El fiscal litigante Jonathan Elías Pérez Furcal declaró que las defensas de los acusados de las operaciones Coral y Coral 5G no han presentado pruebas que refuten las pruebas aportadas por el Ministerio Público durante la audiencia preliminar en el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

Durante el día de hoy, la defensa de Kelman Santana y de la Hacienda Kelman, ambos acusados por el Ministerio Público de pertenecer a la estructura de lavado de Adán Cáceres, estuvo deponiendo. El fiscal afirmó que la defensa no presentó elementos que puedan refutar las pruebas presentadas y en cambio, se centraron en tergiversar la acusación.

Las diapositivas presentadas por la defensa fueron repetitivas y no aterrizaron en ningún momento. Kelman Santana, mano derecha de Adán Cáceres, era su asistente y persona de extrema confianza, administrando la Asociación Campesina en el tema de las ventas y mezclando el dinero de corrupción con el dinero de operaciones comerciales.

El equipo del Ministerio Público presente en la audiencia estuvo compuesto por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Pepca, la procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de esa dependencia, y los fiscales Arolin Lemos y Marinel Brea.

La audiencia preliminar contra los acusados de las operaciones Coral y Coral 5G continuó el viernes en el Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, luego de que la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazara la recusación interpuesta por la defensa del mayor general Adán Cáceres Silvestre el pasado 14 de abril.

La jueza Yanibet Rivas Méndez deberá decidir si envía o no a juicio a los procesados. Debido a la cantidad de personas involucradas en el proceso, la audiencia se lleva a cabo en la sala del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. La audiencia fue aplazada para el próximo viernes a las 9:00 de la mañana.

El órgano acusador presentó cargos contra 48 personas en este proceso, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, acusadas de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos. El entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).