SANTO DOMINGO

Al hacer entrega del ranking de cumplimiento del Gobierno a Ley No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, la directora General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), doctora Milagros Ortiz Bosch, expresó que el seguimiento a la transparencia fortalece el derecho a saber que proclama la Constitución en sus artículos 49, 138 y 147.

Explicó que las evaluaciones que realiza la DIGEIG a los Portales de Transparencia de las instituciones públicas, tienen por finalidad comprobar la publicación de las informaciones que se defienden la Ley 200-04 y que obligan a los entes a informar y sustenta el derecho a saber del ciudadano.

Asimismo especificó que los criterios de evaluación se realizan bajo la Resolución No. 002-2021 que crea el Portal Único de Transparencia y establece las Políticas de Estandarización de los Portales de Transparencia, que mide 72 ítems de información referentes a Base legal, Planificación Estratégica, Estructura Orgánica, Declaraciones Juradas de Patrimonio, Nómina, Presupuesto, Compras y contrataciones, Finanzas, Programas asistenciales y estadísticas.

La funcionaria pública manifestó que el caso de Compras y Contrataciones permite establecer el ámbito de esa Dirección General que es el organismo rector y el de la DIGEIG, que es medir y verificar el tiempo de respuesta a las consultas ciudadanas.

“El ranking de Transparencia que se publica permite de forma periódica, la entrega de información pública en formatos estandarizados en una escala de 0 a 100 puntos. Las informaciones publicadas permiten a la ciudadanía, a los medios de comunicación, entidades fiscalizadoras y de control realizar juicios, análisis e investigaciones que fortalecen el sistema de trasparencia”, dijo Ortiz Bosch.

Finalmente, Ortiz Bosch reiteró que seguirán desde la DIGEIG monitoreando la entrega obligatoria de información de los entes públicos a los ciudadanos, como también las publicación permanente y oportuna de las informaciones pública en los portales de transparencia, propugnando por formatos abiertos y reutilizables, para garantizar a la sociedad su derecho de acceso a la información y con ello amparar el tan necesario control del ejercicio del poder.

Al cierre de trimestre julio-septiembre 2023 en comparación con enero-mayo 2021, se elevaron de 34 a 72 los ítems medidos, el nivel de cumplimiento paso de 100 a 211 entidades públicas en el 85 % del cumplimiento.

Mientras que de 128 entidades en incumplimiento en el período enero- mayo 2021, sólo 13 entidades se encuentran entre agosto-septiembre 2023 en incumplimiento, siendo tres de estas del Poder Constitucional o constitucionalizados.

En adjunto la evaluación correspondiente al período julio-septiembre 2023, donde de las 226 entidades públicas evaluadas, 211 se encuentran por encima del 85 %.