Al menos tres de los implicados en la presunta red de crimen organizado desmantelada en la operación Halcón IV han sido condenados previamente a prisión por la actual procuradora general de la República, Miriam Germán Brito.
Ilich Raymundo Báez Ureña, Mariela Martínez y Luis Amauris Pimentel García, hermano de Joel Ambióris Pimentel García (conocido como «La J»), presunto cabecilla de la red, fueron sentenciados por violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas en diferentes fechas y por diferentes períodos de tiempo.
El 1 de octubre de 2012, Luis Amauris Pimentel García recibió una condena de 5 años de prisión, confirmada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago. Fue declarado culpable de tráfico de drogas, en perjuicio del Estado dominicano, de acuerdo con los artículos 4 letra D, 5 letra A, 8 categoría II, acápite II, Código 9041, 9 letra D, 29, 58 letras A, B y C, 75 párrafo II y 85 letra J de la Ley 50-88.
Además de esta condena, Pimentel García enfrenta otros tres procesos penales, dos de los cuales no cumplió, uno perimió y dos siguen abiertos, con una pena adicional de 8 años de cárcel por delitos relacionados con drogas.
Sin embargo, a pesar de ser arrestado en una operación el 17 de noviembre de 2021, fue puesto en libertad a pesar de tener dos condenas pendientes en el sistema. Luis Amauris no figura entre los detenidos en la operación Halcón IV.
Según una fuente confiable citada por el periódico LISTÍN DIARIO, la última información disponible indica que estuvo encarcelado en la cárcel de La Vega. Se está investigando a policías, fiscales, abogados y miembros del Poder Judicial para determinar quién eliminó los antecedentes.
En el caso de Ilich Raymundo Báez Ureña, la sentencia emitida el 17 de mayo de 2013 por la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago lo declaró culpable de violar las disposiciones de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana, en la categoría de traficante. Se le impuso una pena de cinco años de prisión a ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey-Hombres de Santiago, por perjuicio del Estado dominicano.
Mariela Martínez, por su parte, tuvo una solicitud de variación de medida de coerción rechazada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago el 10 de octubre de 2016. Fue declarada culpable de violar las disposiciones de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas en la categoría de traficante y condenada a siete años de reclusión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey-Mujeres.