Santo Domingo, RD
El abogado Ángel Lockward consideró una falacia las declaraciones de la fiscal la Procuraduría Especializada Contra la Procuraduría Administrativa (Pepca), Rosa Alba García, de que han sido infructuosas las estrategias de la defensa legal del jurista por debilitar la investigación del Ministerio Público en su contra, en su empeño por llevar al Tribunal Superior Administrativo (TSA) elementos que se deben conocer en la jurisdicción penal.
En un comunicado emitida en respuesta a la fiscal, Lockward puntualizó que tras rechazarle el sobreseimiento de la demanda en nulidad que él interpuso contra un informe de la Contraloría sobre el pago de expropiaciones, el TSA estableció su competencia constitucional, tras ocho audiencias.
Dijo que la Pepca y la Contraloría siempre solicitan aplazamiento, para que el proceso nunca se conozca.
“En consecuencia, decir al país, a través de la prensa que quiero llevar lo penal a lo administrativo, es una falacia: porque es al revés, han querido con documentos administrativos cuya falsedad se conoce, montar un expediente penal, a sabiendas y, eso sí que es grave.”, expresó Lockward.
Señaló que el público presente en la audiencia escuchó, que en su escrito de defensa, la PEPCA solicitó al tribunal que se rechace la demanda porque el informe es de mero trámite, tal y como han sostenido los autores, la Contraloría y la Procuraduría General Administrativa.
“Entonces, cómo es que con un borrador se han solicitado 8 medidas a la jueza coordinadora de instrucción a lo largo de más de un año en contra de más de 200 personas que ni siquiera saben que les están investigando.”, acotó.
Expresó que esa situación debe estar llenando de vergüenza a la procuradora general Miriam German Brito, a quien definió como una jueza digna.
Manifestó que todo dominicano sabe, sin ser abogado, que los actos administrativos se atacan en la jurisdicción contenciosa administrativa conforme al artículo 165 de la Constitución y a las leyes 1494, 13-07 y 107-13.
“También sabe, que con un borrador no se debe ir a donde ningún juez a buscar órdenes en contra de los ciudadanos, diciéndole – falsamente- que se trata de un acto administrativo – definitivo- eso es un fraude procesal que ni en Haití se comete.”, afirmó.
Cree que la República está de cabeza, porque se ha permitido que el Estado de derecho se haya subvertido y, el terror judicial no deje dormir a las personas.
Dice que “todo, basado en auditorías falsas de su administración mandadas a hacer para persecución, lo que ha destruido el clima de convivencia política que requiere nuestro país”.
Indicó que ha visto con asombro las declaraciones de la fiscal de la PEPCA sobre la demanda en nulidad que conoce el TSA en contra del borrador de informe preparado por auditores de la Contraloría sobre el pago de expropiaciones.
“Respetuoso de los jueces, no di declaraciones al salir de la audiencia el viernes, pero, siendo pública, todos los abogados y jueces presentes escucharon que la solicitud del PEPCA de que se sobreseyera el conocimiento de la misma, fue rechazada por el tribunal mediante sentencia número 0030-03-2022-TSEN 00029 del fecha 16 de diciembre del 2022, es decir, el tribunal entendió que debía conocerse el recurso y el PEPCA no tenía razón en derecho.”, aseguró.