A las declaraciones del exdirector Administrativo del Ministerio Público (MP), Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, con las que admitió la semana pasada los cargos de soborno y extorsión a los contratistas seleccionados en licitaciones irregulares, se suman las del exjefe de Gabinete, Rafael Steffano Canó Sacco, testigo estrella del órgano persecutor, contra el exprocurador general, Jean Alain Rodríguez.
Canó Sacco es el segundo señalado más importante en el expediente Operación Medusa y contra quien no se presentan cargos porque es utilizado como testigo en el caso de corrupción.
El expediente Medusa describe que el exprocurador general era la cabeza de la red, Canó Sacco le seguía, en segundo orden, y en tercer lugar quedaba Imbert Rodríguez, este último, designado como el puente entre las empresas a las que se les ofrecían las licitaciones irregulares del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario y los dos primeros.
«La estrategia de entrega de los pagos indebidos, llegando hasta el chantaje, se dividió en tres tiempos o tres responsables dentro de la estructura delictual encabezada por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, en primer momento, el ex Director de Gabinete Rafael Canó Sacco, luego, el acusado Jonnathan Joel Rodríguez Imbert», narra una parte del texto de las más de 12,000 páginas que contiene la acusación.
Las últimas informaciones que se tienen sobre Canó Sacco, quien se fugó del país inmediatamente se inició la persecución a la supuesta trama contra el Estado, es que fue detenido en el 2021 en España.
El exfuncionario es citado como uno de los testimonios claves contra el exprocurador general de la República.
«Con el testimonio de Rafael Stefano Canó Sacco, también probamos que el acusado Jean Alain Rodríguez dirigió y eligió las empresas que resultaban adjudicatarias de los procesos de licitación pública, y que en el caso del Plan de Humanización usó la institución (la Procuraduría General) y sus fondos como capital para su campaña política, de cara a sus aspiraciones presidenciales», cita la acusación Medusa.
Sobre los sobornos de un 20 por ciento que se solicitaban a los empresarios para ser beneficiados con las contratas, el exdirector Administrativo afirmó el martes ante el juez Amauri Martínez que se entregaban en las «oficinas o casas» de Canó Sacco y de Jean Alain, «mientras que otros se los entregaba directamente a ellos. Se decía que estos fondos eran para formación y gastos del movimiento político Renovación», del exprocurador.
Dispuesto a un careo con Jean Alain
Según avanza el juicio preliminar de Operación Medusa, en el Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, 23 personas físicas y jurídicas, del total de las 63, han arribado a acuerdos con la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), proponiendo al juez un juicio penal abreviado, penas suspendidas y devolviendo bienes al erario público.
Aunque Jonnathan Joel Rodríguez Imbert admitió su culpabilidad de «soborno, extorsión, chantaje y amenazas», por «instrucción» de sus «superiores Rafael Canó y Jean Alain Rodríguez«, dijo, junto a su abogada, Ingrid Hidalgo, que está de acuerdo en que se dicte auto de apertura a juicio de fondo para someterse a un contrainterrogatorio con las «partes que así lo quieran realizar». Hidalgo sostuvo también en audiencia que hasta «a un careo» con el exprocurador general está dispuesto su cliente.
«Si el coimputado, Jean Alain, así lo necesita y si llegara al país el señor Canó (Sacco) de someterse ambos a un careo, él (Rodríguez Imbert) está dispuesto a someterse al careo que sea necesario»Ingrid HidalgoAbogada“
Los dos exfuncionarios más cercanos de Jean Alain Rodríguez eran de sus «principales colaboradores» también en el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD), cuando le tocó dirigir a esa entidad y desde donde los llevó «consigo a la Procuraduría General de la República», describe la acusación Medusa.
Jean Alain no reacciona a esta última delación
El Consejo de Defensa de Jean Alain Rodríguez, que había reaccionado a las declaraciones de culpabilidad de los demás imputados, alegando que lo eximían de responsabilidad y «no lo conocen en forma alguna», no han hecho lo mismo tras la delación de Rodríguez Imbert.