La exclusión de Rusia tras la invasión de Ucrania abrió un debate sobre si la FIFA aplica criterios consistentes frente a los conflictos internacionales.
Por Francisco Guzmán
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Desde hace años, la FIFA sostiene que el fútbol debe ser una herramienta de unión entre los pueblos, manteniéndose alejado de los conflictos políticos. Sin embargo, las decisiones adoptadas por el organismo frente a determinadas guerras han puesto en duda esa aparente neutralidad. La exclusión de Rusia de las competiciones internacionales tras la invasión de Ucrania en 2022 fue interpretada por muchos como una defensa de los principios del derecho internacional y de los valores que la propia FIFA dice promover. Sin embargo, esa decisión también abrió un interrogante que continúa vigente: ¿por qué algunos Estados reciben sanciones deportivas mientras otros no enfrentan consecuencias similares?
La respuesta no resulta sencilla. Cada conflicto posee características jurídicas, políticas e históricas diferentes. No obstante, la percepción de una parte de la opinión pública es que la FIFA actúa con mayor firmeza en algunos casos que en otros.
Tras la invasión rusa de Ucrania, la FIFA y la UEFA suspendieron a las selecciones y los clubes rusos de todas las competencias internacionales. La decisión fue tomada en pocos días y contó con un amplio respaldo de gobiernos occidentales, federaciones deportivas y organismos internacionales. Rusia quedó excluida del fútbol internacional prácticamente de manera inmediata.
La rapidez de esa decisión marcó un precedente que hoy vuelve inevitable la comparación con otros conflictos armados.
En los últimos años, organizaciones civiles, dirigentes deportivos e incluso algunas federaciones nacionales solicitaron que la FIFA evaluara adoptar medidas similares frente a otros escenarios de guerra. Uno de los casos más mencionados ha sido el conflicto entre Israel y Hamás y la ofensiva militar israelí en Gaza. Mientras distintos sectores reclamaban sanciones comparables a las impuestas contra Rusia, la FIFA optó por un tratamiento diferente, argumentando la necesidad de analizar cada situación de manera individual.
Algo similar ocurre con conflictos como los de Sudán, la República Democrática del Congo o Myanmar, donde la violencia contra la población civil también ha sido ampliamente documentada por organismos internacionales sin que ello derivara en sanciones deportivas equivalentes. Esta diferencia de respuestas alimenta el debate sobre la coherencia institucional del organismo: Cuando los principios parecen aplicarse de manera diferente según el país involucrado, la credibilidad de la institución comienza a ser cuestionada.
Es importante reconocer que la FIFA enfrenta un escenario extremadamente complejo. El organismo no posee funciones diplomáticas ni judiciales, y muchas de sus decisiones deben considerar aspectos legales, deportivos y políticos. Además, las sanciones internacionales no siempre responden únicamente a criterios morales, sino también al reconocimiento de resoluciones adoptadas por organismos como las Naciones Unidas o el Comité Olímpico Internacional.
Sin embargo, precisamente por presentarse como una institución comprometida con los derechos humanos, la igualdad y la lucha contra toda forma de discriminación, la FIFA también queda expuesta a un mayor nivel de exigencia pública. El fútbol dejó hace tiempo de ser únicamente un deporte. Es una industria global que mueve miles de millones de dólares, constituye una herramienta de diplomacia internacional y posee una enorme capacidad para influir sobre la opinión pública. En consecuencia, cada decisión tomada por la FIFA trasciende el ámbito deportivo y adquiere inevitablemente una dimensión política.
No se trata de reclamar sanciones automáticas contra cualquier Estado involucrado en un conflicto armado. Tampoco de ignorar que cada guerra posee particularidades propias desde el punto de vista del derecho internacional. El verdadero debate consiste en determinar si existen criterios transparentes, consistentes y previsibles para decidir cuándo el fútbol interviene y cuándo elige mantenerse al margen, porque si la defensa de los derechos humanos depende del país involucrado, el problema ya no es solamente deportivo: es una cuestión de credibilidad institucional.
La FIFA continuará enfrentando este dilema mientras el deporte siga siendo uno de los escenarios más visibles del escenario internacional. En un mundo atravesado por conflictos, la neutralidad absoluta parece cada vez más difícil de sostener. Y cuando las decisiones parecen selectivas, las preguntas terminan siendo tan importantes como las respuestas.