Gobierno vs. Prensa: ¿Orden institucional o avance sobre la libertad de expresión?
Las restricciones impuestas por el gobierno de Javier Milei al acceso de periodistas a la Casa Rosada reavivan un debate incómodo: ¿hasta dónde puede llegar el poder político sin debilitar la democracia?
Por Román Ezequiel Marini Ramírez
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La relación entre el gobierno nacional y la prensa atraviesa uno de sus momentos más tensos desde la asunción de Javier Milei. La reciente decisión de limitar el acceso de periodistas acreditados a la Casa Rosada no solo generó rechazo en el ámbito periodístico, sino que encendió alarmas sobre el estado de la libertad de expresión en Argentina
El periodista Ignacio Salerno, colaborador del programa “¿Y Mañana Qué?” del canal TN, ingresó a la Casa Rosada utilizando gafas inteligentes con cámaras para grabar los pasillos internos del edificio, lo que derivó en una denuncia calificada como “espionaje ilegal”. El gobierno justifica el bloqueo de acceso a la Casa Rosada y el cierre de la sala de prensa como una medida preventiva de seguridad nacional ordenada por la Casa Militar, alegando que Salerno expuso sistemas de vigilancia y zonas restringidas.
El presidente Javier Milei ha exacerbado el conflicto calificando a los periodistas involucrados como "basuras inmundas" y “delincuentes”, asegurando que la difusión de material furtivo constituyó un delito grave que vulneró la seguridad del edificio. El Poder Ejecutivo sostiene que la restricción generalizada de los accesos biométricos de todos los acreditados es necesaria para garantizar la integridad de la sede de gobierno y realizar verificaciones internas, aunque no ha establecido un plazo claro para restablecer el acceso.
Sin embargo, la falta de precisiones y el contexto en el que se implementa —marcado por reiteradas críticas del Presidente hacia periodistas y medios— abre interrogantes más profundos. ¿Se trata realmente de eficiencia institucional o de una estrategia para reducir el escrutinio público?
Entre las principales medidas adoptadas, se destaca la modificación del sistema de acreditaciones, que impone requisitos más restrictivos de trayectoria y permanencia para los cronistas, y la quita de huellas digitales, lo que redujo el número de periodistas habilitados para cubrir actividades oficiales. Organizaciones como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) han manifestado que este 'filtro' no responde a razones de espacio, sino a una voluntad de seleccionar interlocutores. A esto se suma la dinámica de las conferencias de prensa de Manuel Adorni, con menor frecuencia y menos espacio para preguntas abiertas, donde la discrecionalidad en la asignación de preguntas ha limitado la capacidad de re-pregunta, una herramienta vital para el control del poder. Inclusive, el Poder Ejecutivo desplaza la información hacia un ecosistema de comunicación directa a través de redes sociales (principalmente X). Este fenómeno, conocido como desintermediación, permite que el discurso oficial circule sin el 'fact-checking' o la repregunta de los cronistas acreditados, poniendo en riesgo la transparencia de los actos de gobierno. Reducir ese margen de acción, sostienen, debilita uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático.
El conflicto tampoco puede entenderse como un hecho aislado. Influyentes figuras internacionales como Donald Trump o Nayib Bukele, han construido su poder cuestionando la legitimidad de los medios tradicionales para hablarle 'sin filtros' a sus seguidores. Sin embargo, el acceso a la información no es un privilegio de “casta periodística", sino un derecho humano fundamental. En democracias sólidas, la prensa no es un enemigo: es un auditor necesario. Al deslegitimar sistemáticamente a las voces críticas bajo etiquetas como 'ensobrados' o 'mentirosos', se corre el riesgo de que la sociedad naturalice la opacidad como una forma de gestión.
Lo preocupante no es solo la medida en sí, sino el clima que la rodea. La construcción de un discurso que deslegitima reiteradamente a los medios críticos puede sentar las bases para justificar futuras restricciones. En ese sentido, el conflicto deja de ser administrativo y pasa a ser político.
Argentina tiene una larga tradición de tensiones entre gobierno y prensa, pero también una historia en la que esos límites fueron puestos a prueba con consecuencias profundas. Ignorar ese antecedente sería, como mínimo, ingenuo. Nuestro país ya transitó periodos de alta polarización, como el conflicto entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el Grupo Clarín, donde la disputa por la Ley de Medios y el uso de la pauta oficial como herramienta de castigo y recompensa profundizaron la llamada 'grieta', transformando la labor periodística en un campo de batalla ideológico. La pregunta de fondo ya no es qué busca el gobierno con esta decisión, sino qué está dispuesto a tolerar la sociedad. ¿Es este un ajuste puntual o el inicio de una relación más opaca entre el poder y la información?
Porque cuando el acceso al conocimiento se reduce, la sospecha crece. Y cuando la sospecha crece, la confianza —uno de los pilares más frágiles de cualquier democracia— empieza a resquebrajarse. La opacidad no es eficiencia; es, en última instancia, una forma de silencio oficial.