Las mujeres que Afganistán dice proteger

Hay violencias que llegan con un golpe. Otras llegan disfrazadas de protección. En Afganistán una mujer puede ser golpeada por su marido y no ser este castigado si no deja una fractura, una herida abierta o un hematoma visible. Una niña puede ser forzada a contraer matrimonio y que su silencio sea interpretado como manifestación de aceptación. Y todo esto ocurre mientras el Estado avanza sobre decisiones que deberían pertenecerles a ellas.

Desde que los talibanes regresaron al poder en 2021, las restricciones se fueron acumulando: las niñas se vieron obligadas a dejar sus estudios secundarios, las mujeres fueron expulsadas de universidades, se restringió su acceso al trabajo y a los espacios públicos y se limitó cada vez más su movilidad. Pero quizá lo más preocupante de estos cinco años no sea solamente todo aquello que las mujeres perdieron sino que esas pérdidas empezaron a adquirir fuerza de ley.

En 2026, el Decreto N.º 12 reforzó la autoridad del marido dentro del matrimonio y estableció condiciones que dificultan que la violencia ejercida contra una esposa sea castigada. Para determinados casos de violencia física, la pena máxima prevista puede ser de apenas quince días de prisión. Quince días. Cuando una ley establece que una mujer debe llegar con una fractura para que se reconozca que fue lastimada, algo más que una agresión está siendo normalizado.

Y el problema no termina en los golpes. En mayo, el Decreto N.º 18 presentado como un código sobre la separación judicial de los cónyuges, introdujo nuevas restricciones para las mujeres que buscan poner fin a su matrimonio y generó preocupación por sus efectos sobre el matrimonio infantil y el consentimiento de las menores. De este modo, queda en evidencia que el Estado no sólo decide qué puede hacer una mujer, sino que también determina el valor de su palabra. Y esa idea no pertenece únicamente a las leyes. También puede aparecer en prácticas que, durante generaciones, fueron justificadas como formas de proteger a las jóvenes. En Camerún, niñas que apenas comienzan a atravesar la pubertad pueden ser sometidas al llamado “planchado de senos”: una práctica que consiste en presionar o golpear sus senos en desarrollo, incluso utilizando objetos calientes, para retrasar su crecimiento. El argumento es protegerlas de la atención de los hombres, del acoso, de una violación o de un matrimonio temprano. Sus cuerpos se lastiman para evitar que otro pueda lastimarlos. La lógica parece absurda, pero se repite.

El mecanismo, sin embargo, no se limita sólo a esta forma de violencia. En distintas sociedades, prácticas dañinas como la mutilación femenina o la violencia obstétrica, han sido justificadas en nombre de la tradición, el honor, la moral o la protección. Cambian las costumbres y los contextos, pero permanece una misma idea: que el cuerpo de una niña puede ser modificado, restringido o puesto bajo control de otros antes de que ella tenga una posibilidad real de decidir sobre él. Lo que se presenta como resguardo puede convertirse en otra forma de violencia, una que no termina con el daño sino que lo perpetúa. Esto ya no es protección, es agresión, imposición y control. Ninguna tradición cultural vale más que la integridad de una persona.

Pero esta desprotección de las mujeres no se limita solo a los lejanos Afganistán o Camerún. En México, la desaparición de mujeres y niñas continúa siendo una crisis. Al igual que en distintos países de América Latina, la violencia de género y las dificultades para acceder a la justicia siguen limitando la protección efectiva, y en Estados Unidos, después de décadas en las que ciertos logros parecían consolidados, surgieron movimientos que buscan quitarle a las mujeres su derecho al voto, cosa que demostró que incluso conquistas que parecían definitivas pueden retroceder.

No todos estos casos son iguales. Compararlos como si lo fueran sería simplificar realidades profundamente distintas, pero hay algo que sí comparten, y es que nos recuerdan que los derechos pueden perderse o retroceder aunque ya hayan sido alcanzados. El Banco Mundial estimó que, al considerar dimensiones como la protección frente a la violencia y el acceso al cuidado infantil, las mujeres cuentan en promedio con apenas el 64% de las protecciones legales disponibles para los hombres. El número es enorme. Pero quizás lo más inquietante sea lo que no dice. No dice cuántas decisiones fueron tomadas por mujeres sin que nadie las autorizara, no dice cuántas veces una niña tuvo que aceptar algo que nunca eligió, no dice cuántas veces una mujer tuvo que demostrar que había sufrido suficiente para que su dolor fuera reconocido. Eso es lo que Afganistán vuelve imposible de ignorar, porque cuando una ley decide cuánto daño debe sufrir una mujer para que su agresor sea castigado, cuando el silencio de una niña puede convertirse en consentimiento o cuando el cuerpo de una adolescente es modificado para controlar el deseo de otros, la violencia ya no está solamente fuera del Estado, está escrita dentro de él. Y quizás por eso Afganistán deje de sentirse tan lejano. No porque todas las sociedades sean iguales, no porque todas las formas de violencia sean las mismas, sino porque ninguna sociedad está completamente a salvo de la idea de que alguien más puede decidir qué es mejor para una mujer.

Los derechos pueden parecer permanentes hasta que dejan de serlo. Y cuando eso ocurre, casi nunca comienza con una gran prohibición. A veces empieza con algo que parece pequeño. Una excepción. Una restricción. Una puerta que se cierra. Hasta que un día descubrimos que ya no estamos preguntando qué podemos hacer. Estamos preguntando qué nos dejan hacer. ¿Cuánto control estamos dispuestos a aceptar antes de dejar de llamarlo protección?