En diciembre de 2020, el Gabinete Social implementó una medida para brindar apoyo al sector artístico durante la crisis del Covid-19 en el país. Se decidió «contratar» a 67 artistas a quienes se les entregarían alrededor de 100 millones de pesos, distribuidos entre todos ellos bajo el concepto de «pagos adelantados para futuras presentaciones», las cuales se transmitirían en canales de televisión y plataformas digitales.
Esta medida generó controversia y solo días después, el coordinador del Gabinete, Francisco Antonio (Tony) Peña Guaba, decidió rescindir «todos los contratos» y ordenó continuar la entrega de los fondos.
Sin embargo, según un informe publicado por la Cámara de Cuentas, se cometieron múltiples irregularidades en este proceso y más de 55 millones de pesos ya habían sido distribuidos.
Dos millones de pesos fueron entregados a Héctor Acosta «El Torito», quien, según el artículo 14 de la ley 340-16 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, está prohibido de ser contratista del Estado debido a su condición de Senador de Monseñor Nouel.
La ley de Compras y Contrataciones establece que las siguientes personas no pueden ser oferentes ni contratar con el Estado: el presidente y vicepresidente de la República; los secretarios y subsecretarios de Estado; los senadores y diputados del Congreso de la República; los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, de los demás tribunales del orden judicial, de la Cámara de Cuentas y de la Junta Central Electoral; los síndicos y regidores de los Ayuntamientos de los Municipios y del Distrito Nacional; el contralor general de la República y el Subcontralor; el director de Presupuesto y Subdirector; el director nacional de Planificación y el Subdirector; el procurador general de la República y los demás miembros del Ministerio Público; el tesorero nacional y el subtesorero, así como otros funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía.
El informe de la Cámara de Cuentas revela que la consultora jurídica envió una comunicación al Gabinete, con fecha del 24 de junio del año pasado, en la que señalaba que esta contratación era una «inobservancia» de la legislación vigente.
Cabe recordar que «El Torito» ha manifestado que ese dinero fue «distribuido entre sus músicos» para que pudieran mantenerse durante la pandemia.