Gonzalo Castillo, excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en 2020, sometido a la justicia por el caso de corrupción denominado operación Calamar, podría enfrentar nuevos cargos penales por otros supuestos actos de corrupción por más de RD $5,700 millones.
Este nuevo caso está ligado a la gestión de Gonzalo Castillo en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (2012-2019).
El pasado año 2022, la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA) solicitó a la Cámara de Cuentas de la República (CCRD) una investigación especial o auditoría al programa de asfaltado de calles ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas durante la administración de Gonzalo Castillo, en los gobiernos de Danilo Medina.
Una fuente jurídica indica que en caso de que el segundo sometimiento sea introducido luego de que el primer proceso haya concluido con una condena definitiva o la absolución; entonces el juez que conozca el caso de Obras Públicas tendrá la potestad de imponer la pena que corresponde, con la salvedad de no juzgar los mismos hechos de la primera causa, en virtud del principio Non bis in ídem ( un sujeto no podrá ser sancionado dos veces por la comisión de los mismos hechos)
Gonzalo Castillo guarda prisión domiciliaria imputado en la Operación Calamar; el escandaloso caso de corrupción que envuelve una suma total de más de RD$19 mil millones, de los cuales RD $704,298, 350 que debieron ir a las arcas del estado, se desviaron para la campaña presidencial del PLD en 2020.
En el expediente de la Operación Calamar no está incluida la malversación de fondos públicos documentados en la auditoría de la Cámara de Cuentas, relacionada a los contratos en los asfaltados de calles ejecutados en la gestión de Castillo en Obras Públicas.
Conforme al Artículo 29 de la Ley 76-02 que instituye el Código Procesal Penal establece que la acción penal pública corresponde al Ministerio Público, por lo que el sometimiento judicial de funcionarios o exfuncionarios entra en la esfera del monopolio exclusivo del órgano persecutor del Estado; Que, en este caso, corresponde al PEPCA.
La experticia atribuye, entre otras irregularidades, a la gestión de Gonzalo Castillo al frente de Obras Públicas, las anomalías financieras y violaciones legales cometidas en los contratos de suministros de materiales asfálticos AC-30 por la suma de 325 millones 830,826.
La fuente consultada por periodistas de Acento señala que nada impide que un funcionario o exfuncionario sea sometido a la justicia por un nuevo caso.
“No está permitido al Juez aumentar la cuota de la pena en adición a la del proceso anterior, sino que sólo puede imponer para ambos procesos la pena que sea mayor, en virtud del principio de no cúmulo de pena que rige en nuestro ordenamiento jurídico”, precisa la fuente.
A casi un año de la entrega de la auditoría a la gestión de Gonzalo Castillo, todavía la Procuraduría de Persecución a la Corrupción Administrativa no ha calificado la misma a través de una investigación forense.
Los contratos fraudulentos
Los contratos para suplir el asfalto fueron adjudicados a la empresa General Supply, Corporation, que según los auditores de la CCRD al momento del convenio con el Estado carecía de licencia para operar en el mercado del petróleo y sus derivados, en violación al decreto 307.01.
La auditoría indica que las contratas fueron suscritas con la empresa General Supply Corporation entre 2016 y 2017, «sin el proceso de contratación correspondiente».
Asimismo, la Cámara de Cuentas identificó pagos en exceso en los tres contratos investigados, que suman 1,275 millones de pesos; mientras que el Estado dejó de percibir impuestos por cerca de 172 millones de pesos debido a estas operaciones.
También el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)pagó 3,500 millones de pesos al Banco de Reservas, que financió varias obras, sin los debidos soportes para justificar los pagos.
Durante la investigación especial, los auditores confirmaron también transferencias del Ministerio de Hacienda por RD $728 millones 020, 570, sin que Obras Públicas dispusiera de planificación presupuestaria para la compra de cemento asfáltico en ese momento.
Asimismo, la CCRD detectó diferencia entre la partida facturada de la empresa General Supply, Corporation y la cantidad importada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en 2016.
La compañía suplidora de asfaltos reportó facturas por 9 millones 469, 808 galones, mientras que la importación de material de asfalto AC-30 durante el periodo 2016-2020 fue de 6 millones 585,185 galones, estableciendo una diferencia de 2 millones 884, 626 galones, suministrado en exceso en comparación a la cantidad importada.
En las 94 Páginas de la investigación especial se detectó otras anomalías, como pago en exceso al monto contratado sin justificación por valor de RD$484 millones 117,400; excedentes de cantidad sin evidencias de ajuste de precios por el monto de RD$ 3 millones 767,329, y desembolsos sin certificado de la DGII y TSS por RD$ 422 millones 992,993, según subrayan los auditores.
Asimismo, la CCRD cuestiona operaciones no transparentadas en el pago de líneas de crédito suscrito entre el Ministerio de Obras Pública y el Banco de Reserva por monto de RD$ 3500000.00, que establece la retribución del 10% en calidad de gasto por servicios de diseño, administración e implementación del programa.