Gobernar para los descartados

Si entendemos a la política como una actividad humana orientada a un fin en particular, se podrían, esquemáticamente, identificar dos concepciones de la misma. Para aquellos que ya hemos estudiado exhaustivamente estas definiciones, no es una noticia nueva. Sin embargo, es importante partir desde las bases para edificarnos hacia los problemas que enfrenta nuestra realidad. Es así que algunos podrán entender a la política como una actividad marcada por la lucha por el poder; pero también puede comprenderse a la política como actividad humana que busca el bien común para la comunidad. En consonancia con esta concepción, en la exhortación apostólica Christifideles Laici, Juan Pablo II define a la política como la “multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural destinada a promover orgánica e institucionalmente el Bien Común”.

Ateniéndonos a esta concepción, el Bien Común implica una actividad que no mira solamente a una mayoría circunstancial, ni que beneficia a unos pocos con capacidad de presionar sobre los decisores políticos. El bien común comprende y busca el desarrollo tanto material como espiritual de todos los miembros de la comunidad, en tanto son personas dotadas de una dignidad que no depende de su productividad.

Esta última declaración no es ingenua. Hoy día se habita en un mundo que, recordando las palabras del Papa Francisco, vive dominado por una “cultura del descarte”, presente en las distintas esferas de la sociedad, entre ellas– por supuesto– la Política. Es así que dijo Francisco: Cuando en el centro del sistema ya no está el hombre sino el dinero, cuando el dinero se convierte en un ídolo, los hombres y las mujeres son reducidos a simples instrumentos de un sistema social y económico caracterizado —más bien dominado— por profundos desequilibrios. Y así se “descarta” lo que no sirve a esta lógica: es aquella actitud que desprecia a los niños y a los ancianos, y que ahora golpea a los jóvenes

Variados y diversos son los tipos de descartes que existen en la sociedad. Mientras que algunos pueden ser evidentes, existen otros que son más sutiles. Se manifiestan en la omisión de desarrollo o la evasión del mejoramiento de políticas públicas, las cuales deberían mirar el desarrollo integral de la persona y el respeto a su dignidad.

Al hablar de las personas mayores, no nos podemos permitir tratar este asunto como uno marginal o transitorio. Es un problema que cada vez tiene más entidad. De acuerdo con el INDEC, en Argentina viven alrededor de 7,4 millones de personas de 60 años o más, lo que representa el 16% de la población total. Las proyecciones oficiales hacia 2040 indican que la población de “65 años y más” pasará del 12% a cerca del 17%; que la esperanza de vida alcanzará los 78,7 años para los varones y 83 para las mujeres; las proyecciones hacia esta década apuntan a una convergencia entre ambos grupos.

Se trata de lo que se conoce como “envejecimiento poblacional”, un proceso que debe atenderse desde el presente. No solo porque afecta a nuestros adultos mayores, sino porque nos afectará a nosotros cuando seamos quienes compongan aquel sector; nadie escapa al natural proceso de crecer y envejecer.

Mucho se podría decir, sin embargo, de las distintas problemáticas que se hallan a la hora de hablar sobre nuestros abuelos. Un tema recurrente es el deterioro del poder adquisitivo de los haberes previsionales, al que se suman las crecientes tensiones sobre la sostenibilidad del sistema que este cambio demográfico anticipa.

Otro problema es la brecha digital causada por la aparición y uso de tecnologías (el 87,7% de los mayores de 60 usa celular, pero solo el 20,6% usa computadora, y entre los mayores de 70 el acceso a internet cae al 63%, justo cuando el Estado y el sistema de salud migraron sus trámites a plataformas digitales), o la soledad que experimentan los adultos mayores en la República Argentina (entre 2010 y 2022 los hogares unipersonales de mayores de 65 años pasaron de 843.427 a 1.261.800, un aumento del 50%).

Vemos que muchos son los problemas. Pero un tema en particular, del cual se habla poco y que lamentablemente es tema de debate público cuando sucede algún hecho escandaloso, es el caso de las residencias para adultos mayores.

En 2026, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 25 de la Ciudad de Buenos Aires solicitó el allanamiento de urgencia de una residencia en el barrio de Almagro. El caso se había iniciado a partir de un informe del Programa Proteger, dependiente de la Subsecretaría para Personas Mayores porteña, cuyos profesionales entrevistaron de forma individual y reservada a los residentes. Constataron alimentación que no respetaba las dietas prescritas, ausencia de personal durante la noche, falta de atención profesional y maltrato verbal. Una de las residentes, en estado de extrema delgadez, manifestó repetidamente que necesitaba comer. El establecimiento fue clausurado y los hechos se encuadraron como abandono de persona.

Ese mismo año, en Mar del Plata, el Ministerio de Salud bonaerense dispuso la clausura transitoria de otro geriátrico tras denuncias por un cuidador que golpeaba a las residentes. La causa formal de la clausura, sin embargo, fue administrativa: el establecimiento no había iniciado el trámite de renovación de su habilitación sanitaria pese a haber sido intimado meses antes.

En 2025, en Eduardo Castex, La Pampa, se allanaron simultáneamente dos residencias tras denuncias de familiares por deficiencias alimentarias y malos tratos. Los denunciantes declararon que habían intentado plantear la situación ante las autoridades municipales sin obtener respuesta, y que por eso acudieron a la Justicia. La responsable terminó admitiendo su culpabilidad por abandono de persona.

Estos son solo algunos de los muchos casos que llegan a los medios. Pero los problemas no se agotan ahí. Hay muchos más que ocurren de manera más amplia y silenciosa: mayores que son “depositados” en residencias y no reciben ningún tipo de visita (derivando en un descuido por parte de los enfermeros, ya que nadie va a “custodiar” el estado de esa persona), que no mantienen una conversación que exceda lo simplemente funcional, que no permita advertir si algo anda mal, etc.

Dentro del sistema constitucional argentino, podemos encontrar con jerarquía constitucional la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, donde el artículo 12 establece que: “Los Estados Parte deberán adoptar medidas tendientes a desarrollar un sistema integral de cuidados que tenga especialmente en cuenta la perspectiva de género y el respeto a la dignidad e integridad física y mental de la persona mayor”.

Es fundamental resaltar que este “sistema” al que apela la Convención se encuentra, en la práctica, inconcluso en la Argentina. Inconcluso, y no “abandonado”, porque existe una realidad, que es el PAMI. Dicha entidad es el principal financiador de plazas geriátricas del país, que fija por vía de resolución estándares detallados para todas las residencias que contrata. El problema es que ese marco no rige en razón del territorio sino del contrato: alcanza a los establecimientos que el Instituto contrata, y a ningún otro. Fuera de ese perímetro, nuestro país carece de una ley nacional que regule de manera uniforme el funcionamiento de las residencias para adultos mayores, lo que fragmenta la protección de sus derechos.

La responsabilidad ha quedado atomizada y distribuida entre las diversas provincias y la Ciudad de Buenos Aires, lo que resultó en un escenario de normativas dispersas y desiguales que impiden la consolidación de un sistema nacional coherente y efectivo. Se han presentado proyectos para establecer un marco normativo de alcance nacional, pero ninguno prosperó. Ejemplo de esto es el Proyecto de Ley de Marco Normativo para los Establecimientos Geriátricos en el Territorio Nacional (Expediente 3590-D-2017).

¿Qué hacer entonces? En principio algo se puede diagnosticar en nuestra patria, un concepto erróneo como lo es tratar a las residencias como un asunto más privado o de las familias, regulado de manera fragmentada, y que únicamente se controla durante la aparición de casos que conmocionan a la sociedad (ya sea a nivel local o nacional).

Dado esto, y en búsqueda de ciertas ideas que puedan arrojar luz a la resolución de estos problemas, no es necesario “reinventar la rueda”, sino mirar como ejemplo lo que hicieron los países de afuera. Los casos son muchos, pero nos detendremos en un caso vecino: el de Uruguay.

El país ratificó la misma Convención Interamericana que nosotros, pero, a diferencia de la Argentina, la tradujo en normas operativas. Su arquitectura combina la Ley N.º 17.066 (1998), que fija las condiciones mínimas de habilitación y el régimen de sanciones; la Ley N.º 19.353 (2015), que crea el Sistema Nacional Integrado de Cuidados y consagra el cuidado como un derecho; y los artículos 517 y 518 de la Ley N.º 19.355, que reparten competencias entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Social.

Pero lo decisivo no está en las leyes sino en su reglamentación, porque allí el derecho abstracto se vuelve obligación verificable. El Decreto N.º 356/016 fija ratios obligatorios de personal: en turnos nocturnos, un cuidador cada veinte residentes autoválidos y uno cada diez con dependencia. Conviene comparar ese número con lo constatado en Almagro, donde directamente no había personal durante la noche. El mismo decreto establece plazos obligatorios para capacitar a la totalidad del plantel y exige que cada establecimiento cuente con un profesional del área social encargado de generar actividades con los familiares. Aún el vínculo con la familia, que entre nosotros queda librado a la buena voluntad, allí está normado.

Pero el sistema uruguayo no se agota en la regulación. La propia ley define al SNIC como un modelo "solidario y corresponsable entre familias, Estado, comunidad y mercado" (art. 2), y establece entre sus principios la universalidad de los derechos a la atención y la solidaridad en el financiamiento (art. 4). Esa definición se ve en la realidad concreta cuando la norma obliga a que las partidas presupuestales destinadas al Sistema se identifiquen en un programa específico dentro del presupuesto de cada organismo y prohíbe transponerlas hacia otros programas (art. 14). El cuidado, en definitiva, dejó de ser un problema exclusivamente familiar para pasar a ser una partida que el Estado no puede desviar hacia otro destino.

Retomemos entonces lo que dijimos sólo unos párrafos atrás: que en nuestra patria se puede ver y abstraer de cada caso un concepto erróneo sobre cómo tratar la problemática de las residencias: como un asunto más privado o de las familias, regulado de manera fragmentada, y que únicamente se controla durante la aparición de casos que conmocionan a la sociedad (como señalamos más arriba). En cambio, Uruguay trata la dependencia en la vejez como un riesgo social que debe asegurarse colectivamente, del mismo modo que la enfermedad o el desempleo.

En base a todo esto, y con un espíritu que propone no solo observar y diagnosticar, sino también traer luz a futuras propuestas, se presentan a continuación algunas ideas principales para futuros cursos de acción.

En primer lugar, la creación de un registro nacional único y obligatorio de establecimientos residenciales. De lo contrario, no se puede fiscalizar lo que no se conoce. De esta forma se le permite a cualquier familia verificar si una residencia está habilitada antes de confiar (o, lamentablemente, “depositar”) a un familiar mayor. Es una medida de, suponemos, gran impacto inmediato. Esto debe complementarse con un régimen sancionatorio riguroso, que recaiga con la máxima severidad sobre los administradores de residencias clandestinas. Cabe preguntarse, además, si corresponde algún grado de responsabilidad a los familiares que internan a una persona mayor en un establecimiento no habilitado. La cuestión en verdad quizá radique más en la obligación del Estado de notificar de manera fehaciente cuando un establecimiento pierde su habilitación o funciona sin ella, y arbitrar los medios para reubicar a los residentes. Solo frente a quien, debidamente notificado, mantiene a un familiar en un lugar clandestino, cabe discutir consecuencias jurídicas.

En segundo lugar, un régimen de fiscalización e inspección programada y preventiva. Se trata de visitas periódicas, obligatorias, con entrevistas reservadas a los residentes (gracias a las entrevistas es que se pudieron detectar las irregularidades de la residencia de Almagro).

En tercer lugar, iniciar un debate sobre la potencial formulación y financiación de políticas públicas para el cuidado de nuestros abuelos en el largo plazo. Mientras el cuidado dependa del bolsillo de cada familia, la calidad de la vejez (de nuestros mayores, pero la nuestra también a futuro) seguirá determinada por el ingreso.

A estas tres ideas, podríamos sumar una cuarta, más relacionada con el desarrollo de un espíritu cívico y comunitario que incentive la solidaridad en un mundo dominado por una lógica individualista; y que trata sobre el armado de un programa de voluntarios para la visita y acompañamiento en las residencias geriátricas. Claro está que esta iniciativa no debe depender del Estado únicamente, sino que, invocando el principio de subsidiariedad, sea el Estado el que promueva y articule entre los sectores medios de la sociedad (universidades, parroquias, sindicatos, entre otros), dicho accionar.

Para finalizar, conviene detenerse en una expresión que en los últimos años se volvió moneda corriente dentro del lenguaje político argentino del día a día: la “batalla cultural” —el término proviene de la “hegemonía cultural” de Gramsci, luego retomado a nivel nacional por el sector liberal-libertario. Lo tomaremos aquí para resignificarlo. Se debe dar una batalla cultural, sí; pero contra la cultura del descarte denunciada por Francisco y contra esa concepción de la persona humana que estipula que uno vale por lo que produce.

Para dar dicha batalla (que debe hacerse desde los distintos ámbitos de la sociedad) a nivel político, se exige una transformación política que salga en defensa de la dignidad de la persona humana y la promoción del bien común, y que encierre en dicho bien a los mayores. Porque no son un sector más al que se pueda dejar de lado, sino que son un eslabón más de nuestra sociedad, que nos vincula con lo que Argentina anteriormente fue. Son nuestra historia viva; y nosotros también seremos historia viva a futuro.