El juez Deiby Peguero de dictó, en favor del Estado, mediada de coerción por más de 445 millones de pesos en contra de los imputados del caso Pulpo.

El juez explicó que, independientemente de que existan garantía económica de 60 millones o 20 millones dispuestas como medida de coerción a algunos imputados, así como secuestro de bienes por parte del Ministerio Público de cara al hipotético decomiso, la coerción real tiene un fin específico: retener los fondos para la hipotética indemnización del Estado como actor civil.

En este sentido el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público considera que con esta decisión se abrió un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción administrativa, debido a que por primera vez en procesos judiciales de esta naturaleza se ha emitido una decisión que embarga bienes y recursos económicos para garantizar la indemnización a favor del Estado. Calificaron como positivo la disposición de enviar a juicio a los implicados que no llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público.