¿Un contrato de papel mojado?
Semáforos en rojo, justicia por mano propia y el derrumbe de la confianza en las instituciones: la radiografía de una sociedad que camina al límite.
Por Ezequiel Roman Marini
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Tomarse un colectivo en hora pico, esquivar autos que aceleran ante el semáforo en rojo o ver peatones cruzando en manada desafiando cualquier norma de tránsito, se ha vuelto postal cotidiana de nuestra rutina. Las calles se han transformado en un escenario de hostilidad permanente, donde la intolerancia al volante es la regla y las noticias sobre intentos de justicia por mano propia ya ni siquiera nos asombran. Vivimos en un estado de crispación colectiva donde el espacio público parece una zona de guerra de baja intensidad.
Ante este panorama, la tentación inmediata es echarle la culpa a la crisis económica. Sin embargo, reducir el problema al bolsillo es un diagnóstico perezoso. Lo que estamos viviendo no es un simple pico de estrés financiero o un bache político pasajero; es un colapso estructural. Esa violencia cotidiana en las esquinas, esa desconexión con la norma, es el síntoma visible de algo mucho más grave: la ruptura silenciosa del contrato social que nos mantiene unidos como comunidad. La desconfianza no nace en el vacío ni es un fenómeno abstracto. Se construye todas las mañanas cuando el ciudadano choca de frente contra un estado ausente en sus funciones más básicas y elementales.
El primer pacto roto está en la seguridad. La sensación de desamparo en los barrios no es paranoia; responde a la percepción de una lucha deficiente, casi resignada, contra el avance del narcotráfico y el crimen organizado, que ganan territorio ante la mirada pasiva o la complicidad de sectores de las fuerzas policiales. Cuando los uniformes que deberían proteger se asocian a la corrupción y las comisarías se perciben como zonas liberadas, el vecino percibe que está solo. La calle deja de tener ley. El sistema de salud pública y el educativo completan el cuadro de este derrumbe estructural. Hospitales en picada, guardias colapsadas donde conseguir un turno es una odisea, y la falta de insumos básicos pulverizan el derecho a la salud. Al mismo tiempo, la educación pública —históricamente el gran orgullo y motor de la movilidad social de nuestro país— sufre una caída libre en cuanto a su calidad. Edificios escolares deteriorados y contenidos desactualizados provocan que la escuela ya no sea percibida como la garantía de un futuro mejor, sino como un contenedor social de emergencia.
Lo más dramático de este panorama es la pesada certidumbre de que estos problemas no son nuevos: están arraigados desde siempre. Los nombres en los despachos cambian, las promesas de campaña se renuevan, pero las deficiencias estructurales permanecen intactas, profundizandose gestión tras gestión. Es esta acumulación histórica de promesas incumplidas lo que destruye la fe en las instituciones. El ciudadano común no se alejó de la política por apatía; se alejó porque aprendió que, sin importar quién gobierne, las respuestas básicas nunca llegan. Las postales de descontrol que se viven en la calle no son percepciones subjetivas; están firmemente respaldadas por la frialdad de los indicadores de la opinión pública de este año.
El primer síntoma de alarma aparece en la economía doméstica, que actúa como el combustible de la intolerancia social. El informe nacional "El estado del debate público", elaborado de forma conjunta por las consultoras TresPuntoZero y Alaska Consultores sobre una muestra de 1.200 casos en todo el país, arrojó una cifra contundente: el 59% de los encuestados afirmó que ya llegó a su límite de tolerancia y que no puede esperar más para ver mejoras en sus ingresos o salarios. La analista y directora de la medición, Shila Vilker, explica el fenómeno advirtiendo un cambio de eje crítico en el malestar: la demanda social mutó del miedo general a la inflación, hacia la urgencia microeconómica de los bajos salarios. Cuando la guita no alcanza ni para lo básico, la paciencia civil se agota y el humor social transita hacia un agotamiento crónico.
Un contrato social exige, por definición, confiar en las instituciones que deben administrar y arbitrar los conflictos. Sin embargo, los termómetros institucionales muestran un desgaste severo. El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), que publica mensualmente la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) sobre un universo de 1.000 casos efectivos en 39 localidades, registró en su última medición una caída del 1,6%, encadenando su quinta baja consecutiva en lo que va del año y acumulando una retracción del 19,2%
Si miramos el Poder Judicial, el escenario histórico de sospecha, completa el cuadro de desamparo. Aunque el Índice de Confianza en la Justicia elaborado por la UTDT y FORES (Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia) mostró leves mejoras técnicas en sus componentes conductuales hacia fines del año pasado, el subíndice perceptual —el que mide cómo evalúa el ciudadano común el funcionamiento real del sistema— sigue planchado en la desconfianza: históricamente, más de 8 de cada 10 argentinos consideran que la Justicia es poco o nada confiable.
La ecuación matemática es tan clara como peligrosa: con un 59% de la población al límite de su resistencia económica, una caída acumulada de casi el 20% en la confianza hacia el Poder Ejecutivo, y un descrédito crónico en el Poder Judicial, el pacto comunitario se desvanece.
Cuando el ciudadano percibe que el Estado ya no es capaz de garantizar el bienestar ni de aplicar castigos justos, las reglas de convivencia pierden su valor. Es en ese vacío institucional donde la calle se autogestiona bajo la ley del más fuerte y donde los alarmantes episodios de justicia por mano propia dejan de ser hechos aislados para convertirse en el reflejo de una sociedad que empezó a romper el pacto de raíz. La historia nos demuestra que las sociedades no se destruyen únicamente por catástrofes externas; se desmoronan desde adentro cuando sus miembros dejan de creer que el destino del otro está atado al propio. La consecuencia directa de naturalizar el caos en el transporte, la corrupción institucional, el deterioro de la escuela pública y los brotes de justicia por mano propia no es la libertad absoluta. Es el cinismo democrático y la anarquía. Si permitimos que el contrato social se rompa por completo, lo que queda al final del camino es la ley de la selva, un escenario donde siempre terminan perdiendo los más vulnerables. No podemos resignarnos a habitar el mismo suelo bajo la lógica del "sálvese quien pueda", transformados en una masa de individuos aislados y hostiles que solo comparten el territorio por accidente geográfico. Refundar este pacto ya no es una utopía romántica de manual de ciencia política; es una urgencia de supervivencia comunitaria. Exige que la política deje de mirar su propio ombligo y empiece a resolver las deudas estructurales que arrastramos desde siempre. Pero también nos exige a nosotros, como ciudadanos, volver a mirarnos a la cara en la calle y acordar cuáles son las reglas mínimas que nos debemos para convivir en paz. De lo contrario, seguiremos caminando a ciegas por la ciudad, esquivando semáforos en rojo, hasta que ya no quede ninguna comunidad que salvar.