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Entre finales de 2021 y el transcurso del presente mes de julio, la sociedad dominicana ha cargado con al menos cuatro aumentos en las tarifas de la energía eléctrica que consumen, luego de que la Superintendencia de Electricidad (SIE) anunciara el desmonte “gradual” del subsidio en un periodo que coincide con un progresivo incremento económico en la nómina de la referida entidad.

De acuerdo con los reportes de compensación del personal  de la institución, los más de 500 empleados fijos distribuidos en las distintas sucursales, comenzaron a registrar la crecida en sus salarios en septiembre del pasado año y dos meses después los sueldos volvieron a incrementarse.

En consecuencia, el máximo representante de la SIE, Rafael Anibal Velazco Espaillat inició su periodo como superintendente, el 20 de agosto de 2020, con una remuneración salarial de 596,546 pesos para luego ganar RD$ 653,219, hasta alcanzar finalmente RD$ 751,201.

El también presidente del consejo administrativo de la referida entidad, tuvo un aumento salarial de 154,655 pesos en un periodo de 11 meses, en el mismo lapso se acrecentaron en 115,733 pesos los sueldos de los miembros del consejo, Diógenes Rodríguez Grullón y Aura Mireya Caraballo Castillo.

Tanto Rodríguez Grullón como Caraballo Castillo pasaron de RD$ 446,412 a RD$ 488,822 y posteriormente a 562,145 pesos.

Cada uno de estos tres ejecutivos recibe más que el propio presidente de la República, Luis Abinader, cuyo salario está fijado por ley en 450,000 pesos, vulnerando así la Ley 105-13 sobre regulación salarial dominicana.

El artículo 5 de esta ordenanza señala que “ningún servidor público del Estado dominicano, podrá devengar un salario mayor al del titular o titulares de los poderes del Estado, de los órganos y entes de origen constitucional, de los entes y órganos dependientes o vinculados al Poder Ejecutivo para la que labora. Asimismo, ningún servidor público, devengará un salario mayor al que perciba el cargo inmediatamente superior”.

En ese mismo sentido, el artículo 140 de la Constitución, sobre regulación de incremento de las remuneraciones, dispone que “ninguna institución pública o entidad autónoma QUE maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados. La inobservancia de esta disposición será sancionada de conformidad con la ley”.

Cada monto que ahora perciben mensualmente los integrantes del consejo excede, incluso, el total de los recursos destinados para el pago de los honorarios de departamentos completos de la SIE, como es el caso de la división de transportación, en la que se destinan RD$ 513,636 para los empleados listados en la nómina, según se comprueba en la de de junio de 2022; y el de compras y contrataciones con RD$ 475,509.

Otras diferencias abismales se evidencian en las delegaciones completas de las Oficinas de Protección al Consumidor (Protecom) de Azua, que absorbe RD$ 534,978 para el pago de sus servidores; Barahona, RD$ 303,300; La Romana, RD$ 390,719; La Vega, RD$ 474,415; Puerto Plata, RD$ 398,220; y San Pedro de Macorís, con RD$ 449,723, todas sumas inferiores a las que cobra cada uno de los altos funcionarios.

FUENTE: LISTÍN DIARIO