Santo Domingo, RD

Después que  la Procuraduría General de la República y el pleno de la Junta Central Electoral  (JCE) acordaron designar a una fiscal  ante el órgano electoral para enfrentar las infracciones contra el registro civil dominicano,  a principio de 2021, decenas de personas han sido arrestadas y sometidas a la justicia,  acusadas de suplantación de identidad y documentos falsos. 

En abril pasado, el presidente de la JCE, Román Jaquez Liranzo, informó que los tribunales de Atención Permanente  habían  impuesto medidas de coerción a 15 personas,  arrestadas en cinco  operativos destinados a desmontar redes que se dedican a incurrir en delitos contra el registro civil.

A ese grupo se suman las 11 personas que el Tribunal de Atención Permanente de Barahona le impuso,  esta semana,  medidas de coerción de prisión preventiva, garantía económica y presentación periódica. 

Ese grupo está compuesto por  cinco dominicanos y seis extranjeros, ilegales. Entre los dominicanos hay tres empleados de la JCE.

Conforme a un comunicado de la Dirección de Comunicaciones de la JCE,  el arresto de ese grupo  se produjo tras una labor de inteligencia desarrollada durante varios meses en las comunidades  Vicente Noble, Galván, Tamayo y Neiba.

Indicó que en el operativo participaron las direcciones de Seguridad Civil, Inspectoría, Cedulación y Consultoría Jurídica de la Junta, el Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público adscrito a la JCE para asuntos de Registro Civil.

Hace unos meses, el presidente de la JCE  afirmó que el actual Pleno tiene un compromiso con el Registro Civil y con la tolerancia cero a la vulneración de la identidad. 

Dijo que el propósito es  lograr la pena máxima de 10 años por esos ilícitos contra el registro civil dominicano.

Cancelación de cédula

En un año y medio, el Pleno de la JCE dispuso la cancelación de 1,673 cédulas de identidad y electoral, debido a que fueron obtenidas incurriendo en suplantación y falsedad de datos del registro civil.

La JCE anuló  975 cédulas por usurpación de identidad, de las cuales en 168 casos los suplantadores usaron los datos de personas fallecidas. Mientras, por falsedad de datos fueron canceladas 698.

Las cancelaciones de los documentos fueron dispuestas desde noviembre del 202 hasta mayo del 2021, durante  la actual gestión de la JCE, que preside el magistrado Román Jáquez Liranzo. 

Las modalidades

En una entrevista concedida a Listín Diario, en marzo pasado,  la fiscal adscrita a la JCE, Esther González,  explicó las diferentes modalidades que usan los suplantadores de identidad. Entre esas modalidad figuran  matrimonios y defunciones falsas. 

Explicó que  González puntualizó que los suplantadores suelen  utilizan documentos que no están en movimiento. Indicó que  hay padres que facilitan a terceros  el acta de nacimiento de hijos fallecidos, porque no declararon la muerte;  y que la propia madre ha cedido el acta de nacimiento de un hijo “por dinero, o por pena”.

Medidas de coerción  

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso un año de prisión preventiva  al haitiano Linto Tragelhomme Sanon.

Según el Ministerio Público, adscrito a la JCE, el imputado fue a la Oficialía del Estado Civil de Villa González, donde  intentó obtener la cédula de identidad a nombre de Kelvys de Jesús Ynoa Martínez, utilizando un documento de identidad, falso, que adquirió de un buscón y/o tributario, a quien habría pagado 5,000 pesos.

Estableció  que luego de verificar la documentación en el sistema, se detectó la falsedad del documento.

Noviembre de 2021

El juez Pablo Imbert, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, envió a prisión preventiva, por tres meses,  al haitiano Francois  Onel, por intentó de adquirir una cédula de identidad en el país, usando el acta de nacimiento del dominicano Clinton César Rodríguez Matos, quien falleció cuando era menor de edad.

A la señora Francisca Matos Matos, de nacionalidad dominicana,  madre del menor,  también se le impuso  presentación periódica ante el Ministerio Público los días 30 de cada mes, por un período de seis meses, e impedimento de salida del país. 

Octubre de 2021

 La jueza de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero Severino,  dictó medidas de coerción al haitiano Deiby Joseph o Deivy,  consistentes en el  pago de una garantía económica de RD$20,000 y presentación periódica,  por  delitos de suplantación de identidad y uso de documentos falsos en el Distrito Nacional.  

Sanción penal

El  tribunal de Hato Mayor  condenó a Fernelis Batista Santos a cinco años de “sanción penal bajo reglas”, luego que el  hombre de nacionalidad haitiana admitiera  haber incurrido  en los delitos de suplantación de identidad y uso de documentos falsos.

Legalidad

Los sometimientos realizados por la fiscal adscrita a la Junta Central Electoral, Esther González Peguero, se basan en los artículos 147 y 148 del Código Penal Dominicano y el artículo 14 de la Ley 8-92, sobre Cédula de Identidad y Electoral.