La Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional conoce hoy el recurso  sometido por el Ministerio Público (MP) a la sentencia que descargó a imputados en el caso Super Tucano.

El fallo descargó al mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa; al coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FARD), al empresario Daniel Aquino Hernández y las firmas 4D Business Group y Magycor, acusados de recibir sobornos para la comprar de los ocho aviones en el año 2007.

En dicha audiencia, los jueces Doris Pujals, Ramona Rodríguez y Rafael Baez, escucharán los alegatos del órgano persecutor sobre los elementos probatorios que no fueron tomados en cuenta por el tribunal Colegiado que conoció el caso en juicio de fondo.

Luego de esto, la defensa técnica tendrá la oportunidad de argumentar los señalamientos por el Ministerio Público.

El 30 de mayo del año 2022 , el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional integrado por las juezas Arlín Ventura Jiménez (presidenta), Leticia Martínez Noboa y Milagros Mercedes Ramírez Cabrera declaró no culpables a los imputados ya mencionados.

En ese momento el Ministerio Público pidió al tribunal la imposición de 10 años de prisión para Peña Antonio, Piccini Núñez y Aquino Hernández, por la comisión de los delitos que les fueron imputados. Igualmente, solicitó el pago de una multa consistente en US$ 7 millones.

También, contra cada una de las compañías solicitó el pago de una multa de 100 salarios mínimos.

Este proceso se inició en el año 2016, pero no fue hasta el 2017 que el órgano persecutor presentó la acusación de manera formal.

En el expediente del Ministerio Público establece que la empresa Embraer, admitió la entrega de sobornos, razón por la cual fue condenada en 2018 al pago de 7 millones 40 mil dólares al Estado dominicano.

Según la documentación sobre la investigación en este caso se rastreo transferencias de dinero en el país y en el exterior, también cuenta con un análisis y verificación de patrimonios. Asimismo, tiene examen a movimientos de cuentas bancarias, al igual que la localización e indagatoria sobre el origen de bienes de los imputados.