El reciente desmantelamiento de una alegada red de narcotráfico y lavado de activos bajo la Operación Falcón, en la cual el Ministerio Público involucra a legisladores y otros políticos, ha encendido un debate en redes sociales sobre la responsabilidad que deben tener los partidos para impedir ser financiados por personas vinculadas a actos ilícitos.
Diario Libre, con el hashtag #NarcoProtegidos, los cibernautas critican a los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM) y los acusan de proteger a personas supuestamente involucradas en el negocio de las drogas.
“Es increíble como el PLD estaba convirtiendo a nuestro país en un completo narco Estado, con razón tenían a los #NarcoProtegidos”, dijo la usuaria @AngelicaQ09 en su cuenta de Twitter, en reacción a la noticia que publicó Diario Libre de que Ana Margarita Collado Marte, una alegada imputada en la Operación Falcón, laboró para el despacho del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.
“El pueblo necesita una explicación, ustedes fueron advertidos y se hicieron lo ‘chivo’ loco’”, afirma la cuenta @RDBajoLupa, haciendo referencia a que el partido de Gobierno estaba advertido sobre las andanzas de algunos de sus miembros.
Uno de los principales imputados de la Operación Falcón es Juan Maldonado Castro, quien hasta el miércoles pasado, cuando fue detenido, se desempeñaba como director de la dependencia gubernamental Comunidad Digna, cargo del que fue “suspendido provisionalmente” por el presidente de la República, Luis Abinader.
Además, según el expediente del Ministerio Público, el cabecilla de la red de narcotráfico perseguido por la Operación Falcón, Erick Randhiel Mosquea Polanco, financió la campaña completa del diputado Nelson Marmolejos Gil, del PRM por Santiago.
“Están saliendo los trapitos de los #NarcoProtegidos”, dijo @hilario_olmo.
En el expediente para la solicitud de la medida de coerción y la declaratoria de complejidad del caso Falcón, el Ministerio Público afirmó que una persona identificada como Pirrín (apodo alegadamente usado por el diputado Héctor Feliz Feliz) recibió un millón de pesos del lugarteniente de la red de narcotráfico, Juan José de la Cruz Morales, quien aceptó ser extraditado hacia los Estados Unidos.
Al legislador Feliz Feliz las autoridades judiciales también lo acusan de que trató de transportar a un extraditable del caso de la Operación Falcón (Juan Maldonado Castro), con lo que pretendía impedir que fuera arrestado.