre libertad de expresión y prensa, pero tanto la Ley 1-24 que crea la DNI, como un hecho que nos ponen en las miras nacional e internacional sobre riesgos a este derecho fundamental” enfatizó Beato.

Señala que no había razones para detener al reportero gráfico, despojarlo de su equipo de trabajo y mucho menos tomarle fotografía como si fuera una ficha de control, lo que considera altamente preocupante.

El SNTP como el Círculo de Reporteros Gráficos de Televisión demandan de las autoridades para que esta práctica cese en lo inmediato, ya que manda un mal mensaje y le da pie a que personas y sectores puedan tomar como este hecho como punto de partida para violentar este sagrado derecho.

El gremio de la prensa está confiado que frente a la situación de rechazo a la Ley de la DNl, los organismos de seguridad del Estado, no permitan excesos, ni atropellos a periodistas, otros miembros de la prensa ni a ningún ciudadano.

El Ministerio Público no ha logrado dar con Karina Baussan, propietaria del apartamento en la Torre Da Silva III donde se fumigó con un producto tóxico que envenenó a una familia.

El órgano persecutor imputa a Karina Bausan, residente en Miami, Estados Unidos, de contratar a Thevenet para fumigar en el referido lugar, a sabiendas de que este no es un “fumigador profesional”.

La versión del abogado

José Alexander Suero, abogado de de Karina Baussan, la propietaria del apartamento donde se realizó fumigación que intoxicó a una familia, aseguró que su cliente contrató al francés en busca de solucionar el comején denunciado y no por un tema de economía.

“La señora Karina no contrató los servicios de una empresa procurando una economía, sino procurando resolver un problema que se había denunciado por su inquilina en el apartamento que ella tiene en esa torre”, sostuvo Suero.

Conerán medida de coerción

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá mañana la medida de coerción en contra del hombre detenido en relación a la muerte de una mujer y su hija de dos meses en un apartamento de la capital a causa de los efectos de una sustancia utilizada para fumigar.

El imputado es George Thevenet, un artista francés radicado en el país y que se dedica a realizar esculturas de madera y también ofrece servicios de fumigación.

El Ministerio Público pide para Thevenet, detenido desde el lunes, la prisión preventiva por la muerte de Adelle Ruiz Leen y la de su hija de dos meses de nacida.

El vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Luis Henríquez, aseguró que fue mediante una llamada telefónica desde el Palacio Nacional lo que provocó que los legisladores oficialistas modificaran el artículo 11 de la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia.

El también representante de la provincia Santo Domingo dijo que la pieza estaba consensuada en su mayoría, por lo que la idea original era aprobarla.

Henríquez explicó que, tras esa llamada de último minuto, se sometió una modificación al citado artículo lo que varió el texto que se había consensuado en la comisión, el cual establecía que previo la autorización del juez, todas las dependencias del Estado, las instituciones privadas o personas físicas estarán obligadas a entregar todas las informaciones que requiera la Dirección Nacional de Inteligencia.

Sin embargo, en esa modificación, se propone que: “Todas las dependencias del Estado, las instituciones privadas o personas físicas, sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal, estarán obligadas a entregar todas las informaciones que requiera la Dirección Nacional de Inteligencia”, eliminando la autorización de un juez.

“Lo que nunca se explicó al pleno fue que con esa modificación se estaba eliminando la parte que decía que se requería la aprobación del juez para la entrega de informaciones, por lo que queremos advertir que se incurrió en una violación del debido proceso legislativo, al no informar adecuadamente al hemiciclo como quedaría redactado el artículo 11, con la modificación presentada por el diputado del PRM, Ramón Bueno”, explicó Luis Henríquez.

El congresista afirmó que los legisladores de esa bancada que votaron favorable a la ley 01-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia lo hicieron bajo la condicionante de que la misma debe sujetarse a la Constitución, a las leyes y respeto a los derechos de los ciudadanos.

Durante una rueda de prensa, Henríquez manifestó que esa fue la postura del diputado Elpidio Báez, quien formó parte de la Comisión que estudió la pieza legislativa y así lo hizo saber durante el turno tomado en la sesión extraordinaria del viernes 29 de diciembre del 2023.

“De manera clara, el PLD y su bancada expusieron que como ese proyecto establece que la DNI es una dependencia del Poder Ejecutivo, el mismo debe tener límites y controles, para proteger a los ciudadanos de los excesos de poder que pudieran cometerse, poniendo como contrapeso la Constitución de la República y las leyes vigentes” expresó el diputado Luis Henríquez.

En ese sentido, agregó que someterán un proyecto de ley que buscará derogar la actual ley al tiempo que solicitó al presidente Luis Abinader detener la aplicación y puesta en vigencia de la legislación.

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) informó este miércoles que las vulnerabilidades registradas en la segunda prueba realizada por la Junta Central Electoral (JCE) para la digitalización, escaneo y transmisión de datos, con miras a las próximas elecciones municipales, permitieron hasta “hackear” las impresoras multifuncionales.

Así lo informó el secretario de Asuntos Electorales del PLD, Tommy Galán, quien explicó que los técnicos asignados por esa entidad lograron penetrar la configuración de internet de las impresoras utilizadas en el ensayo realizado el pasado 20 de enero, mostrando de esta manera los índices de inseguridad tecnológica en los equipos.

“El 100% de las impresoras que se utilizaron tienen en encendido el wifi y el modo de configuración abierta, permitiendo que una persona pueda configurarlo en imprimirlo como desee. Nuestro equipo técnico pudo hackear fácilmente la impresora hasta que tuvo la voluntad de soltarla”, detalló el dirigente peledeista.

Galán explicó que este tipo de aspectos se vienen produciendo desde la primera prueba, ocurrida el pasado 13 de enero, en las impresoras.

Además, los especialistas del PLD detectaron que en los nuevos inversores “UPS” también fue de fácil acceso ingresar, a través de la conexión bluetooth, al sistema.

“Nuestros técnicos pudieron conectarse a ellos, modificando ciertos parámetros de configuración de los equipos, incluyendo la actualización del firmware del equipo”, estableció el también miembro del Comité Político morado.

DIGITALIZACION Y DESCONOCIMIENTO

Por otro lado, Galán señaló que en algunos colegios electorales la digitalización de actas presentó problemas, situación que no pudo ser corregida por los técnicos de la JCE.

“Se volvieron a presentar casos donde algunos colegios no permitían digitalizar actas sin todas las firmas y en otros casos se permitió sin las firmas”, dijo Galán en un informe que entregó a la prensa.

Galán resaltó que más del 70% de los miembros del colegio electoral no está preparado para instalar los equipos y atender los imprevistos registrados.

“Es crucial conocer la cantidad de personal técnico disponible por recinto , ya que este personal es clave para determinar si pueden hacer frente a cualquier situación de simultaneidad en los diferentes colegios”, declaró.

AUTORITARISMO

“El personal que estaba como presidente y suplente no permitía que los delegados visualicen la pantalla al momento de digitar los resultados, ocasionando discusiones con los delegados y entorpeciendo el proceso”, subrayó.

También comunicó que en el Liceo Benito Juárez no permitieron la entrada de un técnico del PLD por no estar acreditado.

Sin embargo, la JCE no notificó previamente la necesidad de presentar una acreditación en los accesos de los recintos.

Luego de revelar estas observaciones, Galán manifestó a los medios de comunicación que entregarán a la JCE este miércoles las recomendaciones, evaluadas por peritos, para solucionarlos.

REDUCCIÓN DE RECINTOS

Galán explicó que estas observaciones se realizaron a partir de la comparación efectuada entre la primera y segunda prueba.

Indicó que la JCE realizó en la segunda prueba una “reducción importante” de la cantidad de recintos, colegios, provincias y municipios involucrados en la prueba del sufragio.

Fueron disminuidas las provincias, de 32 a 15; demarcaciones, de 90 a 15; recintos, de 200 a 53; y colegios electorales, de 1,700 a 701.

“Todos los dominicanos pueden dormir tranquilos, habrá elecciones justas y transparentes este 18 de febrero”, fueron las palabras Román Jáquez Liranzo, presidente de la Junta Central Electoral (JCE), durante una conferencia de prensa este miércoles.

Jáquez presentó este miércoles el informe de auditoría realizado por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) a los equipos que utilizarán para la trasmisión de resultados de las elecciones municipales de 2024.

Este reporte establece que la JCE cumplió con 19 recomendaciones de las 24 realizadas por CAPEL para ofrecer garantía a los equipos tecnológicos destinados para los próximos comicios.

Jhonny Rivera, director de Informática de la JCE, quien acompañó a Jáquez junto a los demás integrantes del pleno, explicó que de esta evaluación 19 de las recomendaciones fueron completadas, representando el 79%.

Además, dijo que la auditoría, realizada durante el periodo del 11 al 19 de enero de 2024, reflejó que 2 están en proceso de ser cumplidas y 3 no han sido superadas, siendo esto el 8% y 3% respectivamente.

En tanto, Jáquez aseguró que los equipos multifuncionales fueron entregados a CAPEL sin previo uso para garantizar la transparencia del proceso de auditoría.

“Cabe destacar que las EDETS, laptops, multifuncionales, modern, UPS o inversores; se entregaron en su estado original, tal como la recibimos del fabricante, solo incluyendo una configuración mínima”, detalló.

Jáquez subrayó que esto muestra la voluntad de la JCE para no intervenir en los aparatos tecnológicos, asegurando una evaluación pulcra.

“Este hecho, aunque contribuyó a la identificación de algunos hallazgos, refleja nuestra decisión de no intervenir previamente en los dispositivos para poder presentar una evaluación genuina y real de la situación”, estableció.

REUNIÓN POLÍTICA

El titular del órgano electoral anunció además que mañana, jueves, a las 3:00 de la tarde, realizarán a través de la Dirección de Informática una reunión con los delegados y representantes de los partidos políticos para socializar esta auditoría.

Por último, adelantó que los auditores, integrantes de CAPEL, visitarán desde el 13 hasta el 20 de febrero la JCE para culminar el proceso de evaluación de las elecciones municipales.

HALLAZGOS

Ante las observaciones emitidas por CAPEL, que no fueron solucionados por los técnicos de la JCE, el reporte dicta varias recomendaciones para eliminar estas fallas.

CAPEL identificó que las credenciales de la base de datos local del EDET no están totalmente protegidas.

“Es importante destacar que la vulnerabilidad destacada no ha sido remediada”, subraya.

Consideran que la JCE debe implementar técnicas de cifrado en memoria y realizar una revisión de los procesos que pueden acceder a la memoria para mitigar la exposición de claves.

También, indicaron que las credenciales del usuario que utiliza el EDET para conectarse a la base de datos central o principal están “expuestas”.

“Este hallazgo se considera aún no remediado, aunque su severidad haya disminuido”, dice el documento de CAPEL.

Para enmendar esto, la entidad internacional aconsejó aplicar técnicas de cifrado en memoria y realizar una verificación de los procesos.

El último señalamiento no acatado es sobre la exposición del puerto de servidores utilizado en la base de datos central del EDET, ya que este continúa en condiciones vulnerables.

“La solución definitiva es el cambio de arquitectura de la aplicación, lo cual por tema de tiempo y complejidad no es posible hacerlo por el momento”, estableció.

CAPEL entiende que crear una arquitectura basada en “APlS”, es la manera inmediata para atender esta problemática, teniendo en cuenta esto protegerá la base de datos principal.

La Procuraduría General de la República se niega a informar cuántos y a qué tipo de casos corresponden los bienes que tiene bajo su control desde el año 2014 a la fecha.

Pese a que no se está solicitando información sensible respecto a las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público, ni se trata de información de seguridad nacional, la Dirección de Custodia y Administración de Bienes Incautados, se negó a informar a elCaribe, de manera genérica, la estadística bienes muebles e inmuebles que administra debido a procesos judiciales en curso o con sentencias definitivas.

Para ello, se ampara en el artículo 290 del Código Procesal Penal que establece que el procedimiento preparatorio no es público para los terceros. Las actuaciones sólo pueden ser examinadas por las partes, directamente o por medio de sus representantes.

Aunque es frecuente que el Ministerio Público notifique en notas de prensa cuando lleva a cabo allanamientos y a consecuencia de ellos, procede a secuestrar bienes amparados en órdenes judiciales, la Dirección de Custodia y administración, dijo a elCaribe que no puede decir la Cantidad de bienes en poder del MP.

Tampoco informar la cantidad de bienes decomisados desde el 2014 a la fecha, ni hacer un desglose, por tipo, de los bienes incautados en poder del MP, ni establecer la cantidad de bienes incautados en poder del MP desglosado por provincias y los casos a que pertenecen los bienes incautados en poder del MP.

“En la actualidad la Procuraduría General de la República está realizando una mesa de trabajo, con el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio, en virtud de la versado en la Ley 60-23”, respondió la Procuraduría un mes y medio después de haber preguntado si existen bienes cuyo decomiso ha sido ordenado por los tribunales y que a la fecha no se han vendido.

Mantener bajo reserva de terceros la información sobre cantidad de bienes incautados no siempre se da, puesto que el propio Ministerio Público ha informado de cantidad y tipo de bienes muebles e inmuebles que están en su poder bajo orden judicial.

“Lo qué sucedió en el día de hoy fue un proceso de incautación, se incautaron tres bienes en el Distrito Nacional”, dijo a los medios de comunicación el director de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, cuando secuestró con orden judicial algunos inmuebles relacionados con el exprocurador general de la República y principal imputado en el caso Medusa, Jean Alain Rodríguez.

El secreto judicial se aplica en expedientes en fase de investigación pero de acuerdo con el Código Procesal Penal, desde que se presente acusación, ya la fase secreta concluyó. En ese contexto, el Ministerio Público no podría alegar reserva de información al menos en los siguientes casos de criminalidad organizada: Falcón, Antipulpo, Medusa, Coral, Coral 5G, Cattleya, Discovery, entre otros recientes y concluidos como la Red de César el abusador, Air Cocaine, Hermanos Buitrago y más.

Con la nueva Ley 60-23 sobre la administración de bienes secuestrados, incautados y abandonados en los procesos judiciales se retira la administración y custodia de bienes incautados de la Procuraduría.

La normativa establece un plazo para que todos los bienes muebles e inmuebles en manos de esa entidad sean transferidos al Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide), creado por la nueva legislación.

Incabide tiene 32 bienes de casos muy antiguos

Incabide, que antes era la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados (Ocabid), una entidad que tuvo varios escándalos por la manera en que manejaba los bienes a su cargo, está provista de personalidad jurídica, también tiene autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrito al Ministerio de Hacienda, como órgano responsable de la administración y destino de los bienes.

Esa institución recibe 36 bienes que quedaron en manos del Ocabid luego de que se creara la resolución que dejó todo en manos de la Procuraduría.

De esos, once están ubicados en Santo Domingo, once en Baní, siete en Santiago, tres en San Juan, en tanto que en San Pedro de Macorís, Juan Dolio, Higüey y Moca hay uno, respectivamente.

De acuerdo con el director, Manuel Oviedo, los inmuebles que han recibido de Ocabid corresponden a casos judiciales hasta el año 2013 y explicó que en el pasado existían tres situaciones muy marcadas con la administración de bienes incautados: la pérdida de valor de bienes, la pérdida total de bienes y el uso indiscriminado de los bienes.

Dijo que de acuerdo con los plazos de la nueva legislación, en este mes de enero la Procuraduría debe entregar un primer informe sobre lo que tiene en su poder y así iniciar la transferencia de esos bienes a esa nueva entidad.

Oviedo explicó que la ley crea un fondo que permitirá que un 10% de los montos decomisados sean destinados al Incabide, a fin contribuir a su independencia financiera del Presupuesto del Estado, aunque en los tres primeros años el Estado va a asignarle presupuesto.

El presidente de la República, Luis Abinader, anunció este lunes la creación de una unidad antifraude para investigar casos de defraudación al Estado.

La información fue dada a conocer en la Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas, vía un video, donde además destacó la conformación de un equipo legal para recuperar fondos públicos desviados ilícitamente.

El mandatario en su intervención resaltó los esfuerzos que ha realizado el Gobierno que encabeza en contra de la corrupción.

Entre ellas la modernización de la Ley de Contrataciones Públicas y la creación de leyes para extinguir el dominio de bienes ilícitos y administrar bienes decomisados al narcotráfico.

Luis Abinader enfatizó que su Gobierno no escatimará esfuerzos para crear las condiciones que permitan un desarrollo sostenible con integridad.