El precio de la desconfianza

En Argentina, hablar de los "dólares bajo el colchón" es mucho más que referirse a una forma de ahorrar. Es hablar de una historia marcada por crisis económicas, cambios constantes en las reglas de juego y una desconfianza que llevó a millones de personas a mantener sus ahorros fuera del sistema formal.

En los últimos días, el Gobierno nacional volvió a poner este tema en el centro del debate al enviar al Congreso un proyecto para modificar y fortalecer la Ley de Inocencia Fiscal. La iniciativa busca ampliar el alcance del régimen vigente, eliminando algunos límites para acceder a sus beneficios, otorgar mayores garantías jurídicas a los contribuyentes y reducir las consecuencias por errores menores detectados por ARCA. Entre los principales cambios propuestos se encuentra la eliminación del tope patrimonial para ingresar al régimen, la fijación del 31 de diciembre de 2027 como fecha límite para exteriorizar activos, la incorporación de un umbral para que diferencias de escasa magnitud no impliquen la pérdida automática de los beneficios y la posibilidad de rectificar declaraciones antes de quedar excluido del sistema. En términos generales, el objetivo del proyecto es incentivar la formalización de ahorros que hoy permanecen fuera del circuito y ofrecer un marco de mayor previsibilidad para quienes decidan regularizar su situación.

Tampoco fue casual que el Gobierno recurriera a un lenguaje coloquial para instalar la discusión. Manuel Adorni, durante su ejercicio como vocero presidencial, utilizó una expresión que rápidamente ganó repercusión al referirse a los ahorros que muchos argentinos mantienen fuera del sistema formal. Más allá de la polémica que despertó, sus palabras reflejaron un fenómeno que atraviesa a la sociedad argentina desde hace décadas. Para millones de argentinos, resguardar sus ahorros por fuera del circuito financiero dejó de ser una excepción y pasó a convertirse en una práctica habitual.

La propuesta parte de una premisa sencilla: muchos argentinos no permanecen fuera del sistema únicamente para evadir impuestos, sino que existe, además, una percepción colectiva de que ingresar a la formalidad implica asumir riesgos frente a un Estado cuyas reglas cambian con demasiada frecuencia. En ese punto, el Gobierno apuesta a invertir esta lógica: en lugar de poner el foco exclusivamente en la sanción, busca generar incentivos para que esos recursos regresen voluntariamente al sistema.

Sin embargo, el interrogante de fondo sigue siendo otro. ¿Por qué, en un país con una larga tradición de ahorro, tantas personas consideran más seguro guardar sus dólares fuera del sistema que depositarlos en una entidad financiera?

La respuesta difícilmente pueda encontrarse en una sola causa. La inflación persistente, los cambios permanentes en las reglas de juego, las restricciones cambiarias, los sucesivos blanqueos de capitales, la elevada presión tributaria y una larga historia de crisis económicas consolidaron una cultura donde ahorrar fuera del sistema dejó de ser una excepción para convertirse, para muchos, en una decisión de autoprotección. En definitiva, el problema no nació con un gobierno en particular ni puede atribuirse a una única administración, sino que es el resultado de décadas de inestabilidad y de una certidumbre que se fue deteriorando con el tiempo.

Desde esa perspectiva, el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei representa mucho más que una reforma tributaria. Constituye, además, un intento por modificar la relación entre el Estado y el contribuyente. La premisa es clara: si el Estado ofrece mayor seguridad jurídica, reglas más previsibles y un esquema menos punitivo, más personas podrían decidir incorporar sus ahorros a la economía formal.

Ahora bien, el proyecto también abrió interrogantes. Diversos especialistas en materia tributaria sostienen que, si bien brindar mayores garantías jurídicas puede incentivar la formalización de activos, la confianza no depende únicamente del régimen fiscal vigente. Factores como la estabilidad macroeconómica, la continuidad de las reglas de juego y la fortaleza de las instituciones serán igualmente determinantes para que esos recursos regresen de manera sostenida al sistema formal. En otras palabras, una ley puede facilitar el camino, pero difícilmente pueda resolver por sí sola un problema construido durante décadas.

Las normas pueden modificar incentivos, simplificar procedimientos y ofrecer nuevas garantías. Sin embargo, la confianza no surge de un texto legislativo. Se construye con estabilidad institucional, previsibilidad y continuidad. Cuando las reglas cambian constantemente y cada administración redefine el vínculo entre el Estado y los contribuyentes, la incertidumbre termina convirtiéndose en una variable más de la economía.

Eso tampoco implica desestimar la propuesta del Gobierno. El solo hecho de que vuelva a discutirse cómo construir el vínculo entre el Estado y los contribuyentes es necesario. Un sistema tributario eficiente requiere controles y capacidad de fiscalización, pero también necesita legitimidad, reglas claras y la percepción de que quienes cumplen con sus obligaciones no quedarán expuestos a cambios permanentes en las condiciones de juego.

Ahora le cabe al Congreso la responsabilidad de debatir el proyecto y definir si las modificaciones propuestas son suficientes para alcanzar los objetivos planteados. Allí también se pondrá a prueba la capacidad del sistema político para construir consensos sobre una cuestión que trasciende a un gobierno en particular y que afecta directamente el funcionamiento de la economía argentina.

En definitiva, el éxito o el fracaso de esta iniciativa probablemente no se mida únicamente por la cantidad de dólares que ingresen al sistema. También dependerá de la posibilidad de instalar un cambio más profundo en la relación entre el Estado y la sociedad. La formalización de la economía no se alcanza solamente mediante incentivos fiscales, sino que requiere, sobre todo, reconstruir una confianza que la Argentina fue perdiendo a lo largo de muchos años.

Ese parece ser el verdadero desafío. Los beneficios fiscales pueden incentivar determinadas conductas y las reformas pueden mejorar el funcionamiento del sistema, pero la confianza, una vez perdida, no se recupera por decreto. Se construye con el tiempo, con instituciones sólidas y con la certeza de que las reglas seguirán siendo las mismas más allá de quién ocupe circunstancialmente el gobierno.