La Procuraduría General de la República fue apoderada de una denuncia contra el procurador general adjunto Francisco Contreras por dos empresas de inversionistas españoles que poseen terrenos turísticos en Punta Cana. 

Los empresarios solicitan llevar ante el Consejo Superior del Ministerio Público al procurador general adjunto para el medio ambiente acusado de actuaciones ilegales. Dicen que con apoyo de la fuerza pública desconoce una decisión de la Suprema que ordena el desalojo de ocupantes ilegales de su propiedad. 

Las empresas perjudicadas por las actuaciones arbitrarias e ilegales de dicho funcionario del Ministerio Publico presentaron formal denuncia. Pretenden que se inicie la correspondiente investigación y el consecuente proceso disciplinario.

El procurador adjunto Contreras debe abstenerse de intervenir, en forma alguna, directa o indirectamente, en los conflictos que sostienen las sociedades propietarias de los terrenos en Cabeza de Toro. Los conflictos son con los intrusos, invasores y ocupantes ilegales de dichos terrenos, bajo cualquier pretexto.

El desalojo, realizado por YUPA SRL y Paraíso Tropical, C. POR A., autorizado por la Fiscalía de Higüey, se produjo el 12 de noviembre del año pasado. Pero el 17 del mismo mes Francisco Contreras se presentó en el lugar con un miembro del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA).

Las empresas propietarias de los terrenos, explican, cuenta con todos los permisos y autorizaciones para controlar el acceso de invasores, intrusos u ocupantes. También para evitar que organizadores de viajes de ilegales accedan a los terrenos y a la playa del litoral en vehículos. Esto está prohibido por ordenanzas del Ministerio de Turismo.