Guerra de Irán: Seis meses después

En unos pocos días, el 28 de agosto, se cumplirán seis meses del inicio de la guerra contra Irán. El pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel llevaron a cabo una campaña de bombardeo en Irán con el objetivo de lograr un cambio de régimen en el país y poner fin a su programa nuclear y de misiles balísticos. Medio año después, a pesar de todas las acciones militares y dos intentos de cesar las hostilidades, el conflicto abierto entre Irán y Estados Unidos persiste, mientras que el régimen islámico de Irán sigue en el poder, con sus programas de misiles balísticos y nuclear aún funcionales.

Además de continuar con ambos programas y retener el control del país, el régimen iraní controla el estrecho de Ormuz, uno de los puntos de estrangulamiento más importantes para la economía mundial, especialmente por el petróleo que transita por allí. Hasta la fecha, el conflicto ha sido una derrota estratégica estrepitosa para Estados Unidos, y cada instante que continúan las hostilidades se traduce en mayor presión económica para Estados Unidos y para el mundo, debido al petróleo que no sale del Golfo Pérsico.

Es por estos dos factores (la derrota estratégica hasta el momento y la urgencia de normalizar el comercio de petróleo que pasa por el estrecho de Ormuz) que el gobierno de Estados Unidos ha vivido varios meses de desesperación, oscilando entre amenazas de escalar el conflicto y otorgar concesiones para lograr poner un fin a las hostilidades. En ambos “acuerdos” a los que se llegó en el transcurso de esta guerra (el cese al fuego de abril y el memorándum de entendimiento de junio), Estados Unidos otorgó (o al menos prometió) numerosas concesiones al régimen iraní, como descongelar sus activos, levantar sanciones a su economía y consentir el control temporal sobre el estrecho de Ormuz.

Estos acuerdos colapsaron principalmente por desacuerdos frente al estatus del Líbano dentro del cese al fuego que se hubiera establecido, y parcialmente por la intención iraní de cobrar una tasa a los barcos que transiten el estrecho, algo en violación total del principio de libre navegación. En este contexto, la semana pasada el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el inicio de una guerra económica contra Irán que apunta a imponer máxima presión económica a través de un “enorme asalto” (comparado con el Día D por el presidente Trump en su red Truth Social). El secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que mientras dure esta “máxima presión financiera” no habrá ataques convencionales, al menos hasta que el presidente lo considere necesario.

El mecanismo de sanciones no se limita a la inclusión de entidades e individuos relacionados directamente con el régimen, sino que se apalanca en el régimen de sanciones secundarias: cualquier institución financiera extranjera que mantenga relaciones de banca corresponsal o procese transacciones vinculadas a Teherán (directa o indirectamente) se arriesga a perder de inmediato su acceso a la compensación en dólares estadounidenses. Para eludir estas restricciones, Irán ha perfeccionado durante años esquemas complejos de lavado de activos basados en el comercio exterior, utilizando capas opacas de compañías instrumentales en jurisdicciones de baja transparencia, intermediarios no bancarios (hawala) y la llamada "flota en la sombra" para la exportación de crudo mediante transferencias de barco a barco, práctica que Estados Unidos busca erradicar en vistas de ahorcar a Irán por completo.

Lo curioso de esto, nuevamente, es que hace casi seis meses Estados Unidos estaba atacando con todo su arsenal militar el suelo iraní, destruyendo objetivos militares, civiles y gubernamentales con bombas, misiles y drones. En comparación con esto, la presión financiera y comercial es notablemente más leve. De hecho, es casi idéntica a lo que era el statu quo previo al inicio de las hostilidades. Irán ya había sido sancionado fuertemente en numerosas ocasiones, y de hecho se vio bajo un esquema de “máxima presión” desde el año 2018, cuando el propio Donald Trump incrementó las sanciones a Irán y congeló sus activos tras destruir el JCPOA, o el acuerdo nuclear iraní.

En respuesta, Irán viene direccionando su economía para lograr la autosuficiencia desde hace más de ocho años y así poder resistir la presión que impuso Donald Trump en su primera presidencia. Es un disparate total considerar que este esquema de sanciones, por más que pueda ser aún más duro que aquel de 2018, vaya a poder conseguir la rendición iraní cuando los meses de bombardeo y el asesinato de su líder supremo no lo consiguieron. La economía iraní, sin duda, ha sufrido inmensamente, como lo ha hecho el pueblo iraní, en el transcurso de esta guerra; sin embargo, tanto la población como el régimen persa entienden a esta guerra como una guerra existencial en la que no pueden ceder ante la presión.

Lo que delata este nuevo desarrollo es que Estados Unidos está desesperado por cualquier medida para salir lo antes posible de este conflicto sin gastar más recursos y disminuyendo lo más posible el golpe económico de este medio año de crisis comercial en Ormuz. Estados Unidos, como han confirmado numerosos reportes, sufre de una peligrosa escasez de sus misiles defensivos y ofensivos para continuar las acciones militares que, por si fuera poco, han estado muy lejos de la victoria decisiva a la que aspiraba el presidente. La guerra de Irán seguramente quedará en la historia como el peor desastre de política exterior de Estados Unidos, superando tanto a Irak como a Vietnam, incluso sin contar el factor real de que es casi imposible conseguir una paz duradera con Irán debido a la profunda desconfianza que hay entre Washington y Teherán.

A seis meses de su inicio, la guerra de Irán evidencia los límites reales del poder coercitivo, tanto en el plano militar como en el económico. La transición forzosa de una campaña de bombardeos a un cerco de asfixia financiera no es un endurecimiento de las medidas contra Irán, sino el reconocimiento de la falta de herramientas de Washington ante una derrota estratégica sin precedentes. Mientras Teherán mantenga su capacidad de absorción y retenga el pulso sobre el tránsito energético en Ormuz, el régimen de sanciones no forzará una capitulación que las bombas no consiguieron.