Llegó como nadie lo esperaba

"El hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor." Frase atribuida a Juan Domingo Perón, (sin fuente primaria verificable, popularizada nuevamente en abril de 2021 cuando el entonces ministro de Salud bonaerense Daniel Gollan la citó al ser consultado por los controles de circulación durante la segunda ola de coronavirus (Infobae, 2021).)

Del ojo al índice

Cada vez que aparece el tema de la vigilancia estatal, reaparecen también las mismas dos posturas: quienes la denuncian como antesala del totalitarismo y quienes la defienden como precio razonable de la seguridad. Ambas discuten sobre un objeto que ya dejó de existir, dado que el debate público sigue anclado en la escena del ojo atento, la cámara que espía y el operador anónimo mirando una pantalla, mientras los sistemas que efectivamente están funcionando trabajan de un modo bastante distinto. Esa escena quedó vieja y además nunca fue del todo exacta, porque los sistemas contemporáneos rara vez observan a alguien en particular, dedicándose más bien a construir índices, a cruzar bases que fueron creadas para fines completamente distintos y a devolver, cuando alguien pregunta, una lista de nombres ordenados por probabilidad. De esta manera, la vigilancia dejó de ser un acto de observación para volverse un acto de consulta. Este desplazamiento, aparentemente técnico, lo cambia todo: el ojo se puede tapar, pero el índice se sigue consultando aunque nadie recuerde que existe.

Sobre esa base es que Estados Unidos y China, dos países que se presentan como modelos políticos incompatibles, terminaron construyendo capacidades notablemente parecidas aunque recurriendo a vías institucionales opuestas: China las desarrolló como política de Estado explícita, escrita en documentos públicos y ejecutada por organismos estatales. Estados Unidos las fue armando de a pedazos, por vía de contratación pública y proveedores privados, sin ley habilitante ni debate parlamentario previo. El resultado técnico converge y lo que se bifurca es la pregunta sobre quién rinde cuentas, teniendo del lado norteamericano una respuesta bastante más confusa de lo que uno esperaría.

Beijing no busca sospechosos, los produce

Previo al grueso del desarrollo, conviene despejar una confusión bastante extendida. El famoso sistema de crédito social, el cual ocupó tapas de diarios durante años y alimentó comparaciones con series de televisión, es en su mayor parte un régimen de cumplimiento normativo dirigido a empresas y de ninguna manera un puntaje moral que le sube o le baja a cada ciudadano según su comportamiento. Esto está directamente relacionado con la cuestión de la seguridad pública, donde se integran la red nacional de videovigilancia conocida como Skynet, el programa Sharp Eyes que extendió la cobertura hacia el interior rural y las llamadas nubes policiales provinciales, que consolidan registros de identidad, movilidad, consumo y vínculos personales en plataformas que después alguien consulta.

El caso mejor documentado es la Integrated Joint Operations Platform desplegada en Xinjiang, sobre la cual Human Rights Watch (2019) hizo ingeniería inversa de la aplicación policial. Mostraron que la plataforma trabaja generando alertas a partir de comportamientos considerados anómalos, desde consumos eléctricos inusuales hasta ciertos patrones de sociabilidad, de modo que la señal la produce el software y el chequeo posterior queda a cargo de un agente humano que se limita a verificar lo que el sistema ya decidió mirar. El dato que más impresiona suele ser la cantidad de cámaras, aunque la verdadera lógica de fondo es que un sistema así no encuentra sospechosos, los fabrica, convirtiendo correlaciones estadísticas en personas concretas que después caminan por una comisaría real.

El Estado que compra lo que no legisla

Del otro lado del tablero la historia empieza en una empresa, Palantir Technologies, la cual vende software de integración y análisis de datos. En los últimos años, pasó de proveedor de nicho a ocupar un lugar central en la administración estadounidense, según reportaron Frenkel y Krolik (2025), quienes documentaron el despliegue de su plataforma en al menos cuatro agencias federales, entre ellas el Departamento de Seguridad Interior y el de Salud. Todo esto junto a más de 113 millones de dólares en contrataciones federales recibidas por la firma, allanando así el camino para fusionar información que hasta entonces vivía separada.

Donde el asunto se vuelve más tangible es en la agencia migratoria. Una carta de los senadores Mark Warner y Tim Kaine al Inspector General del Departamento de Seguridad Interior de enero de 2026, enumera entre las contrataciones cuestionadas un contrato con Palantir para actualizar el sistema de gestión de casos investigativos, "que tiene acceso a información de todo el gobierno federal", incorporándose un módulo llamado Immigration Lifecycle Operating System, más conocido por su sigla ImmigrationOS. Sobre esa misma herramienta se reportó que se arma un mapa de potenciales objetivos de deportación, abriendo un legajo por persona y asignando un puntaje de confianza sobre su domicilio actual. Sin embargo, en julio de 2026 llegó la parte que ni el crítico más pesimista había anticipado cuando funcionarios federales admitieron en el marco de un litigio que datos de Medicaid correspondientes a millones de personas habían sido compartidos indebidamente con esa misma agencia, que a su vez los compartió con Palantir.

Lo que vuelve interesante al caso es que la empresa rechaza el marco con el que se lo interpreta, sosteniendo en su respuesta pública al informe de la Electronic Frontier Foundation que no está trabajando en ningún proyecto de base de datos maestra destinado a unificar bases entre agencias federales, que nunca propuso ni le pidieron construir una lista maestra para vigilar ciudadanos, y que cada instancia de su software en cada cliente es legal, técnica y operativamente distinta. Además agregaron que actúa como procesador de datos y no como controlador de esos datos. Puede ser cierto y quedarse igualmente corto, ya que instancias jurídicamente separadas producen interoperabilidad de hecho cuando los convenios de intercambio se firman uno por uno entre organismos, de manera que la discusión pasa por lo que la arquitectura habilita una vez construida, antes que por las intenciones de nadie, algo que el propio Congreso empezó a mirar en abril de 2026, cuando un grupo de legisladores exigió explicaciones señalando la contradicción entre los reportes periodísticos y el testimonio de funcionarios que en audiencias de febrero habían negado que el Departamento tuviera una base de datos capaz de rastrear a ciudadanos estadounidenses. Nadie tuvo que decidir construir esa base, alcanzó con ir firmando contratos.

La región no está mirando, está comprando

Mientras la discusión se plantea habitualmente como una competencia entre dos modelos entre los cuales América Latina algún día tendría que elegir, la región ya compró pedazos de los dos y lo hizo hace más de una década. El caso emblemático es el ECU-911 ecuatoriano, construido en gran medida por la empresa estatal china CEIEC junto con Huawei y replicado después en versiones similares vendidas a Venezuela, Bolivia y Angola, además del boliviano BOL-110, financiado mediante un crédito de 105 millones de dólares otorgado por el Eximbank chino (Al Sur, 2025). Nada de eso ocurrió a escondidas, tratándose en todos los casos de política pública de seguridad ciudadana, anunciada con orgullo y financiada con crédito bilateral.

El dato que ordena el panorama viene de un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts, según el cual China es hoy el principal exportador global de tecnología de reconocimiento facial, con 201 contratos internacionales frente a 128 de las empresas estadounidenses. De esta manera, la pregunta relevante para la región nunca fue cuál modelo adoptar, dado que la adopción ya venía ocurriendo de manera fragmentaria, comprándole a proveedores de los dos bloques según el crédito disponible y sin ningún marco normativo que ordene el conjunto. Elegir modelo es un lujo para quien todavía no compró.

Está publicado y nadie lo leyó

El caso argentino tiene la particularidad de no exigir ninguna investigación previa, ya que está escrito en el Boletín Oficial, donde la Resolución 710/2024 del Ministerio de Seguridad creó la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad con la misión de la "prevención, detección, investigación y persecución del delito" mediante inteligencia artificial. Se enumeraron entre sus funciones el patrullaje de redes sociales abiertas y de la dark web, el análisis de imágenes de cámaras en tiempo real con reconocimiento facial y, similar a lo descrito en los apartados anteriores, el procesamiento de grandes volúmenes de datos de diversas fuentes para crear perfiles de sospechosos e identificar vínculos entre casos distintos. Eso último es, palabra por palabra, la descripción funcional de lo que hace Palantir, redactada en una resolución ministerial argentina y publicada un lunes de julio sin que casi nadie se diera por enterado.

En agosto de 2026, Amnistía Internacional presentó un informe titulado Estado de vigilancia, elaborado en base a entrevistas, documentos de contratación y pedidos de acceso a la información. Esta documenta la adquisición de tecnologías de vigilancia por al menos 1,2 millones de dólares entre 2024 y 2025, incluyendo una licencia de reconocimiento facial de la empresa Clearview AI y la herramienta Maltego para cruzar datos personales de manifestantes y activistas, sosteniendo que "estas tecnologías se han convertido en parte integrante de la infraestructura de control estatal" y documentando efectos de autocensura y retracción de la protesta entre periodistas, activistas y migrantes.

Conviene, para no quedarse en el diagnóstico moral, repasar dos antecedentes locales bien concretos, empezando por el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos de la Ciudad de Buenos Aires. Suspendido en abril de 2022 y declarado inconstitucional en septiembre del mismo año, el juez Roberto Gallardo resolvió que se había implementado sin los organismos de control que exige la normativa, verificando además consultas a la base del Renaper que excedían la búsqueda de prófugos. El segundo es el caso de Guillermo Ibarrola, detenido durante seis días en 2019 porque el sistema lo confundió con un homónimo buscado en Bahía Blanca. Este episodio resume mejor que cualquier argumento teórico dónde está el riesgo real, ubicado en la calidad del dato presente antes que en cualquier distopía futura. Todo esto viene ocurriendo al amparo de una ley de protección de datos personales que sigue siendo la 25.326 sancionada en el año 2000, cuando nada de lo que estamos discutiendo existía.

Abrir el debate antes de que lo cierre la costumbre

Lo incómodo del asunto es que la utilidad de estas herramientas resulta real y medible, lejos de ser un invento del marketing. Sin embargo, es precisamente por eso que el sistema se vuelve políticamente irreversible, ya que hay crímenes que se resuelven cruzando bases, hay prófugos que se identifican, hay redes de trata que se desarman, y todo gracias a las conexiones que ningún investigador humano podría reconstruir a mano. Los beneficios son concretos, visibles e inmediatos, mientras que los costos vienen difusos, recaen sobre minorías y sobre el error administrativo, y se pagan más adelante, lo cual explica por qué ninguna cláusula de caducidad se cumple y por qué ningún gobierno, de ningún signo, devolvió jamás una capacidad de vigilancia que ya había adquirido. El problema de esta discusión nunca fue que la vigilancia falle, es que funciona.

Hecho el diagnóstico, daré mi opinión al respecto. En definitiva, creo que la trampa está en la asimetría institucional que rodea a la herramienta antes que en la herramienta misma. La respuesta correcta consiste en exigir el andamiaje que hoy falta en lugar de renunciar a una capacidad que mejora efectivamente la seguridad. Es necesaria una ley de datos personales de este siglo, auditorías técnicas independientes que publiquen tasas de error, registro público de qué bases se cruzan y responsabilidad funcionaria concreta cuando el uso se desvía. Un Estado que se niega a procesar la información que ya tiene guardada no protege a nadie, simplemente le deja el campo libre a quienes sí la procesan y no le rinden cuentas a ninguna institución.

Nada de esto cierra la discusión y ojalá no la cierre, porque en un país donde el delito es una preocupación central y persistente, el reflejo de rechazar cualquier capacidad estatal por miedo a su abuso se parece bastante a la nostalgia del expediente en papel. Por otro lado, el reflejo inverso, el de comprar cualquier cosa que prometa seguridad sin preguntar cómo funciona, ya nos costó seis días de la vida de un hombre que resultó inocente. El futuro llegó hace rato, así que la pregunta dejó de ser si aceptamos vivir vigilados y pasó a ser bajo qué reglas y ante quién responde el que vigila, siendo esa la única parte de la discusión que sigue estando en nuestras manos y la que se resuelve mientras la infraestructura se construye, nunca después.