Colombia y un giro drástico: De una herencia complicada a una emergencia nacional.

Colombia atraviesa días decisivos que están reconfigurando su panorama político, institucional y social a una velocidad vertiginosa. La reciente llegada a la Casa de Nariño del abogado penalista y dirigente del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, puso fin al mandato del izquierdista Gustavo Petro e inició una transición de contrastes absolutos. Sin embargo, a solo tres días de haber asumido la presidencia el pasado 7 de agosto, el nuevo gobierno tuvo que enfrentar de inmediato una catástrofe de proporciones históricas: un devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el centro y occidente del país la mañana del 10 de agosto, dejando más de 200 fallecidos, miles de heridos y severos colapsos de infraestructura en el Eje Cafetero, Cali y el Chocó. Este escenario de crisis ha puesto a prueba los dos modelos de país en pugna y ha acelerado el impacto del drástico viraje en las alianzas internacionales de Colombia.

Para entender el desgaste electoral y el viraje ideológico de la ciudadanía en las urnas, es necesario examinar las principales complejidades que marcaron el cierre del mandato de Gustavo Petro. En primer lugar, la falta de gobernabilidad y la fragmentación legislativa jugaron un rol determinante. El gobierno saliente perdió tempranamente sus coaliciones en el Congreso, lo que estancó o diluyó sus reformas estructurales en materia de salud, pensiones y trabajo, generando una percepción generalizada de parálisis institucional y confrontación constante entre el Ejecutivo y las demás ramas del poder.

A esto se sumó el evidente deterioro de la seguridad y el desgaste de la política de "Paz Total". La gran apuesta de Petro por negociar en paralelo con múltiples grupos armados ilegales, guerrillas y bandas criminales sufrió severos retrocesos. Las constantes violaciones a los ceses al fuego, el aumento de la extorsión, los secuestros y la expansión territorial de estructuras criminales alimentaron la sensación de descontrol en regiones clave del país. Asimismo, la incertidumbre regulatoria en el sector energético e hidrocarburos frenó la inversión privada, lo que, combinado con un periodo prolongado de alta inflación, afectó la confianza de los sectores productivos. En el plano internacional, la administración Petro adoptó una postura distante respecto a los socios tradicionales de Occidente, siendo la ruptura total de relaciones diplomáticas con Israel en mayo de 2024 el hito más divisivo, ya que interrumpió convenios clave en seguridad, mantenimiento de aeronaves militares e inteligencia compartida.

El traspaso de mando hacia Abelardo de la Espriella marca el paso de un modelo enfocado en la narrativa social y el diálogo con sectores al margen de la ley a uno basado en la mano dura, el uso firme de la fuerza pública y la confrontación frontal al crimen. Mientras que Petro impulsaba una agenda internacional volcada hacia el Sur Global y distanciada de las potencias occidentales, De la Espriella refundó de inmediato la alianza estratégica con Estados Unidos e Israel, priorizando la seguridad nacional y la atracción de inversiones.

Apenas asumido el cargo, el nuevo presidente dio un giro de 180 grados a la política exterior colombiana al anunciar el restablecimiento pleno de relaciones con Tel Aviv. Este movimiento no se limitó al retorno de embajadores, sino que incluyó compromisos de alto impacto geopolítico: el plan de trasladar la embajada colombiana a Jerusalén, el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán y el retiro definitivo del respaldo de Colombia a la demanda contra Israel en la Corte Internacional de Justicia.

El sorpresivo terremoto del 10 de agosto transformó estas decisiones diplomáticas en un asunto de acción inmediata. Pocas horas después del sismo con epicentro en San José del Palmar, el gobierno israelí estuvo entre los primeros en movilizar brigadas de rescate, equipos de tecnología de búsqueda entre escombros y asistencia médica especializada hacia las zonas más golpeadas como Pereira y Cali. Esta respuesta de emergencia sirvió al nuevo gobierno como argumento práctico para respaldar su decisión ante la opinión pública: mientras la oposición de izquierda califica el cambio de rumbo como un retroceso en derechos humanos y derecho internacional, la administración de De la Espriella defiende el restablecimiento de alianzas como una herramienta indispensable para garantizar la seguridad nacional y la capacidad de respuesta operativa ante catástrofes de gran escala.

De este modo, Colombia inicia un periodo caracterizado por la urgencia de la reconstrucción edilicia en sus departamentos occidentales y un profundo reordenamiento político, donde el nuevo liderazgo buscará distanciarse de la herencia de Petro aplicando un modelo de autoridad estricta tanto en el frente interno como en el plano global.