Se encontraron diversas irregularidades en el Ministerio Administrativo de la Presidencia (Mapre) durante una auditoría realizada por la Contraloría General de la República. Algunos de los hallazgos incluyen compras directas que excedieron el umbral establecido y la entrega de cheques a personas no autorizadas sin una carta de autorización. La auditoría abarcó las cuentas bancarias, activos fijos, compras y contrataciones, nóminas y pagos de la entidad, desde septiembre de 2020 hasta abril de 2021, con el objetivo de determinar si se cumplieron las leyes aplicables a las instituciones estatales.
Uno de los principales hallazgos reveló que se entregaron 36 cheques a personas distintas a los beneficiarios sin una carta de autorización, lo que representó un total de RD$97,313,737.96.
En relación a las compras realizadas a través de la Dirección de Compras y Contrataciones, se identificaron debilidades de control en los procesos. Durante el periodo auditado, se encontraron compras fraccionadas que excedieron los umbrales establecidos para diferentes rubros, como servicios legales, mantenimiento y reparaciones, contabilidad y auditoría, y servicios de apoyo a la fabricación. Estas compras se realizaron en un mismo trimestre y sumaron un valor de RD$642,167. Además, se detectaron deficiencias en los expedientes de compras, incumpliendo las políticas internas de adquisiciones.
En cuanto a la nómina de empleados, se constató que la institución carecía de un control adecuado de los documentos relacionados con la asignación de los militares, lo que dificultaba probar su integridad y existencia a través de la nómina. Se encontraron 16 expedientes de empleados sin el contrato o nombramiento correspondiente, lo cual representó un riesgo para los derechos y obligaciones del pasivo. También se identificaron expedientes sin los formularios de solicitud de empleo y otros sin carta de conocimiento y aceptación de la política de seguridad de la información.
La auditoría reveló inconsistencias en las deducciones del impuesto sobre la renta en las nóminas de seguridad y especialismo, ascendentes a RD$675,589.58, que no se encontraban reportadas ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Asimismo, se detectó una inconsistencia de RD$306,200 en impuestos retenidos y deducidos a través de la nómina de contratados que tampoco fue reportada a la DGII.
Otro hallazgo importante fue la falta de políticas asociadas al control y ejecución de las conciliaciones bancarias. Se señaló que las conciliaciones bancarias de la cuenta número 240-014872-9 correspondientes a septiembre de 2020 y marzo de 2021 no contaban con firmas de revisión ni autorización por parte de la Unidad de Auditoría Interna y la Dirección Financiera, lo que representaba un riesgo para la existencia de los saldos presentados. Además, se identificaron conciliaciones bancarias pendientes de preparar en los meses de marzo y abril de 2021, lo que implicaba un riesgo inherente relacionado con el rubro de efectivo.
Adicionalmente, a la fecha 30 de abril de 2021, encontraron unos 26 activos fijos no registrados con un valor ascendente a RD$4,828,798.64.