La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) valoró este martes el avance en la calificación del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que cada año da a conocer la organización Transparencia Internacional. Por primera vez desde 2010, la República Dominicana alcanza una puntuación de 35 puntos sobre 100, lo que representa un aumento significativo de tres puntos en comparación con el año 2022, cuando obtuvo 32 puntos en el IPC.

El IPC de 2023, presentado por Transparencia Internacional en Berlín, establece que «la mayoría de los países alcanzaron mínimos o nulos avances en el combate a la corrupción en el sector público«.

En una nota de prensa resaltó que durante 12 años consecutivos, el promedio global del IPC se ha mantenido sin cambios en 43 puntos, y más de dos tercios de los países obtienen una puntuación inferior a 50. La organización advierte que esto indica la existencia de graves problemas de corrupción a nivel mundial.

La medición del IPC verifica cómo se percibe la corrupción en el sector público, considerando la existencia de sobornos, la protección legal de denunciantes de casos de irregularidades, la malversación de fondos públicos, el uso del cargo público para obtener beneficios personales, la capacidad de los gobiernos para prevenir actos corruptos, la excesiva burocracia estatal que puede fomentar oportunidades para la corrupción, el nepotismo en los nombramientos de funcionarios públicos, la legislación que garantice la transparencia en las declaraciones patrimoniales y posibles conflictos de interés en los cargos públicos, la captura del estado por intereses privados, y el acceso a la información sobre asuntos públicos de interés ciudadano y actividades gubernamentales.

Dinamarca encabeza la medición del IPC por sexto año consecutivo, con 90 puntos, seguida de cerca por Finlandia y Nueva Zelanda con puntuaciones de 87 y 85 respectivamente. Estos países se destacan por el buen funcionamiento de sus sistemas de justicia y han liderado el Índice de Percepción de la Corrupción desde 2012, así como los primeros lugares en el Índice de Estado de Derecho elaborado anualmente por el World Justice Project.