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SANTO DOMINGO

La acusación del caso “Antipulpo” establece que el imputado Juan Alexis Medina Sánchez salpicó la gestión del exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo y otras instituciones del Estado que favorecían con las licitaciones al hermano del expresidente Danilo Medina.
En el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde se lee la acusación como parte de la etapa preliminar del proceso, salió a relucir que Alexis Medina gestionó un encuentro con el entonces ministro Gonzalo Castillo a los fines de obtener un contrato que le permitiera vender al Estado dominicano Cemento Asfáltico (AC-30).
“A través del Ministerio de Obras Públicas, es en ese contexto que se realizaron reuniones con Overseas Petroleum Group”, donde participaron además de Alexis, Julián Esteban Suriel Suazo, así como Samuel Peralta Sosa y José Antonio Peralta Sosa.
El expediente explica que el acusado, el 13 de noviembre del 2016, inició las operaciones con la llegada al puerto de Boca Chica desde España, del barco Iver Agile, con 29 mil barriles de AC-30, comprados por la empresa ya mencionada, e importando a nombre de General Supply Corporation, hasta ese momento ninguna de estas dos compañías tenían contratos
ni clientes para la venta de cemento.
“La intención original de Samuel Peralta Sosa era adquirir los contratos a través de la empresa Overseas Petroleum Group, lo que se evidencia con el contrato realizado con Autoridad Portuaria Dominicana, pero el mismo no se pudo materializar por no contar con la autorización de ser proveedora del Estado; es por ello que, para los fines de vender al Estado AC-30, se
asociaron con la acusada General Supply Corporation, donde figuran como “socios” el acusado Julián Esteban Suriel Suazo y Messin Elías Márquez Sarraff, fungiendo estos como prestanombres del acusado Medina Sánchez”, sostiene la acusación.
Así mismo indica que en un allanamiento realizado a la casa de Odalia Pimentel encontraron una “carpeta negra con una portada que dice “compañías traspasadas”, conteniendo en el bolsillo de la contraportada tres formularios de registro de firmas del Banco de Reservas, de las cuales hay uno en blanco y los otros presumiblemente con las firmas del Omalto
Gutiérrez Ramírez y Rafael Leónidas De Óleo.

La página 425 de la acusación establece que el 2 diciembre del 2016, Obras Públicas, en cumplimiento del compromiso asumido en la señalada reunión con los acusados Medina Sánchez, Suriel y los hermanos Sosa socios, suscribió el contrato con la General Supply Corporation, representada por Suriel Suazo, para el suministro de cemento asfáltico (AC-30).
Dicho contrato quedó como modalidad de contratación de la “Exclusividad”.
Sin embargo, la empresa que contrataron como pantalla, previo al acuerdo, no había suplido AC-30, ni tenía ninguna experiencia en el manejo de dicho derivado del petróleo, aunado a que no contaba con la estructura ni con las licencias para el manejo y comercialización.