Nuevo acuerdo, ¿Misma Venezuela?

Se cumplen 8 meses desde la captura y extradición del autócrata Nicolas Maduro por iniciativa del gobierno de Donald Trump, evento que marcó el comienzo del tutelaje estadounidense sobre el régimen venezolano. Su guía ha impulsado grandes cambios y medidas que han desembocado en el “mayor acuerdo en petróleo de la historia”, anunciado por el presidente de los EE.UU. El acuerdo demuestra la intención norteamericana sobre el recurso estratégico, vital para hacer reflotar Venezuela.

Desde enero, Trump se ha abrogado a sí mismo ser el “protector del estado venezolano” y su “agente de prosperidad”. La privatización e inversión en reconstrucción del sector petrolero serán claves hacia la transición democrática. Por su parte, el impulso al diálogo con la oposición ha dado lugar a reformas judiciales y liberación de cientos de presos políticos. La supervisión y auditoría del Gobierno de los Estados Unidos asegura que el pago de impuestos y regalías se usen en beneficio del pueblo, afirma el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Pero, ¿es este acuerdo la llave hacia el progreso de Venezuela? ¿Es Donald Trump un salvador, o un empresario aprovechándose de uno de los países más empobrecidos de Sudamérica?

El acuerdo otorga a North American Blue Energy Partners, empresa con participación del Gobierno estadounidense, derechos sobre 17 yacimientos petrolíferos venezolanos, que concentran aproximadamente 65.000 millones de barriles de reservas probadas, durante un período anunciado de hasta 100 años. Asimismo, Estados Unidos obtiene una participación del 35% en la empresa y se asegura el derecho de compra de hasta el 20% de la producción al valor de costo, según lo indicado por el Departamento de Estado. Donald Trump, de cara a las elecciones de medio término, sostiene que el acuerdo “más que duplica las reservas petroleras estadounidenses y reducirá el precio de la gasolina para todos los estadounidenses”. Nótese cómo se refiere a estas reservas como propiedad de los Estados Unidos y no como un simple acuerdo de inversión con otro estado soberano.

Mediante este acuerdo, Venezuela cede la explotación de alrededor de un 21,5% de sus reservas petrolíferas confirmadas, a cambio, asegura una inversión inicial de US$100.000 millones y recibe US$209.000 millones en tributos, la referencia se ubica en US$65 por barril extraído, tan solo un 29% del valor de mercado por unidad. Delcy Rodríguez justifica el acuerdo indicando que, “tener las mayores reservas de petróleo del mundo no es suficiente y que hace falta inversión, tecnología, infraestructura, capacidad productiva”.

La presidenta interina atiende una necesidad real, los niveles de pobreza del país se estiman en tres cuartos de la población total, la inflación se ubica en un 576% interanual, Venezuela perdió el 75% de su PIB y han migrado casi 8 millones de ciudadanos. Es importante recalcar que la situación poco ha mejorado en estos 8 meses, pero no deja de ser tiempo insuficiente para afrontar una realidad tan delicada.

Si bien, fortalecer el estado de derecho e incrementar las inversiones son señales de un panorama esperanzador, recuperar una producción de 3 millones de barriles diarios (cifra alcanzada en 1998) tomaría como mínimo 10 años y en la población se gestan grandes sospechas sobre la redistribución de los beneficios.

La iniciativa se negoció en un marco de secretismo político, no es público el texto oficial y no se debatió en la Asamblea Nacional, sino que se aprobó sin esta instancia previa. Frente a esto, la oposición política afirma que un gobierno ilegítimo no puede pactar un acuerdo cediendo soberanía a otro estado, argumentando que el proceso se llevó a cabo de forma inconstitucional.

Pese a que Estados Unidos sostiene que velará por la transición democrática, las preocupaciones no carecen de fundamento. Desde que el gobierno cedió las ventas de petróleo a Estados Unidos, no se sabe cuánto dinero ha ingresado por las mismas ni qué uso se le está dando, asimismo quedan más de 300 presos políticos por liberar y la mitad del gabinete es heredado de la gestión de Maduro. Sumado a esto, Trump no parece descontento con la gestión de la presidenta chavista, continúa refiriéndose a Rodríguez como una “terrific person” la cual esta llevando a cabo un “gran trabajo”. La falta de legitimidad política y relación forjada en el acuerdo es lo que más temen los especialistas, pues una eventual gobierno electo de forma democrática podría revisar las condiciones del tutelaje, una posibilidad sumamente desalentadora para los Estados Unidos.

El control de Washington sobre parte de los ingresos, el acceso privilegiado a la producción petrolera y el respaldo político al gobierno de Delcy Rodríguez, crean las condiciones para consolidar a Venezuela como una pieza en el tablero de intereses estratégicos estadounidenses. El precio del petróleo, las elecciones de medio término y la continuidad política de Donald Trump podrían verse seriamente afectados ante la eventual llegada de un gobierno elegido democráticamente por el pueblo venezolano, que decida revisar las condiciones del acuerdo. Bajo estas condiciones, no resulta ilógico afirmar que, falta mucho tiempo para ver una Venezuela verdaderamente democrática.

Caption: A 8 meses de la salida de Maduro, comenzamos a preguntarnos si Venezuela cambió un autócrata por otro; el nuevo “acuerdo petrolífero más grande de la historia” puede albergar parte de la respuesta.

El acuerdo afirma tener como objetivo, reconstruir la matriz productiva de la nación para establecer los cimientos hacia la transición democrática. En realidad, pavimenta el camino para fortalecer las relaciones Rodríguez – Washington, y en consecuencia, su gobierno. Mientras tanto, la población reclama por mantener intacta la soberanía territorial y pregunta en que momento se abrirán paso las libertades políticas plenas, representación y elecciones.