Una lucha contra el viento: Regulación de Redes Sociales en Reino Unido
Por Bautista López Parada
6 min de lectura
A partir de 2027 en Reino Unido se les pedirá a los jóvenes menores de 16 años que se registren en un organismo estatal que estará manejado por el Estado Británico llamado Ofcom (ID digital) para regular su uso en las redes sociales. en una de las legislaciones más restrictivas en la limitación de redes sociales para menores de edad, a diferencia de otras, como la de Australia. Según el primer ministro de Gran Bretaña, ésta medida es para darle una solución a los padres que denuncian los efectos nocivos que tiene las redes sociales ,como la incentivación al suicidio, las constantes amenazas que pueden recibir ciertos usuarios de otros, o los llamados doxeos (la publicación de información sensible y personal como una especie de escarmiento digital con el fin de atemorizar a ciertos usuarios que den su opinión).
Sin embargo, algunos observadores afirman que ésta ley no es para garantizar la seguridad de los menores de edad, sino que es un nuevo paso en la expansión del control estatal sobre la vida digital de los ciudadanos. Ésta regulación se ampararía en la leyla Online Safety Act (ley de seguridad en línea), sancionada en 2023 para proteger a usuarios de todas las edades en la red (una norma equivalente a la Ley de Servicios Digitales de la UE).Las aplicaciones o servicios que alcanzaría esta medida serían los tipos de user-to-user (usuario a usuario); es decir aquellas que permiten la interacción social y donde pueden compartir contenido: Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y X dejaran de ser accesibles para los jóvenes británicos. Quedaría fuera de éste veto WhatsApp, Telegram o Signal sumando a las plataformas musicales como comerciales como Spotify como Amazon.
Sin embargo, es poco claro si habría un veto adicional para las llamadas “funciones de riesgo”: trasmisiones en directo o los chats con desconocidos, por ejemplo. En consecuencia, el uso de ciertas plataformas de videojuegos puede verse limitado, como Roblox, Discord o Twitch. Habría sanciones a las plataformas que no adopten medidas razonables para impedir el acceso de menores pudiendo enfrentar multas millonarias, clarificando que el foco estaría puesto en el cumplimiento de las empresas tecnológicas y no en los usuarios, en línea con el modelo australiano. Sumado a todo, están evaluando para los usuarios menores de 18 años aplicar restricciones horarias (toque de queda digital), quelimitaría la actividad en redes sociales en ciertas franjas horarias. Si bien la ley alcanzaría hasta los 16 años, el plan contempla mantener ciertas limitaciones para quienes superen esa edad en la cual incluye límites en funcionalidades y controles de acceso.
En paralelo, el Ejecutivo instó a empresas como Apple y Google a implementar herramientas para impedir el envió y la recepción de imágenes sexualmente explícitas entre menores con el agregado de la prohibición de “chatbots románticos”, diseñados para simular relaciones o interacciones de carácter sexual en la cual tendrán una mínima de 18 años estas medidas se complementaria dentro de la estrategia de seguridad digital.
La verificación de la edad es uno de los temas más espinosos, ya que tiene que haber un equilibrio entre el control y el derecho a la privacidad. Todo apunta que seguirán los métodos que ya se aplican en las plataformas de contenido adulto: tarjetas de crédito, reconocimiento facial o verificación mediante pasaporte, DNI a través de terceros o un monedero digital.
Los críticos consideran que el objetivo oculto se traduciría en una reducción de la libertad individual y en un aumento de la capacidad de vigilancia del Estado. La pregunta que surge es evidente: ¿Cómo verificará el gobierno quién tiene menos de 16 años sin exigir mayores niveles de identificación digital para toda la población? Para numerosos defensores de las libertades civiles, la respuesta es preocupante. Una infraestructura diseñada para controlar la edad puede convertirse fácilmente en un sistema capaz de monitorear la identidad de los usuarios, registrar actividades online y limitar el anonimato de internet. Sienten el peligro que los estados están teniendo visiones intervencionistas-paternalistas en la cual el Estado puede decidir qué contenidos pueden consumir los ciudadanos y bajo qué condiciones puede acceder a ellos.
Pavel Durov fundador de Telegram se expresó así en el Foro de la Libertad de Oslo “las libertades personales en Occidente ya han «chocado contra el iceberg» “ y la protección infantil se volvió una excusa conveniente para el control digital. También recordó que las prohibiciones directas suelen tener el efecto contrario. Cuando Rusia intentó bloquear Telegram, una parte importante de los usuarios siguió utilizando la aplicación a través de VPN. Como resultado, las personas han optado por rutas digitales menos controladas y, a veces, más riesgosas. Es decir, el estado parecía “proteger”, pero en la práctica empujó a los usuarios a una zona gris. Un clásico género: primero cierra la puerta con llave y luego se sorprende de que todos hayan entrado por la ventana.
Más allá de la protección de los menores, el verdadero debate gira en torno al uso del internet que interpela a Europa y al mundo, de un lado los que consideran que es necesario herramientas para combatir riesgos reales que sufren los jóvenes, mientras del otro, representa otro paso más hacia una sociedad donde el acceso a la información y la participación online depende cada vez de autorizaciones, verificaciones y controles burocráticos.
En resumen, esta iniciativa de Stamer no será una excepción ya que muchos países de Europa están viendo regulaciones para el uso de las redes en menores de edad como en el caso de Portugal, España y en la misma Unión Europea está en discusión una tratativa de ley sobre regular redes sociales para identificar a las personas que envían discursos de odio hacia otros usuarios. El caso es si los estados realmente buscan una mayor seguridad ante delitos digitales y prevenir abusos o si es una máscara para socavar la libertad de expresión y los derechos individuales ante el auge de redes de información alternativas que se diluyen del control estatal.