La Cámara de Cuentas detecta irregularidades en la construcción del Metro de Santo Domingo durante el período 2013-2017 bajo la gestión de Diandino Peña en la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET). El monto de las irregularidades supera los RD$30,000 millones.

El informe señala que hubo falta de planificación en la contratación y ejecución del puente ferroviario y del contrato de dirección técnica y supervisión por la firma. Además, se iniciaron trabajos previos a la realización del proceso de compra sin contrato entre las partes.

Durante el periodo analizado, se realizaron adendas a contratos que superan el 25% establecido por ley y hubo incumplimiento en la póliza de avance. También se encontró que hubo obras que presentan pagos superiores al monto contratado y falta de inclusión del 1% de la Ley 6/86 en los presupuestos y cubicaciones de las obras.

Asimismo, se detectó falta e inadecuada retención de la Ley 6/86 y pólizas de garantía de vicios ocultos por montos inferiores a lo establecido por ley, así como falta de pólizas de garantía de vicios ocultos.

El monto total de estas irregularidades asciende a RD$227,180,252 en adendas a contratos, RD$86,271,672 por incumplimiento en la póliza de avance, RD$108,410,318 por monto de la primera cubicación inferior al avance otorgado, RD$7,832,844 por obras con pagos superiores al monto contratado, RD$2,021,297 y RD$7,819,618 por no incluir el 1% de la Ley 6/86 en presupuestos y cubicaciones de obras, y RD$90,754,968 por falta de pólizas de garantía de vicios ocultos.

También se encontraron obras con cantidades cubicadas superiores a las ejecutadas en campo, por un monto de RD$16,006,259; expedientes de contratos sin documentación soporte, por RD$14,638,152,328; procedimientos de contratación sin evidencia de publicaciones de convocatorias, por RD$6,296,778,314. Además, se presentaron garantías fuera de plazo, por RD$380,069,575; pliegos de procedimiento de selección incorrectos, por RD$43,169,848; contratación de proveedores únicos que no cumplen con las características de la excepción, por RD$23,116,184; y suscripción de contratos de adquisición de bienes y servicios fuera de plazo, por montos contractuales de RD$69,406,207.

Entre otros hallazgos, se encontraron procesos ejecutados basados en urgencias sin cumplir con los requisitos estipulados, por un monto de RD$5,022,079,047; adendas a contratos con montos que exceden el máximo permitido por ley, por RD$156,354,437.

La auditoría también reveló que se brindaron servicios que generaron conflictos de interés, empleados de la Opret actuando como intermediarios de contratistas, servicios de notario por RD$126,000 mensuales, adjudicación de contrato a empresas que no estaban al día con sus obligaciones fiscales, por RD$20,571,882, empresas contratadas con firmas diferentes en la documentación, por un monto contractual de RD$16,728,458, falta de autorización para la expropiación de terrenos, ausencia de manuales, políticas y/o procedimientos para expropiaciones, entre otras irregularidades.

Investigación del Ministerio Público

El pasado viernes, la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) rechazó la acción de amparo presentada por Diandino Peña, exdirector de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), para que la Cámara de Cuentas le proporcionara acceso a un informe de su gestión en esa institución.

El tribunal, integrado por los jueces Antonio Sánchez Mejía (presidente), Franny González y Alina Mora, tomó esta decisión después de que el Ministerio Público presentara una solicitud, representado por la procuradora fiscal Rosa Alba García, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.

Las partes accionadas, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), la Procuraduría General Administrativa y la Cámara de Cuentas, presentaron una objeción a la solicitud, debido a que era notoriamente improcedente.

Diandino Peña presentó la solicitud de amparo el 10 de febrero de 2023, a través de sus abogados Manuel Fermín Cabral, Juan Antonio Delgado, Pedro Balbuena y Gilbert de la Cruz Álvarez, para acceder al informe de la Opret durante el período del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017.

Este informe fue elaborado durante la investigación especial sobre la construcción del Metro de Santo Domingo, cuando Peña dirigía la Opret.