A inicios del mes de abril, la jueza Kenya Romero dictó 18 meses de prisión preventiva contra el ex ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, por su presunta participación en el caso de corrupción administrativa denominado Calamar.
Peralta, quien ocupó ese cargo durante los ocho años de la presidencia de Danilo Medina, es acusado junto a otros imputados de utilizar al menos 11 instituciones con las que gestionaba las expropiaciones irregulares de terrenos, el cobro ilegal a bancas de lotería, deportivas y negocios con máquinas tragamonedas, así como la compra de inmuebles con sobrecosto.
Desde esa oportunidad, la defensa de Peralta se enfocó en manifestar que no existen los recursos para mantener la prisión preventiva para su cliente, ya que no representa peligro fuga.
Siete meses después, tras varios intentos y aplazamientos de audiencia, la jueza Ana Lee Florimón, del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, varió la medida de coerción de Peralta de prisión preventiva por una garantía economía de 4.5 millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódica.
Las reacciones fuera de la sala de audiencias no se hicieron esperar.
«Esta medida que es la correcta, entendemos a raíz de la circunstancias, debió de ser dictada hace mucho tiempo, hace mucho tiempo que José Ramón Peralta debió de estar en libertad, no debimos de haber llegado hasta aquí, siete meses después, con una persona que no representa peligro de fuga…y que además las evidencias que existen no sirven ni para siquiera promover su caso penal», señaló Pedro Balbuena, parte de la defensa de Peralta.
El abogado indicó que aunque la variación de medida de coerción «era necesaria» entienden que es «insuficiente» y seguirán trabajando para el «cierre definitivo» del caso.
En el otro extremo de las posiciones estuvo Martín Rubiera, miembro de la defensa de la familia Mota, quienes fungen como los querellantes civiles del proceso, quien manifestó que tras esa decisión, el sistema de justicia dominicano debe ser revisado ya que «de 18 meses de prisión preventiva, se pasó a una fianza».
«O está mal el código (penal), o está mal el ministerio público o están mal los jueces, porque es imposible que un juez imponga como medida de coerción 18 meses y que de repente varíe a una fianza; cuál es el mensaje, cuál sería la cantidad y calidad de los presupuestos nuevos que serían prudentes y lógicos para realizar una variación tal», explicó Rubiera.
De su lado, el representante del ministerio público, Arolin Lemoz, señaló que se mantiene la apreciación de las autoridades sobre que Peralta, fuera de la cárcel, podría propiciar el ocultamiento de pruebas en su contra, aunque la jueza haya adoptado la decisión de variar la medida de coerción o no.
«El ministerio público va a mantener sus principios de imputación contra José Ramón Peralta y los demás imputados de este caso. Entendemos que el ministerio público está haciendo el trabajo que debe, ya es parte del Poder Judicial hacer el que le corresponde», expresó Lemoz, quien aunque no comentó sobre si apelarían la decisión del tribunal o no, indicó que las autoridades están «comprometidas» a presentar una acusación «fuerte».
SALDRÍA HOY DE NAJAYO
Emery Rodríguez, igual parte de la defensa de Peralta, añadió que será a partir de tempranas horas de la mañana del miércoles en qué se presentarán ante la secretaria del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para obtener el dispositivo y tramitar la salida de Peralta del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
EL CASO CALAMAR
En este expediente, el órgano acusador también imputa al exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; al exministro de Hacienda, Donald Guerrero; al abogado Ángel Lockward, y al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo.
Asimismo, a Roberto Santiago Moquete Ortiz, a Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda; al exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa, y al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Sílver Peña.
También a Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación.
Todos llevan el proceso fuera de las cárceles dominicanas.