El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños Guzmán, afirmó que la falta de voluntad política es lo que ha impedido la transformación definitiva del viejo al nuevo modelo penitenciario.
Castaños Guzmán plantea que el gran reto que tiene por delante el Sistema de Justicia es reformar el Sistema Penitenciario y disminuir la prisión preventiva, como solución a la sobrepoblación carcelaria.
Castaños Guzmán se expresó en eso términos al reaccionar a la situación carcelaria del país que cuenta con hacinamiento superior al 232.2%, un 60% de internos preventivos y 19 cárceles del Viejo Modelo Penitenciario que no han podido ser transformadas en Centros Correccionales y Penitenciarios (CCR)
“Eso solamente se cambia con voluntad política” contestó Castaños Guzmán a la pregunta de N Digital ¿Cómo cambiar del viejo al nuevo modelo?
El vocero de Finjus encabeza la comisión de reforma de la Policía Nacional y recientemente planteó la necesidad de crear un organismo que administre el Sistema Carcelario y el ministro de Justicia, independientes del Ministerio Público.
“Disminuir las cifras de presos preventivos permitiendo la descongestión de los recintos carcelarios y, en consecuencia, minimizar los niveles de hacinamiento en las cárceles dominicanas, sin dudas constituye un reto no solo del Sistema de Justicia, en tanto superar debilidades; sino también de políticas públicas que inciden en materia de seguridad ciudadana y el fortalecimiento de las instituciones que interactúan, tales como: la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República”, manifestó.
Opinó que vale la pena que las autoridades evalúen la posibilidad de que se establezca un sistema abierto con reclusos preventivos que implique trabajo de día y cárcel por las noches, desde el punto de vista comparado con lo que ha pasado en los países que han implementado esa política.
Dijo que desde FINJUS se ha insistido en varias ocasiones que la prisión preventiva responde a un carácter de excepcionalidad en el marco de un sistema garantista, anclado al catálogo de derechos fundamentales esbozados en la Constitución.
Manifestó que la prisión preventiva constituye una medida cautelar de aplicación ante circunstancias específicas y/o de manera excepcional.
“Disminuir los niveles de prisión preventiva en nuestro país no es una cuestión simple, pues responde a diversos aspectos relacionados a las debilidades propias del Sistema de Justicia. El no contar con mecanismos efectivos de localización y rastreo, por citar un ejemplo simple, propicia decisiones jurisdiccionales que ven en la prisión preventiva un método para asegurar el seguimiento del proceso”, indicó.
Explicó que la imposición de esta medida privativa de libertad, como opción casi preferencial, así como ciertas debilidades del Sistema de Justicia para conocer de los procesos en un plazo razonable, entre otras situaciones, ciertamente generan una elevada carga en los sistemas penitenciarios y, en consecuencia, hablar de un aumento de la población carcelaria es un factor que incide ampliamente en los noveles de hacinamiento de estos recintos.