El abogado de la empresa R&F Agroindustrial Batista y de Felipe Rodríguez, imputados en el caso Coral, denunció que Ministerio Público cobra 38 mil dólares mensuales del alquiler de un invernadero propiedad de su cliente.

Según explicó Plutarco Jaquez, ese dinero debe ser pagado al Banco Agrícola para evitar que el inmueble sea embargado.

«El Ministerio Público está cobrando ese dinero. Se queda con él y entonces el inmueble se está perdiendo y se lo van a ejecutar a mi cliente, cuando el Ministerio Público tiene la obligación de cumplir con todos los compromisos económicos de los bienes que están bajo su custodia para que no se pierdan», manifestó el jurista al hablar con la prensa en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Jaquez sostuvo que el banco está notificando a su cliente con relación a qué si no ejecutan los pagos atrasados procederá a incautar el inmueble.

Añadió que el financiamiento del invernadero demuestra que el imputado Felipe Rodríguez no sustrajo dinero del supuesto entramado de corrupción administrativa, que fue desmantelado mediante la Operación Coral y Coral 5G.

Además, Plutarco Jaquez informó que la jueza titular del Sexto Juzgado de Instrucción, Yanibet Rivas Méndez, recesó la audiencia preliminar para el próximo viernes 9 de junio, donde se espera decida si enviará a juicio de fondo.

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Entre los acusados de la Operación Coral además de Cáceres Silvestre también figuran Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

En tanto que por la Operación Coral 5G, derivada de Coral, son procesados además del general Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío (ARD) Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón.

El proceso también se sigue contra Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.

El órgano acusador presentó cargos en este proceso contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, quienes son acusados de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.

El entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).