El Consejo de Defensa de Jean Alain Rodríguez informó este martes que el Ministerio Público descargó de toda responsabilidad a Jean Alain Rodríguez por el uso de los recursos de la institución al no identificar actos irregulares durante su gestión 2016-2020, anulándose por completo la acusación en su contra.
Añadieron que los descargos formales y definitivos fueron emitidos por el Consejo Superior del Ministerio Público, que es la máxima autoridad jerárquica de la institución, el cual luego de revisar 2 veces el uso de cada peso, señaló literalmente lo siguiente: “se aprueba y ratifica los actos, gestiones, ejecuciones y operaciones llevadas a cabo durante el periodo 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, y otorga descargo completo, absoluto y definitivo, tan amplio como en derecho fuese necesario, a favor del Procurador General de la República, Dr. Jean Alain Rodríguez.” por lo que los Tribunales se encuentran imposibilitados de juzgar actos ya aprobados y descargados por el Ministerio Público.
Explicaron que la constitución y la Ley Orgánica del MP establecen que el Ministerio Público ejerce sus funciones conforme los principios de unidad de actuaciones, jerarquía e indivisibilidad, destacando la ley que sus miembros actúan como un solo cuerpo, lo que significa que si un fiscal otorga hoy un descargo o un archivo a un ciudadano, no puede mañana otro fiscal acusar ese ciudadano por el mismo hecho y es lo que sucede en este caso, solo que el descargo proviene del máximo órgano del Ministerio Público, único responsable de la administración de la institución y de la política de persecución y fue ese órgano que descargó a Jean Alain Rodríguez por los actos contenidos en la acusación.
Indicaron que los descargos son emitidos por los superiores jerárquicos de la PEPCA, tanto así que fue este Consejo que designó a Wilson Camacho y a todos los nuevos fiscales de esta gestión.
“Presentamos estos descargos definitivos de forma pública hoy y no antes porque es hoy que el Tribunal nos ha dado la oportunidad, evidenciando vergonzosas contradicciones en la misma institución entre jefes y subordinados, producto de la enemistad, odio y resentimiento que además les prohibía a los hoy acusadores vengarse y perseguir su ex compañero de trabajo”, expresó la defensa de Jean Alain.
Los miembros del Ministerio Público que revisaron el uso de los recursos y que aprobaron los actos y otorgaron los descargos definitivos, incluyen a los Procuradores Rodolfo Espiñeira, primer sustituto de Miriam Germán Brito; Pedro Frías Morillo, designado como Procurador Adjunto por el Presidente de la República Luis Abinader mediante decreto No.22-24; y otros 6 destacados miembros del Ministerio Público elegidos por más de 1,500 fiscales, todos los cuales permanecen en sus cargos, ya que han sido ratificados o ascendidos por esta gestión.
Santo Domingo.- El ex procurador general de la República y principal implicado en caso de corrupción desmantelado mediante la operación Medusa, Jean Alain Rodríguez, negó este viernes que haya dado instrucciones al exdirector administrativo y financiero de la Procuraduría General de la República, Jonnathan Rodríguez Imbert, para realizar maniobras corruptas en los procesos de compras, como este último afirmó.
Exadministrador de Procuraduría admite la culpa
«Usted tiene por ejemplo la Dirección General de Prisiones como también tiene la Dirección General Administrativa y Financiera, en ninguno de esos casos el procurador general de la República ni la actual ni el pasado ni el ante pasado, es el superior jerárquico directo a esas personas, la ley no lo contempla. Dentro de las funciones del procurador hay solamente una de cerca de treinta, que refiere a que supervisa las políticas públicas que emanan del Consejo respecto a esas direcciones», sostuvo Jean Alain.
«En el caso particular del director general administrativo y financiero, ni tan siquiera tiene –el procurador- la facultad de quitarlo del puesto, es el Consejo, la ley incluso establece los tres casos y no son ninguno de esos directores generales, en el caso particular no daba a ninguno de esos directores instrucciones que no fueran aquellas de las políticas públicas del consejo, previamente aprobadas», aseguró Rodríguez.
«Y quiero que consté en acta que en ningún momento instruí ni para temas irregulares ni para temas que han sido tratados acá utilizando mi nombre», destacó.
Antecedentes
En la audiencia pasada el exadministrador de la Procuraduría General de la República y acusado en el caso Medusa, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, admitió ante el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional los hechos que le imputa el Ministerio Público.
Rodríguez Imbert afirmó ante el magistrado Amauris Martínez, que todo lo que hizo fue por instrucciones del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y Rafael Canó Sacco, exjefe de Gabinete de la Procuraduría, quien está fuera del país y no está implicado en el caso.
Declaró que aunque se le había entregado un poder para firmar contratos, asignaciones y otros procesos a nombre de Jean Alain Rodríguez, todo lo que hacía era bajo instrucciones de Canó y del ex procurador, debido a que no tenía poder para tomar decisiones.
Rodríguez Imbert se comprometió ante el magistrado Martínez a realizar una ampliación de sus afirmaciones cuando se esté conociendo el fondo del caso Medusa.
BARAHONA.- Será el próximo viernes 19 de abril cuando la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Barahona conozca la solicitud de medida de coerción, consistente en prisión preventiva, que hace el Ministerio Público contra 10 integrantes de la red criminal impactada en la Fase II de la Operación Caimán.
El juez Daniel Emilio Pimentel dispuso este lunes el aplazamiento de la audiencia luego de acoger una solicitud de la defensa de los imputados que pidieron más tiempo para depositar arraigos.
El Ministerio Público también solicitó que el caso sea declarado complejo al tramitar la solicitud de medida de coerción contra Malbin Martínez Féliz, Gloria Elena Cuevas, Geise Féliz Pérez, Wilkin Joel Cuevas Ferreras, Wilmer Joel Cuevas Florián, Wellington Ford Garó, Jerbinson Bernabé López, Máximo Andrés Ruiz Moreta, Carlos Manuel Cuevas Pérez y Rafael Marcelo Saldaña Cuevas.
El grupo está implicado en delitos de asociación de malhechores, tráfico internacional de drogas, lavado de activos y porte y tenencia ilegal de arma de fuego.
La estructura trasegaba droga desde el departamento La Guajira, Alta Guajira, en Colombia, hacia la costa sur de República Dominicana, en donde se ocuparon cargamentos de clorhidrato de cocaína durante la Fase I de la Operación Caimán.
A los arrestados en la Fase II de la Operación Caimán la pasada semana se les ocuparon armas ilegales, incluyendo pistolas y escopetas, así como vehículos, drones, 6 embarcaciones, brújulas, GPS y teléfonos satelitales.
También, planes de navegación que evidencian que eran para el tráfico internacional de cocaína, radio de comunicación, cargadores de fusiles, motores fuera de borda y evidencias de transferencias financieras con socios en Colombia.
El Ministerio Público desarrolló la Operación Caimán junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y con el apoyo del Ministerio de Defensa.
Las autoridades dominicanas contaron con la cooperación internacional de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el Comando Sur de Estados Unidos.
La operación, desplegada por aire, mar y tierra, abarcó varias provincias del sur y Santo Domingo Este en donde operaban los integrantes de la estructura del crimen organizado a la que se le han ocupado más de cinco toneladas de cocaína en los últimos meses.
Más de 40 fiscales participaron en las acciones antidelictivas en la que se realizaron unos 40 allanamientos en San Juan, Barahona, Baní, Pedernales y Santo Domingo Este. En los operativos participaron alrededor de 500 miembros de la DNCD y las Fuerzas Armadas, incluyendo integrantes de sus unidades sensitivas.
SANTO DOMINGO. Cielo tiene 14 años. Soñaba con ser modelo, asegura su papá. “Le digo que aún es posible, que puede serlo”. Pero Cielo (nombre ficticio) ya no habla de sus sueños. Hace un mes y una semana, la acción violenta de un hombre la sumió en una pesadilla. Veinticuatro machetazos que provocaron la pérdida de sus brazos y que ahora parecen definir su presente, uno en el que su agresor sigue en libertad y su familia lucha por obtener justicia.
Y la pesadilla de Cielo se gestó hace poco más de un mes, cuando se obsesionó con ella Jefrey, un nacional haitiano de unos 18 años y sin mayores señas que la de haber llegado cuando era un niño con sus padres desde Haití al sector de El Kilombo, del municipio de Pedro Brand, al sureste de la provincia Santo Domingo.
Su padre Antonio Heredia (seudónimo usado a su petición) se enteró de la situación, relata a DL, cuando el pasado 16 de mayo se produjo un conflicto entre Jefrey y un grupo de muchachos conocidos de su hija, a quienes les habría contado del acoso. “Le pregunté que si tenía algo con él, pero ella me lo negó y me dijo que la estaba molestando desde hace tiempo”.
Presuroso, Antonio buscó evitar lo peor. Le llamó la atención a Jefrey, pero a cambio se enteró de que había amenazado con agredir a su hija. Al día siguiente, 17 de mayo, le pidió a Cielo que no saliera de la casa. “Le dije a su mamá (Yajaira García) que estaba de castigo, que no la dejara salir”.
Regresó a eso de las dos de la tarde. Cielo no estaba. Aun se encontraba averiguando el paradero de su hija, cuando le avisaron que estaba en un riachuelo, una especie de cañada, llamada La Peñita, y que estaba muerta. “Yo salí corriendo para allá y ese niño me cayó atrás –señala a su izquierda a un niño de camiseta azul y pantalones grises. Se llama Fausto y tiene 11 años- Me dijo “papi, está muerta”.
Cuando llegó al lugar, encontró a Cielo boca abajo, con cortes en todo su cuerpo.
– Cielo
– ummmm
“Me dije, ‘está viva’. Al ver las heridas que tenía tan profundas en el cuello, aparte de tener lo brazos y las manos vueltos un etcétera, yo le dije”:
– ¿Tú tienes tu conocimiento?
– Sí.
– ¿Y quién soy yo?
– Papi.
– Quédate ahí tranquilita. No te me muevas.
Los círculos de la pesadilla
Por la naturaleza de su trabajo, Antonio tiene conocimientos de primeros auxilios. Evitó que el gentío que ya se encontraba en el lugar moviera a su hija. Llamó al servicio de emergencias 9-1-1.
“El nueve uno uno me respondió a tiempo, como a los quince minutos de yo llamar llegaron. La auxiliaron y la llevaron al hospital (Doctor Vinicio) Calventi de Los Alcarrizos”, detalla. Ahí empezó un periplo en que asegura se cometieron descuidos en la atención de su hija que le costaron la amputación de sus brazos.
En ese primer centro asistencial, Cielo fue estabilizada y referida al hospital Doctor Darío Contreras, trasladada en la misma ambulancia del 9-1-1 en la que fue rescatada de la cañada donde fue agredida. Allí los médicos le dijeron que necesitaba una transfusión. La sangre no aparecía.
– ¿Y por qué la sangre no aparecía? ¿Qué le decían?
– ¡Oh! Pero había que comprar la sangre y yo no tenía dinero, y usted sabe que una pinta de sangre vale cuatro mil y pico de pesos y si llevas el donante a la Cruz Roja es que lo dejan en dos mil doscientos y a esa hora no aparecía donante.
En medio de su desesperación, y sin saberlo, en el centro se encontraba la abogada Gladys Félix, reconocida por su activismo nacionalista y coordinadora del movimiento Los Hijos de Duarte. Le habían avisado del hecho e hizo los reclamos en el hospital para que la niña recibiera la transfusión sin costo alguno.
“Esa muchacha hoy está viva, primero por Dios y después por ella, que tuvo que pelear y regarse para que apareciera sangre, porque llegó un 6 por ciento y la sangre no aparecía y se iba a morir”, expresa Antonio con agradecimiento mientras recuerda ese aciago día, sentado en un patio junto a su casa en construcción. A su lado se encuentra la señora Félix, quien fue candidata a diputada por la Fuerza Nacional Progresista (FNP) en las elecciones de mayo de 2016.
Esa noche le amputaron el brazo izquierdo a Cielo. Su padre afirma que los médicos le dijeron que el brazo derecho no tenía salvación. Él se negó en ese momento a firmar la autorización de amputación. Asegura que no atendieron como debían sus heridas y que ese descuido provocó una necrosis gangrenosa.
Habían pasado tres días desde la primera cirugía. Antonio reclamó otra opinión, otra opción, que buscarán a un especialista. “Les pregunté quién era el más viejo de ellos, porque todos eran unos muchachitos. “¿Cuál es el jefe del equipo?” Cuando llega el jefe del equipo es un niño también. No niños, son hombres, ¡pero demasiado jóvenes! Con poca experiencia, eran muchachitos, que se veían que quizás sí querían hacer algo, pero ellos prácticamente están haciendo una residencia, aprendiendo, practicando”.
Cielo entró nuevamente a la sala de cirugía. Al día siguiente, y para sorpresa de Antonio, le avisaron que su hija estaba de alta. Llamó a la abogada Gladys Félix y ella acudió de inmediato y presionó para que la dejaran ingresada. Unos once días después, el primero de junio, fue despachada a su hogar. “Me dijeron que tenía la bacteria y así me la mandaron a la casa, como quiera”.
Antonio dice que llevaban a Cielo todos los días a curar sus heridas postoperatorias al hospital Doctor Rodolfo de la Cruz Lora, de Pedro Brand. El día de Corpus Cristi, el pasado 16 de junio, se negaron a curarla porque, apunta, era un día feriado y los doctores no estaban. Ante la negativa, sus familiares decidieron limpiar las heridas en su casa. La sorpresa al quitar el vendaje es que tenía gusanos.
Desde el hospital municipal la refirieron nuevamente al Darío Contreras. “Nos atendieron en el pasillo hasta que ellos pudieron hacerle la otra cirugía, la tercera, para matarle la bacteria, que no se la mataron tampoco. Y me la dejaron tirada en un pasillo, que las camas estaban llenas”. Allí amaneció Antonio junto a su hija, a quien afirma no le administraron ninguna medicación.
“Ellos le quitaron la canalización que le hicieron, ya no tenía nada puesto. No tenía nada, ni un antibiótico, ni analgésicos, ni suero. Nada. Nada”, expresa con evidente frustración.
Una mano caritativa
A la mañana siguiente, Antonio recibió la llamada de un empresario que se había enterado de la situación de su hija a través de las redes sociales. De inmediato envió una ambulancia. La abogada Gladys Félix detalla que el médico de turno en el Darío Contreras se limitó a hacerles firmar un descargo. Cielo fue trasladada al Centro Médico de la Unidad Central del Este (UCE).
El empresario benefactor pagó los gastos médicos de la niña. Cielo fue intervenida por cuarta ocasión. “El especialista que la atendió nos dijo a nosotros, responsablemente, que si la niña hubiese sido bien atendida no habría tenido la necesidad de cortarle los brazos. Nos los dijo así, mirando la fotografía de ella de cómo la encontraron”, asegura la abogada, que también señala que otro de los doctores le dijo que la menor tampoco recibió el tipo de antibióticos que necesitaba lo que propició el desarrollo de la infección.
El pasado jueves, 22 de junio, Cielo volvió a su casa.
“Quiero que se haga justicia
Antonio, con voz firme, expresa lo que quiere. Justicia.
“Es lo único que me queda, que por favor se haga cumplir la ley, que sea apresado y puesto a la acción de la justicia para que pague por ese horrendo crimen. No es porque sea haitiano, porque a veces ven a uno como racista. No. Yo no soy racista. Sino que es una persona que cometió un hecho que tiene que pagarlo. No porque sea haitiano o dominicano, sino que cometió un hecho y tiene que pagar por ese hecho”, dice mirando fijamente y con la entereza que ha sostenido desde el día en que su hija fue agredida a machetazos.
Reclama por la lentitud en la búsqueda de Jefrey, aunque apunta que este sábado fue realizado un operativo policial y fueron apresados algunos haitianos del sector.
“Porque cuando un dominicano hace algo, lo consiguen de una vez, pero cuando es un extranjero haitiano, oiga bien, hace algo no hay manera de conseguirlo, sino es que usted lo encuentra infraganti ahí, no hay manera y se fue. Usted comete un hecho, pero por las huellas digitales la consiguen. Ellos no, no están documentados”, se queja Antonio.
De su lado, la abogada Félix reclama la necesidad de una indemnización para Cielo y su familia, que componen también sus ocho hermanos y su madre. Afirma de manera categórica que llevará el caso a las todas las instancias judiciales, tanto dominicanas como extranjeras, pues a su juicio tanto el estado dominicano como haitiano tiene responsabilidad en este hecho, ante el descuido migratorio que permite a los nacionales haitianos estar en el país sin documentación.
No ha despertado
Recorremos con Antonio los enlodados y maltrechos caminos de tierra de El Kilombo. Llegamos a lugar donde los sueños de Cielo se silenciaron, un riachuelo de aguas poco profundas. Antonio señala el lugar donde cayó herida su hija.
Sobre las ramas de los árboles y arbustos cuelgan trapos, trozos de fundas plásticas y otros desperdicios, señal de que en algún momento la incipiente caudal aumenta su volumen trayendo basura. Narra cómo los paramédicos del 9-1-1 llegaron al lugar con la camilla al hombro, pues es imposible el acceso en un vehículo. Reitera su reclamo de justicia.
Momentos antes, junto a la casa que lleva varios años construyendo poco a poco, recuerda a la Cielo antes de ese 17 de mayo, y que llegó de Pedernales el diciembre pasado –de donde es oriundo Antonio y su familia- para estar junto a sus padres y continuar sus estudios de octavo grado. Niega las versiones que se han difundido en algunos medios de comunicación sobre lo sucedido.
“Cielo era y es una muchacha tranquila. La traje para acá porque mi mamá murió. Desde que llegó hizo sus amigas, que ahora la cuidan como si fuera una hija para ellas”.
Cielo no quiere hablar con extraños. Cuando se acerca se nota la incertidumbre en su rostro. Se sienta y sostiene la mirada por momentos.
– ¿Cuántos años tienes?
– Catorce
– ¿Y cuándo cumples los quince años?
– En febrero
– ¿Cómo te tratan tus amigas?
– Bien
– ¿Has sentido apoyo de tu comunidad, de tus vecinos?
– Sí
Responde cabizbaja. La abogada Gladys Félix, quien ha acompañado a su familia durante todo este calvario, le insiste en que hablé más, en que envíe un mensaje sobre su situación. Pero ella calla.
***
– ¿Ella le ha dicho algo sobre lo que le pasó?
– Ella no. Ni yo tampoco le he preguntado. La realidad está ahí. Eso es como recordarle ese momento. Ella quiere vivir su vida ya normal, eso entiende ella.
Antonio sabe que necesita ayuda psicológica. Dice que se está gestionando, así como otra intervención con el fin de colocarle prótesis. Señala la normalidad que insiste en seguir llevando su hija, a pesar de que nada es como antes, de que ha perdido la autonomía que antes tenía con sus dos brazos, cuando sus sueños se convirtieron en una pesadilla.
Los cabecillas de las estructuras de narcotráfico desmanteladas ayer mediante la fase dos de la Operación Caimán traficaban hacia República Dominicana grandes cantidades de drogas desde Colombia, Venezuela y otros países de Suramérica, y para evitar ser atrapados por las autoridades, utilizaban caballos para fugarse hacia Haití por lugares inhóspitos y de difícil acceso por los arrecifes.
El Ministerio trabaja hoy en la instrumentación de la medida de coerción que solicitará mañana a los arrestados durante las pesquisas realizadas en Barahona, Pedernales, San Juan, Baní y Santo Domingo Este.
Destruyen casuchas
Producto de la Operación Caimán se destruyeron decenas de casuchas que los miembros de la organización criminal utilizaban para guarecerse y luego salir al litoral costero a recoger paquetes de sustancias controladas.
Modus operandi
La investigación evidenció que existe un modo de operación, que es una especie de pesca de drogas en la que participan personas que se hacen pasar por pescadores de la zona, una práctica entre ellos denominada como “pesca de delfines blancos” y a quienes la practican los llaman “playeros”.
Los casos en los que entran los pescadores de “delfines blancos” es cuando a raíz de una persecución de los organismos de seguridad los traficantes que transportan la droga la tiran al mar o cuando por condiciones del tiempo o calidad de la embarcación la misma zozobra.
Los miembros de la organización utilizaban de excusa la falsa justificación de que son pescadores que no viven en la zona por ser área protegida y necesitan albergarse temporalmente, pero los hechos y las evidencias demuestran lo contrario.
La información, suministrada a El Nacional por una fuente de la investigación, da cuenta que en los últimos meses las autoridades han decomisado más de 6 toneladas de drogas a dicha estructura.
Santo Domingo.-La jueza suplente del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Franchesca Potentini, intimó al Ministerio Público para que, en un plazo de 15 días hábiles, presentar acusación contra los imputados de corrupción del caso Calamar.
La magistrada adoptó su decisión tras declarar inadmisible la solicitud de prórroga de cuatro meses realizada por Ministerio Público por haber transcurrido el plazo para presentar actos conclusivos, pedimento hecho por la defensa del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo.
En la decisión de la juez, se “intima a la Dra. Miriam Germán Brito, procuradora general de la República, superior inmediato del licenciado Wilson Manuel Camacho, procurador adjunto titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa y se ordena notificar a las víctimas para que formulen su requerimiento en un plazo común de 15 días”.
La magistrada advierte que de no presentar acusación procederá declarar la extinción de la acción penal a través una audiencia.
El Ministerio Público debe presentar acusación a finales de este mes ante la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción, Kenya Romero, para apoderar a uno de los juzgados mediante un sorteo aleatorio y computarizado, excepto el Segundo Juzgado porque tenía el control de la medida a los imputados. El juzgado apoderado conocerá la preliminar.
Nuevos imputados El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, aseguró que habrán nuevos imputados, nuevos hechos y más pruebas en la acusación del caso Calamar. “Vamos a presentar la acusación del Ministerio Público.
Esta acusación va a tener sumados otros hechos, esta acusación va a tener nuevas personas procesadas y va a tener muchas pruebas”, dijo Camacho tras indicar en los próximos días el Ministerio Público presentará acusación contra imputados en caso Calamar.
“Yo lo único que les ruego es que esperen los resultados de las investigaciones que deben ser medidas con los resultados”.
Expediente
— Imputación Los 20 imputados que figuran en el expediente caso Calamar son acusados de sustraer más de RD$19 mil millones al Estado mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos y sobornos para la campaña política de 2020.
Barahona.-Las autoridades antinarcóticos dominicanas están llevando a cabo un extenso operativo por mar, aire y tierra en la región sur, con el apoyo de Estados Unidos, que incluye 35 allanamientos simultáneos en varias provincias contra personas vinculadas con actividades de narcotráfico y lavado de activos.
El operativo comenzó en la madrugada de este miércoles y continuaba en marcha en las primeras horas de la mañana en Barahona, Pedernales, Bahoruco, Oviedo y Vicente Noble.
La directora de Persecución de la Procuraduría General de la República, Yeni Berenice Reynoso, está coordinando la acción junto con el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), José M. Cabrera Ulloa. Se cuenta con el respaldo de unidades navales de la Armada Dominicana, aviones y helicópteros de las Fuerzas Armadas, y la infantería del Ejército.
Se ha revelado que este operativo es el resultado de más de siete meses de trabajo de inteligencia en la zona costera de Barahona.
En cuanto al apoyo aéreo, helicópteros del Comando Sur de los Estados Unidos se han sumado, además del aporte de información de inteligencia por parte de la agencia antinarcóticos estadounidense.
Según una fuente que informó a EL DÍA, desde hace más de ocho meses se comenzó a trabajar en este operativo recopilando información sobre actividades de narcotráfico en la región sur y las personas vinculadas con estas actividades.
Varios decomisos multimillonarios realizados en las últimas semanas son el resultado de estas investigaciones y han desembocado en este amplio operativo que se lleva a cabo desde las primeras horas de la madrugada.
SANTO DOMINGO.- El exdirector técnico de la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE), Víctor Matías Encarnación Mateo, admitió haber recibido RD$35 millones por parte del contratista Fernando Crisóstomo para financiar a los candidatos municipales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de la región sur durante la campaña del 2020.
“Cuando empezó la campaña electoral, el director Francisco Pagán me asignó unos trabajos en la región sur y recibí de Fernando Crisostomo 35 millones de pesos para apoyar a los candidatos municipales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)”, manifestó el director técnico al ser cuestionado por el Ministerio Público durante la audiencia de este lunes.
El imputado Víctor Matías Encarnación Mateo, al arribar a un acuerdo voluntario con el Ministerio Público, se declaró culpable de los hechos que se le imputan en el expediente, al declarar que “se alteraron fechas y documentos para la materialización de los pagos”.
Con relación al desembolso de los pagos en la institución, Encarnación Mateo, detalló que el director general de la OISOE, Francisco Pagán, era quien pagaba “independiente del presupuesto asignado a la obra”.
Santo Domingo.– El Ministerio Público informó que junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el apoyo del Ministerio de Defensa, a través de sus comandancias generales, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el Comando Sur de Estados Unidos de Norteamérica, han puesto en marcha desde la madrugada del día de hoy la Fase II de la Operación Caimán desplegada por aire, mar y tierra en varias provincias del sur y Sato Domingo Este, en contra de estructuras del crimen organizado a las que se le han decomisados, en los últimos meses más de cinco toneladas de cocaína.
En la actualidad hay varios arrestados, ocupaciones de armas, dinero y otras evidencias de las que se darán detalles más adelante, en virtud de que los equipos están en estos momentos procesando los allanamientos y otras diligencias de investigación.
En el despliegue de la Operación Caimán, iniciada desde las 4:00 de la mañana de hoy y todavía en proceso, el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas realizan más de treinta y ocho (38) allanamientos, en San Juan, Barahona, Baní, Pedernales y Santo Domingo Este, en la misma, participaron 481 miembros de la DNCD y las Fuerzas Armadas, incluyendo sus unidades sensitivas y más de 40 fiscales.
En la operación las agencias también han utilizado cuatro aeronaves que realizan ubicaciones y despliegues especiales.
En lugar estratégico del sur, se montó un centro de operación que le ha servido de base a las agencias y al Ministerio Público, en la misma se ha instalado tecnología de punta que se utilizan en contra de estas organizaciones del crimen organizado transnacional.
La exhaustiva investigación ha permitido mapificar de forma integral como operan las estructuras impactadas y poner en marchas modernas técnicas de investigación que ha tenido como consecuencia los importantes decomisos desde que en enero del 2023 iniciara la Fase I de la Operación.
En la operación las agencias también han utilizado cuatro aeronaves que realizan ubicaciones y despliegues especiales, en lugares de difícil acceso y cuatro embarcaciones que han estado custodiando el litoral costero marino de Barahona y Pedernales; una de ella fue utilizada para llegar hasta Isla Beata donde también se ha estado operando.
Elías de Jesús De Peña Tactuk es otro de los imputados en el caso Medusa que llegó hoy a un acuerdo con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), declarándose culpable de los hechos que se le imputan.
El imputado declaró al juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que admitía los hechos, tras arribar a un acuerdo con el Ministerio Público, el cual consiste en un penal abreviado, hecho por el cual recibiría un año de prisión suspendida.
Cuando el juez les preguntó al imputado que si fue presionado para llegar al acuerdo este respondió que no, que él se declaraba culpable de los hechos que se les señalan en la acusación del Ministerio Público y cuyo principal acusado es el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.
El imputado se suma a otros 23 imputados que llegan acuerdo con el Ministerio Público, declarándose culpable a cambio de recibir distintas penas suspendidas.
De acuerdo con el documento depositado por el Ministerio Público, el acusado Ismael Elías de Jesús De Peña Tactuk realizó pago de sobornos tras haber ganado la licitación dentro del Plan de Humanización en el lote 12 de Barahona.
El expediente dice que estos pagos fueron realizados con la ayuda intermediaria de Rolando Rafael Sebelén Torres, cuñado del ex procurador Jean Alain Rodríguez.
