Entre la libertad y el bien común: León XIV llega a la Argentina

La visita del cardenal Robert Prevost, hoy Papa León XIV, a la República Argentina, tendrá lugar en un momento singular de la política nacional. Será el primer viaje de un pontífice al país desde Juan Pablo II en 1987 y se producirá en el marco de un gobierno cuyo proyecto político ha colocado la libertad individual, la propiedad privada y la reducción del Estado en el centro de su discurso. Al mismo tiempo, la Iglesia Católica continúa ocupando un lugar importante en la sociedad argentina, no solamente por su peso histórico, sino también por su presencia en cuestiones sociales que atraviesan eln debate político.

Sería imprudente —y un tanto apurado— presentar el escenario como un enfrentamiento entre el Gobierno y la Iglesia. La relación entre el presidente Javier Milei y Francisco durante los primeros años estuvo marcada por una llamativa ambivalencia. Antes de dar el salto a la política había criticado duramente al Papa y formulados cuestionamientos fuertes hacia su postura en temas como la pobreza, la justicia social y el capitalismo. Sin embargo, al llegar al sillón de Rivadavia, esas diferencias no impidieron el desarrollo de una relación institucional entre la Santa Sede y el Gobierno Nacional. Milei invitó a Francisco a visitar el país y en febrero del 2024, ambos mantuvieron un encuentro en el Vaticano.

La relación con el Papa León XIV partió de un terreno institucional ya abierto. El nuevo pontífice recibió a Milei en 2025 y ambos abordaron la situación socioeconómica argentina, la pobreza y la cuestión social. La visita de noviembre se enmarca así en una relación que combina diálogo institucional y diferencias sobre cuestiones de fondo.

Allí aparece la cuestión que vuelve políticamente interesante la llegada de León XIV. Más allá de la relación personal entre un Papa y un presidente de la Nación, existe una tensión entre dos tradiciones intelectuales que no pueden identificarse sin más, pero que permiten comprender el debate actual: por un lado, el pensamiento libertario que influye decisivamente en el Gobierno; por otro, la tradición social y política del catolicismo.

En primer lugar, es menester no convertir esta discusión en una oposición “catolicismo” vs “liberalismo”. La Iglesia no rechaza la propiedad privada ni la iniciativa económica. Desde Rerum Novarum, la Doctrina Social de la Iglesia la ha defendido frente a su abolición y ha reconocido su importancia para la libertad económica. Tampoco toda la Escuela Austríaca se puede identificar con el anarcocapitalismo. Carl, Menger, Ludwig von Mises y Friedrich Hayek desarrollaron posiciones diferentes, mientras que Murray Rothbard llevó determinados principios de dicha tradición intelectual hacia una crítica radical a la legitimidad del Estado.

Esta distinción es importante para analizar el pensamiento de Milei. Su discurso incorpora elementos provenientes de diferentes corrientes del liberalismo y el libertarismo, pero es erróneo atribuir a todo el pensamiento austríaco las posiciones del anarcocapitalismo. Friedrich Hayek, por ejemplo, defendió el orden espontáneo y criticó la planificación centralizada sin negar la existencia de un marco institucional y jurídico común. Rothbard, en cambio, desarrolló una defensa mucho más radical de la propiedad y del principio de no agresión.

La diferencia fundamental se observa cuando la pregunta pasa por qué es la sociedad y cuál es la finalidad de la libertad. Para el libertarismo, la libertad se entiende como la ausencia de coerción, mientras que la propiedad permite disponer de los bienes y establecer relaciones voluntarias. La intervención del Estado requiere una justificación especialmente exigente. La tradición católica comparte la preocupación por los límites al poder político, pero desde una concepción diferente de la persona: el hombre es un ser social por naturaleza y necesita de comunidades e instituciones para desarrollarse plenamente.

De ahí que la comunidad política no es solamente un mecanismo para proteger las libertades individuales, sino también una finalidad vinculada al bien común, entendido como el conjunto de condiciones sociales que permite a las personas y a los grupos alcanzar más plenamente su desarrollo. Esto no supone que el Estado deba dirigir todos los aspectos de la vida colectiva. El principio de subsidiariedad, formulado por Píio XI en Quadragesimo Anno, establece que las instancias superiores no deben absorber las funciones que las personas, familias y asociaciones intermedias pueden desarrollar por sí mismas. Al mismo tiempo, reconoce que dichas instancias superiores pueden tener una función de ayuda en caso de que las comunidades menores no estén en condiciones de afrontar determinadas necesidades.

La defensa de la propiedad privada no quiere decir, sin embargo, que la Doctrina Social de la Iglesia la considere un derecho desvinculado de toda responsabilidad. León XIII sostiene su importancia, pero también aborda las obligaciones morales asociadas a la riqueza. Décadas más tarde, Juan Pablo II retomaría la cuestión en Centesimus annus, reconociendo los aspectos positivos de la economía de mercado, la iniciativa empresarial y la creatividad humana, sin considerar que el mercado pueda resolver todos los problemas de la sociedad.

La diferencia no aparece en la existencia del mercado o de la propiedad privada como en el lugar que ocupan dentro del orden social. La actividad económica debe, según la tradición católica, permanecer vinculada a la dignidad humana y el bien común., El mercado puede facilitar la cooperación, la producción y el intercambio, pero no constituye en sí mismo un criterio suficiente para determinar qué es justo. Existen necesidades y responsabilidades sociales que no pueden entenderse exclusivamente en términos de rentabilidad o de intercambio voluntario. Por lo tanto, la libertad económica no se agota en la posibilidad de intercambiar bienes voluntariamente, sino que plantea interrogantes sobre las condiciones sociales en las que las personas pueden desarrollarse plenamente.

En este contexto, el pensamiento de León XIV adquiere especial relevancia. En Redemptor hominis, Juan Pablo II reflexionaba sobre los miedos del hombre contemporáneo ante los frutos de su progreso, una preocupación que recobra nuevas dimensiones en tiempos donde las nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial, avanzan y transforman la sociedad a un ritmo acelerado. La pregunta no trata solamente de las posibilidades que abre el progreso tecnológico, sino también los riesgos para la dignidad humana, la autonomía y las relaciones sociales.

En Magnifica humanitas, León XIV aborda precisamente los desafíos que las nuevas tecnologías plantean para la dignidad humana y la organización social. Su reflexión permite recuperar un punto de la doctrina social de la Iglesia: el desarrollo económico y tecnológico debe evaluarse en función de la persona y no exclusivamente de la eficiencia o la productividad. La libertad y la iniciativa humana adquieren así sentido dentro de una concepción más amplia del desarrollo integral.

En una Argentina atravesada por discusiones sobre el papel del Estado, la pobreza, la desigualdad y las relaciones sociales, el diálogo entre el pensamiento liberal libertario y la tradición católica abre preguntas cuya resolución no implica oposición. Reconocer la libertad individual no implica desconocer la existencia de bienes comunes, así como su defensa no implica negar la iniciativa privada ni la autonomía de las personas. La pregunta que queda abierta no es elegir entre libertad y bien común sino qué significa una sociedad donde ambos conceptos puedan pensarse de forma conjunta.