La Cámara de Cuentas de la República Dominicana ha detectado irregularidades en los procesos de contratación por un monto superior a RD$55 millones 400 mil en el Gabinete de Coordinación de la Política Social, dirigido por Tony Peña Guaba, durante la contratación de varios artistas dominicanos en diciembre de 2020.

Según el informe de la Cámara de Cuentas, se encontró que la entidad realizó contrataciones a personas que tenían prohibición de contratar con el Estado. Además, no se requirió a los contratistas la certificación de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Tampoco se registraron los contratos en la Contraloría General de la República, como establece la Ley n.° 10-07.

El informe revela que los contratos, por un total de RD$55,400,000, se pagaron en su totalidad al momento de la firma, sin evidencia de la entrega de facturas con Número de Comprobante Fiscal (NCF) Gubernamental. Además, se identificaron errores en el registro de cédulas en los contratos, desembolsos realizados antes de la firma del contrato y la entidad no retuvo el impuesto sobre la renta correspondiente al 10% del monto total.

También se encontraron desembolsos sin la evidencia de certificación de pago de impuestos a la DGII y TSS, así como cheques retirados por particulares sin autorización. Además, se identificaron inobservancias de los controles internos emitidos por la Contraloría General de la República, como la falta de sello de pagado en los desembolsos.

La investigación especial revela que el Gabinete de Coordinación de la Política Social no realizó la publicidad y difusión adecuadas del proceso de excepción, lo que infringió los principios de igualdad, libre competencia, equidad y participación. También se observó que el perito designado no firmó las especificaciones técnicas, como lo establece el Reglamento de Aplicación de la Ley n.° 340-06.

Además, se detectó que el Comité de Compras y Contrataciones del Gabinete de Coordinación de la Política Social no estaba debidamente constituido en las resoluciones y actas, ya que no incluía al Consultor Jurídico ni al responsable del área de Planificación y Desarrollo, o sus equivalentes.

Estas irregularidades demuestran la falta de transparencia, participación e igualdad en el proceso de contratación del Gabinete de Coordinación de la Política Social, según el informe de la Cámara de Cuentas.