En el año 1994 el país vivió una seria crisis política que encontró su solución con una reforma constitucional en la que se estableció el recorte a dos años del período presidencial, ya que se había determinado que el presidente candidato Joaquín Balaguer habría incurrido en un fraude y fue necesaria esa salida ante la resistencia del mandatario a reconocer tal acusación.

Otros aspectos incluidos en esa reforma constitucional fue la eliminación de la reelección presidencial y el establecimiento de una mayoría absoluta (50% más un voto) para poder ganar las elecciones, debido a que se ganaba con mayoría simple. Con ese método, si ningún candidato alcanza el 50% más uno, se convoca a una segunda vuelta con dos aspirantes.

En 1994 Leonel Fernández fue candidato vicepresidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y para 1996 fue como candidato presidencial enfrentando al líder del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), José Francisco Peña Gómez.

En esas elecciones ninguno de los candidatos alcanzó el 50% de los votos, por lo que fue necesaria una segunda vuelta en la que el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), liderado por Joaquín Balaguer, apoyó a Fernández y así logró superar en votos a Peña Gómez y alzarse con la victoria.

La reforma constitucional de 1994 benefició directamente a Fernández.

La gestión de Fernández se desarrolló de 1996 al 2000. En esos cuatro años no se tocó la Constitución. Luego, en 2002, durante el período presidencial de Hipólito Mejía por el PRD (2000-2004), se modificó la Constitución para restablecer una reelección presidencial y que luego de dos períodos el presidente saliente no vuelva a ser candidato.

Con esa reforma, el presidente Mejía trató de reelegirse, pero perdió y el presidente Fernández volvió a ocupar la Presidencia en el 2004. Para el año 2008, Fernández buscó la reelección y ganó, apoyado en la reforma constitucional que hizo Mejía.

Por segunda ocasión, el presidente del PLD se benefició de una reforma constitucional que no fue promovida por él.
En 2010, durante la gestión de Fernández, se produjo una gran reforma de la Constitución. Se puede decir que se hizo una Constitución nueva con el consenso de prácticamente todas las fuerzas políticas, sociales y económicas del país.

Para esa reforma el presidente Fernández tuvo que pactar con Miguel Vargas Maldonado, entonces principal figura del todavía poderoso PRD, ya que necesitaba los votos de ese partido en el Congreso.

Vargas Maldonado pactó poniendo como condición que volviera a eliminarse la reelección en la Constitución y que se restableciera la posibilidad de que un presidente pudiera volver a aspirar al puesto luego de al menos un período presidencial fuera del poder. Es decir, se eliminó el llamado “nunca más”.

En el año 2012, con esa reforma constitucional, Fernández no podría reelegirse nuevamente, pero sí tenía abiertas las puertas para volver a aspirar en 2016, lo que intentó, pero no pudo porque en 2015 el presidente de turno, Danilo Medina, modificó la Constitución para restablecer la reelección por un período más, aunque incluyendo un artículo en el que particularmente él no puede volver a ser candidato presidencial nunca más.

Aunque Fernández se vio limitado a volver a aspirar a la Presidencia de la República en 2016 por la reforma que promovió Medina para reelegirse, resulta que ahora, para el 2020, sí está habilitado, mientras que el mandatario actual no puede.

En caso de que no haya una nueva reforma constitucional para habilitar al presidente Medina, entonces Fernández se estaría beneficiando nuevamente de una modificación, la de 2015, que no fue promovida por él.

En resumidas cuentas, al analizar las reformas de la Constitución dominicana de los últimos 25 años, veremos que Leonel Fernández es quien más se ha beneficiado de esos cambios sin ser él quien los haya promovido.

En tanto que, de los cuatro presidentes que han dirigido el país en el último cuarto de siglo, Fernández es quien más ha respetado la Carta Magna, pues la reforma que se realizó en su gestión fue la única que contó con un consenso general y que no se cambió exclusivamente para un tema de interés electoral particular.

Por Esteban Delgado