Septiembre no alcanza

Cada septiembre, el color amarillo vuelve a aparecer en las redes sociales, las escuelas y los edificios públicos. El 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial y Nacional para la Prevención del Suicidio y, durante todo el mes, organismos, instituciones y organizaciones de la sociedad civil multiplican campañas destinadas a visibilizar una problemática que durante mucho tiempo permaneció relegada.

Sin embargo, en este año la fecha llega acompañada por un dato difícil de ignorar: en 2025 Argentina registró 5.209 muertes por suicidio, un 22,6% más que el año anterior. La tasa alcanzó los 11,8 casos cada 100.000 habitantes mayores de cinco años, el valor más alto de la serie reciente del Sistema Nacional de Información Criminal.

El dato adquiere otra dimensión cuando se lo compara con otras formas de muerte violenta. Durante 2025 se registraron 1.676 víctimas de homicidios dolosos y 3.583 muertes por hechos viales, frente a las 5.209 muertes por suicidio. La evolución tampoco es reciente, ya que en 2017 se habían registrado 3.304 víctimas y una tasa de 8,2 cada 100.000 habitantes mayores de cinco años. Ocho años después, la cantidad de víctimas había aumentado alrededor de un 58%.

Pero este año Argentina llega a la conmemoración con una discusión que excede a las campañas de concientización: cómo transformar la prevención en una política de Estado.

El desafío no es menor. En los últimos años, el suicidio se convirtió en una problemática especialmente relevante entre adolescentes y jóvenes. Frente a esto, el Estado comenzó a modificar la forma de intervenir; ya no se trata solamente de responder cuando ocurre una crisis, sino de intentar detectarla antes.

A principios de este mes, el Gobierno nacional puso en marcha una nueva estrategia federal enfocada en adolescentes. Los ministerios de Salud y Capital Humano comenzaron a trabajar junto con otras áreas del Estado para fortalecer la detección temprana de problemas de salud mental en las escuelas. La primera etapa contempla cinco provincias -Mendoza, Tucumán, Chaco, San Juan y Chubut-, y prevé capacitación para docentes y herramientas para acompañar situaciones de riesgo.

La elección de las escuelas como espacio de intervención dice bastante sobre el nuevo enfoque. Si un adolescente pasa buena parte de su vida dentro de una institución educativa, la prevención no puede comenzar únicamente en un hospital. La escuela puede convertirse en el primer lugar donde una situación de sufrimiento sea advertida y derivada hacia el sistema de salud.

Pero el cambio más interesante quizás esté en otro lugar, y es la coordinación entre distintas áreas del Estado. Al mismo tiempo que la estrategia federal, las carteras de Salud, Seguridad y Capital Humano conformaron una mesa interministerial para trabajar sobre prevención, vigilancia de los intentos de suicidio y producción de información.

La decisión supone reconocer que el problema no pertenece exclusivamente al sistema sanitario. Involucra también a las escuelas, las familias, los servicios de emergencia y las instituciones que trabajan con adolescentes. En otras palabras, obliga al Estado a coordinar políticas que tradicionalmente funcionan de manera separada.

Argentina ya tiene un marco legal para hacerlo. La Ley Nacional de Prevención del Suicidio, sancionada en 2015 y reglamentada en 2021, establece que la prevención debe incluir asistencia, posvención, capacitación y articulación entre diferentes organismos. El problema, entonces, no es la ausencia absoluta de una política pública, sino su capacidad para llegar de manera sostenida y federal a quienes la necesitan.

Y ahí aparece una de las dificultades centrales. Argentina no es un territorio homogéneo; las capacidades de los sistemas de salud, las escuelas y los gobiernos provinciales son diferentes. Una estrategia diseñada desde Nación necesita necesariamente de las provincias para convertirse en una política efectiva en el territorio.

Este año el Gobierno también reforzó la Línea Nacional de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental, que funciona las 24 horas en todo el país. Es una herramienta de asistencia inmediata, pero también muestra el desafío de construir una red que no termine en la primera llamada, sino que pueda conectar a las personas con servicios y profesionales capaces de continuar el acompañamiento.

Por eso, septiembre puede ser algo más que un mes de campañas. Puede servir para mirar qué ocurre cuando la prevención deja de ser solamente un mensaje y empieza a convertirse en una política pública.

El verdadero desafío comienza cuando termina septiembre y debemos lograr que la prevención no dependa de una fecha en el calendario, sino de una red permanente capaz de detectar, acompañar y actuar antes de que sea demasiado tarde.