Justicia

Destituyen a la coronela Gil Morales como directora de la cárcel La Victoria

La directora de la Penitenciaría Nacional de La Victoria, coronela de la Policía Nacional María Isabel Gil Morales, fue destituida del cargo, a días de que en el penal ocurriera un fuego que dejó 13 reclusos muertos, varios lesiados y más de mil trasladados. Esa es la cárcel más poblada del país.

La remoción de la oficial de la prisión fue confirmada a Diario Libre por una fuente de entero crédito que pidió reservas de su nombre.

La oficial no duró ni un mes en el cargo.

Dijo que en lugar de Gil Morales fue colocado un oficial cuyo nombre hasta ahora no se ha dado a conocer.

Ayer sábado hubo un conato de incendio en La Victoria, lo que provocó que muchos reclusos rompieran los candados de las celdas en las que estaban. Producto del fuego anterior, miles de reos han sido llevado a otras prisiones.

La coronela María Isabel Gil Morales fue designada en el puesto el dos de marzo de este 2024 por la Dirección General de la Policía Nacional en sustitución del también coronel Víctor Hugo Mancebo Pérez.

El memorándum con su nombramiento tiene fecha del 29 de febrero y la designó como Comandante Departemento Operativo I de la Penintenciaría Nacional de La Victoria.

Fuego en La Victoria

El fuego en La Victoria se registró el lunes 18 de este mes y se prolongó por espacio de 11 horas. Hasta el momento la cifra de muertos es de 13 y 11 los lesionados.

Solo tres cadáveres han sido identificados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), mientras que familiares de los recluidos en el penal claman a las autoridades por la entrega de los cuerpos.

Policía mata a «integrante» de banda que asaltó torre en La Esperilla

La Policía Nacional informó la noche de este domingo que «cayó abatido» por agentes de la entidad un hombre al que acusa de formar parte de los miembros de la banda que perpetuó el asalto a la Torre Nicole IX en el exclusivo sector La Esperilla, en el Distrito Nacional, así como ser la cabecilla de una red que se dedicaba al «sicariato«.

Dijo que el nacional haitiano Carlos Alberto Zarzuela Vargas (a) Carpuela y/o Moreno 30-30 murió hoy «al enfrentar a miembros de una patrulla» de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) que trató de capturarlo próximo al peaje de la Autopista 6 de Noviembre, en el municipio Santo Domingo Oeste

Aseguró en una nota de prensa que el hoy occiso, «al percatarse de la presencia policial, de inmediato la emprendió a tiros en contra de estos, quienes se vieron obligados a repeler la agresión». Dijo que usó una pistola marca Glock.

Fue en estas circunstancias, precisa el reporte preliminar, que el prófugo de la justicia y contra quien existen múltiples órdenes de arresto, sufrió las heridas que posteriormente le provocaron la muerte mientras recibía atenciones médicas en el hospital Marcelino Vélez, en el municipio Santo Domingo Oeste.

  • «El prófugo transitaba a pie por la referida vía a la espera de abordar una motocicleta conducida por otro integrante del grupo delincuencial», indica el documento.

Sus crimenes y delitos, según la PN

Según el cuerpo del orden, Carlos Alberto Zarzuela Vargas (a) Carpuela y/o Moreno 30-30, encabezaba una peligrosa estructura del crimen organizado dedicada a realizar asesinatos por encargo (sicariato), robos con alto nivel de violencia, secuestros y tráfico de armas de fuego ilegales.

  • «El peligroso delincuente estaba vinculado a varios casos de homicidios y heridos de bala en la provincia de La Romana (más de 15 víctimas)», subrayó la Policía.

Además, la uniformada dijo que Zarzuela Vargas participó en los robos con violencia que se llevaron a cabo en el residencial Parque Verde, hecho perpetrado en la avenida Monumental, en fecha 12 de febrero pasado y el robo realizado en la Torre Nicole IX, ubicada en La Esperilla, Distrito Nacional, en fecha el 13 de febrero de este año.

Abinader sobre terminación de cárcel de Las Parras: “Está muy lejos de terminarse la construcción”

Al ser cuestionado acerca del centro penitenciario Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra, en donde serán trasladados privados de libertad que se encuentran en La Victoria, el presidente Luis Abinader informó que la terminación de esta cárcel, de acuerdo a informaciones de los ingenieros “le faltaría, en la mejor de las partes, un año de construcción”.

“Las Parras está muy lejos de terminarse la construcción, incluso el presupuesto de terminación de Las Parras es de alrededor de 1,600 millones, por diversas razones y también porque se construyó en un pantano que hay que hacerle unos trabajos para el drenaje que no había estado contemplado antes y muchos otros detalles”, dijo el mandatario en LA Semanal.

La construcción de esta cárcel fue iniciada por Jean Alain Rodríguez e inaugurada en una primera fase en 2020, pero su habilitación fue paralizada en la actual gestión de la procuradora Miriam Germán Brito, por el sometimiento a la justicia del exprocurador por presuntas irregularidades en el plan de humanización que desarrolló en su gestión y que incluyó la construcción de varios centros carcelarios.

Abinader indicó además que desconocía que Las Parras se había inaugurado, porque de ser así, la misma debió ser habitada.

“No sabía que se había inaugurado ni recordaba, Las Parras no se ha terminado, incluso el presupuesto de terminación de Las Parras es de más de mil cien millones, no sabía, ¿Se inauguró Las Parra?”, cuestionó.

En el año 2022 la procuradora Miriam Germán entregó Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) un convenio que agilizaba el traspaso de las construcciones de centros penitenciarios y, al mismo tiempo, regulaba  proyectos en ese ámbito, debido a que la construcción de cárceles no es un trabajo propio de la Procuraduría.

Sobre el inicio de los trabajos de este centro penitenciario, Abinader explicó que la continuación de la construcción no había iniciado porque la Procuraduría General de la República, la tenía en temas legales.

Internos ingresados en Ney Arias Lora tras incendio en La Victoria fueron dados de alta el mismo día

El encargado de la Unidad de Quemados que funciona en el Hospital Ney Arias Lora, doctor Eddy Bruno Vizcaíno, informó que cinco de los seis pacientes que fueron ingresados tras el incendio en el Centro de Privación de Libertad de La Victoria, fueron dados de alta el mismo día.

Bruno Vizcaíno indicó que fueron recibidos seis reclusos por el incendio y uno de esos llegó al centro hospitalario ya fallecido a causa de inhalación de humo.

En tanto, los cinco restantes fueron atendidos en el área de Emergencia.

Explicó que a cada uno se les dio oxigenoterapia por unas horas y fueron, posteriormente, despachados el mismo día pasadas las 6:00 de la tarde.

De los cinco, había dos con lesiones en la piel con 1% y 2%, respectivamente, de quemaduras.

También, puntualizó que tres bomberos fueron atendidos, además de los cinco reclusos y fueron egresados ayer. Agregó que estos tuvieron inflación leve de las vías superiores.

Los tres bomberos afectados en este hecho recibieron oxigenoterapia.

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) informó que el incendio se produjo a causa de un cortocircuito en una de las celdas, uno, dos y tres.

Fueron reportados al menos tres fallecidos por el siniestro. 

Contraloría realiza auditoría especial a proyecto semáforos inteligentes

La Contraloría General de la República realiza una auditoría especial al proceso de contratación del servicio de modernización, ampliación y gestión del sistema integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo.

El contralor general de la República, Félix Santana García, explicó que esta investigación al proceso INTRANT-CCC-LPN-2023-001 es realizada a través de la Dirección de Auditorías y la Unidad Antifraude de esta institución desde noviembre del 2023.

Manifestó que actualmente se efectúa un levantamiento in situ de los equipos instalados en las calles del Gran Santo Domingo por lo que los peritos estarán en varios puntos de esta demarcación acreditando evidencias.

«Para llevar a cabo este plan, nos hemos basado en los postulados instituidos en la Constitución de la República, en su artículo 247, que expresa que la Contraloría ejerce la fiscalización interna, la evaluación del debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos en todas las instituciones que están bajo el ámbito de la Ley 10-07, especialmente en el artículo 14, inciso 7 y en el artículo 27», dijo Santana García.

Señaló que en estas labores se ha integrado un equipo multidisciplinario, capacitado en control interno, auditoría y otras ramas del saber, requeridas en cada caso.

La Contraloría pidió excusas por los inconvenientes que este proceso pueda causar, debido a que se podría ver afectado el tránsito, en ocasión de esta experticia.

El órgano de control interno del gobierno recordó que el proyecto de los semáforos inteligentes es una iniciativa del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), con el objetivo de automatizar y modernizar los semáforos tradicionales.

El proceso de sustitución fue suspendido en octubre del 2023, por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, tras denuncias realizadas contra la empresa Transcore Latam, SRL, la cual obtuvo la adjudicación del proyecto.

“Para mí, para Dios…, mi hijo es inocente», dice madre de ‘Chuki’, imputado en muerte de Paula Santana

“Para mí, para Dios, para el mundo, mi hijo es inocente, yo tengo cinco hijos, somos familia humilde, son criados por mí y por su papá. Él trabajaba en esa zona, se iba a las 12:00 de la noche y llegaba a las siete de la mañana, cuando él no llegó al día siguiente, yo estaba trabajando y cuando yo llegué el corazón se me cayó, como que algo se me desgarró”, así se expresó Lidia Díaz Reyes, madre de Alex Elvin Cruz Díaz (Chuki), quien encontró el cuerpo de Paula Santana Escalante en la alcantarilla de la zona franca Las Américas donde laboraba.

En medio de reclamos, la progenitora defendió la inocencia de su hijo en el caso y exigió a las autoridades presentar las pruebas que lo incriminan en el suceso.

“Y yo no entiendo qué es lo que está pasando que no han encontrado nada, no me han enseñado ninguna prueba, tal vez lo que hicieron eso están ahí, comiendo en su casa y acostado y ese pobre muchacho pasando calamidades allí en la cárcel, sin saber de nada, sin bañarse …”, narró Reyes en las afueras del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, donde este jueves se le conoce medida de coerción a su hijo y otro joven presuntamente vinculado al caso.

La madre de «Chuki» comentó que desde la noche del pasado miércoles, cuando sucedió la tragedia, no ha logrado conciliar el sueño, dormir o simplemente hacer otra actividad que no sea pensar en estado de su hijo.

Por el caso, las autoridades mantienen bajo arresto a Joaquín Alexander Hidalgo Marte, conocido como “Alex” y Alex Elvin Cruz Díaz, alias “Chuki”. 

En la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público señala que ambos imputados, al momento de ser verificado el ponche de salida de la compañía lo hicieron mucho más tarde que el resto de sus compañeros y, además, “más tarde de lo que acostumbraban a hacerlo de manera habitual”.

En documento, el órgano acusado le ha asignado a los hechos la calificación jurídica de asociación de malhechores, actos de torturas y barbarie, violación sexual, homicidio y robo, hechos tipificados y sancionados en los artículos 265, 266, 303, 331, 379, 381, 295 y 304 del Código Penal Dominicano.

También, asegura que cuenta con diferentes tipos de pruebas, entre estas testimoniales, certificados médicos, acta de levantamiento de la víctima, acta de registro de personas, entre otras.

Madre de oficial muerto en El Almirante: “Él no tenía problemas con nadie”

“Yo quiero justicia… Él no tenía problemas con nadie”, es el clamor de la madre del segundo teniente Fernando Pérez Berigüete, muerto a tiros la noche del martes cuando llegaba a su casa del desfile militar del Día de la Independencia Nacional.

“Era de su trabajo a su casa”, decía doña Melia Montero Beriguete (Oneyda), mientras deploraba que a su hijo le mataron presuntamente para despojarlo de su arma de reglamento.

En la sala de la vivienda de su hijo, en el sector Cancino Adentro, en Santo Domingo Este, donde entre llanto esperaban los restos de su hijo para el velatorio, Oneyda decía que no aguantaría tanto dolor.

Se dijo que el oficial lo mataron en el sector Villa Liberación en El Almirante, donde fue a llevar a unos compañeros suyos, tras el desfile. Pero residía en Cancino Adentro con esposa y sus tres hijos.

El oficial tenía 25 años en el Ejército de República Dominicana, además del oficio de camarógrafo, aunque no estaba ejerciendo en la actualidad.

Las informaciones preliminares indican que fue atacado por dos personas a bordo de una motocicleta, quienes primero lo impactaron en la parte trasera de su vehículo y luego le quitaron la vida.

MP pide a tribunal enviar a juicio de fondo a madre de coronel Núñez de Aza implicada en caso Coral

El ministerio público solicitó a la jueza del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional Yanibet Rivas dictar auto de apertura a juicio en contra de Rosa Antonina Disla implicada en el caso Coral Coral 5G

Los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), pidieron a la jueza Yanibet Rivas enviar a la imputada a juicio de fondo para que allí responda por los hechos que se le imputan. 

El fiscal adjunto Jonatan Perez Fulcar dijo que hay prueba suficiente en contra de la madre del coronel Rafael Núñez de Aza, también implicado en el caso para ser enviada a juicio de fondo. 

De su lado, el abogado Félix Portes sostiene que el ministerio público no tiene razón con la acusación ya que los inmuebles que tiene su cliente fueron adquiridos antes del 2013, por lo que entiende debe ser favorecida con un auto de no ha lugar.

La magistrada luego de la conclusión de la lectura de la acusación por parte del ministerio público receso la audiencia para el jueves 29 a las 2:00 de la tarde para continuar con los debates. 

Se recuerda que el tribunal dispuso la separación de la imputada de los demás encartados para conocerse a parte, tras acoger un pedimento presentado por Mirna Ortiz, coordinadora de litigación del PEPCA, quien alegó que el estado de salud de la imputada podría retardar el proceso penal.

Con las operaciones Coral Coral 5G, que involucran a imputados por corrupción administrativa, el Ministerio Público presentó cargos por ese delito contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, imputadas de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.

El entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

Además del mayor general Adán Cáceres Silvestre, entre los imputados de la Operación Coral figuran Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

En la Operación Coral 5G, derivada de la Operación Coral, fueron arrestados los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío (ARD) Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón.

En el caso también están implicados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.

Procuradora dispone investigar denuncia de jueza Ana Lee Florimón sobre persecución y acoso

La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, dispuso una investigación en relación a la denuncia de la jueza Ana Lee Florimón, quien alegó ser víctima de persecución y acoso desde que fue apoderada del caso Calamar.

La magistrada dijo que la investigación que ordenó respecto a la denuncia de la jueza suplente del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional debe reunir profundidad y equilibrio.

Sostuvo que dispuso la pesquisa luego de que la jueza alegara que es objeto de seguimiento tanto  ella como su familia, luego de algunas diferencias con miembros del Ministerio Público, a quienes atribuye este seguimiento.

Dijo esperar que la denunciante, si lo cree pertinente, aporte los elementos que pueda poseer con relación a su denuncia,  pero que de todas formas, la investigación «va con las características que mencioné antes».

La procuradora dejó claro que jamás auspiciaría, ordenaría ni toleraría este tipo de conducta que irrespeta derechos, habiendo sido víctima de esta práctica hace unos años mal podría reproducirla.

Manifestó que en vista de los desencuentros de la jueza Lee Florimón con dos magistrados en el curso del proceso que ha dado pie a este asunto, éstos no participarán como miembros de los investigadores «para no dar pávulo a versiones de encubrimiento».

Empero, dijo que no tiene ningún pronunciamiento con relación al hecho de que un juez, luego de una recusación aceptada, pretenda continuar conociendo un asunto.

Explicó que corresponde a otro cuerpo que no es el Ministerio Público pronunciarse al respecto, y que dependiendo de los términos, «una recusación no necesariamente es un agravio, salvo que use expresiones degradantes o injuriosas».

Consideró que hay en las afirmaciones de la jueza que plantean asuntos de extrema gravedad y es la afirmación de que por presiones del Ministerio Público se han producido traslados y sanciones de jueces.

Señaló que en su desempeño al frente de la Procuraduría General de la República jamás ha propiciado ni consentido lo que señala la referida jueza Lee Florimón.

“Esta afirmación contiene lo que considero dos conductas que no son suceptibles de ser toleradas, por una parte, el que presiona y por otra el que se deja presionar”, enfatizó Germán Brito.

Indicó que hubo una época en que los traslados eran una especie de sanción y que este aspecto ya ha sido objeto de reglamento para evitar ese abuso.

Recordó que hace años se produjo ese deleznable proceder en contra de las magistradas Rosanna Vásquez y Elka Reyes, y que al respecto, en un acto público censuró ese proceder. “Por tanto, mal podría yo auspiciar el retorno de esta práctica”, dijo en una declaración publica.

Comunicado de la procuradora Miriam Germán

Por diferentes medios han llegado a mí las informaciones de que la Magistrada Ana Lee Florimón, es objeto de seguimiento ella y su familia, luego de algunas diferencias con miembros del Ministerio Público, a quienes atribuye este seguimiento.

Dejo claro que jamás auspiciaría, ordenaría ni toleraría este tipo de conducta que irrespeta derechos, habiendo sido víctima de esta práctica hace unos años mal podría reproducirla. Por tanto, he ordenado una investigación al respecto que debe reunir profundidad y equilibrio. En vista de los desencuentros de la Magistrada Lee Florimón con dos Magistrados en el curso del proceso que ha dado pie a este asunto, éstos no participarán como miembros de los investigadores para no dar pávulo a versiones de encubrimiento.

No tengo ningún pronunciamiento con relación al hecho de que un juez(a) luego de una recusación aceptada, pretenda continuar conociendo un asunto, aprecio que corresponde a otro cuerpo que no es el Ministerio Público, y dependiendo de los términos, una recusación no necesariamente es un agravio, salvo que use expresiones degradantes o injuriosas.

Hay en las afirmaciones de la Magistrada asuntos de extrema gravedad y es la afirmación de que por presiones del Ministerio Público se han producido traslados y sanciones de jueces.

En mi desempeño al frente de la Procuraduría General de la República jamás he propiciado ni consentido lo que señala la referida Magistrada Ana Lee Florimón.

Esta afirmación contiene lo que considero dos conductas que no son suceptibles de ser toleradas, por una parte, el que presiona y por otra el que se deja presionar.

Hubo una época en que los traslados eran una especie de sanción, este aspecto ya ha sido objeto de reglamento para evitar ese abuso, hace años se produjo ese deleznable proceder

en contra de las Magistradas Rosanna Vásquez y Elka Reyes, al respecto, en un acto público censuré este proceder. Por tanto, mal podría yo auspiciar el retorno de esta práctica.

Esperamos que la denunciante, si lo cree pertinente, aporte los elementos que pueda poseer con relación a su denuncia, de todas formas, la investigación va con las características que mencioné antes.

LA DENUNCIA DE LA JUEZA

El pasado viernes la magistrada Lee Florimón, denunció que está siendo sometida a una persecución y que es perseguida por un automóvil de color blanco desde que está conociendo el caso.

La magistrada, quien subió a audiencia como suplente del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, para dar a conocer un fallo reservado sobre una solicitud de prórroga, dijo que la persecución se extiende hasta un hijo que también se ha percatado de la presencia del vehículo.

La jueza se expresó en esos términos previo a remitir el expediente del caso Calamar a la Corte de Apelación del Distrito Nacional, para que decida si ella puede dar a conocer el fallo que tenía reservado, para darlo dos días ante de la recusación o por el contrario deberá conocerse de nuevo por la nueva jueza designada Franchesca Pontentini.

En el caso Calamar están involucrados Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, ex ministros del gobierno del presidente Danilo

Ministerio Público realiza «levantamiento» en residencia de Micky López, dice abogado

Autoridades de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos realizó este viernes un «levantamiento» a una de las propiedades de la familia López Pilarte, como parte de un proceso de investigación de la compañía Inversiones Cutupú.

Según el abogado de Micky López, Luis Feliz, la procuraduría obtuvo la autorización de un juez para realizar un levantamiento en el inmueble.

“Sí, había autorización judicial de la procuraduría para hacer el levantamiento del acta de este inmueble. No hay desplazamiento, se mantiene en control de la familia López Pilarte, no hay allanamiento, no hay arrestados, solo el levantamiento de un acta por la Procuraduría”, comentó el abogado.

En un principio la presencia de autoridades dio la impresión de ser un allanamiento, pero finalmente se confirmó que consistió en un levantamiento, que reviso el inmueble y tomó algunas fotografías.

Micky López, junto a su esposa, la diputada Rosa Amalia Pilarte, son acusados de supuesto lavado de activo y narcotráfico.