Sin entrar en mayores detalles, la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, informó durante su rendición de cuentas la pasada semana, que el Ministerio Público «ha concluido amigablemente» los contratos con las empresas involucradas en la construcción de Las Parras o Nueva Victoria.

Esos contratos, que forman parte de la investigación que llevó a la acusación judicial del conocido caso Medusa por el supuesto pago de sobornos y adendas irregulares, son la causa inicial invocada por la actual gestión de la Procuraduría para detener la terminación de una obra propuesta como solución al problema de hacinamiento que se vive en el penal La Victoria, el más congestionado del país.

Según la procuradora, las empresas con las que se llegó a acuerdos, dado que no fueron judicializadas en el caso, son Constructora Pablo Yarul & Asociados, S.R.L., Consorcio Construcción y Transporte de Prefabricados EEC-Pretensados Estructurales Dominicanos, S.R.L., Constructora Woxxen, S.R.L. y el Consorcio Remix-Rotilla.

«Esto significa que se han superado todos los obstáculos legales y contractuales para permitir que el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mived), conforme el mandato de la Ley 160-21, pueda llevar a cabo la culminación de esta obra tan crucial e importante», dijo Germán Brito en su alocución del pasado 26 de marzo.

No informó, sin embargo, bajo cuáles términos se logró dar por terminados los contratos originales. Fuentes de Diario Libre dicen que se hizo mediante una indemnización a favor del Estado de varios millones de pesos, pero sin precisar un monto.

Aunque se solicitó información a la Procuraduría, aún no se produce una respuesta.