Con la reciente solicitud de la directora general del Programa Supérate, Gloria Reyes, de una auditoría financiera a la entidad que dirige debido a un escándalo por una estafa millonaria a las ayudas sociales, se añade a una larga lista de funcionarios del actual Gobierno que han pedido a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
Aunque la Cámara de Cuentas ha publicado algunas auditorías solicitadas, como la de la Policía Nacional y las Edes eléctricas, bien es cierto que el organismo ha brillado por no dar respuestas oportunas a varias solicitudes que han sido dejadas en el aire o se sabe poca información sobre el contenido de las mismas.
Las últimas auditorías publicadas por el organismo en su portal fueron en diciembre del año pasado.
Fecha 02/10/2020
Foto ©Mery Ann Escolastico
La actual ministra de Cultura, Milagros Germán, también solicitó una auditoría para la Dirección General de Comunicación (Dicom) desde el 2012 hasta el 2021, cuando ella estaba al frente de la entidad.
No hay constancia de que haya sido acogida tal solicitud.
Otro que solicitó una auditoría a la Cámara de Cuentas es el director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), Víctor Castro, luego de una serie de escándalos que ha ensombrecido a esa entidad y que tiene en investigación al extitular de esa institución, Cecilio Rodríguez.
Los nuevos jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) son otros que pidieron una auditoria del manejo de los fondos asignados a este organismo durante los últimos cuatro años de gestión.
En cambio, la Junta Central Electoral (JCE), a finales del 2020, pidió a la entidad que la audite cada año y así dejar atrás el método de acumular todo el tiempo gestión para fiscalizarla cuando se termina la gestión.
Exfuncionarios como Luz del Alba Jiménez, exministra de la Juventud, y Adán Peguero, exdirector del Instituto Postal Dominicano (Inposdom), una vez han estado en el candelero por escándalos de corrupción, han recorrido al organismo auditor para que realice trabajos que detallen qué ha sucedido con los fondos públicos en esas instituciones.
Todavía al día de hoy, no se sabe siquiera si la Cámara de Cuentas ha iniciado un proceso de auditorías en los casos anteriormente mencionados
Recientemente en febrero del año en curso, el principal ejecutivo de la nación, es decir, el presidente Luis Abinader, pidió al organismo auditor realizar una auditoría a la Central Termoeléctrica de Punta Catalina, luego de que varios sectores se opusieran a que se hiciera un fideicomiso que administrara las plantas a carbón.
En la actualidad también se realiza una auditoría al Centro de Corrección y Rehabilitación de Las Parras, en el municipio Guerra, que está en proceso de ejecución por la Cámara de Cuentas.
Ese recinto penitenciario, donde está previsto el traslado de los presos de la cárcel de La Victoria, figura en el contenido del expediente acusatorio contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y demás imputados en el caso Medusa.
Las auditorías no solo abarcan a funcionarios del gobierno, instituciones o infraestructuras construidas por el Estado, sino que también atañe a la municipalidad. A finales del año pasado, uno de los que solicitó a la Cámara de Cuentas realizar una auditoría fue el alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, quien pidió auditar la gestión de su antecesor, Alfredo Martínez, y todavía es la hora que no se tiene conocimiento sobre los avances del organismo en esa auditoría.
También en Monte Plata, la alcalde del principal municipio de esa provincia, Altagracia Herrera, solicitó una auditoria de los cuatro años de gestión del ex alcalde del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Jesús Contreras, ante varias irregularidades detectadas.
Quien no se queda es el alcalde de Higuey, Rafael Barón Duluc, quien también hizo su solicitud correspondiente para auditar la gestión de Karina Aristy al frente de ese ayuntamiento por más de una década.
Auditorías entregadas
En diciembre del 2021 la Cámara de Cuentas publicó una serie de auditorías que le vinieron a poner la tapa al pomo al caso Anti Pulpo, por el que está preso Alexis Medina, hermano del expresidente de la República Danilo Medina.
Las mismas incluyeron desde la Fundación de Mujeres para el Desarrollo de San Juan de la Maguana, Inc., (Fumudesju), de la cual la Lucía Medina es presidenta y hermana del exmandatario Danilo Medina, hasta el el Fonper, que fue presidido por Fernando Rosa.
La Cámara de Cuentas detectó irregularidades cometidas en la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) por 3 mil millones 750 mil 503 millones de pesos, las cuales serán utilizadas como evidencias en el caso Antipulpo.
También abarcaron Obras Públicas, de manera específica el proceso de compra de asfalto AC-30 en la gestión de Gonzalo Castillo.
También son temas de las auditorías de la Cámara de Cuentas procesos relacionados a OISOE y Salud Pública, referente a la reconstrucción y equipamiento de 56 hospitales en 2013 y la compra de gasolina a la Policía Nacional.
Caso Gloria Reyes
El más reciente caso es el de Supérate, cuando la directora general del programa, Gloria Reyes, solicitó el miércoles a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, una auditoria a la entidad que dirige con el fin de esclarecer el manejo de fondos de ese organismo luego del fraude a través de más de 300 mil tarjetas que fueron clonadas y eran destinadas a ayudas sociales.
En una carta dirigida al presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés Ramírez, la funcionaria pide que el organismo que realice una auditoría financiera a esa entidad desde el 2012, cuando la exvicepresidenta de la República Margarita Cedeño, manejaba el programa Progresando con Solidaridad, hasta la fecha.
“Le pedimos que sean coordinados los procedimientos de lugar, a fin de que sea realizada una auditoría financiera y de gestión, para así proceder a la mayor brevedad posible, en aras de identificar el manejo de fondos de la institución durante el período comprendido entre el año 2012 hasta la fecha actual”, dice la funcionaria en una carta a la que tiene acceso N Digital.
Esta solicitud llega en momentos en que legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) han solicitado interpelar a la funcionaria para que explique el fraude de cientos de millones que sufrió el programa Supérate en el mes de febrero.