SANTO DOMINGO

La directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, aseguró  este jueves que los allanamientos y arrestos a vinculados a la operación Falcón continuarán  y advirtió que «el imputado que quiera seguir corriendo que corra, pero nosotros vamos a seguir ocupándoles sus propiedad ilícitas».

Reynoso confirmó que este jueves el Ministerio Público realizó varios allanamientos en diversas provincias, en los que dijo ocupó evidencias y  bienes que redoblan  el hecho que hemos establecido de que hay  una investigación y un proceso que está jurídica y técnicamente  blindado, en cuanto a las pruebas que sustentan las imputaciones del caso.

«Nosotros vamos a seguir allanando y arrestando a todo el que tenga vínculos en este proceso sea militar, civil, de la naturaleza que sea», sostuvo.

“La Operación Falcón desde el día uno que se materializó, no ha cesado. Continúan los allanamientos, continúan los arrestos”, sostuvo.

En la Operación Falcón, el Ministerio Público y los órganos de seguridad del Estado se emplearon a fondo, con la cooperación de la Administración de Control de Drogas (DEA), en el uso de herramientas tecnológicas para la investigación que dio seguimiento a la amplia red transnacional dedicada al narcotráfico y al lavado de activos.

Los investigadores determinaron que los integrantes de la organización se comunicaban mediante varias aplicaciones de mensajería instantánea y, con la pericia de los fiscales y de los agentes antinarcóticos, las autoridades lograron obtener información de inteligencia que permitieron la desarticulación de la red del crimen organizado que operó por más de 15 años a la sombra de la justicia dominicana.

Reynoso resaltó que la jueza Iris Borgen avanza en el conocimiento de la medida de coerción que recesó este jueves cerca de las 7:00 de la noche.

“A la defensa le ha resultado imposible rebatir, en base a argumentos jurídicos sostenibles, la acusación tan fuerte y la investigación que ha hecho el Ministerio Público sobre esta red”, enfatizó.

Reiteró que la organización criminal movía cientos de millones de dólares en varios países y se constituyó en una de las principales redes de criminales que operaban en Iberoamérica.

Enfatizó que el Ministerio Público está preparado para todo el proceso de conocimiento de la medida, aunque la jueza dispuso un receso. La audiencia continúa este viernes, a las 9:00 de la mañana.

Durante los allanamientos de este jueves fueron apresados Alejandro Rafael Pérez Pérez y Clarisa Andreina Mosquea Eduardo, padrastro y hermana, respectivamente,  de Erick Randhiel Mosquea Polanco,  cabecilla de la red de narcotraficantes  y lavado de activos desarticulada a principio de mes durante la Operación Falcón, y otros miembros de la red.

Una fuente confirmó a El Día que los allanamientos forman parte de las pesquisas para dar con el paradero de Erick Randhiel Mosquea Polanco,  cabecilla de la red de narcotraficantes  y lavado de activos desarticulada a principio de mes durante la Operación Falcón, y otros miembros de la red.

La red del crimen organizado desmantelada durante la Operación Falcón, que operaba principalmente desde Santiago, llegó a acumular inversiones del lavado de activos por al menos 10,000 millones de pesos. Esta red para el  2012 ya traficaba hasta 2,500 kilos de cocaína a la semana, según el Ministerio Público.

Según estimaciones de las autoridades nacionales e internacionales, los miembros de la red lavaron cuantiosas sumas de dinero y “traficaron cientos de miles de kilos de drogas hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, y movilizando más de 500 millones de dólares producto de esa actividad criminal”. Así consta en expediente depositado por el fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla Hiraldo,  en la solicitud de medida de coerción contra los imputados que apresaron durante el operativo.

Las informaciones preliminares del Ministerio Público apuntan a que la red de narcotráfico operaba incluso antes de 2012 y que existen evidencias de que a partir de 2017 incrementó sus operaciones.

“Entre República Dominicana y Puerto Rico se le decomisaron aproximadamente 8,500 kilos de cocaína, lo que evidencia el clima de impunidad en el que desempeñaban sus operaciones delictivas”, dice la solicitud de coerción.