No Bombardeen Buenos Aires: 1955

Mucho antes de que Charly García rogara en sus letras que no bombardearan Buenos Aires, la ciudad ya había aprendido a mirar el cielo con desconfianza. Corría el 16 de junio de 1955 cuando aviones de la Marina de Guerra soltaron distintos explosivos sobre el centro político e histórico de Buenos Aires, la Plaza de Mayo, en lo que se convertiría en una de las jornadas más sangrientas de nuestra historia nacional.

El ataque, dirigido contra la Casa Rosada y sus inmediaciones, dejó más de trescientos muertos, en su mayoría civiles que transitaban o trabajaban en la zona y que poco tenían que ver con la disputa militar-peronista.

Condenar su moralidad es inevitable, ya que se trató de un acto de violencia que poco tuvo en cuenta la población civil que sería afectada. Sin embargo, comprender cómo se llegó a esto exige examinar el clima político que el propio régimen peronista había contribuido a construir durante casi una década, basado en una atmósfera de polarización y de fusión entre Estado y facción que volvió inviable la convivencia nacional.

La consolidación de un régimen hegemónico

Desde 1946, Juan Domingo Perón contó con una indudable legitimidad electoral que condujo a la reforma constitucional de 1949, la cual habilitó la reelección indefinida del presidente. Dado esto, el Congreso quedó reducido a una mayoría oficialista sin contrapeso, y la Corte Suprema fue renovada tras un juicio político, lo que dejó a los tres poderes del Estado sin frenos ni contrapesos, y al son de la melodía peronista.

Las libertades públicas sufrieron un deterioro evidente donde opositores fueron encarcelados, hostigados o forzados al exilio. Esto generó que la competencia electoral se desarrolle en condiciones desiguales, con recursos estatales puestos al servicio del partido del poder, en este caso, justicialista.

A ello se sumó la errónea fusión entre Estado, partido y movimiento obrero. La enseñanza escolar incorporó contenidos doctrinarios, las figuras de Perón y de Evita fueron objetos de un culto oficial de rasgos casi litúrgicos, y la afiliación o la lealtad al movimiento condicionaba el acceso a beneficios sociales y puestos en el Estado. Esto, sumado a la consigna de que quien no estaba con el régimen estaba contra la patria, coronó la división entre patriota y enemigo.

La escalada de 1953-1955

Si bien en Argentina se suele decir que la violencia política comenzó en 1955, este no es el caso. El 15 de abril de 1953, una bomba estalló en Plaza de Mayo durante un acto de la CGT causando 6 muertos y más de 90 heridos. Frente a esto, la respuesta de grupos cercanos al oficialismo peronista fue incendiar la Casa del Pueblo socialista, la sede de la Unión Cívica Radical y el Jockey Club, hechos que las autoridades no impidieron ni investigaron.

Además de la violencia política, el conflicto con la Iglesia Católica, hasta entonces aliada del gobierno, agravó la crisis hacia fines de 1954. Las leyes de divorcio, de reglamentación de la prostitución y de supresión de feriados religiosos, junto con las medidas contra la enseñanza religiosa y el adoctrinamiento, enfrentaron al Estado con una institución de enorme peso social.

Fue así como la procesión de Corpus Christi del 11 de junio de 1955 se transformó en una multitudinaria manifestación opositora. El gobierno acusó a los manifestantes de quemar una bandera y respondió con detenciones y la expulsión de dos eclesiásticos.

El 16 de junio

Finalmente, todo estalló con un levantamiento conducido por oficiales de la Marina apoyados por sectores de la Fuerza Aérea, del Ejército, y por grupos de civiles, entre ellos militantes del nacionalismo católico y de partidos opositores. El plan contemplaba el bombardeo de la Casa de Gobierno para eliminar a Perón, quién en realidad pasó la jornada en el Ministerio de Guerra.

Entre el mediodía y la tarde, aviones militares descargaron cerca de nueve toneladas de bombas y ametrallaron a la multitud. Las cifras varían, pero hay un consenso que habla de más de 300 muertos y centenares de heridos, en su mayoría trabajadores y pasajeros de transporte público.

Los sublevados cargan con una responsabilidad histórica ineludible. Atacar un espacio urbano tan concurrido como lo es Plaza de Mayo, sin distinguir objetivos militares de población civil, constituyó una acción que ninguna causa política puede justificar. Sin embargo, este reconocimiento no cancela el análisis: el episodio fue síntoma de una situación nacional insostenible de la cual el oficialismo tuvo una gran cuota de responsabilidad.

La respuesta del gobierno y la caída

Esa misma noche, grupos peronistas incendiaron iglesias del centro porteño, entre ellas la Curia Metropolitana y las basílicas de San Francisco y Santo Domingo. Para los críticos del régimen, estos hechos confirmaron que el gobierno, en lugar de aprovechar la tragedia para convocar a una pacificación, dejó correr la lógica de confrontación que predominó durante los 10 años siguientes.

El 16 de septiembre estalló la llamada Revolución Libertadora, que, tras una semana de combates, forzó la renuncia y el exilio de Perón. El golpe de Estado de 1976, que se presentó como restauración republicana, abrió a su vez un período de proscripciones y de persecución al peronismo que prolongó la inestabilidad institucional durante casi dos décadas, colaborando también en esta lógica hoy llamada “grieta”.

El bombardeo a Plaza de Mayo fue una atrocidad cometida contra civiles indefensos, y como tal permanece en la memoria argentina. Su contexto, a su vez, muestra el fracaso de una cultura política en la que ni el gobierno ni la oposición lograron reconocerse como adversarios legítimos, enemistad que se sigue viendo actualmente. El régimen peronista, con su oposición al disenso y su agrado por la violencia facciosa, contribuyó de manera decisiva a ese fracaso, que se vería repetido con distintos protagonistas en las décadas siguientes.