Ariel Lijo

El 15 de abril, el gobierno postuló oficialmente al Juez Federal Ariel Lijo para cubrir la vacante de Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dejó la renuncia de Elena Highton de Nolasco. Rápidamente esta noticia recorrió el país y generó controversias. Desde un sector de la sociedad, hubo un fuerte rechazó por creerlo a Lijo un juez lisa y llanamente, corrupto. Esto a tal punto que un senador libertario, Paoltroni, se plantó contra el presidente, más específicamente Santiago Caputo, y contra Lijo. Esta postura del senador formoseño lo llevó a ser expulsado del bloque oficialista. Por la misma línea el periodista Carlos Pagni llega a plantear que “Lijo significa la captura de la Corte por parte de Comodoro Py [sede de los tribunales federales], que es lo más opaco de la Justicia argentina.”

¿Qué hizo este juez para ganarse una reputación de este calibre? ¿Se lo merece? Trataremos de esclarecer un poco la cuestión.

Ariel Oscar Lijo nace en 1968, se gradúa como abogado en la UBA en 1993, y se especializa en Administración de Justicia en 2001. En 2004 se inscribe en el Concurso 59, el cual buscaba cubrir cuatro vacantes en los juzgados federales, y queda quinto. Sin embargo, dos de los que habían quedado mejor se bajaron para ir a otros cargos, por lo que entró Lijo y fue aprobado como juez por el Senado en octubre. Desde entonces ejerce hasta la actualidad como Juez Federal a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 4 de la Capital Federal.

Resulta de gran relevancia señalar la cantidad de denuncias que Lijo recibió por mal desempeño o presunta comisión de delitos mientras ejercía sus funciones, ya que si hiciéramos un ranking de los jueces que actualmente ejercen en Comodoro Py, Lijo es el tercero más denunciado ante el Consejo de la Magistratura (el organismo encargado de nombrar y sancionar a los jueces). Desde sus 20 años como juez, Lijo recibió 32 denuncias de este tipo. Actualmente tiene 3 denuncias de estas abiertas, lo que significa que no fueron tratadas todavía por el Consejo.

Además, en relación al particular delito de corrupción, Ariel Lijo parece gestionar estos con una particular inefectividad: él tuvo a su cargo 89 expedientes de corrupción, de los cuales 26 siguen abiertos. La mitad de estos 26 tienen más de diez años de antigüedad y otros doce entre siete y nueve años de iniciados. En términos absolutos, es el juez que menos causas de corrupción elevó a juicio.

Como miembro del poder judicial, para conocerlo a Lijo resulta provechoso conocer las causas que lo involucraron. Un caso interesante fue una denuncia que se produjo contra Lijo ante el Consejo de la Magistratura, por “demoras excesivas en la tramitación de causas” que involucran a funcionarios imputados por corrupción. Lijo negó las acusaciones, se defendió, y el Consejo desestimó la denuncia en 2018. Lo curioso es lo que ocurre después: Tras el archivo de la causa, la diputada Elisa Carrió denunció penalmente a Ariel, a su hermano Alfredo, un conocido “titiritero” judicial, digamos, y a un ex-superministro de los Kirchner, Julio De Vido, entre otros. Los acusaba de integrar una asociación ilícita que incluía lavado de dinero, coimas y tráfico de influencias. El caso llegó a manos del fiscal Franco Picardi, y el juez Julián Ercolini, quienes parecerían haber acordado cerrar la causa y seguir con otra cosa. Ercolini sobreseyó a los acusados, es decir suspendió el proceso judicial, y Picardi no apeló, por lo que el sobreseimiento quedó firme.

Otra causa interesante se dio por las declaraciones de su excuñada, María Carla Lago (ex esposa de Alfredo Lijo), en 2017. Ella, en medio de otra causa, se refirió a un terreno que tenía su exesposo, que contenía un haras llamado “La Generación”, y declaró que Ariel Lijo era parte de una sociedad que administraba La Generación. Sobre esto no aparecía nada en sus declaraciones juradas, por lo que de ser cierto podría llevar a una condena por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, el Consejo de la Magistratura hizo una investigación y decidió desestimar la causa, al presuntamente no encontrar vinculación alguna entre el haras “La Generación” y el juez federal. Se rumorea que esta desestimación de la causa se dió por pedido de Daniel Angelici, un importante operador judicial de CABA, expresidente de Boca, y muy cercano a Mauricio Macri, el presidente de ese entonces. Angelici es uno de los principales defensores de la candidatura de Lijo en el PRO, por cierto.

Unos últimos casos que vale la pena mencionar son los siguientes:

El asesinato del entonces secretario de la CGT en 1973, José Ignacio Rucci. Lijo determinó que la causa no era un delito de lesa humanidad por lo que no estaba sujeto a la cláusula de imprescriptibilidad. Esto significa que no podía emitir una condena porque había pasado demasiado tiempo desde la ejecución del delito (si hubiese dictaminado que sí era una causa de lesa humanidad, esto no se aplicaría). A la actual vicepresidente Victoria Villarruel, no le gustó nada la actuación de Lijo en esta causa.
La causa Siemens, sobre supuestos sobornos que pagó la empresa Siemens para asegurarse los contratos para realizar los DNIs durante Menem y De La Rúa, también. Acá, Lijo nunca resolvió su situación procesal y no avanzó sobre la gente de Menem y De La Rúa, sólo indagó a empresarios.

Asimismo, para entender la situación política en la que se encuentra Lijo en relación a Macri, hay que hablar de la causa Correo Argentino. En esta, se denunció un acuerdo “abusivo” por la deuda que la empresa Correos tenía con el estado, hecho durante la presidencia de Mauricio Macri. Un detalle importante es que la familia Macri es la que controla la empresa Correo Argentino. Ahora mismo la causa sigue abierta.

Finalmente, tenemos a lo que probablemente sea su caso más importante: Ciccone. En esta, Lijo procesó en 2014 al vicepresidente de ese entonces, Amado Boudou por “cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública” por el levantamiento de la quiebra de la imprenta para quedarse con el negocio de la impresión de billetes en la Argentina. En 2017, Lijo elevaría esta causa a juicio, y ordenaría la detención de Boudou, pero por otra causa, de enriquecimiento ilícito. Finalmente en 2018, un tribunal oral, no Lijo, condena a Boudou.
Ahora bien, el testaferro de Boudou (quien simula ser el titular de un contrato permitiendo el ocultamiento del verdadero responsable), Alejandro Vandenbroele, cobró 7,6 millones de pesos en 2010 para asesorar a Formosa en la renegociación de su deuda con el estado nacional. Lijo concluyó que la plata se repartió entre un funcionario formoseño y Vandenbroele, e indagó a Gildo Insfrán, el gobernador, pero se declaró incompetente y mandó la causa a Formosa. Desde entonces, se puede decir que Insfrán tiene un cariño especial por el juez.

Si hablamos de Ariel Lijo, hay que hablar de Ricardo Lorenzetti, el ministro de la corte suprema que propuso a Lijo ante Milei para la corte, según palabras del propio ministro de justicia. Actualmente, dentro de la corte, Lorenzetti se encuentra en minoría, contra el bloque Rosatti-Rosenkrantz-Maqueda (los otros jueces), pero de aprobarse a Lijo y García Mansilla, y de jubilarse Maqueda como se cree que lo hará cuando cumpla 75 años en diciembre, el Loro, como le dicen, tendría una situación muchísimo más favorable y conveniente. Por esto, Lorenzetti ha colaborado activamente en la búsqueda de avales para el candidato, particularmente de parte de los gobernadores peronistas.

Tal es el vínculo entre estos jueces, que Lijo tiene una denuncia en el Consejo de la Magistratura, iniciada por un diputado de la Coalición Cívica, por su accionar en causas que trataban presuntas irregularidades en la obra social del Poder Judicial, la cual es administrada por el ministro de la corte suprema Juan Carlos Maqueda. Se lo acusó de perjudicar intencionalmente a Maqueda para favorecer los intereses de Lorenzetti.

Un magistrado con este historial y su reputación correspondiente, debería venir acompañado de una defensa sólida y convincente. En la balanza fiscal no, pero aquí el gobierno sí incurre en déficit. Se encontraron tres argumentos que ha utilizado Milei a favor de Lijo: el primero es que él es quien lo puso preso a Boudou, el segundo que “él es el único que conoce perfectamente cómo funciona el sistema judicial”, y finalmente que él es el único especializado en ciberdelitos. No solo es el primer argumento equivocado (Lijo sólo detuvo a Boudou, lo condenó un tribunal oral, como ya mencionamos), sino que evalúa a un juez por el contenido de un fallo cuando esto no se hace. A un juez se lo evalúa por la transparencia y corrección de sus métodos.

Para entrar a la corte suprema, Ariel Lijo necesitará los votos de dos tercios de los miembros presentes del senado, y si lograrán conseguirlos se mantiene una pregunta abierta y poco clara. En el PRO hay diferencias entre dirigentes: Por un lado, Macri se ha pronunciado en contra, pero Bullrich y Angelici están a favor. Larreta, por conexiones con la pareja de Lijo, probablemente mantenga un apoyo silencioso, tácito. Lo mismo se puede decir de Juan Manuel Olmos, peronista, el presidente de la auditoría general de la nación y otro operador judicial local.

En el radicalismo también hay disidencias. Están quienes piden que sea una mujer quien se sume a la corte para mantener una mínima paridad de género en el máximo tribunal, por ejemplo. Sin embargo, la posición del presidente del partido, Martín Lousteau, brilla por su ausencia.

En el peronismo pasan cosas interesantes, porque Lijo tiene el favor de varios gobernadores (quienes aportarían sus senadores) como Insfrán, por su favorcito visto anteriormente, y se dice que es amigo también de Raúl Jalil, de Catamarca. Esto dicho, la pieza clave, evidentemente, es Cristina. Sin ella no se llegan a los dos tercios. Por esto se habían arrancado negociaciones (las cuales pusieron en alerta a los dialoguistas), pero parecen haberse caído.

También cabe remarcar su apoyo entre los empresarios. Se dice que tiene el apoyo de las familias Werthein y Eskenazi por “favores judiciales”, podríamos decir.

Así todo, resulta propio de cada uno determinar si es Ariel Lijo un miembro idóneo para entrar a la Corte Suprema, pero los hechos son que este individuo es uno de los candidatos (y quizá el candidato) más discutidos y polémicos que jamás fueron considerados para insertarse en el máximo tribunal. Se dice que para que haya prosperidad se necesita estabilidad y seguridad, y que el precursor de la casta es la corrupción de la justicia. ¿Es Ariel Lijo el nombre indicado para proveer la seguridad y transparencia jurídica que el crecimiento económico y el fin de la casta tanto necesitan?