De oportunidades y condiciones

“Para corromper a un individuo, basta con enseñarle a llamar “derechos” a sus anhelos personales y “abusos”, a los derechos de los demás”. Esa frase, popularizada por el filósofo Gilbert Keith Chesterton, resuena como rulo de tambor en la era de la viralidad y en la guerra de guerrillas digital que aparece una y otra vez bajo el nombre de batalla cultural. Sin embargo, más allá de los debates coyunturales, pone en relieve una inversión del lenguaje que no es meramente moral, sino profundamente política. De ahí emanan las grandes confusiones que impregnan la opinión pública desde hace varias décadas.

Este desplazamiento conceptual entre los nombres que les damos a las cosas y aquello que esos nombres designan no es solamente un problema moral. También aparece cuando las categorías abstractas pretenden sustituir la complejidad de la vida social. En ese sentido, Montesquieu advirtió que las leyes no pueden ser pensadas al margen de las costumbres, los usos y el espíritu de los pueblos. Cuando se las separa de ese entramado, dejan de ordenar la realidad y comienzan a violentarla.

Este fenómeno tampoco es ajeno a lo que observamos los que tenemos la intención de hacer de la investigación social nuestro modo de vida. El divorcio —muchas veces dogmático— entre teorías ambiciosas y realidades que no logran sostenerlas es considerado, en principio, un error metodológico. Sin embargo, termina por revelar algo más profundo: la tendencia a privilegiar la coherencia de esquemas conceptuales sobre la resistencia que ofrece la experiencia.

La forma contemporánea de pensar la justicia ofrece un ejemplo claro de este fenómeno. Desde Solón y su idea de eunomía, la igualdad ante la ley implicó que las normas no distinguieran entre personas en función de sus circunstancias particulares. Su función no era igualar resultados, sino garantizar un terreno común desde el cual cada individuo pudiera actuar. La ley no prometía destinos, establecía condiciones de posibilidad. En ese sentido, estaba ligada a las oportunidades, no a las condiciones.

Sin embargo, la progresiva identificación entre justicia e igualdad material ha desplazado el eje. La igualdad deja de situarse “ante la ley” —como límite al poder— y pasa a inscribirse “en la ley” —como objetivo a realizar—. Igualar condiciones no es el equivalente a asegurar oportunidades. Mientras que lo primero exige preservar un orden general, lo segundo demanda una intervención constante y selectiva.

El problema es que las condiciones —materiales, culturales o familiares— son, por naturaleza, desiguales y cambiantes. Pretender su igualación implica someter toda la vida social a una lógica de corrección permanente, donde cada diferencia observable se vuelve un problema político y cada resultado desigual en una injusticia a reparar.

Es cierto que no todos partimos de la misma base para llegar a la cima de la pirámide, pero establecer un punto de partida que ignore no solo nuestra diversidad como seres humanos, sino también nuestras habilidades y tiempos, preferencias y talentos no nivela la cancha: la vuelve más confusa y menos amigable tanto para locales como para visitantes.

Esta mutación ignora el hecho de que las sociedades no son estructuras homogéneas y estáticas sino un equilibrio entre las instituciones, las costumbres y las formas de vida. Como advirtió Hayek, la pretensión de diseñar órdenes complejos suele pasar por alto el hecho de que la información y el conocimiento que hacen posible su funcionamiento están dispersas en todos los niveles de la realidad social. Cuanto más se intenta corregir una experiencia humana, desde un único criterio abstracto, mayor es el riesgo de deteriorar aquello que se buscaba mejorar.

Nada de esto implica desestimar situaciones injustas e ignorar el peso que tienen las condiciones materiales en el desarrollo del hombre. Pero incluso en esos casos la cuestión no puede reducirse a una solución meramente distributiva. La dignidad humana, en su sentido más profundo consiste en poder vivir una vida que se reconozca como propia, independientemente de poseer determinadas condiciones.

La gran confusión de nuestro tiempo no radica, entonces, en la existencia de desigualdades sino en la forma en la que las interpretamos. Al borrar la distinción entre oportunidades y condiciones terminamos por vincular a la justicia con un ideal de homogeneización olvidando que no toda diferencia es una injusticia ni que toda imperfección es una falla por corregir. Recuperarla no significa indiferencia, sino precisión. La tarea de la ley, en definitiva, no es producir igualdad en resultados, sino sostener un orden en el que la libertad tenga lugar.