Francia ¿a quien le debe el Estado su futuro? Una crisis entre la justicia y la violencia

Francia atraviesa uno de los episodios de conflictividad social más graves de los últimos años. Lo que comenzó como una serie de movilizaciones de estudiantes secundarios por las condiciones de la educación se transformó en una protesta de alcance nacional, atravesada por el descontento económico y el cuestionamiento al Estado de bienestar. Durante el fin de semana del 17 y 18 de octubre de 2026, las movilizaciones derivaron en incendios, saqueos y ataques contra edificios públicos en distintas ciudades. El presidente Emmanuel Macron condenó los hechos, mientras su gobierno enfrenta interrogantes sobre las causas de la crisis y su capacidad para contenerla.

El origen inmediato está en el malestar frente a las deficiencias del sistema educativo: falta de recursos, escuelas deterioradas y servicios públicos que no responden. Según BBC News Mundo (2026), las manifestaciones también expresan rechazo al aumento de los precios y a lo que muchos perciben como un retroceso del Estado de bienestar.

El reclamo se enlazó, además, con el de funcionarios y agricultores, afectados por el encarecimiento de la energía y el estancamiento salarial. A ello se suma una crisis presupuestaria que deja poco margen de maniobra al gobierno, y, cuando faltan recursos, recortar es una decisión política; alguien recibe menos para que otro reciba lo mismo.

Frente a esto, la filosofía política ofrece una clave. John Rawls (1971/1995) sostuvo que una sociedad justa no se mide sólo por cómo se reparten los bienes entre quienes viven hoy, sino también por lo que deja a quienes vienen después: cada generación debería ahorrar e invertir para las siguientes.

Rawls pensaba sobre todo en el capital y en las instituciones justas, de modo que trasladar su idea a las aulas es una lectura interpretativa. Aun así, permite una pregunta incómoda: si un Estado recorta en educación para sostener otros compromisos, ¿cumple con las generaciones futuras? El dilema no es sencillo, porque las pensiones también son fruto de un pacto y los jubilados de hoy contribuyeron durante décadas. Los estudiantes reclaman, simplemente, que ese pacto no los deje afuera.

Pero la discusión sobre la justicia quedó eclipsada por las imágenes. La convocatoria del sábado 17 reunió a cientos de miles de personas. Las autoridades contaron unos 550.000 manifestantes y otras estimaciones llegaron a 800.000. La mayoría de las concentraciones fueron pacíficas, aunque grupos violentos protagonizaron enfrentamientos, destrozos y saqueos. En Limoges, un incendio afectó gravemente al histórico ayuntamiento, y hubo incidentes en Marsella, Lyon y Burdeos. La respuesta policial incluyó despliegues de seguridad y detenciones masivas, aunque aumentaron las críticas por la falta de anticipación frente a la magnitud de las concentraciones.

Distinguir entre unos y otros no es un matiz retórico. Rawls definió la desobediencia civil como un acto público, no violento y consciente, dirigido a señalar una injusticia y a persuadir a la mayoría de corregirla. Una marcha masiva de estudiantes puede entenderse así; un saqueo, difícilmente. Esas conductas no pueden atribuirse al conjunto de los participantes, y reconocer la legitimidad de los reclamos no supone justificar los ataques contra personas o bienes públicos y privados.

Hannah Arendt (2005) ofrece una mirada todavía más inquietante. Para ella, el poder nace cuando las personas actúan juntas y se sostiene en el consentimiento, mientras que la violencia es un instrumento que puede destruir poder, pero no crearlo, y tiende a aparecer cuando ese poder está en peligro. Aplicada a Francia, la idea invita a preguntarse ¿a quién le falta poder? ¿a quienes incendian o a un gobierno que necesita desplegar fuerza para restaurar el orden?

Es una pregunta, no un veredicto, y admite diversas respuestas. Esas respuestas ya están en disputa. Desde el oficialismo, distintos dirigentes atribuyeron la escalada a sectores de la extrema izquierda y a grupos que buscaron provocar el caos, mientras que desde la oposición surgieron críticas a la gestión de la crisis. Para el gobierno, la prioridad es restablecer el orden y sancionar a los responsables; para sus críticos, una respuesta solo securitaria deja intactas las causas sociales.

Ese debate corre el riesgo de desplazar el original. En lugar de discutir escuelas y poder adquisitivo, la agenda queda concentrada en la seguridad. Con las elecciones presidenciales previstas para abril de 2027, la crisis puede favorecer a quienes proponen respuestas más duras, aunque el impacto dependerá de cómo evolucionen las protestas y de la capacidad de los partidos para ofrecer respuestas creíbles.

Sin embargo, el escenario francés no es un fenómeno aislado. El Confidencial (2026) vincula lo ocurrido con protestas en Italia y Albania. Las particularidades de cada país impiden hablar de una causa única, pero la coincidencia temporal revela preocupaciones compartidas: las dificultades económicas, las expectativas de los jóvenes, la calidad de los servicios públicos y la desconfianza hacia las instituciones. En Francia, además, la crisis reactiva una discusión histórica.

El modelo francés se construyó sobre la importancia de los servicios públicos, la protección social y la intervención estatal para reducir las desigualdades. Cuando una parte de la ciudadanía percibe que esas garantías se debilitan, el conflicto deja de ser una demanda sectorial y se comienza a poner en duda el funcionamiento de un modelo social. Lo que ocurre en las calles, entonces, no es solo una discusión sobre presupuesto: es una discusión sobre qué promete el Estado y a quién. Una estrategia basada sólo en el control policial puede resultar insuficiente si persisten los problemas de educación, costo de vida y servicios públicos; a la vez, buscar soluciones sociales no elimina la obligación del Estado de investigar los delitos y proteger a la población. Rawls nos pide mirar hacia adelante y preguntar qué dejamos a quienes vienen detrás; Arendt, mirar el origen del poder y preguntar qué ocurre cuando una sociedad solo puede responder con fuerza.

Quizás la crisis francesa muestra que ambas preguntas están conectadas. ¿Cómo responder a una sociedad que exige mejores condiciones de vida y servicios eficaces sin que la violencia sustituya al debate democrático? La respuesta de Macron no solo condicionará la salida de esta crisis: también puede influir en el futuro político de Francia.