Ceuta como escenario de una guerra invisible

Entre el 30 y el 31 de julio, más de 72.000 personas llegaron a Ceuta desde Marruecos en uno de los mayores movimientos migratorios registrados en la frontera española. La mayoría regresó posteriormente a Marruecos, pero el episodio dejó decenas de muertos y volvió a poner a la ciudad autónoma en el centro de una crisis que rápidamente dejó de ser solamente migratoria.

La pregunta que comenzó a aparecer en España no fue únicamente cómo hacer para detener la llegada de miles de personas, sino otra mucho más difícil: ¿puede la migración ser utilizada como una herramienta de presión política entre Estados?

No hay pruebas suficientes para afirmar que Marruecos haya organizado la entrada masiva de julio. Decirlo como un hecho sería ir más allá de la evidencia. Pero sí existe un antecedente, existe un contexto geopolítico particular y existe una forma de conflicto que permite entender por qué el episodio despierta esas sospechas: la llamada zona gris.

El concepto describe aquellas formas de enfrentamiento que se encuentran entre la cooperación y la guerra abierta. Un Estado puede buscar presionar, desestabilizar o condicionar las decisiones de otro sin recurrir directamente a la fuerza militar. En lugar de tanques o misiles aparecen otras herramientas como la desinformación, la presión económica, las operaciones de influencia, los ciberataques o, en determinados casos, el control de los movimientos migratorios.

La dificultad está precisamente en demostrar dónde termina una crisis espontánea y dónde comienza una estrategia estatal. Si un gobierno puede ejercer presión sobre otro sin asumir públicamente la responsabilidad de hacerlo, la respuesta se vuelve mucho más complicada debido a que acusarlo sin pruebas puede generar una escalada diplomática, mientras que no reaccionar puede significar permitir que la presión continúe.

Para entender por qué esta hipótesis aparece ahora en Ceuta hay que mirar primero el mapa político de la región. Marruecos y Argelia mantienen una rivalidad histórica y tienen posiciones enfrentadas sobre el Sáhara Occidental. Marruecos considera el territorio parte de su soberanía y defiende un plan de autonomía bajo administración marroquí. Argelia, en cambio, respalda al Frente Polisario, una organización que reclama la independencia del territorio.

España quedó durante años en medio de esa disputa, y la relación con Marruecos ya había demostrado que el Sáhara podría convertirse en un punto de tensión diplomática. En mayo de 2021, alrededor de 9.000 personas entraron en Ceuta en apenas dos días, después de que las fuerzas marroquíes flexibilizaran temporalmente los controles de la frontera en medio de una fuerte crisis por el control del Sahara.

En abril de ese año, España había permitido que Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, ingresara al país para recibir tratamiento médico por COVID-19. Para Marruecos, la presencia en suelo español del dirigente de una organización que reclama la independencia de un territorio que considera propio, fue una provocación.

La dimensión política de aquel episodio fue reconocida por el propio Parlamento Europeo. En junio de 2021, la institución aprobó una resolución sobre la crisis y sostuvo que un flujo de semejante magnitud “difícilmente” podría considerarse espontáneo. Además, rechazó expresamente “la utilización por parte de Marruecos de los controles fronterizos y de la migración, en particular de menores no acompañados, como medio para ejercer presión política contra un Estado miembro de la Unión”.

Ese antecedente es importante porque muestra que la posibilidad de utilizar la migración como instrumento de presión no es una interpretación surgida ahora; ya había sido señalada por una institución de la Unión Europea.

La relación entre España y Marruecos comenzó a cambiar al año siguiente. En 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió respaldar el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental. El giro permitió recomponer la relación entre Madrid y Rabat después de la crisis de 2021, pero tuvo el costo diplomático de deteriorar su relación con Argelia, que apoyaba al frente polisario.

Ese equilibrio es importante para entender lo ocurrido en 2026. Durante los años siguientes, España intentó mantener una relación estrecha con Marruecos a la vez que buscaba evitar que el deterioro con Argelia se profundizara.

Finalmente, el 20 de julio de 2026, Pedro Sánchez viajó a Argelia con el objetivo de recomponer los vínculos con un país que, además de ser rival de Marruecos, es un importante proveedor energético de España.

Diez días después, más de 72.000 personas llegaron a Ceuta desde Marruecos.

La coincidencia temporal no demuestra que exista una relación entre ambos hechos ni permite afirmar que Marruecos haya organizado la crisis como respuesta a la visita de Sánchez. Pero sí agrega un elemento a un contexto regional especialmente sensible considerando que España intenta mantener relaciones con dos países enfrentados entre sí y, al mismo tiempo, depende de Marruecos para controlar una de sus principales fronteras migratorias.

Es en este punto donde la hipótesis de la zona gris se vuelve relevante.

Porque la migración puede convertirse en una herramienta de presión incluso sin que exista una orden explícita de “enviar migrantes”. Un Estado que controla una frontera tiene capacidad para endurecer o relajar sus controles y, con ello, influir sobre la cantidad de personas que intentan cruzarla. Cuando esa capacidad se ejerce en medio de una disputa política, resulta difícil determinar si se trata simplemente de una falla en el control fronterizo, de una decisión política o de una estrategia deliberada.

En Ceuta, una frontera que normalmente separa dos territorios terminó convirtiéndose en el punto donde confluyeron una disputa territorial, una rivalidad regional y una relación diplomática cada vez más compleja. Las personas que cruzaron el mar no fueron quienes originaron esas tensiones, pero quedaron en el centro de sus consecuencias.

Por eso, más allá de que nunca llegue a demostrarse una operación deliberada detrás de los acontecimientos de julio, el episodio deja algo más profundo que una nueva crisis migratoria. Muestra hasta qué punto, en los conflictos contemporáneos, la presión puede ejercerse sin disparar una sola bala y, aún así, tener consecuencias capaces de atravesar fronteras, gobiernos y sociedades enteras.