Reforma de la Ley de Salud Mental: Entre una ley obsoleta, la solución que quiere dar el gobierno y su oposición

En 2010, se sancionaba la Ley de Salud Mental durante el mandato de Cristina Kirchner. Considerada una de las más avanzadas de la región, tenía como objetivo la prohibición de los manicomios para reemplazarlos por algo más laxo a través de comunidades interdisciplinarias, respetando los derechos humanos y centrándose en la autonomía del paciente. Sin embargo, a pesar de las expectativas que se tenía, ya pasó más de una década en la cual, hasta el día de hoy, su implementación enfrenta obstáculos en la aplicación concreta del tratamiento de los pacientes psiquiátricos. Algunos de los conflictos que tiene la ley actual es que, a pesar de que en la letra chica se habla de inclusión, escucha, tratamiento ambulatorio y de la prohibición de internaciones prolongadas, su implementación real ha sido fragmentaria, muchas veces desfinanciada y, otras veces, meramente simbólica. Ante esto, la realidad se cristaliza donde los dispositivos comunitarios son ineficientes, los equipos interdisciplinarios escasos y los hospitales generales– que deberían actuar eficazmente en cuanto a atención de salud mental– no están preparados para responder, y como resultado tenemos una ley que prohíbe el encierro, pero no garantiza una contención real para los pacientes en estados críticos de salud mental.

Otro problema es que, durante la redacción y sanción de la ley actual, hubo críticas hacia la falta de consenso y de participación activa con los profesionales de la salud involucrados en esta temática, lo cual provocó numerosas falencias al momento de poner en práctica la norma, entre otras cosas, como es el rigorismo jurídico que dificulta el tratamiento psiquiátrico o de adicciones de quienes lo padecen. En consecuencia, se han presentado inconvenientes en relación a las internaciones voluntarias e involuntarias en establecimientos psiquiátricos. Según la psicóloga consultora Victoria Fiorenzi, le preocupa el vacío que se genera cuando la desmanicomialización se convierte en sinónimo de abandono. Ella explica que “humanizar la atención no significa dejar librada a la suerte de su sufrimiento a una persona que no puede tomar decisiones favorables para sí misma”. Y agrega: “No alcanza con el discurso de los derechos si no hay un Estado presente, una comunidad formada y una red que sostenga.” Hay casos donde la falta efectiva de una internación termina de manera trágica, derivando en violencia, suicidios o incluso homicidios, dando lugar a casos como el Caso Villa Crespo donde una madre que estaba diagnosticada como paciente psiquiátrica mató a su esposo y a sus hijos antes de matarse ella misma. Según el psiquiatra a cargo de su caso, había empeorado paulatinamente y el profesional a cargo tomó la decisión de internarla, pero el hospital responsable de atender esa demanda rechazó la propuesta ya que la mujer se resistió a tratarse. También tenemos el caso de Tres Arroyos donde un hombre mató a su esposa e hijos para luego, del mismo modo que en el otro caso, suicidarse. Este era paciente psiquiátrico y había dejado de tomar la medicación. Según un informe del Ministerio de Salud, más del 70-80% de los pacientes psiquiátricos no tiene los cuidados que necesitan.

Estos tipos de casos se dispararon después de los rezagos que dejó el COVID-19, desafiando en materia médica en la cual se vio reflejada la poca inversión en infraestructura y tecnología con el agregado de las políticas de aislamiento social. Tanto en Argentina como en otros países fueron de carácter restrictivo y cuasi punitivo, lo que provocó un aumento de ansiedad y depresión en jóvenes, como pacientes que tienen estrés postraumático.

En ese sentido, el gobierno nacional durante el período de sesiones de 2023-24, trabajó sobre la ley ómnibus, dentro de la cual se hallaba una reforma en materia de salud mental que tenía como objetivo dar una solución a la problemática de la efectivización de la antigua ley para atender las demandas de los pacientes y los litigios que tenían los hospitales y los juzgados. La propuesta daba a entender un cambio en la estructura interna de la ley, como por ejemplo las internaciones involuntarias, la existencia o creación de hospitales especializados o la actuación del Órgano de Revisión, en la cual participan un cuerpo integrado de abogados para monitorear el cumplimiento de protocolos de salud mental. Con la reforma, pasaría a estar integrado por un equipo multidisciplinario, ya que la problemática era que en la práctica, según los profesionales, intervienen abogados sin conocimiento de tratamientos ni manejo de las emergencias o los diagnósticos, resultando en la exposición de los pacientes a un mayor riesgo. Esta iniciativa no prosperó, ya que al hacer tan amplia la ley ómnibus sobre distintas temáticas, era preferible sancionarla en una ley aparte, además de que estaba en duda si contaban con los votos suficientes para su aprobación.

Con todo esto dicho, en estas sesiones actuales con un congreso compuesto tanto por oficialistas como por aliados y de la mano del Ministerio de Salud a cargo de Pablo Lugones, se ordenó devuelta la reforma de la ley de salud mental que será tratada en el senado en comisiones. Esta ley es mucho más profunda que la anterior, ya que también modifica 3 artículos del Código Civil y Comercial, y la ley de prevención de las torturas y otros tratos inhumanos. Esto con el objetivo de incorporar la obligatoriedad de inspecciones en instituciones por un equipo interdisciplinario, donde se incluya un psiquiatra, aunque esta visita no debe influir en el funcionamiento del centro y los tratamientos en curso. Los cambios amplían el alcance de la ley actual (la cual era solamente sobre protección de la salud mental), agregando prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción de las personas con problemas que incluyen adicciones, dando mayor reconocimiento a la intervención de los psiquiatras y un equipo interdisciplinario de evaluación y seguimiento, sobre todo en los casos de situaciones de internación y judicialización.

Con este propósito, el proyecto contempla la integración a la red de atención de establecimientos especializados, y mantiene que la internación involuntaria sea “excepcional”, en base a criterios, como puede ser si hay un juicio profesional. otra forma de asistir de manera efectiva a un paciente; más aún, si existen antecedentes previos y plazos de horas para la comunicación entre los juzgados y el personal de salud interviniente. Otro aspecto de la ley es el rol que desempeñará el Órgano de Revisión en donde participarán además del grupo de abogados, asociaciones de familiares del sistema de salud, de los profesionales de la salud y de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la temática de salud mental, en vez de que estén “abocadas a la defensa de los derechos humanos” con recorte de funciones y por último es que en lugar de hacer un censo de pacientes cada 2 años, se propone que la autoridad de aplicación que finalmente se designe con “la participación y la colaboración de las provincias” lleven un “registro actualizado de las personas internadas por motivos de salud mental y consumos problemáticos”.

Como oposición a la reforma, como es el caso de Lucciano Grasso, ex Director Nacional de la Salud Mental y docente de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, o Hugo Cohen, psiquiatra, que consideran que la ley actual es buena pero el problema es la falta de financiamiento y que la actual reforma “no es clara” con el criterio financiero asociado con la demanda de atención mental.

En resumen, la ley actual es obsoleta ya que no resuelve la raíz del problema de los pacientes psiquiátricos, donde tanto a nivel judicial como médico, entre la poca aplicación de esta ley, la poca financiación de los hospitales y ante la complejidad de la materia que es monitorear a un individuo que no se sabe si el día de mañana está en condiciones óptimas o no para interactuar a nivel social se tiene que buscar una nueva forma de resolver estos conflictos que familias y residentes sufren día a día.

Esperemos que el debate que se vaya a dar sea de un criterio científico y con gente profesionalizada en la materia sin sesgos ideológicos, ya que la salud mental de un individuo debería ser una política prioritaria para el Estado por que la batalla más peligrosa de una persona es contra sí misma.