Conciencia Política

Santo Domingo.- Más de 80 organizaciones religiosas dominicanas y extranjeras solicitaron mediante un comunicado dirigido al presidente de la República Luis Abinader  y a las instituciones competentes a una reflexión seria, diálogo y acciones, basadas en los derechos humanos y a parar las deportaciones.

En el comunicado puntualizan que las condiciones de total violencia e inseguridad que vive Haití llama al país a ser compasivo y a detener las deportaciones para dar una respuesta ética y legal a la crisis migratoria.

Manifestaron que República Dominicana es  un pueblo noble y hospitalario y que los abusos que se han cometido contra los migrantes destruyen los valores más fundamentales de la identidad dominicana.

Las entidades expresaron que la historia del pueblo dominicano está marcada por la resiliencia y la solidaridad, valores que hoy  llaman a actuar con justicia y compasión y que ante esta situación de crisis se debe siempre respetar la dignidad humana.

Solicitaron un trato humano para todos los migrantes y sus descendientes y procesos justos y transparentes para la regularización y renovación de sus documentos y que los estudiantes haitianos inscritos en universidades dominicana por vías formales y válidas se le de posibilidad de renovar sus visas y no impedirle continuar sus estudios.

«Como comunidad de fe, creemos que cada persona es creada a imagen de Dios y merecedora de respeto y amor. El mandato de amar al prójimo como a nosotros mismos nos impulsa a buscar soluciones justas y compasivas, que reflejen los valores de nuestro Creador».

Expresaron que en el mensaje del 27 de febrero del año 2021, los Obispos dominicanos, citando al Papa Francisco y decían: “Comprendo que ante las personas migrantes algunos tengan dudas y sientan temores. Lo entiendo como parte del instinto natural de autodefensa. Pero también es verdad que una persona y un pueblo solo son fecundos si saben integrar creativamente en su interior la apertura a los otros.”

También puntualizaron que al tratar de nuevo ese tema en su mensaje del 27 de febrero del 2022 los Obispos expresaron: “No podemos hacernos de la vista gorda ante las penurias que sufren muchos inmigrantes en nuestro país. Invitamos a nuestras autoridades a seguir trabajando para lograr una política clara sobre este asunto, y que en base a ella se tomen decisiones firmes y transparentes, con estricto respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas.”

Además de la Arquidiócesis de Santo Domingo y Centro Montalvo, participaron el Instituto Bartolomé de Las Casas, Voluntariado de Santa María, Dominicas de la Enseñanza de la Inmaculada Concepción y entre otras.

Santo Domingo.- La Comisión Especial Bicameral del proyecto de ley sometido por el diputado por la provincia Peravia y vocero del bloque de diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Julio Fulcar, continúa la lectura que busca sustituir la Ley 31-63 del sistema cooperativo dominicano creando la Dirección General de Cooperativas (DIGECOOP) y otras seis instituciones.

De acuerdo al Sistema de Información Legislativa de la Cámara de Diputados (SIL), la Comisión lleva unas 20 reuniones, con una participación casi nula de los senadores a pesar de ser una Comisión Bicameral.

De igual forma, el Sistema de Información Legislativa de la Cámara de Diputados (SIL), no se registra los detalles en documentos o reuniones donde se hayan recibidos o invitado a los diferentes sectores del cooperativismo para vistas públicas, conforme a la norma legislativa cuando se estudia un proyecto.

Proyecto pierde respaldo en la CD

Aunque el Sistema de Información Legislativa de la Cámara de Diputados (SIL), no ofrece detalles, si registra como dos legisladores de la Fuerza del Pueblo han retirado sus firmas del proyecto, sin embargo, no se conocen los motivos de la declinación del apoyo.

Reacción de sectores al proyecto

El presidente administrador del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), Francisco de los Santos, indicó el pasado martes que no fue consensuado con la entidad que encabeza el proyecto presentado por el diputado Julito Fulcar.

Se recuerda que en una entrevista radial, De los Santos afirmó que habían planteado un proyecto, incluso consultado con instancias como la Superintendencia de Bancos y el sector cooperativo, el cual se intentó depositar en el Congreso, pero al final la pieza sometida no fue la que ellos plantearon.

En ese sentido, también expresó que el proyecto presentado por Fulcar le parece más un reglamento que una ley para regular el sector de las cooperativas en República Dominicana y dejó claro que no dieron el visto bueno para echar andar esa pieza en el Congreso Nacional.

Por otro lado, el presidente del Instituto para la Modernización de la Justicia y el Estado Dominicano (INJUESDO), Erick Morrobel, solicitó al presidente de la República, Luis Abinader, crear una comisión conjunta con el Banco Central y otras entidades para estudiar el proyecto de ley.

En ese momento, INJUESDO pidió al mandatario que este proyecto se debata con las entidades y personas que lideran el tema, logrando unificar criterios para que el país tenga una ley que regule y proteja al sector por y para el beneficio del desarrollo de las comunidades del país.

Nuevas entidades

Dentro de las nuevas instituciones que crearía el proyecto de ley está la Dirección General de Cooperativas (DIGECOOP) en República Dominicana, el Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo (FIDECOOP), el Centro de Desarrollo y Capacitación del Cooperativismo (CEDCOOP) y el Instituto de Formación Cooperativa el (INFCOOP).

Además, también surgirían de esta iniciativa legislativa la Dirección de Regulación, Supervisión e Inspección de Cooperativas de Ahorro, Créditos y Cooperativas de Servicios Múltiples (DIRESICOOP), Programa para la Protección de Aportes y Depósitos de los Asociados de Cooperativas (PROCOOP).

Costo de crear nuevas entidades

El economista Edward Lebrón, advirtió el pasado años que las entidades que esta ley busca crear “tendrían las mismas funciones que hoy tienen el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y otras entidades que educativas ya existentes que juegan ese rol sin representar una carga para el Estado”, pero también agregó que se necesitaría un presupuesto de RD$8,550 millones de pesos.

SANTO DOMINGO.-El Ministerio Público identificó a seis narcofamilias que integran una estructura criminal desmantelada mediante operación Caimán, a las que se les atribuye movilizar más de 28 toneladas de cocaína desde diciembre del 2021 a la fecha, a los Estados Unidos, Puerto Rico y Europa.

Así consta en la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, según la cual las organizaciones manejaban enormes cantidades de dinero producto del narcotráfico, que usaban en pagos de sobornos a políticos, comerciantes, empresarios y militares para obtener informaciones y realizar sus operaciones ilícitas.

Los miembros de las narcofamilias del caso Caimán, que realizaban sus operaciones de narcotráfico transnacional en conjunto, sus funciones principales eran planificar, trasportar y ejecutar tráfico de cocaína de Suramérica a la República Dominicana mediante la modalidad de enviar lanchas de fabricación artesanal (Gofast) a territorio colombiano, y luego regresar con kilos de narcóticos a Santo Domingo, principalmente en la zona sur del país, específicamente en las provincias de Peravia, Barahona y Pedernales, para enviarla a otras naciones.

De acuerdo con las autoridades, las provincias de Barahona y Pedernales se han convertido en el epicentro de las operaciones del narcotráfico internacional, controladas por las narcofamilias y organizaciones fragmentadas que desempeñan un papel fundamental en la proliferación de la delincuencia.

Las narcofamilias mantenían sus operaciones en la región sur porque ese trayecto de la ruta que utilizaban para transportar la cocaína desde Colombia a la República Dominicana hacía más corta la distancia.

Narcofamilias
En el documento el Ministerio Público indica que identificaron unas 37 personas miembros de las narcofamilias, y que tienen el control de las provincias de Peravia, Barahona, Pedernales y Azua, en la región sur.

Uno de los grupos es el de los pescaderos, dirigidos por los Cuevas/Féliz, Melbin Martínez Féliz, Wilkin Joel Cuevas Ferreras, Geise Féliz Pérez, Zequiel Féliz, Wilmer Joel Cuevas, Welington Ford, Lionni Sepúlveda Féliz (prófugo), Florángel Féliz, Humberto Bienvenido Báez Khoury (prófugo), Meregildo Segura, Luis Carrasco y Máximo Ruiz.

También integradas por los privados de libertad Oswaldo Colina, Miguel Carrasco, Juan Díaz, Gardy Sánchez y Pablo Mayo.

Otro, en los Che, encabezados por la familia Guevara, con Andry Guevara y Juan Carlos Guevara como implicados.
También las familias Ciguillos, integrada por Wilson Rodríguez, Jerbison López, Manuel Vidal, Míster Álvarez y Manuel Fernández.

También la Santa, liderada por Gloria y que integran Gloria Cuevas, Carlos Cuevas y Elson Cuevas.
El documento también incluye a los Lego, que involucra a la familia Féliz Ferreras, con Richard Féliz, Juan Carlos Féliz Ferreras, Enmanuel Féliz Ferreras, Richard Féliz Ferreras, José Franco y Leidy Ledesma.

Además, los Flores, una familia dirigida por el grupo Florián, con sus miembros Onassis Cuevas Florián y Benny Ariel Florián Féliz.

El Ministerio Público indica en el documento que con estas actividades ilícitas llevadas a cabo en la región sur ha sido creada una narcocultura poblacional, lo que hace que estos delitos se perciban como una narcoeconomía que afecta al Estado.

Ligada al caso Larva
La investigación del Ministerio Público revela que los implicados en la organización criminal de tráfico internacional de drogas del caso Caimán están ligados a Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón o El Guardia), imputado de la red del caso Larva, una estructura que fue desmantelada el 17 de marzo del 2020 y a la que se le ocuparon 700 kilos de drogas en Nigua, San Cristóbal.

Los datos están contenidos en la solicitud de medida de coerción, con transcripción de conversaciones sustraídas de los celulares de los imputados en el caso Caimán, en la coordinación de narcotráfico internacional.

El imputado Cuevas Ferreras, hijo de la imputada Gloria, del grupo Santa, dirigió la movilización de los cargamentos de drogas que transportaban desde Suramérica al país con destino final en Estado Unidos, Puerto Rico y Europa.

Coerción
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión como medida de coerción a los implicados en el caso Caimán y que el proceso sea declarado complejo.

Un juez de la Oficina de Atención Permanente de Barahona conocerá el viernes la coerción a Martínez Féliz, Gloria, Geise Féliz Pérez, Wilkin Joel Cuevas Ferreras, Wilmer Joel Cuevas Florián, Wellington Ford Garó, Jerbinson Bernabé López, Máximo Andrés Ruiz Moreta, Carlos Manuel Cuevas Pérez y Rafael Marcelo Saldaña Cuevas, todos imputados de asociación de malhechores, narcotráfico y otros cargos.

Ocupan

— Evidencias
Las autoridades ocuparon cargamentos de cocaínas, armas ilegales, incluyendo pistolas y escopetas, así como vehículos, drones, 6 embarcaciones, brújulas, GPS, teléfonos satelitales, radio de comunicación, y otras pruebas.

Santo Domingo.– La Policía Nacional informó el apresamiento de tres mujeres que fueron sorprendidas «in fraganti» intentando realizar una compra en un supermercado con 89 tarjetas Supérate.

 En un video que se hizo viral en la redes sociales, se puede observar a las damas que  parecen estar realizando compras de manera irregular con tarjetas Supérate en un establecimiento comercial ubicado en el kilometro 13 de la Autopista Duarte, ha generado revuelo e indignación entre los usuarios.

Las autoridades están llevando a cabo una investigación para determinar cómo estas mujeres obtuvieron dichas tarjetas. Tanto la Policía Nacional como el Gabinete de Políticas Sociales están involucrados en este proceso investigativo.

Este incidente ha provocado una gran conmoción en la comunidad online, y se espera que se tomen medidas apropiadas una vez se esclarezcan los hechos.

SANTO DOMINGO, RD.-La defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez presentó este martes una serie de violaciones  y arbitrariedades alegadamente cometidas por el Ministerio Público en el marco de las investigaciones del caso Medusa.

Según los abogados,  las supuestas violaciones de derechos habrían puesto en peligro, incluso, hasta  la vida del exfuncionario.

La barra de defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez planteó al juez del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional 17 violaciones a derechos previstos en la constitución, cometidas en contra de su cliente por el Ministerio Público.

Entre ellas, los abogados citaron el hecho de haberle negado el derecho a la defensa durante la investigación del caso Medusa, la incautación de bienes no relacionados con el caso y supuestas extorsiones a imputados para que vinculen a Jean Alain con hechos de corrupción.

Las inobservancias de derechos que le asistían Jean Alain habría provocado que su vida corriera peligro en tres ocasiones mientras estuvo en prisión preventiva.

La defensa del ex procurador también cuestionó la legalidad de que la PEPCA  haya investigado el caso Medusa, que a su juicio correspondía a la Fiscalía del Distrito Nacional.

Las críticas están siendo presentadas en forma de incidentes al tribunal, a los fines de que, previo a decidir el envío o no a juicio, declare  la nulidad de la acusación del caso Medusa.

Imputados no lo involucran a Jean Alain con las acusaciones

Negaron categóricamente las declaraciones preparadas por la PGR leídas de forma literal por este único acusado complaciente. Y destacaron que si el mismo incurrió en actos irregulares a decenas de personas señalarlo directamente como receptor de valores y donaciones de campaña y a su vez otras tantas señalarlo por haber dado uso político a esos fondos, ciertos o no, ilegales o no, los actos y las penas son personales y un acto de un tercero bajo ninguna forma puede afectar a nuestro representado.

Además, indicaron que «el extraditable Rafael Stefano Canó Sacco fue el Jefe de Gabinete de la PGR y presidente del Movimiento Político Renovación, mientras que el acusado Jonathan Joel Rodríguez Imbert fungía como Director Financiero, tanto de la PGR como del mismo movimiento político».

Asimismo, la defensa de Jean Alain Rodríguez destacó que su representado no tenía ningún tipo de amistad o confianza con este acusado. Y que quien lo conocía e introdujo a la gestión fue Rafael Stefano Canó Sacco, su supervisor.

El presidente Luis Abinader calificó este lunes como un “crimen bárbaro” el cometido en contra del ecologista Francisco Ortiz Báez, de 39 años, asesinado recientemente en el municipio de Constanza, provincia La Vega.

El jefe de Estado indicó que de este acontecimiento que ha indignado a toda esa demarcación y el país completo se encuentra en proceso de investigación a los a los fines de identificar a los responsables del horrendo hecho para que le caiga todo el peso de Ley.

Se recuerda que Ortiz Báez fue ultimado luego de denunciar la extracción indiscriminada de materiales para la construcción de un río en Tireo, Constanza, en la provincia La Vega.

“Es un crimen bárbaro este que sea cometido en contra de quien podemos calificar de un mártir que luchó por defensa del medio ambiente y los recursos naturales”, manifestó el presidente Abinader.

El mandatario se expresó en esos términos sobre ese caso durante su acostumbrado encuentro La Semanal que realiza en el Palacio Nacional junto a comunicadores y periodistas representantes de distintos medios de comunicación.

Explicó que el tema de la protección al medioambiente en la actual gestión se ha fortalecido bastante, por lo que los casos de depredación de los recursos naturales se han reducido bastante.

Señaló que es un compromiso de su Gobierno seguir trabajando de manera incansable por la protección del ecosistema no importa los intereses que se tengan que enfrentar.

Más sobre el asesinato 

Hasta el momento, se encuentran detenidos Reynaldo Cruz Castillo, de 53 años, y Andy Joel Payano, alías El Guardia, de 25 años, señalados como presuntos autores del hecho.

Cruz Castillo fue quien condujo al Ministerio Público y la Policía Nacional, hasta el lugar donde fue encontrado enterrado, el hoy occiso, en la comunidad de las Cuevas, San Juan, en la frontera entre Azua y San José de Ocoa.

Al detenido se le ocupó una pistola marca Súper, calibre 9 mm y una escopeta marca Maverick, propiedad de la víctima.

Sobre el caso, las autoridades recuperaron una yipeta Toyota Hilux, de color blanco, donde presuntamente se fue transportando el cuerpo de Ortiz Báez, un camión, dos armas de fuego y una pala.

Santo Domingo.- El ex procurador general de la República y principal implicado en caso de corrupción desmantelado mediante la operación Medusa, Jean Alain Rodríguez, negó este viernes que haya dado instrucciones al exdirector administrativo y financiero de la Procuraduría General de la República, Jonnathan Rodríguez Imbert, para realizar maniobras corruptas en los procesos de compras, como este último afirmó.

Exadministrador de Procuraduría admite la culpa

«Usted tiene por ejemplo la Dirección General de Prisiones como también tiene la Dirección General Administrativa y Financiera, en ninguno de esos casos el procurador general de la República ni la actual ni el pasado ni el ante pasado, es el superior jerárquico directo a esas personas, la ley no lo contempla. Dentro de las funciones del procurador hay  solamente una de cerca de treinta, que refiere a que supervisa las políticas públicas que emanan del Consejo respecto a esas direcciones», sostuvo Jean Alain.

«En el caso particular del director general administrativo y financiero, ni tan siquiera tiene –el procurador- la facultad de quitarlo del puesto, es el Consejo, la ley incluso establece los tres casos y no son ninguno de esos directores generales, en el caso particular no daba a ninguno de esos directores instrucciones que no fueran aquellas de las políticas públicas del consejo, previamente aprobadas», aseguró Rodríguez.

«Y quiero que consté en acta que en ningún momento instruí ni para temas irregulares ni para temas que han sido tratados acá utilizando mi nombre», destacó.

Antecedentes 

En la audiencia pasada el exadministrador de la Procuraduría General de la República y acusado en el caso Medusa, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, admitió ante el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional los hechos que le imputa el Ministerio Público.

Rodríguez Imbert afirmó ante el magistrado Amauris Martínez, que todo lo que hizo fue por instrucciones del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y Rafael Canó Sacco, exjefe de Gabinete de la Procuraduría, quien está fuera del país y no está implicado en el caso.

Declaró que aunque se le había entregado un poder para firmar contratos, asignaciones y otros procesos a nombre de Jean Alain Rodríguez, todo lo que hacía era bajo instrucciones de Canó y del ex procurador, debido a que no tenía poder para tomar decisiones.

Rodríguez Imbert se comprometió ante el magistrado Martínez a realizar una ampliación de sus afirmaciones cuando se esté conociendo el fondo del caso Medusa.

BARAHONA.- Será el próximo viernes 19 de abril cuando la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Barahona conozca la solicitud de medida de coerción, consistente en prisión preventiva, que hace el Ministerio Público contra 10 integrantes de la red criminal impactada en la Fase II de la Operación Caimán.

El juez Daniel Emilio Pimentel dispuso este lunes el aplazamiento de la audiencia luego de acoger una solicitud de la defensa de los imputados que pidieron más tiempo para depositar arraigos.

El Ministerio Público también solicitó que el caso sea declarado complejo al tramitar la solicitud de medida de coerción contra Malbin Martínez Féliz, Gloria Elena Cuevas, Geise Féliz Pérez, Wilkin Joel Cuevas Ferreras, Wilmer Joel Cuevas Florián, Wellington Ford Garó, Jerbinson Bernabé López, Máximo Andrés Ruiz Moreta, Carlos Manuel Cuevas Pérez y Rafael Marcelo Saldaña Cuevas.

El grupo está implicado en delitos de asociación de malhechores, tráfico internacional de drogas, lavado de activos y porte y tenencia ilegal de arma de fuego.

La estructura trasegaba droga desde el departamento La Guajira, Alta Guajira, en Colombia, hacia la costa sur de República Dominicana, en donde se ocuparon cargamentos de clorhidrato de cocaína durante la Fase I de la Operación Caimán.

A los arrestados en la Fase II de la Operación Caimán la pasada semana se les ocuparon armas ilegales, incluyendo pistolas y escopetas, así como vehículos, drones, 6 embarcaciones, brújulas, GPS y teléfonos satelitales.

También, planes de navegación que evidencian que eran para el tráfico internacional de cocaína, radio de comunicación, cargadores de fusiles, motores fuera de borda y evidencias de transferencias financieras con socios en Colombia.

El Ministerio Público desarrolló la Operación Caimán junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y con el apoyo del Ministerio de Defensa.

Las autoridades dominicanas contaron con la cooperación internacional de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el Comando Sur de Estados Unidos.

La operación, desplegada por aire, mar y tierra, abarcó varias provincias del sur y Santo Domingo Este en donde operaban los integrantes de la estructura del crimen organizado a la que se le han ocupado más de cinco toneladas de cocaína en los últimos meses.

Más de 40 fiscales participaron en las acciones antidelictivas en la que se realizaron unos 40 allanamientos en San Juan, Barahona, Baní, Pedernales y Santo Domingo Este. En los operativos participaron alrededor de 500 miembros de la DNCD y las Fuerzas Armadas, incluyendo integrantes de sus unidades sensitivas.

SANTO DOMINGO. Cielo tiene 14 años. Soñaba con ser modelo, asegura su papá. “Le digo que aún es posible, que puede serlo”. Pero Cielo (nombre ficticio) ya no habla de sus sueños. Hace un mes y una semana, la acción violenta de un hombre la sumió en una pesadilla. Veinticuatro machetazos que provocaron la pérdida de sus brazos y que ahora parecen definir su presente, uno en el que su agresor sigue en libertad y su familia lucha por obtener justicia.

Y la pesadilla de Cielo se gestó hace poco más de un mes, cuando se obsesionó con ella Jefrey, un nacional haitiano de unos 18 años y sin mayores señas que la de haber llegado cuando era un niño con sus padres desde Haití al sector de El Kilombo, del municipio de Pedro Brand, al sureste de la provincia Santo Domingo.

Su padre Antonio Heredia (seudónimo usado a su petición) se enteró de la situación, relata a DL, cuando el pasado 16 de mayo se produjo un conflicto entre Jefrey y un grupo de muchachos conocidos de su hija, a quienes les habría contado del acoso. “Le pregunté que si tenía algo con él, pero ella me lo negó y me dijo que la estaba molestando desde hace tiempo”.

Presuroso, Antonio buscó evitar lo peor. Le llamó la atención a Jefrey, pero a cambio se enteró de que había amenazado con agredir a su hija. Al día siguiente, 17 de mayo, le pidió a Cielo que no saliera de la casa. “Le dije a su mamá (Yajaira García) que estaba de castigo, que no la dejara salir”.

Regresó a eso de las dos de la tarde. Cielo no estaba. Aun se encontraba averiguando el paradero de su hija, cuando le avisaron que estaba en un riachuelo, una especie de cañada, llamada La Peñita, y que estaba muerta. “Yo salí corriendo para allá y ese niño me cayó atrás –señala a su izquierda a un niño de camiseta azul y pantalones grises. Se llama Fausto y tiene 11 años- Me dijo “papi, está muerta”.

Cuando llegó al lugar, encontró a Cielo boca abajo, con cortes en todo su cuerpo.

– Cielo

– ummmm

“Me dije, ‘está viva’. Al ver las heridas que tenía tan profundas en el cuello, aparte de tener lo brazos y las manos vueltos un etcétera, yo le dije”:

– ¿Tú tienes tu conocimiento?

– Sí.

– ¿Y quién soy yo?

– Papi.

– Quédate ahí tranquilita. No te me muevas.

Los círculos de la pesadilla

Por la naturaleza de su trabajo, Antonio tiene conocimientos de primeros auxilios. Evitó que el gentío que ya se encontraba en el lugar moviera a su hija. Llamó al servicio de emergencias 9-1-1.

“El nueve uno uno me respondió a tiempo, como a los quince minutos de yo llamar llegaron. La auxiliaron y la llevaron al hospital (Doctor Vinicio) Calventi de Los Alcarrizos”, detalla. Ahí empezó un periplo en que asegura se cometieron descuidos en la atención de su hija que le costaron la amputación de sus brazos.

En ese primer centro asistencial, Cielo fue estabilizada y referida al hospital Doctor Darío Contreras, trasladada en la misma ambulancia del 9-1-1 en la que fue rescatada de la cañada donde fue agredida. Allí los médicos le dijeron que necesitaba una transfusión. La sangre no aparecía.

– ¿Y por qué la sangre no aparecía? ¿Qué le decían?

– ¡Oh! Pero había que comprar la sangre y yo no tenía dinero, y usted sabe que una pinta de sangre vale cuatro mil y pico de pesos y si llevas el donante a la Cruz Roja es que lo dejan en dos mil doscientos y a esa hora no aparecía donante.

En medio de su desesperación, y sin saberlo, en el centro se encontraba la abogada Gladys Félix, reconocida por su activismo nacionalista y coordinadora del movimiento Los Hijos de Duarte. Le habían avisado del hecho e hizo los reclamos en el hospital para que la niña recibiera la transfusión sin costo alguno.

“Esa muchacha hoy está viva, primero por Dios y después por ella, que tuvo que pelear y regarse para que apareciera sangre, porque llegó un 6 por ciento y la sangre no aparecía y se iba a morir”, expresa Antonio con agradecimiento mientras recuerda ese aciago día, sentado en un patio junto a su casa en construcción. A su lado se encuentra la señora Félix, quien fue candidata a diputada por la Fuerza Nacional Progresista (FNP) en las elecciones de mayo de 2016.

Esa noche le amputaron el brazo izquierdo a Cielo. Su padre afirma que los médicos le dijeron que el brazo derecho no tenía salvación. Él se negó en ese momento a firmar la autorización de amputación. Asegura que no atendieron como debían sus heridas y que ese descuido provocó una necrosis gangrenosa.

Habían pasado tres días desde la primera cirugía. Antonio reclamó otra opinión, otra opción, que buscarán a un especialista. “Les pregunté quién era el más viejo de ellos, porque todos eran unos muchachitos. “¿Cuál es el jefe del equipo?” Cuando llega el jefe del equipo es un niño también. No niños, son hombres, ¡pero demasiado jóvenes! Con poca experiencia, eran muchachitos, que se veían que quizás sí querían hacer algo, pero ellos prácticamente están haciendo una residencia, aprendiendo, practicando”.

Cielo entró nuevamente a la sala de cirugía. Al día siguiente, y para sorpresa de Antonio, le avisaron que su hija estaba de alta. Llamó a la abogada Gladys Félix y ella acudió de inmediato y presionó para que la dejaran ingresada. Unos once días después, el primero de junio, fue despachada a su hogar. “Me dijeron que tenía la bacteria y así me la mandaron a la casa, como quiera”.

Antonio dice que llevaban a Cielo todos los días a curar sus heridas postoperatorias al hospital Doctor Rodolfo de la Cruz Lora, de Pedro Brand. El día de Corpus Cristi, el pasado 16 de junio, se negaron a curarla porque, apunta, era un día feriado y los doctores no estaban. Ante la negativa, sus familiares decidieron limpiar las heridas en su casa. La sorpresa al quitar el vendaje es que tenía gusanos.

Desde el hospital municipal la refirieron nuevamente al Darío Contreras. “Nos atendieron en el pasillo hasta que ellos pudieron hacerle la otra cirugía, la tercera, para matarle la bacteria, que no se la mataron tampoco. Y me la dejaron tirada en un pasillo, que las camas estaban llenas”. Allí amaneció Antonio junto a su hija, a quien afirma no le administraron ninguna medicación.

“Ellos le quitaron la canalización que le hicieron, ya no tenía nada puesto. No tenía nada, ni un antibiótico, ni analgésicos, ni suero. Nada. Nada”, expresa con evidente frustración.

Una mano caritativa

A la mañana siguiente, Antonio recibió la llamada de un empresario que se había enterado de la situación de su hija a través de las redes sociales. De inmediato envió una ambulancia. La abogada Gladys Félix detalla que el médico de turno en el Darío Contreras se limitó a hacerles firmar un descargo. Cielo fue trasladada al Centro Médico de la Unidad Central del Este (UCE).

El empresario benefactor pagó los gastos médicos de la niña. Cielo fue intervenida por cuarta ocasión. “El especialista que la atendió nos dijo a nosotros, responsablemente, que si la niña hubiese sido bien atendida no habría tenido la necesidad de cortarle los brazos. Nos los dijo así, mirando la fotografía de ella de cómo la encontraron”, asegura la abogada, que también señala que otro de los doctores le dijo que la menor tampoco recibió el tipo de antibióticos que necesitaba lo que propició el desarrollo de la infección.

El pasado jueves, 22 de junio, Cielo volvió a su casa.

“Quiero que se haga justicia

Antonio, con voz firme, expresa lo que quiere. Justicia.

“Es lo único que me queda, que por favor se haga cumplir la ley, que sea apresado y puesto a la acción de la justicia para que pague por ese horrendo crimen. No es porque sea haitiano, porque a veces ven a uno como racista. No. Yo no soy racista. Sino que es una persona que cometió un hecho que tiene que pagarlo. No porque sea haitiano o dominicano, sino que cometió un hecho y tiene que pagar por ese hecho”, dice mirando fijamente y con la entereza que ha sostenido desde el día en que su hija fue agredida a machetazos.

Reclama por la lentitud en la búsqueda de Jefrey, aunque apunta que este sábado fue realizado un operativo policial y fueron apresados algunos haitianos del sector.

“Porque cuando un dominicano hace algo, lo consiguen de una vez, pero cuando es un extranjero haitiano, oiga bien, hace algo no hay manera de conseguirlo, sino es que usted lo encuentra infraganti ahí, no hay manera y se fue. Usted comete un hecho, pero por las huellas digitales la consiguen. Ellos no, no están documentados”, se queja Antonio.

De su lado, la abogada Félix reclama la necesidad de una indemnización para Cielo y su familia, que componen también sus ocho hermanos y su madre. Afirma de manera categórica que llevará el caso a las todas las instancias judiciales, tanto dominicanas como extranjeras, pues a su juicio tanto el estado dominicano como haitiano tiene responsabilidad en este hecho, ante el descuido migratorio que permite a los nacionales haitianos estar en el país sin documentación.

No ha despertado

Recorremos con Antonio los enlodados y maltrechos caminos de tierra de El Kilombo. Llegamos a lugar donde los sueños de Cielo se silenciaron, un riachuelo de aguas poco profundas. Antonio señala el lugar donde cayó herida su hija.

Sobre las ramas de los árboles y arbustos cuelgan trapos, trozos de fundas plásticas y otros desperdicios, señal de que en algún momento la incipiente caudal aumenta su volumen trayendo basura. Narra cómo los paramédicos del 9-1-1 llegaron al lugar con la camilla al hombro, pues es imposible el acceso en un vehículo. Reitera su reclamo de justicia.

Momentos antes, junto a la casa que lleva varios años construyendo poco a poco, recuerda a la Cielo antes de ese 17 de mayo, y que llegó de Pedernales el diciembre pasado –de donde es oriundo Antonio y su familia- para estar junto a sus padres y continuar sus estudios de octavo grado. Niega las versiones que se han difundido en algunos medios de comunicación sobre lo sucedido.

“Cielo era y es una muchacha tranquila. La traje para acá porque mi mamá murió. Desde que llegó hizo sus amigas, que ahora la cuidan como si fuera una hija para ellas”.

Cielo no quiere hablar con extraños. Cuando se acerca se nota la incertidumbre en su rostro. Se sienta y sostiene la mirada por momentos.

– ¿Cuántos años tienes?

– Catorce

– ¿Y cuándo cumples los quince años?

– En febrero

– ¿Cómo te tratan tus amigas?

– Bien

– ¿Has sentido apoyo de tu comunidad, de tus vecinos?

– Sí

Responde cabizbaja. La abogada Gladys Félix, quien ha acompañado a su familia durante todo este calvario, le insiste en que hablé más, en que envíe un mensaje sobre su situación. Pero ella calla.

***

– ¿Ella le ha dicho algo sobre lo que le pasó?

– Ella no. Ni yo tampoco le he preguntado. La realidad está ahí. Eso es como recordarle ese momento. Ella quiere vivir su vida ya normal, eso entiende ella.

Antonio sabe que necesita ayuda psicológica. Dice que se está gestionando, así como otra intervención con el fin de colocarle prótesis. Señala la normalidad que insiste en seguir llevando su hija, a pesar de que nada es como antes, de que ha perdido la autonomía que antes tenía con sus dos brazos, cuando sus sueños se convirtieron en una pesadilla.

“Creo que ella no ha despertado”.

Tras tildar de «bochornoso, criminal e injustificable», el hecho de que un agente de la Dirección General de Migración haya violado sexualmente una niña de 14 años durante un operativo migratorio contra indocumentados, el presidente de la República, Luis Abinader, garantizó este lunes que el responsable recibirá «todo el peso de la ley«, sin importar el rango que tenga, ni quién sea.

«Vamos a aplicar todo el peso de la ley«, acotó el mandatario al ser cuestionado sobre el hecho durante LA Semanal con la Prensa, encuentro que cada lunes realiza en el Palacio Nacional con periodistas.

Abinader expresó su condena «a la violación de la niña» sin importar la nacionalidad de la víctima.

«Un hecho criminal, un abuso incalificable para cualquier niña de 14 años, sea haitiana, sea dominicana«, planteó con rostro de condena.

Su posición la planteó cuando se le preguntó en qué estaban las investigaciones que habían iniciado las autoridades sobre la denuncia de que una menor de nacionalidad haitiana fue violada por un agente de la Dirección General de Migración durante un operativo contra indocumentados en Verón, Punta Cana, en la provincia La Altagracia.

El gobernante garantizó que el culpable recibirá «todo el peso de la ley«, sin importar quién sea.

Dijo también que el Ministerio Público y las otras entidades involucradas en las indagatorias están «haciendo la investigación de la mejor manera».