Presidente Abinader dice no ha recibido ni acepta presión por el tema haitiano
El presidente Luis Abinader dijo este lunes en Santiago que no ha recibido ni acepta presión sobre el tema haitiano.
Estas declaraciones se produjeron durante La Semanal con la Prensa, celebrada en esa ciudad. El mandatario fue preguntado al respecto luego de que el senador de Florida, Marco Rubio, aseveró que la administración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha instado para que República Dominicana acepte en su territorio a tres millones de haitianos.
«Sobre el tema haitiano, nosotros no hemos recibido presión, tampoco la aceptamos, ninguna presión», dijo el mandatario.
Luis Abinader agradeció la preocupación del legislador norteamericano y dijo que desde la administración Biden no ha habido presión hacia el país.
- «El presidente Biden y la Casa Blanca en ningún momento han realizado directamente, por lo menos a la República Dominicana, ellos siempre han sido respetuosos«, afirmó el mandatario.
El jefe de Estado garantizó que en su gestión seguirán cumpliendo con la ley de Migración y la Constitución de la República.
Militar acusado de violar a menor haitiana se defiende: «Nadie tiene ese corazón para hacer eso»
El raso de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, Paulino De la Cruz, quien está acusado de violar a una menor haitiana el pasado 5 de abril, fue identificado por la víctima cuando las autoridades le presentaron un total de 15 militares que habían participado ese día en los operativos migratorios en la provincia de La Altagracia.
El documento de solicitud de medida de coerción del Ministerio Público en contra del militar, de 18 años, al cual Diario Libre tuvo acceso, detalla que la adolescente lo identificó «de manera clara y precisa» al someterla al acto de reconocimiento de persona.
Sin embargo, cuando De la Cruz fue entrevistado por un personal del órgano investigativo, manifestó desconocer la situación e indicó que habló del hecho con dos de sus compañeros a quienes les habría expresado: «Nadie tiene ese corazón para hacer eso».
Además, alegó que durante los operativos migratorios que realizan, los agentes no entran a las viviendas de la personas, siendo esto desmentido por otro de los militares que fueron entrevistados por el hecho.
De acuerdo con la declaración de uno de los compañeros del imputado, existe la posibilidad de que un agente ingrese solo en las viviendas donde podrían estar indocumentados.
El órgano acusador precisó que cuando se dio a conocer la noticia, todos los militares hablaron sobre el hecho y negaron, incluyendo el acusado, haber realizado la violación.
El informe sostiene que el inspector a cargo de los militares mostró un video a los alistados, donde se observaba la menor llorando e indicando que, durante el acto, le habían roto el vestido y el pantalón que tenía puesto.
Dos de los militares se percataron de la tardanza del acusado
El Ministerio Público precisó que cuando concluyeron el operativo en la zona, cerca de la residencia donde vive la menor, dos de los militares se percataron de la tardanza de Paulino e informaron a su superior.
El inspector a cargo procedió a mandar a buscarlo en una de las camionetas y llevarlo hasta el punto de reunión.
Seguridad ciudadana: tema del segundo encuentro de La Voz del Pueblo
El candidato presidencial de la Fuera del Pueblo, Leonel Fernández, presentó este lunes su segundo encuentro con la prensa denominado La Voz del Pueblo, donde el tema principal fue la seguridad ciudadana.
Fernández indicó que es una obligación del Estado ofrecer la protección efectiva de la seguridad de los ciudadanos y que en la República Dominica esa ha sido la principal preocupación.
De acuerdo a datos ofrecidos por el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo y que forman parte de la encuesta nacional de hogares de propósitos múltiples que realiza el Banco Central, la inseguridad ciudadana es la principal causa de preocupación de los dominicanos y el 66.5 % de los encuestados lo ó como su principal problema.
Asimismo, dijo que durante el año 2023 se cometieron 1,475 homicidios en la República Dominicana. Sin embargo, expresó que la tasa de homicidios ha evolucionado, ya que para el 2020 era de un 9.61 % frente al 12.37 % del 2023, según los datos de la Policía Nacional.
«Hablamos de 1 homicidio por cada cien mil habitantes, así es como se mide», explicó Fernández.
En tanto, Fernández detalló que la tasa de las personas víctimas de la delincuencia equivale a un 24 % por cada cien mil habitantes y que más de un 53.2 % han sido víctimas de un acto de violencia o vulnerado su derecho a la libertad.
Leonel Fernández indicó que los datos presentados en La Voz del Pueblo, provienen de la Policía Nacional, la Procuraduría General de la República y del Centro de Análisis de Datos de Seguridad Ciudadana que forma parte del Ministerio de Interior y Policía.
Los testimonios
Al inicio del encuentro con la prensa, Fernández presentó cinco testimonios de personas que han sido víctimas de robos y asaltos.
La primera de ellas fue Clelia Mercedes Lantigua, de Jarabacoa, quien fue víctima de un atraco en diciembre junto a su hija y que en marzo su esposo también fue asaltado.
Lantigua explicó que se siente indignada por la inseguridad ciudadana en el país, al tiempo de señalar que en las redes sociales se pueden apreciar las constantes noticias sobre atracos. A su juicio, no existen comunidades seguras y que el presidente Luis Abinader ha sido «indiferente» con lo que está sucediendo.
«No es porque este señor está aquí (Leonel Fernández), sino porque yo lo sé, porque tengo 50 y picos de años y se lo que está sucediendo. Quiero que sepan que yo era muy perremeísta, pero muy, pero después de lo que le ha sucedido a mis hijos y a mi familia, ya lamentablemente esto se perdió», dijo Lantigua.
Expresó que hace meses a su hija le quitaron una pasola cuando se trasladaba a su trabajo y que luego fue su esposo el atacado.
Alberto Miguel, de Gurabo, Santiago, dio su testimonio de cómo fue asaltado hace ocho meses en su trabajo de comida rápida en horas de la noche.
Contó que alrededor de ocho hombres a bordo de cuatro motores se presentaron al lugar, donde lo despojaron junto a sus compañeros y a tres clientes, de sus celulares y otras pertenencias.
«Está muy mal la seguridad«, expresó Alberto Miguel y aseguró que anda sin dinero para que no se lo quiten.
El tercer testimonio lo dio Polonio Abreu Ciriaco, quien expresó ha sido víctima de robo tres veces, la última este mes de abril.
Interrogan a exfuncionarios del PLD mientras vence plazo del caso Calamar
A momento cuando vence el plazo para que el ministerio público presente acusación en contra de los implicados en el caso Calamar, tres ex funcionarios del Gobierno de Danilo Medina fueron sometidos a interrogatorio.
El pasado viernes, los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho interrogaron al ex administrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo, y al exministro de Obras Públicas, Ramón Antonio Pepín del Rosario.
Otro de los exfuncionarios que ha requerido Berenice Reynoso, directora de Persecución, y Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), es el exdirector del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Emilio Toribio.
Camacho anunció que en los próximos días, en la presentación de la acusación del caso Calamar, serían involucrados nuevos imputados y la presentación de nuevas pruebas.
Simón Lizardo, figura en el expediente acusatorio del caso Calamar, conjuntamente con el ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, el ex ministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, el ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, como uno de los que estuvo en una de las reuniones de los principales señalados del supuesto entramado contra el Estado por más de 17,000 millones de pesos.
Así lo especifica la instrumentación del Ministerio Público en su solicitud de medidas de coerción, en la que menciona a Lizardo en la página 32 como uno de los que supuestamente conversó y «tramitó» el inicio del presunto plan en detrimento del erario.
Desde el 2021, que iniciaron los procesos de corrupción cometidos en la pasada administración de Danilo Medina, Simón Lizardo ha sido interrogado en reiteradas ocasiones en la Procuraduría General de la República.
El pasado 8 de abril, la jueza suplente del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Franchesca Potentini, intimó a la procuradora Miriam Germán Brito a presentar acusación en contra de los implicados en el caso Calamar, en un plazo de 15 días.
La jueza advirtió a los fiscales que de no cumplir con la presentación de la acusación cuyo plazo vence el 6 de mayo, se procederá a fijar audiencia de extinción de la acción penal.
La decisión fue tomada en virtud a una solicitud hecha por la defensa del ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, doctores Luis Rivas y Laura Acosta, a la que se sumó la defensa de los demás implicados, quienes plantearon al tribunal declarare la inadmisibilidad sobrevenida del conocimiento de la solicitud de prórroga por cuatro meses que hizo el Ministerio Público para presentar acto conclusivo.
En el caso figuran además como imputados el ex contralor General de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo, el ex director de Catastro Nacional.
También Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos, de Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola.
Igualmente, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los imputados es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.
Tribunal declara la extinción de la acción penal a favor de implicados en el caso de Los Tres Brazos
El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró la extinción de la acción penal del exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), Leoncio Almánzar y otros acusados en la venta del sector Los Tres Brazos del municipio Santo Domingo Este, por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso.
El tribunal presidido por Keila Pérez Santana, e integrado por Elías Santini Perera y Arisleydi Méndez Batista, tomaron la decisión tras acoger un pedimento presentado en ese sentido por la defensa de los implicados.
Asimismo, los jueces ordenaron el cese de la medida de coerción que pesa en contra de los imputados, dictada por la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.
En el dispositivo de la sentencia los jueces sostienen que la misma es susceptible de recurso de apelación, conforme a los artículos 416 y siguientes del Código Procesal Penal, iniciando el plazo para la presentación del recurso a partir de hoy lunes 22.
Con la decisión el tribunal favoreció además a los imputados Manuel Joaquín Aybar Fernández, Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico; Lisetel González Sanchez, Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L.
Igualmente, Carlos Aris Gómez Williams, Julio César Gómez Williams.
El entonces juez Juan Francisco Consoro, quien fue destituido por el Consejo del Poder Judicial, había emitido un auto de no ha lugar en favor de todos los implicados en la venta irregular de los terrenos de los Brazos.
Empero, Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) recurrió la decisión ante la Corte de Apelación, quien envió a juicio de fondo a los acusados que los jueces del tribunal colegiado declararon la extinción de la acción penal a su favor.
Ángel Hernández: “Abinader no va a perder la reelección porque los maestros se paralicen”
El ministro de Educación, Ángel Hernández, arremetió este lunes contra la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y su llamado a movilización para mañana martes, en demanda de un aumento salarial de un 20%.
Según Hernández, la ADP es la responsable de poner en riesgo el cierre del vigente año escolar 2023-2024, realizando detenciones consecutivas de la docencia, incluso para llevar a cabo asambleas con fines políticos.
“El presidente Abinader no va a perder la reelección porque la ADP paralice las clases, los niños si van a perder aprendizaje”, señaló el ministro al acusar, mostrando imágenes como prueba, al presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, de convocar y reunir a decenas de maestros el pasado viernes en una junta peledeista, mientras miles de niños perdían clases.
El funcionario se manifestó en favor de dar cumplimiento al acuerdo firmado durante el año 2021 entre el gremio y el exministro de Educación, Roberto Fúlcar, en el que se establecían dos aumentos salariales, uno para el año pasado, que ya se realizó, y uno para discutirse en estas fechas.
“Tenemos que tomar una decisión, priorizamos la inversión en la calidad de la educación o destinamos la mayor parte de los recursos al pago de salarios, jubilaciones, pensiones y seguro médico”, señaló al reiterar su rechazó al porcentaje que exige la ADP, detallando que, por sus análisis financieros, corresponde un 8%.
Hernández dejó clara su intención de diálogo y realizó un llamado a la sociedad a asumir como un criterio fundamental la defensa al derecho de los niños a estudiar, a lo que mencionó que los sectores conscientes de la sociedad dominicana deben tener en claro que lo más importante para el sector de educativo es que la escuela funcione, y cada paralización que hace el gremio de los profesores le cuesta al Estado y a la sociedad dominicana, por cada día 1,538 millones de pesos.
Piden a Tribunal no permitir medios en interrogatorio de director de Presupuesto en caso Antipulpo
Los jueces del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional se encuentran ponderando si permiten o no la presencia de los medios en el interrogatorio del director general de Presupuesto, quien fue aportado como testigo por el Ministerio Público en contra de los implicados en el caso Antipulpo.
El tribunal presidido por Claribel Nivar, e integrado por Gissell Soto Peña y Clara Sobeida Castillo, decidirán si el director de presupuesto, José Jesús Rijo Presbot, puede declarar en presencia de los medios de comunicación.
Los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) objetan en la sala de audiencia la presencia de los medios, alegando que la audición del testigo pudiera influir en los demás testigos.
A este pedimento, se sumaron parte de la defensa de los encartados y otros se opusieron alegando que debe permitirse a los periodistas estar en la sala de audiencia.
El funcionario fue aportado por el Ministerio Público como prueba a cargo de la acusación en contra de Alexis y su hermana Magalay, hermanos del expresidente Danilo Medina y otros imputados en el caso Antipulpo.
El Ministerio Público sostiene que Alexis Medina creó un entramado corrupto que estafó al Estado con miles de millones de pesos, “bajo el escudo protector y el apoyo de la Presidencia de la República, que encabezó su hermano, Danilo Medina Sánchez”.
¿Qué pasó con el Par Vial que reorganizaría el tránsito en avenidas Churchill y Lincoln?
SANTO DOMINGO.- En abril del año 2021, la Secretaría General del Ayuntamiento del Distrito Nacional, dirigida en ese entonces por Hugo Beras, presentó un estudio en procura de reorganizar el tránsito en las avenidas Winston Churchill y Abraham Lincoln, el cual consiste en poner en sentido sur-norte a la primera y norte-sur la segunda.
El proyecto para la mejoría vial en el polígono central fue elaborado con el consenso y coordinación de varias instituciones, como la Alcaldía del Distrito Nacional, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), el Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre y la Agencia Francesa de Cooperación.
La iniciativa de cambios se fundamenta en tres pilares: primero, la ampliación de 3 a 4 carriles de la avenida Winston Churchill en dirección sur-norte; la Abraham Lincoln norte-sur con iguales cuatro carriles para los vehículos individuales o privados.
A pesar de que el proyecto estaría montado para el 2021, a más de tres años de anunciado aún no se ha ejecutado, cuyo objetivo es agilizar el desplazamiento de vehículos en el centro de la ciudad.
Ya siendo director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), el principal promotor de la iniciativa, Hugo Beras, se pensó que la propuesta podía haber cobrado mayor celeridad, pero no fue así.
Lo último que se supo de la medida que desde su anuncio sorprendió a muchos, es que estaba siendo sometida a un estudio de laboratorio computarizado, para determinar la viabilidad del mismo.
“Eso te va a decir, automáticamente, cuáles vías funcionan perfectamente, qué modificaciones habría que hacer y cómo debe estar el comportamiento de los semáforos, que eso lo estamos trabajando”, dijo Hugo Beras en el año 2022, cuando se le cuestionó sobre la suerte del proyecto.
Hugo Beras solicitó licencia de su cargo como director del Intrant en noviembre del 2023, para dar paso a una investigación que realiza el Ministerio Público por las supuestas anomalías en el contrato para la sistematización de semáforos en el Gran Santo Domingo, que incluye más de 1,300 millones de pesos.
Procuraduría incorpora 135 pruebas en contra de diputada Rosa Amalia Pilarte
El Ministerio Público incorporó 135 pruebas en contra de la diputada Rosa Amalia Pilarte, acusada de delitos de narcotráfico y lavado de activos, con el cual busca una sentencia condenaría.
Los procuradores adjuntos Pedro Amador y Fernando Quezada, del departamento de jurisdicción privilegiada, y Pelagio Alcántara, procurador de Corte, hicieron la incorporación de las pruebas a cargo ante los jueces de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia.
Además, el órgano judicial concluyó con la incorporación de dos testigos a cargos de 14 que fueron aportados al tribunal. Mientras que este viernes la defensq de la legisladora por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), continuará este viernes con la incorporación de 9 testigos a descargos y un total de 90 pruebas, con la cual busca una sentencia absolutoria.
El tribunal presidido por el juez Francisco Jerez Mena e integrada Nancy Salcedo, María Garabito, Fran Soto y Francisco Ortega Polanco, receso la audiencia para este viernes 19 para dar oportunidad a la defensa iniciar con la presentación de los testigos.
El juicio de fondo se conoce luego de que el juez Estévez Lavandier dictara auto de apertura a juicio en contra de la diputada Amalia Pilarte, para que allí responda por los hechos que se le imputan.
Pilarte fue acusada por el Ministerio Público ante la Suprema Corte Justicia, luego de que fuera identificada como integrante de la red que, supuestamente, encabeza Pablo Antonio Martínez Javier, prófugo declarado en rebeldía, y su esposo Miguel Arturo López Florencio (a) Micky López.
Director de Prisiones sobre delitos en cárceles: «Siento que hay complicidad de todo el personal»
El director general de Prisiones, Roberto Hernández Basilio, se refirió este martes a la incautación en febrero de 12 parábolas de internet satelital marca Starlink en el Centro de Privación de Libertad de La Victoria.
Basilio entiende que «ciertamente hay complicidad de todo el personal», que permite que se cometan estos y otros delitos desde las cárceles del país.
«El tema penitenciario, la gestión básica, es luchar con el hacinamiento pero después de eso es hacer el control de los ilícitos que puedan entrar con permisibilidad, con complicidad de todas las autoridades civiles y militares que puedan estar en los centros», explicó.
«Una vez que se detecta que está, en base a las inspecciones es hacer los retiros, lo ideal es no permitirlo», añadió.
El coronel aseguró además que la protección y vigilancia de las cárceles deben ser por cuerpos capacitados en el área.
Sobre el incendio registrado el pasado 18 de marzo en la Penitenciaria Nacional de La Victoria, donde murieron 13 reos dijo que «están trabajando en un informe para determinar las causas reales del siniestro.
Recordó que actualmente, la cárcel presenta un alto nivel de hacinamiento, empeorado por la reubicación de algunos presos, que ahora se encuentran en otras celdas al interior del mismo plantel penitenciario.